Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07940-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07940-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07940-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07940-01
Accionante: LUIS ALBERTO SAMBONI CARDONA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia de tribunal administrativo. Improcedencia por
carecer de relevancia constitucional y no cumplir el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. Pablo Andrés Samboni Trochez, Ana Julia Trochez Valencia, Luis Alberto
Samboni Cardona, Carlos Alberto Samboni Bolaños, Claudia Yolima Samboni
Bolaños y Yulie Tatiana Muñoz Samboni, en nombre propio, promovieron acción de
tutela contra la providencia proferida el 8 de agosto de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Cauca proferida en segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa, identificada con radicado 19001-33-33-003-2016-00313-01. Con
el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se mencionarán los del proceso
ordinario y posteriormente los fundamentos y desarrollo del proceso de tutela.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado con el
radicado 19001-33-33-003-2016-00313-00/01
2. Indicaron que el proceso contencioso administrativo solicitó la reparación directa
por la privación injusta de la libertad de Pablo Andrés Samboni Trochez, y sus
familiares afectados. La demanda se dirigió contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.
3. Se indicó que Pablo Andrés Samboni Trochez fue vinculado al Ejército Nacional
como soldado campesino del octavo contingente y fue asignado al Batallón de Alta
Montaña No. 4 con sede en el municipio de Valencia (Cauca).
4. El 11 de noviembre de 2011, cuando se encontraba prestando servicio de
vigilancia como integrante de una patrulla militar que ejercía control y vigilancia en
el municipio de la Vega (Cauca) sufrió lesiones con arma de fuego, que hicieron que
fuera intervenido quirúrgicamente para luego quedar a disposición de sanidad en
las instalaciones de la Tercera División del Ejército Nacional en Popayán. Cuando
se encontraba en las instalaciones de sanidad militar y en recuperación, se inició
proceso penal militar por el presunto delito de deserción al haberse considerado que
había abandonado la institución.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07940-01
Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
5. En sentencia de 20 de abril de 2012, el Juzgado Doce (12) de instrucción penal
militar impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del
soldado Samboni Trochez. Se libró la correspondiente orden de detención. El 28 de
mayo de 2013, el Juzgado Tercero Penal Militar de la Brigada profirió sentencia en
la que condenó al soldado Samboni Trochez a la pena de seis meses y 20 días de
prisión como autor del delito de deserción.
6. La orden de captura se hizo efectiva el 4 de mayo de 2014, cuando el soldado
Samboni Trochez se encontraba en Ipiales. El 19 de mayo de 2014, el tutelante
ejerció el derecho de hábeas corpus, lo que causó que, en providencia de 26 de
junio de 2014, el Juzgado Tercero Militar de la Brigada otorgara la libertad
condicional al soldado Samboni Trochez. Finalmente, el Juzgado Tercero de
Brigada declaró extinta la pena mediante sentencia de 8 de octubre de 2014. Dicha
providencia argumentó:
“Se desprende de lo anterior que el Juzgado de Primera Instancia, dada la pena
a imponer debió haber concedido según subrogado penal la libertad inmediata
del condenado, al fin de que este, dado su comportamiento gozara de la libertad.
Sin embargo, este no tuvo en cuenta dicha determinación, le hizo pagar la
pena en su totalidad, y se excedió en el pago físico de la misma, tal como
se concluye de las presentes diligencias, causándole al directo ofendido
PABLO ANDRÉS SAMBONÍ TROCHEZ, a sus padres, hermanos y sobrina, una
gran conmoción afectiva y moral, con quienes comparten relaciones diarias,
interpersonales, afectivas, fraternales, familiares y aspiraciones vitales.”
7. Con el anterior escenario, el tutelante y su núcleo familiar ejercieron demanda de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
Sostuvieron que, “el SLP PABLO ANDRES SAMBONI TOCHEZ (sic) estuvo
privado de la libertad por 135 días, superando las 3/5 partes de la pena, es decir,
estuvo privado de su libertad por 15 días más, sin justificación alguna”1.
8. La demanda correspondió al Juzgado Segundo (2) Administrativo del Circuito de
Popayán2 que en sentencia de 27 de octubre de 2021 negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, la privación de SLP Pablo Andrés Samboní no fue
injusta, ya que él mismo realizó conductas que desembocaron en su condena,
aunado a que no se demostró que su tiempo de reclusión hubiera sido prolongado
injustificadamente.
9. Apelada la sentencia reseñada, en sede de segunda instancia, en sentencia de
8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca3 confirmó la decisión de
primera instancia, argumentando que el tutelante estuvo privado de la libertad en
ejecución de una sentencia penal ejecutoriada.
1
Folio 4 del escrito de amparo.
2
Índice 10 Samai, en el Tribunal Administrativo del Cauca, expediente 19001-33-33-003-2016-
00313-01.
3
Ibid.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07940-01
Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Fundamentos del escrito de amparo
10. Contra la anterior decisión se ejerció acción de tutela. Sostuvo que la
providencia incurrió en defecto procedimental absoluto, pues, en criterio del tribunal
accionado, la privación de la libertad del SLP Pablo Andrés Samboni Trochez había
sido resultado de sus acciones que llevaron a que fuera condenado por el delito de
deserción, por lo que, la medida de privación de la libertad se ajustaba a los criterios
legales, como a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, por
lo que la privación de la libertad no era injusta. Afirmó que el error de la sentencia
del tribunal se produjo en los siguientes términos:
“No obstante, consideramos que existe un error en el debate jurídico, pues no
debió centrarse en la legalidad de la privación de la libertad, sino en el tiempo
que el SLP Pablo Andrés Samboní Trochez estuvo privado de su libertad”
11. Indicó que jueces penales militares reconocieron que Pablo Andrés Samboni
Trochez estuvo privado de la libertad 135 días superando el tiempo requerido para
otorgar el subrogado penal de las tres quintas partes de la pena impuesta.
Reprochaban que, “pese a haber sido ordenada su liberación inmediata, Pablo Andrés
solo fue dejado en libertad el 26 de Junio de 2014 cuando se libró la boleta de su
libertad, es decir permaneció privado de su libertad por espacio de 15 días sin
justificación”.
12. Sostuvieron que el debate contencioso administrativo no debió centrarse en la
legalidad de la privación de la libertad, es decir en analizar que la privación de la libertad
era necesaria, proporcional y razonable, sino tal como se señaló en la demanda, en el
tiempo que consideramos el Pablo Andrés Samboní, pago de más a pesar de haber un
pronunciamiento judicial que señalaba su libertad inmediata. Finalizaron: “la razón de
la inconformidad es el exceso del tiempo que estuvo privado de la libertad, pues fue
condenado a Seis meses y veinte días, para posteriormente dejarlo en libertad al
encontrar que cumplía ya con las 3/5 de la pena impuesta, no obstante de las pruebas
se tiene que efectivamente estuvo hasta el 26 de Junio de 2014, cuando se expidió su
boleta de libertad, es decir a nuestro juicios estuvo 15 días de más privado de la libertad,
sin razón aparente, no obstante, al momento de resolver el proceso, no se analizó dicha
situación sino las razones por las cuales se inició el proceso en su contra y posterior
imposición de la medida privativa de la libertad, encontrando todo ajustado a derecho.”
13. Por lo anterior, solicitaron amparar los derechos al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad y en consecuencia revocar la sentencia
de 8 de agosto de 2025 proferida por el tribunal administrativo de Cauca.
Trámite de tutela
14. En sede de primera instancia, la tutela le correspondió a la Sección Primera de
esta Corporación. El 18 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y vinculó como parte accionada al Tribunal Administrativo del
Cauca, así como en calidad de terceros con interés a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Popayán.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07940-01
Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
15. Intervinieron el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán y el Ejército
Nacional. Respectivamente, solicitaron declarar improcedente el amparo o negarlo.
La primera autoridad judicial indicó que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, dado que se utiliza la tutela como una instancia adicional. El Ejército
Nacional sostuvo que no se vulneró derecho fundamental alguno y la providencia
se profirió conforme los mandatos legales y jurisprudenciales.
16. El Tribunal Administrativo de Cauca no intervino pese a estar notificado.
Sentencia de primera instancia
17. En sentencia de 29 de enero de 2026, la Sección Primera de la Corporación
declaró improcedente el amparo, pues concluyó que la petición de amparo carecía
de relevancia constitucional al presentar argumentos de inconformidad con la
decisión que le fue adversa, sin mostrar, en términos constitucionales, un defecto
de validez de la providencia.
Impugnación4
18. La parte actora insistió en que el asunto reviste relevancia constitucional, pues
se produjo un error en el procedimiento. En su criterio, se resolvió un problema jurídico
diferente al planteado en la demanda, esto es, que se analizó la legalidad de la
detención, pero no el exceso de tiempo que Pablo Andrés Samboní estuvo privado de
la libertad. Por esta razón, en su criterio, se desestimaron indebidamente las
pretensiones de la demanda, sin entrar a resolver por qué se excedieron en el pago de
la pena impuesta.
19. Sostuvo que estima que el tutelante estuvo privado de la libertad de manera
injusta durante quince (15) días, principio que se constituye como un pilar del Estado
de derecho. En este sentido, recalcó que la libertad es la base para otros derechos y
se encuentra directamente ligada a la dignidad humana, lo que explica de que goce de
especial protección por nuestra Carta Política. Concluyó: “A nuestro juicio, el hecho de
que el señor Pablo Andres (sic) Samboni haya permanecido detenido quince días
adicionales a la orden de su libertad inmediata, se configuro una detención ilegal, pues
su detención ya no tenía sustento”.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
4
Índice samai 17.
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Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Determinación del problema jurídico
21. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia.
Esto, en atención a que se trata de una acción de tutela contra una sentencia judicial
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cauca, dentro de
un proceso de reparación directa referido a la supuesta privación injusta de la
libertad del SLP Pablo Andrés Samboni Trochez.
22. Por lo anterior, se reitera el precedente sobre causales generales de
procedencia de tutela contra providencia y se resolverá el caso concreto, en
particular de la relevancia constitucional. En caso de determinar que el amparo es
procedente, se formulará un problema jurídico de fondo.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
23. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20055,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
24. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
25. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
26. La Corte Constitucional indicó12 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
27. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate13: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
28. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia14.
Requisito de subsidiariedad
29. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela solo procede
cuando la persona afectada no tiene otro medio de defensa judicial, salvo que se
use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por eso, el
juez de tutela debe revisar si existen otros mecanismos judiciales dentro del
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
ordenamiento jurídico, con el fin de establecer si la persona que solicita el amparo
puede proteger sus derechos por medio del proceso ordinario15.
30. Ahora bien, cuando la acción de tutela se presenta contra providencias
judiciales, el requisito de subsidiariedad debe analizarse de manera más estricta16.
La Corte Constitucional ha señalado que la tutela no es el mecanismo judicial
adecuado para proteger derechos que presuntamente hayan sido afectados dentro
de un proceso judicial17. También ha explicado que no puede aceptarse como un
medio alternativo, adicional o complementario a los recursos y procedimientos que
la ley ya establece para la defensa de los derechos. En otras palabras, la tutela no
está diseñada para reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni para
desconocer los mecanismos previstos en ellos para controvertir las decisiones
judiciales18.
31. Con base en esa idea, dicha Corporación ha indicado que la tutela contra
providencias judiciales resulta improcedente por falta de subsidiariedad cuando
ocurre alguna de estas situaciones19: (i) el asunto todavía está en trámite; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y extraordinarios; o (iii) la
tutela se utiliza para reabrir etapas procesales en las que la parte dejó de usar los
recursos o mecanismos previstos por la ley. En el mismo sentido, la Sala Plena del
Tribunal Constitucional ha precisado que también hay improcedencia por falta de
subsidiariedad cuando el problema que ahora se presenta como defecto no fue
alegado previamente dentro del proceso judicial20.
Análisis del caso concreto
32. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.
33. A juicio de esta Sala, el escrito de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues los argumentos presentan una diferencia de criterio respecto
de la sentencia de 8 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca y que fue adversa a las pretensiones de la demanda. El argumento del
recurso de amparo se dirige a indicar que la decisión no resolvió sobre un aspecto
que fue planteado en la demanda de reparación directa, referido a que la privación
de la libertad de SLP Samboni Trochez se extendió 15 días más de los necesarios,
pues una decisión judicial dentro del proceso penal militar indicó que tenía derecho
a solicitar la libertad condicional desde que cumplió 3/5 de la pena privativa de la
libertad.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025.
16
Ibid.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014. Reiterada en las sentencias T-396 de 2014, SU-
026 de 2022.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2012, reiterada en las sentencias T-103 de 2014, T-
237 de 2018, entre otras.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014. Reiterada en las sentencias T-396 de 2014, T-
001 de 2017, SU-062 de 2018, SU-115 de 2018, T-237 de 2018, T-016 de 2019, T-016 de 2022,
entre otras
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 2018.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07940-01
Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
34. No obstante, examinado el proceso ordinario21, se verifica que la sentencia de
primera instancia dentro de la actuación contencioso-administrativa fue resuelta por
el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de la ciudad de Popayán, autoridad judicial
que, en sentencia de 27 de octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior providencia, el apoderado ejerció recurso de apelación, no
obstante, en aquel recurso la parte actora cuestionó que el juez penal militar no tuvo
en cuenta que, el SLP Samboni Troche contaba con justificaciones médicas para
haberse ausentado de sus funciones. El recurso de apelación argumentó que si bien
la decisión de privarlo de la libertad encontraba respaldo en la Ley 522 de 1999 no
encontró que la misma haya sido razonable y proporcional.
35. El recurso de apelación reprochó a la primera instancia que no fueron tenidas
en cuenta más que las pruebas de los superiores del soldado acusado, quienes no
señalaría su mal actuar; y tampoco fue tenido en cuenta su estado de salud –
producto del accidente involuntario con su arma de dotación. Añadió que la ausencia
del soldado de sus funciones estuvo justificada en la necesidad de cuidar su salud,
pues no se había recuperado de su lesión. Concluyó que al no tener en cuenta su
situación, la medida de privación de su libertad no fue razonable, proporcional ni
justa.
36. Como se observa, el recurso de apelación no cuestionó que la sentencia de
primera instancia haya omitido pronunciarse sobre los supuestos 15 días que estuvo
privado de la libertad a los de las 3/5 que ahora, en sede de tutela reprocha. Por la
estructura del proceso contencioso administrativo, el juez de segunda instancia sólo
conoce de aquello que sea explícitamente apelado por la parte, si esta parte no
apeló el aspecto que ahora se reprocha en sede de tutela resulta desleal que se
pretenda presentar como una causal específica de procedencia de tutela, un
aspecto que no fue apelado oportunamente por la parte actora.
37. No es cierto que el Tribunal Administrativo del Cauca haya omitido pronunciarse
sobre el aspecto mencionado en el escrito de amparo, pues este aspecto no fue
objeto de apelación, motivo por el cual, la invocación de esta situación como un
defecto de procedencia de tutela contra providencia no está llamada a prosperar por
carecer de relevancia constitucional y subsidiariedad.
38. En el caso de la relevancia constitucional, como ya se indicó, se trata de una
diferencia de criterio entre la parte actora y el fallo que le fue adverso, más no un
yerro que afecte la validez de la sentencia cuestionada. Se insiste, no era
procedente que el Tribunal Administrativo del Cauca se pronunciara sobre los
supuestos quince (15) días de privación injusta de la libertad, cuando ello no fue
puesto en conocimiento del juez de la reparación en sede de segunda instancia, y
ahora en sede de amparo se pretenda con ello construir una causal específica de
procedencia. Se utiliza esta omisión del apelante para presentar una diferencia de
criterio con la decisión cuestionada.
21
Expediente 19001-33-33-003-2016-00313-01, índice samai 10 dentro del proceso contencioso
ordinario.
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Accionante: Luis Alberto Samboni Cardona y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
39. Adicionalmente se incumple el requisito de subsidiariedad puesto que, en punto
al argumento que presenta como causal específica de procedencia de tutela contra
providencia, el mismo no agotó los mecanismos judiciales ordinarios que tenía a su
disposición, pues como se indicó el mismo no se presentó como cargo de apelación
tal como lo prescriben las normas procesales que rigen el desarrollo de un proceso
contencioso administrativo. Se recuerda que conforme el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del decreto 2591 de 1991 para que el mecanismo constitucional de
amparo sea procedente es deber el actor agotar todos los medios de defensa
judiciales que tenga a su alcance. En el caso sub-lite, el tutelante no alegó el defecto
que ahora presenta como causal de procedencia. Esta omisión del apoderado de la
parte actora, y que impedía que el tribunal administrativo accionado se pronunciara
por fuera de lo apelado, ahora se presenta como defecto de inconstitucionalidad
sobre la providencia impugnada, lo que desconoce el requisito de subsidiariedad
que rige en materia de tutela contra providencias.
40. Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia de 29 de enero de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones
contenidas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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