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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07949-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07949-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07949-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: ANDRÉS MAURICIO MOLINA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Andrés Mauricio Molina
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Andrés Mauricio Molina, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva, en conexidad con el principio de
favorabilidad, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 12 de junio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 63001-
3333-003-2024-00181-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
63001-3333-003-2024-00181-00/01 para que se declarara la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
Municipio de Armenia - Secretaría de Educación, mediante los cuales se negaron las
solicitudes del accionante respecto a un incremento salarial, se ordenara la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

inaplicación del Decreto núm. 284 de 5 de marzo de 20241 y, a título de
restablecimiento, se pagara la diferencia de lo que no había recibido en un periodo
específico.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Armenia, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 4 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Quindío, a través sentencia de 12 de junio de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos sustantivo y fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.

2.5. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal optó por una
interpretación normativa que contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica debido a que en su ejercicio judicial comparó los grados del escalafón de
forma abstracta y no revisó si existían razones objetivas para justificar un
incremento salarial tan dispar para categorías que comparten una misma fuente de
regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario.

2.6. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que no se tuvo
en cuenta la sentencia C-1064 de 2001 mediante la cual la Corte Constitucional
exige una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia
salarial.

2.7. Sobre el defecto fáctico adujo que se realizó una valoración indebida de las
pruebas debido a que se tomó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
aun cuando no hubo evidencia de las razones que sirvieron de sustento para expedir
los actos administrativos, alejándose del principio de igualdad en el trato salarial y
prestacional y estableciendo una asignación diferente para los trabajadores de los
dos escalafones.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la
sentencia proferida el día 12 de junio de 2025, en el expediente radicado bajo
número 63001-3333-003-2024-00181-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor ANDRES MAURICIO MOLINA,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la

1
Derogado por el art. 21 del Decreto 596 de 3 de junio de 2025. “[…] Por el cual se modifica la remuneración de los servidores
públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal […]”.

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Accionante: Andrés Mauricio Molina

jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable
al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del docente ANDRES MAURICIO MOLINA a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el
debate jurídico. […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de diciembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, al Municipio de Armenia – Secretaría de Educación y al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en la medida que no puede ser utilizada para
cuestionar las decisiones judiciales con las que no se está de acuerdo, permitir que
se revise por vía de tutela una decisión judicial que fue tomada con pleno respeto
del debido proceso, con análisis exhaustivo de las pruebas y del marco normativo
aplicable, además de ser confirmada en segunda instancia, implicaría
desnaturalizar la acción de amparo y convertirla en una tercera instancia judicial.

5.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y su desvinculación, comoquiera que se presenta una
controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de absoluta relevancia constitucional.

5.3. ElMunicipio de Armenia - Secretaría de Educación solicitó declarar
improcedente la acción de amparo, dado que no se probó ningún defecto como
requisito para la procedencia excepcional de la acción constitucional; y también,
porque el debate planteado es netamente legal y no constitucional, por lo tanto, no
se cumple con el presupuesto de relevancia constitucional.

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Accionante: Andrés Mauricio Molina

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. En el caso objeto de estudio, se observa que la Nación – Ministerio de Educación
Nacional fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 63001-3333-003-2024-00181-

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

00/01, por lo tanto, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser
vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos sustantivo y fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Andrés Mauricio Molina

vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. El señor Andrés Mauricio Molina, a través de apoderada judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva, en conexidad con
el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 12
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 63001-3333-003-2024-00181-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y tutela judicial efectiva, en conexidad con el principio de favorabilidad,
por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.

29. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal optó por una
interpretación normativa que contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica debido a que en su ejercicio judicial comparó los grados del escalafón de
forma abstracta y no revisó si existían razones objetivas para justificar un
incremento salarial tan dispar en un mismo año para categorías que comparten una
misma fuente de regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario.

30. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que no se tuvo en
cuenta la sentencia C-1064 de 2001 mediante la cual la Corte Constitucional exige
una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia
salarial.

31. Sobre el defecto fáctico adujo que se realizó una valoración indebida de las
pruebas debido a que se tomó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
aun cuando no hubo evidencia de las razones que sirvieron de sustento para expedir
los actos administrativos, alejándose del principio de igualdad en el trato salarial y
prestacional y estableciendo una asignación diferente para los trabajadores de los
dos escalafones.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Quindío en la providencia cuestionada:

“[…] Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el apelante, en
la sentencia de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral
sobre la afirmada vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la
justificación de la administración en cabeza del Ministerio de Educación
Nacional para la fijación de los incrementos salariales de los años 2008, 2009 y
2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante […]”.

[…]

“[…] es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación reprochada
como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación, si se
verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en
condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales, son servidores
a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que,
desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes
sujetos. Además, la demandante pretende equiparar el Nivel Salarial C con
maestría con el nivel salarial D con maestría, sin tener en cuenta que uno y otro
reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la
reglamentación distinta, en tanto el educador profesional con maestría que está
en el Nivel Salarial C tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor
trayectoria y que ha seguido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la
cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro servidor.

Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base
salarial acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los
aumentos salariales que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no
permitan generar una brecha notable entre remuneraciones de docentes, sin
que se desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirá percibiendo
una mejor remuneración salarial.

Por lo descrito, el cargo no prospera.

Tampoco se encuentra razón a la apelante en lo atinente a la incongruencia
atribuida a la sentencia de primera instancia, consistente en no haberse
abordado las razones de hecho y de derecho para el trato diferenciado en los

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Accionante: Andrés Mauricio Molina

incrementos porcentuales a la base salarial dispuesta para ciertos años, sin
aplicarse idéntica medida para otros, ni en lo relacionado con la inexistencia de
fundamento técnico para disponer incrementos salariales desiguales en ciertas
anualidades.

Ello es así por cuanto revisada la decisión objeto del recurso, se advierte que
en la misma, al respecto se sostuvo que no todas las diferencias salariales que
se presentaron en los grados de escalafón fueron a mayor preparación – mayor
incremento o diferencia salarial, pues precisamente dentro de la competencia
privativa que tiene el Gobierno Nacional, “para realizar ajustes en los salarios,
estimó inconveniente realizar ajustes salariales en algunos cargos que sin tener
un mayor grado de escalafón, requerían un mayor ajuste para cerrar la brecha
salarial existente dentro de los grados de escalafón”, sin que ello signifique,
deparar un trato desigual o discriminatorio, sino que se aviene a las
competencias del Ejecutivo siguiendo los lineamientos legales, para efectuar los
incrementos respecto al mínimo que debe darse cada año y, en ese orden, no
se encontró un manejo injusto, ilegal, ni discriminatorio por parte del Ministerio
de Educación Nacional en el cumplimiento de los Decretos del Gobierno
Nacional emitidos siguiendo los parámetros dispuestos en la Ley 4ª de 1992,
concordante con los arts. 46 y 47 del Decreto 1278 de 2002.

En definitiva, se manifestó en la sentencia censurada que, en el caso concreto,
“(…) el trato diferenciado obedece los principios que la misma normatividad ha
previsto para estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen
parte del magisterio, y en tal efecto no vulneran el derecho a la igualdad, por el
contrario la ubicación del docente en el escalafón se encuentra determinado por
las condiciones de experiencia y formación que la ley señale”. Agregó que, el
salario al encontrarse en grados de escalafón diferente A - B – C – D, el principio
de trabajo igual salario igual, no aplica, por las condiciones y razones objetivas
como la formación, la capacitación y preparación que justifican la diferencia de
trato y, en especial para el año 2008 responde a una “política pública
debidamente autorizada por el Decreto 1278 de 2002, artículos 46 y 47”,
motivando el Estado al sector docente para alcanzar los grados más altos, con
indicación de aumentos salariales para la categorías, como lo dispone cada uno
de los Decretos.

Esta Sala de Decisión, además, encuentra que el recurrente basa su argumento
referido a que no se justificó el incremento porcentual salarial diferente a cada
escalafón con base en un cálculo matemático, estableciendo los porcentajes
diferentes de incremento salarial. Sin embargo, el Órgano de Cierre de la
Jurisdicción Constitucional, en sentencia C-408 del 24 de noviembre del 2021,
tema tratado también por el fallo recurrido, señaló que los análisis de igualación
matemática entre remuneraciones no tienen cabida, atendiendo a que, es
relevante tener en cuenta las diferencias fácticas de cada servidor, las cuales
en el presente caso sí son apreciables, como lo son la formación y la experiencia
requerida para ocupar uno u otro escalafón.

Por ello, el principio de “a trabajo igual, salario igual”, contrario a lo afirmado en
el recurso, “no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que
busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas
condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo
distintas condiciones”.

Asimismo, se precisa que, si bien el recurrente indica que no obran en el
expediente estudios técnicos u otros medios de convicción que den cuenta de
la existencia de razones objetivas y válidas para ordenar los incrementos
desiguales, este es un argumento que no fue presentado en la demanda y, en
consecuencia, no le es dable a este Órgano Colegiado en esta sede judicial

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Accionante: Andrés Mauricio Molina

pronunciarse al respecto ya que ese el escenario en el que debió plantearlo. No
obstante, en el hipotético caso que ese tema se hubiere planteado desde el
inicio del proceso, tampoco le asistiría razón al demandante, en cuanto no probó
que el Gobierno haya tenido la obligación de realizar dichos estudios técnicos,
por cuanto la Ley 4 de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos
y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f)
de la Constitución Política” tampoco erigió dicha obligación en su art. 2, que fijó
los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la fijación del
régimen salarial y prestacional.

En ese orden de ideas, este cargo tampoco prospera.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia […]”.

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante el trámite del
proceso contencioso administrativo.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

38. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-00
Accionante: Andrés Mauricio Molina

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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