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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07949-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07949-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 29 de enero de 2026 proferida por el Consejo 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Andrés Mauricio Molina Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2025-07949-01 de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, presentada por el señor Andrés Mauricio Molina. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07949-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

12 de marzo de 2026

Demandante: Andrés Mauricio Molina
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07949-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07949-01
Demandante: ANDRÉS MAURICIO MOLINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Confirma
decisión de primera instancia. Nivelación salarial escalafón
docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por el actor contra el fallo de
29 de enero de 2026, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 15 de diciembre de 2025, el señor Andrés Mauricio Molina, por medio de
apoderada judicial,1 promovió esta acción constitucional en contra del Tribunal
Administrativo del Quindío, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y tutela judicial efectiva, en conexidad con el principio de favorabilidad.

Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia del 12
de junio de 2025, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia, mediante la cual se negaron las súplicas del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 63001-
33-33-003-2024-00181-00/01, promovido contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Armenia, Secretaría de Educación Municipal.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1 Samai, índice 1, expediente de primera instancia, con escrito radicado el 15 de diciembre de 2025.

1

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Demandante: Andrés Mauricio Molina
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07949-01

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 12 de junio de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-
3333-003-2024-00181-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor ANDRES
MAURICIO MOLINA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
docente ANDRES MAURICIO MOLINA a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]2.
[Negrita del texto].

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Andrés Mauricio Molina se sustenta
en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia.

Narró que como docente pertenecía al nivel salarial 3AM en el escalafón nacional
docente y presentó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación del
municipio de Armenia y ante el Ministerio de Educación Nacional. Manifestó que
solicitó el incremento salarial que fue decretado para dicho grado de escalafón 3DM,
pues en el año 2008 se determinaron incrementos salariales de manera
indiscriminada para los docentes oficiales pertenecientes a la categoría citada
(incremento del 44.89%), con relación al incremento salarial diferenciado que fue
decretado para la categoría 3AM (incremento del 17.40%), por medio de los
Decretos 624, 714 y 1407 de 2008.

Puso de presente que la variación de la base salarial de la anualidad 2008 tuvo
efectos en los salarios futuros, porque cada año el incremento se aplicó sobre la
base del anterior. Sostuvo que, si bien para el año 2009 la categoría 3AM tuvo un
incremento superior al de la categoría 3DM (esto es, 18.41 vs. 7.97%), dicho
incremento no alcanzó a compensar la diferencia existente en el año 2008.

Además, manifestó que en los años subsiguientes (2010–2024) los incrementos se
decretaron en igualdad de condiciones para los docentes de las categorías 3CM y
3DM. Adicionalmente, aclaró que la Secretaría de Educación del municipio de
Armenia y el Ministerio de Educación Nacional negaron lo reclamado, por medio de
acto administrativo ARM2024EE003440 y respuesta 2024-2024-EE-057667 del 12 y
27 de febrero del 2024, respectivamente.

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2

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Demandante: Andrés Mauricio Molina
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07949-01

Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se declarara la nulidad de tales actos administrativos expedidos y solicitó que se
ordenara la inaplicación del Decreto 284 de 5 de marzo de 20243. A título de
restablecimiento, requirió que se pagara la diferencia de lo que no había recibido en
un periodo específico.

Puso de presente que, en primera instancia, le correspondió el conocimiento del
medio de control al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
autoridad judicial que, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda, porque advirtió que era posible dar un trato
diferenciado según los principios que la misma normativa previó con la finalidad de
estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio,
por lo que un docente ubicado en determinado grado de escalafón tenía unas
condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se
encontraba ubicado en otro, encontrando congruencia en la diferencia salarial de
acuerdo a su ubicación.

Sostuvo que apeló la decisión y el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de
la decisión de 12 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo, pues compartió
las consideraciones de la sentencia de primera instancia para concluir que la
reglamentación objeto de reproche permitió identificar una base salarial acorde con
la realidad de cada servidor docente, a fin de que los aumentos salariales no
permitieran generar una brecha notable entre remuneraciones de educadores, sin
que se desconociera que el de mayor grado y nivel siguiera percibiendo una mejor
remuneración salarial.

1.4. Sustento de la petición

El accionante aseveró que la decisión cuestionada incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Sobre el defecto sustantivo, consideró que la autoridad enjuiciada optó por una
interpretación normativa que contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica debido a que, en su ejercicio judicial, comparó los grados del escalafón de
forma abstracta y no revisó si existían razones objetivas para justificar un incremento
salarial tan dispar para categorías que comparten una misma fuente de regulación y
están sujetas a un régimen salarial unitario.

En relación con el defecto fáctico, adujo que se realizó una valoración indebida de
las pruebas debido a que se tomó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda aun cuando no hubo evidencia de las razones que sirvieron de sustento
para expedir los actos administrativos, alejándose del principio de igualdad en el
trato salarial y prestacional, además de establecer una asignación diferente para los
trabajadores de los dos escalafones.

3 Derogado por el artículo 21 del Decreto 596 de 3 de junio de 2025. «[…] Por el cual se modifica la

remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los
niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector
educativo estatal […]».

3

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Respecto al desconocimiento del precedente judicial, mencionó que no se tuvo en
cuenta la sentencia C-1064 de 2001, mediante la cual la Corte Constitucional exige
una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial.

1.5. Trámite y contestaciones

Mediante auto del 18 de diciembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del
Quindío.

Además, se ordenó vincular al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Armenia, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al municipio de
Armenia, Secretaría de Educación Municipal, en calidad de terceros con interés en
las resultas del proceso, para que si lo consideraban del caso intervinieran en el
presente trámite.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

Indicó que, en esencia, el demandante argumentó que la sentencia de primera
instancia aplicó erróneamente el ordenamiento jurídico al no exigir justificación
objetiva para el trato diferenciado y desconoció que el propio gobierno nacional
aplicó incrementos homogéneos en la gran mayoría de años del estatuto docente, lo
que demostró que la diferenciación en 2008 careció de justificación constitucional y
legal.

Manifestó que analizó exhaustivamente el régimen especial del escalafón docente
establecido por el Decreto Ley 1278 de 2002, así como los Decretos 624, 714 y 1407
de 2008. Asimismo, señaló que examinó las escalas salariales, los grados de
escalafón y asignaciones básicas establecidas y concluyó que las diferencias
salariales están justificadas por criterios objetivos de formación académica,
experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias propias del sistema de
carrera docente.

Expresó que evaluó que el gobierno nacional, dentro de su competencia privativa
para fijar el régimen salarial, efectuó incrementos diferenciados con el propósito de
cerrar brechas salariales dentro del escalafón, por lo que no existió defecto fáctico.

Argumentó que no existe defecto sustantivo, pues la sentencia aplicó correctamente
el test de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional y determinó que el trato
diferenciado obedece a los principios que la misma normativa ha previsto para
estimular la profesionalización y excelencia del magisterio, por lo que un docente en
el grado 3DM tiene condiciones de experiencia y formación distintas a las de uno en
de 3AM y así, la diferencia salarial está objetivamente justificada en la estructura del
escalafón docente.

4

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Consideró que la facultad reglamentaria del gobierno permite ajustes diferenciados
cuando existen razones de política pública orientadas a corregir inequidades
estructurales, sin que ello implique discriminación arbitraria. También, precisó que se
respetaron todas las garantías procesales y solicitó declarar esta acción
improcedente, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

1.5.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional

En escrito del 14 de enero de 2026, puso de presente que este caso en particular
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica y corresponde a un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia
constitucional, razón por la cual solicitó declarar este mecanismo improcedente y
desvincularlo por falta de legitimación en la causa.

1.5.3 Secretaría de Educación Municipal de Armenia

Puntualizó que no se incurrió por parte de los falladores de primera y segunda
instancia en ninguna irregularidad ni defecto que haya dado lugar a vulneración de
los derechos fundamentales invocados. Además, consideró que no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que se trata de un debate
netamente legal que ya fue finiquitado por la jurisdicción contenciosa administrativa,
y no es dable revivirlo, por lo que solicitó declarar improcedente o, en su defecto,
negar la acción de tutela promovida.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Precisó que, si bien la parte accionante adujo que le fueron desconocidos sus
derechos fundamentales, no puso de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad
giró en torno a que el tribunal confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

Evidenció que el debate planteado en sede constitucional fue analizado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no observó que la decisión proferida
hubiese sido arbitraria o se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la
parte accionante en el trámite del proceso ordinario.

Concluyó que la controversia carece de relevancia constitucional porque: i) el debate
no se realizó desde una óptica constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar
este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión
que fue resuelta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

1.7. Impugnación

5

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Con escrito recibido el 9 de febrero de 2026,4 la apoderada del señor Molina impugnó
la providencia del a quo, pues consideró que la presente controversia es relevante
constitucionalmente, porque compromete de manera directa los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Sostuvo que la sentencia del tribunal incurrió en un defecto sustantivo, porque
adoptó una interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada del artículo
13 de la Constitución, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.

Además, porque el fallo concluyó que los incrementos salariales diferenciados entre
los grados 3AM y 3DM respondían a la formación y experiencia propias del escalafón
docente y que, en consecuencia, no se configuraba vulneración del principio de
igualdad. Conclusión, según este, que desconoce el verdadero objeto del litigio, pues
la controversia versaba sobre la irregularidad en los incrementos salariales aplicados
en los años 2008 y 2009, pues mientras en dichos años la categoría 3DM recibió un
aumento acumulado del 52,56 %, la categoría 3AM obtuvo únicamente un 35,81 %,
diferencia de 16,75 puntos porcentuales sin sustento normativo, técnico ni
presupuestal.

Alegó el desconocimiento del precedente constitucional vinculante fijado en la
sentencia C-1064 de 2001, que ordenó una justificación objetiva y suficiente para
cualquier trato salarial diferenciado entre grados del escalafón docente. Manifestó
que, en dicha decisión, la corte señaló que los incrementos asignados a grados
superiores no pueden ser iguales ni superiores a los asignados a los inmediatamente
inferiores, porque esto contraría los principios de equidad y progresividad. Aplicado
al caso concreto, el precedente evidencia la inconstitucionalidad del incremento
otorgado al grado 3DM en 2008 frente al grado 3AM, sin que el gobierno ni las
entidades demandadas acreditaran razones válidas para esa medida.

Adicionó que la corporación enjuiciada incurrió en un defecto fáctico, porque no
existió prueba alguna que acreditara la existencia de motivos válidos que justificaran
los incrementos diferenciados de los años 2008 y 2009. Adicionalmente, porque
ninguno de los decretos que fijaron los incrementos incluyó razones técnicas,
presupuestales o de política pública que explicaran la razón del salario desigual y
tampoco se allegaron estudios, informes o conceptos que demostraran la necesidad
de una medida tan disímil.

Por lo anterior, aseguró que la sentencia reprochada no validó dicha diferencia y se
fundamentó en inferencias genéricas sobre formación y experiencia, sin fundamento
probatorio alguno, por lo que se configuró una decisión adoptada sobre supuestos
no demostrados, lo que vulneró el debido proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4 Samai, índice 19. La impugnación fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31

del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 5 de
febrero de 2026 (Samai, índice 19).

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2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, el
29 de enero de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia
de la acción, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para lo cual
se deberá verificar si el Tribunal Administrativo del Quindío, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al presuntamente incurrir en los defectos
planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados,
se estudiará iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

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momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por
el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo, teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

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Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en
una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó
en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 12 de
junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de
Decisión, que confirmó la sentencia proferida el 4 de diciembre del 2024, por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron
las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 63001-33-33-003-2024-00181-00/01, promovido contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Armenia, Secretaría
de Educación Municipal.

A juicio del accionante, la decisión en cuestión incurrió en los siguientes defectos:

i) defecto sustantivo: porque adoptó una interpretación abiertamente irrazonable y
desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y
del Decreto Ley 1278 de 2002. Además, porque el fallo concluyó que los incrementos
salariales diferenciados entre los grados 3AM y 3DM respondían a la formación y
experiencia propias del escalafón docente y que, en consecuencia, no se configuraba
vulneración del principio de igualdad.

ii) defecto fáctico: porque no existió prueba alguna que acreditara la existencia de
motivos válidos que justificaran los incrementos diferenciados de los años 2008 y
2009, esto es, se realizó una indebida valoración probatoria, puesto que no se allegó
al expediente prueba alguna de la existencia de motivos válidos que justificaran el
incremento salarial desigual.

iii) desconocimiento del precedente: ya que no fue aplicado el precedente
constitucional contenido en la sentencia C-1064 de 2001, que exige una justificación
objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial.

Frente a la configuración del defecto sustantivo, advierte la sala que los argumentos
planteados no superan el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
controversia se dirige a modificar el raciocinio de la autoridad enjuiciada, al no estar
de acuerdo con lo concluido en el fallo que dio origen a la acción constitucional, más

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allá de proponer alguna discusión que justifique razonablemente una violación
desproporcionada de los derechos fundamentales incoados.

A pesar de que la parte actora adujo que la providencia objeto de reproche
desconoció el alcance normativo del principio de igualdad y el mandato de
progresividad, lo cierto es que sus argumentos corresponden a una reiteración de los
presentados en el curso del proceso ordinario, que ya fueron analizados por el
tribunal demandado, aunque la conclusión a la que llegó haya resultado desfavorable
a sus intereses, como se evidencia:

Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el apelante, en la sentencia
de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada
vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la administración
en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los incrementos
salariales de los años 2008, 2009 y 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007
2012 en adelante.

Lo afirmado encuentra sustento en que en la sentencia apelada, luego de un análisis
amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979,
el Estatuto que desarrolló esa materia dispuesto en el Decreto 1278 de 2002,
aplicable a partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la política
pública implementada para el sector docente mediante los Decretos expedidos por el
Ministerio de Educación Nacional 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009,
enfatizando en lo regulado en cada uno de ellos en cuanto a título, grado de
escalafón, el nivel salarial y la asignación básica respectiva.

Enseguida efectuó un examen de la vulneración del derecho a la igualdad frente a la
escala salarial del escalafón docente, apoyándose en la metodología vertida en la
sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se
analizó la inconstitucionalidad del numeral 2 del art. 36 del Decreto Ley 1278 de 2002,
“Por el cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente” sosteniendo que en
desarrollo del principio de igualdad, corresponde al Legislador deparar el mismo trato
jurídico a todas aquellas situaciones que puedan compararse y, efectuar las
respectivas diferenciaciones, ante situaciones fácticas disímiles, sin que un
tratamiento legislativo distinto pueda significar la violación del principio de igualdad,
siempre y cuando sea objetivo y razonable.6

A partir de lo anterior, es visible que, más allá de una controversia de índole
constitucional, lo que se expone es el desacuerdo con la decisión tomada en la
providencia cuestionada, por el hecho de no concordar con los intereses de la parte
tutelante, inconformidad que no presenta un debate iusfundamental que justifique
invadir la órbita del juez natural.

Así las cosas, se evidencia que lo que plantea el actor como argumentos del presunto
defecto sustantivo es en realidad un desacuerdo en relación con lo resuelto en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no puede ser
razón para, en sede constitucional, intervenir en el caso concreto.

6 Sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 12 de junio de 2025. Radicado 63-001-3333-

003-2024-00181-01.

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Por otra parte, en cuanto al cargo planteado por defecto fáctico, el accionante afirmó
que no existió prueba alguna que acreditara la existencia de motivos válidos que
justificaran los incrementos diferenciados de los años 2008 y 2009 y que ninguno de
los decretos que fijaron los incrementos incluyó razones técnicas, presupuestales o
de política pública que explicaran la razón del salario desigual y tampoco se allegaron
estudios, informes o conceptos que demostraran la necesidad de una medida tan
disímil, por lo que la sentencia reprochada, no validó dicha diferencia y se
fundamentó en inferencias genéricas sobre formación y experiencia, sin fundamento
probatorio alguno.

De la revisión de lo argumentado en este cargo, resulta claro que tampoco cumple
con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los reparos presentados
solo demuestran una inconformidad con lo decidido por ser contrario a sus intereses,
mas no conducen a efectuar un estudio sobre el alcance de los derechos
fundamentales invocados, frente a la providencia judicial controvertida.

Se observa que lo alegado por la parte actora se refiere al análisis interpretativo
aplicable al caso concreto que efectuó la autoridad accionada, por lo que dista del fin
de la acción de amparo, que no es otro que el de proteger garantías fundamentales
cuando se vean vulneradas o amenazadas.

Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez constitucional no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por el juez natural,
máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

De esta forma, al no advertirse la trascendencia constitucional de la controversia
planteada, no puede este juez constitucional atribuirse las facultades del funcionario
judicial de instancia, en tanto que implicaría un menoscabo del principio de
autonomía judicial; además, porque la acción de tutela no es un «juicio de
corrección» de la estimación o valoración probatoria ya realizada en el trámite
ordinario. Así, lo expuesto carece de relevancia constitucional, al intentar reabrir el
debate ya zanjado en el trámite ordinario.

En lo concerniente al reproche frente al presunto desconocimiento del precedente,
la parte tutelante sostiene que en la providencia demandada no se aplicó el
precedente contenido en la sentencia C-1064 de 2001, que ordenó una justificación
objetiva y suficiente para cualquier trato salarial diferenciado entre grados del
escalafón docente. Además, manifestó que, en dicha decisión, la Corte
Constitucional señaló que los incrementos asignados a grados superiores no pueden
ser iguales ni superiores a los asignados a los inmediatamente inferiores, por lo que,
aplicado al caso concreto, el precedente evidencia la inconstitucionalidad del
incremento otorgado al grado 3DM en 2008 frente al grado 3AM, sin que el gobierno
ni las entidades demandadas acreditaran razones válidas para esa medida.

En ese orden, es claro que este cargo tampoco cumple con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que lo que persigue el actor en esta instancia es que se acceda
a las súplicas elevadas en el trámite ordinario, aun cuando dicho asunto ya fue

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analizado en la sentencia que dio origen a la demanda constitucional, en la cual se
manifestó lo siguiente:

Siguiendo la metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad, el A quo
sostuvo que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un trato
diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad tendiente a
estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de
modo tal que en los casos examinados, no se desconoce el derecho a la igualdad, en
razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene unas
condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentre
situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel de
escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentra justificada por el
Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando con ello
que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por ende, no
desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado, resaltando
que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se respetó el mínimo
que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el poder adquisitivo
de los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de pérdida del poder
adquisitivo o inflación y, de allí en adelante se atendió, siguiendo el art. 19 del Decreto
1278 de 2002 sobre el sistema nacional de clasificación de los educadores, a los
factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de los
docentes, que sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos salariales.

Como se observa, los argumentos que fundamentan este reproche ya fueron
abordados por el juez de instancia, que concluyó que la disparidad en los
incrementos en la asignación salarial resulta coherente con la posición que ocupan
quienes se encuentran en grados superiores, quienes legítimamente perciben un
salario más elevado.

En efecto, aunque la parte actora hace referencia a la presunta configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente, se avizora que lo pretendido es que se
realice un nuevo estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados,
con el fin de que se adopte una decisión que le sea favorable a sus pretensiones.

En tal medida, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a colación
nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, sino que es un
medio excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones que recaen en la
arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad judicial.

Por consiguiente, la sala confirmará la sentencia de 29 de enero de 2026, por medio
de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la solicitud
de tutela por no cumplir el requisito de procedencia de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 29 de enero de 2026 proferida por el Consejo

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de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional, presentada por el señor Andrés Mauricio
Molina.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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