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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07953-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07953-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la desvinculación de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Henry Walter Medina Ulloa, quien actúa en nombre propio, contra el Despacho 02 y la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07953-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07953-00
Accionante: Henry Walter Medina Ulloa
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Acto administrativo de carácter
general. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Henry Walter Medina Ulloa, quien actúa en nombre propio,
contra el Despacho 02 y la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Arauca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de diciembre de 2025, la parte accionante acudió al juez constitucional con el
fin de que protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de
expresión y manifestación pública, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“30.- Amparar los derechos fundamentales de igualdad en el trámite de los permisos
laborales remunerados solicitados por los empleados de la Secretaría General del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política Nacional.

31.- Amparar el derecho fundamental de libre expresión en ejercicio del derecho a la
protesta pacífica por parte de los empleados de la Secretaría General del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Arauca, consagrado en los artículos 20 y 37 de la
Constitución Política Nacional. En tal virtud:

32.- Ordenar la suspensión provisional de la Circular TSAC25-07 del 23 de abril de 2025,
acto administrativo que reproduce partes del artículo 104 del Decreto 1660 de 1978
declaradas nulas por el Consejo de Estado mediante Sentencia 3651 de 1981. La medida
provisional se solicita hasta que se resuelva sobre la nulidad parcial de la citada circular
dentro del proceso en trámite reseñado en el párrafo 13.

33.- Conminar a la autoridad judicial accionada [presidenta del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Arauca, Arauca] para que se abstenga de obstaculizar la libre
expresión de los referidos empleados judiciales en el ejercicio del derecho de protesta.

34. Instar a la autoridad judicial accionada a no volver a incurrir en acciones como las
examinadas en el presente caso.

35.- Las demás que la autoridad judicial considere para garantizar los derechos
fundamentales invocados”.

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Accionante: Henry Walter Medina Ulloa

2. Hechos

La parte actora señaló que ostenta el cargo de secretario general en propiedad del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y que el 23 de abril de 2025, la
Presidencia de dicha corporación profirió la Circular n.° TSAC25-07, por medio de
la cual estableció el procedimiento para la solicitud y aprobación de permisos
remunerados por causa justificada de los servidores públicos -Magistrados, Jueces
y empleados adscritos a la Secretaría General-.

Sostuvo que mediante la Resolución n.° TSAR25-054 del 23 de abril de 2025, la
Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca negó el permiso
solicitado por el término de tres días para atender diligencias de carácter personal
a quien ocupa el cargo de oficial mayor, al considerar que no era posible establecer
la razonabilidad y procedencia de la solicitud.

Mencionó que, a diferencia de ese caso, se han otorgado permisos sustentados en
la justa causa de atender diligencias personales, conforme a lo dispuesto en las
Resoluciones TSAR25-019 del 17 de febrero de 2025 y TSAR25-022 del 21 del
mismo mes y año.

Agregó que, en otra oportunidad, la autoridad judicial accionada concedió un
permiso por dos días, aun cuando se habían solicitado tres, bajo el argumento de
que el término requerido se sumaba a un fin de semana con festivo.

Expuso que, en otros casos, se han autorizado permisos remunerados de tres días
incluso cuando estos se computan con un fin de semana festivo. Indicó además que
una situación similar ocurrió en solicitudes para asistir a jornadas académicas: a
unos empleados se les negó el permiso, mientras que a otros se les otorgó sin
mayor reparo.

Señaló que desde el 17 de julio de 2025, asiste a las reuniones convocadas por la
Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca portando tapabocas
y un hablador, como manifestación pública y pacífica de protesta frente al acoso
laboral sistemático del que afirma ser víctima.

Manifestó que el 12 de agosto de 2025, con fundamento en lo anterior, promovió
demanda de nulidad simple con el fin de que se declarara la nulidad de la Circular
n.° TSAC25-07 del 23 de abril de 2025. En esa misma oportunidad solicitó, como
medida cautelar, la suspensión provisional del acto acusado. Dicho proceso fue
repartido a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo el
radicado n.° 11001-03-25-000-2025-00307-00.

Finalmente, refirió que el 27 de agosto de 2025 la presidenta del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Arauca rompió el hablador con el que asistía a las reuniones,
lo que calificó como un acto de censura, a lo que agregó que el 3 de septiembre del
mismo año le ordenó retirarse el tapabocas como requisito para ingresar a la oficina
a revisar actuaciones secretariales.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora expuso que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental a la igualdad al otorgar un trato desigual en la concesión de permisos
laborales remunerados, desconociendo que la Ley Estatutaria 270 de 1996, en su
artículo 144, reconoce el permiso remunerado por causa justificada como un
derecho y no como una facultad discrecional. Añadió que dicho permiso tiene una
duración máxima de tres días, conforme a lo previsto en el Decreto 1660 de 1978 y
a la precisión realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C‑037 de 1996.

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Accionante: Henry Walter Medina Ulloa

Sostuvo que las razones por las cuales la Presidencia del Tribunal ha otorgado
permisos a algunos empleados y negado a otros, pese a invocarse causas similares,
constituyen una diferenciación injustificada y contraria al principio de igualdad. En
apoyo de ello, citó las Sentencias T‑475 de 1992 y T‑295 de 1999 de la Corte
Constitucional, relativas al principio de buena fe y al respeto por el acto propio,
precisando que si la autoridad ha concedido permisos por causas idénticas en otros
casos, no puede ahora negarlos de manera arbitraria.

Adujo también que se vulneraron sus derechos a la libertad de expresión y a la
manifestación pública y pacífica, ejercidos mediante actos simbólicos como el uso
de un tapabocas y un hablador en protesta por el presunto acoso laboral,
expresiones que se encuentran amparadas por la Sentencia C‑090 de 2024, por lo
que romper el hablador y obligarlo a retirarse el tapabocas constituyen actos de
censura.

4. Trámite procesal

Por auto de 15 de enero de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca y el Despacho 02 de la misma corporación-. De igual modo, a la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial – Consejo Superior de la Judicatura,
como tercero interesado en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610
del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
4374 a 4378 de 16 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Despacho 02 y la Presidencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Arauca

La magistrada a cargo del despacho judicial, quien además se desempeña como
presidenta de la corporación, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela. Al respecto, consideró que el actor fundamentó la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales en actos administrativos proferidos
respecto de otros empleados de la Secretaría General, sin contar con legitimación
en la causa por activa frente a dichos actos.

Por otra parte, señaló que el accionante promovió una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad simple con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
de la Circular n.° TSAC25-07 y que, en esa misma oportunidad, solicitó como
medida cautelar la suspensión provisional del acto acusado. Por ello, afirmó que
corresponde al juez natural de ese proceso decidir sobre la validez del acto
administrativo cuestionado.

Indicó además que, estando en permiso la vicepresidenta de la Corporación dio
traslado de las quejas y reclamos presentados por el accionante -relacionados con
la presunta vulneración de la libertad de expresión y con conductas de acoso
laboral- a los organismos competentes: el Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo Nacional y Seccional (COPASST), el Comité de Convivencia Laboral de
la Coordinación Administrativa de Arauca, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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Accionante: Henry Walter Medina Ulloa

5.2. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad solicitó la desvinculación del trámite por considerar que
carece de competencia para atender las pretensiones de la demanda de tutela, ya
que lo concerniente a las peticiones de carácter laboral administrativo como la
concesión de permisos remunerados y similares le competen a la autoridad
nominadora.

5.3. Intervención del señor Faver Aníbal Camejo Clemon

Acudió al presente asunto en calidad de tercero con interés y refirió que la autoridad
accionada desconoce el marco normativo vigente que regula los permisos laborales
remunerados al interior de la Rama Judicial.

6. Pronunciamiento del accionante

Estando el asunto al despacho para proferir sentencia, el actor indicó que, en sesión
ordinaria de 22 de enero de 2026, la Presidenta del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca dejó constancia de la asistencia a la reunión con uso de
tapabocas y le tomó una fotografía que quedó consignada en el acta sin su
autorización. En consecuencia, solicitó adicionar las pretensiones de la acción de
tutela en el sentido de incluir que se ordene el retiro de la foto del acta de la sesión,
en amparo de sus derechos fundamentales a la propia imagen y a la intimidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura, solicitó su desvinculación por considerar que
carece de competencia para atender las súplicas de la demanda de tutela.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” . Así las cosas, la Sala negará la
1

solicitud presentada debido a que su participación en este trámite constitucional se
dio en calidad de tercero con interés.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Despacho 02 y la Presidencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Arauca vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, a la libertad de expresión y manifestación pública, con la Circular n.°

1
Sentencia T-005 de 2022.

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TSAC25-07 de 23 de abril de 2025, y por la presunta censura a la libertad de
expresión alegada por el demandante.

4. Procedencia de la acción de tutela para debatir actos administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha sostenido que la improcedencia de la
acción de tutela para debatir actos administrativos deviene en la existencia de
mecanismos ordinarios ante la jurisdicción contencioso administrativo. Sin embargo,
ha reconocido que este mecanismo puede proceder: “como (i) medio de protección
definitivo “cuando se constata que el medio de control preferente carece de idoneidad y/o
eficacia para garantizar la protección oportuna e inmediata sobre los derechos
fundamentales vulnerados”; o (ii) mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable2”.

En ese orden, la Corte ha admitido que la acción de tutela no es procedente para
debatir actos administrativos, en tanto, este asunto debe ser ventilado ante el juez
natural y únicamente procederá en los casos en que se acredite la existencia de un
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Henry Walter Medina Ulloa, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Despacho 02 y la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca, al considerar que la expedición de la Circular n.° TSAC25‑07 del
23 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el procedimiento para la solicitud
y aprobación de permisos remunerados por causa justificada para magistrados,
jueces y empleados adscritos a la Secretaría General, vulneró sus derechos
fundamentales. Afirmó que dicha circular concentró en la Presidencia de la
corporación la valoración y aprobación de los permisos, restringiendo de manera
indebida el ejercicio del derecho a su reconocimiento.

2
Sentencia T-260 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Indicó, además, que se han presentado conductas constitutivas de acoso laboral,
frente a las cuales ejerció su derecho a la libertad de expresión y a la manifestación
pública mediante el uso de un tapabocas y un hablador como símbolos de protesta.
Sin embargo, señaló que la autoridad judicial accionada habría censurado dichas
expresiones al ordenarle retirarse el tapabocas e incluso romper el hablador que
utilizaba.

En consecuencia, solicitó que a través de la presente acción de tutela: (i) se ordene
la suspensión provisional de la Circular n.° TSAC25‑07 del 23 de abril de 2025,
mientras se resuelve la demanda de nulidad simple instaurada contra dicho acto; (ii)
se ampare su derecho a la igualdad frente al trámite y decisión de los permisos
remunerados solicitados por los empleados adscritos a la Secretaría General del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca; y (iii) se ampare su derecho
fundamental a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, conminando a la
autoridad judicial accionada a abstenerse de obstaculizar su ejercicio y a no reiterar
conductas que puedan vulnerar tales garantías.

De acuerdo con el relato fáctico y con los informes aportados en el presente trámite
constitucional, se encuentra acreditado que el accionante ocupa el cargo de
secretario general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca en condición
de empleado de carrera, y que mediante la Circular n.° TSAC25‑07 del 23 de abril
de 2025 se reglamentó el procedimiento para la solicitud y aprobación de permisos
remunerados de los empleados adscritos a la Secretaría General.

Igualmente, está demostrado que la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca, en su calidad de autoridad nominadora, ha resuelto las
solicitudes de permisos remunerados de los empleados de la Secretaría General
con fundamento en lo dispuesto en la referida Circular n.° TSAC25‑07.

Adicionalmente se observó que el actor promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad simple con el fin de que se declarara la nulidad de la Circular
n.° TSAC25‑07, que fue asignada por reparto a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, bajo el radicado n.° 11001-03-25-000-2025-00307-
00. Y que en esa oportunidad solicitó como medida cautelar la suspensión
provisional del acto acusado.

Por otra parte, se evidenció que la vicepresidenta del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca mediante los oficios TSASGO25-198, TSASGO25-199,
TSASGO25-200 y TSASGO25-201 del 21 de julio de 2025, remitió copia de la
solicitud presentada por el actor el 10 de septiembre de 2025, bajo el asunto: “Actos
de censura que vulneran el derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica [libre
expresión] como señal de protesta”. En dicha solicitud, el actor pidió: “no continuar
obstruyendo el uso del tapabocas y el hablador que, como medios de comunicación, utilicé
para ejercer mi derecho a la libre expresión en señal de protesta frente a las reiteradas
conductas de acoso laboral que, desde su ingreso a esta Corporación, ha desplegado
sistemáticamente contra el suscrito y otros empleados y exempleados”, además de poner
en conocimiento supuestas afectaciones a su salud mental y actos de censura frente
a su manifestación pública.

La vicepresidenta remitió esta información al Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo —Nacional y Seccional— (COPASST), al Comité de Convivencia
Laboral de la Coordinación Administrativa de Arauca, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En esa medida, la Sala anticipa que las pretensiones invocadas por el accionante
devienen en improcedentes, toda vez que lo relacionado con el acto administrativo
-Circular n.° TSAC25-07- se encuentra actualmente sometido al conocimiento del

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juez natural en el marco del medio de control de nulidad simple, quien es el
competente para resolver lo concerniente a la suspensión provisional mientras se
profiere la decisión de fondo.

En relación con las pretensiones dirigidas a la protección de su derecho a la libertad
de expresión frente a los presuntos actos de censura, se evidencia que tales hechos
ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, como se indicó
en precedencia, esto es, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo —
Nacional y Seccional— (COPASST), el Comité de Convivencia Laboral de la
Coordinación Administrativa de Arauca, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Dichas entidades,
en el marco de sus competencias, adelantarán los trámites correspondientes para
investigar lo manifestado por el actor y adoptar las medidas a que haya lugar,
conforme a lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006.

Así las cosas, debe recordarse que la acción de tutela tiene una naturaleza residual
y subsidiaria, tal como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión.
En ese sentido, solo procede cuando no existen otros mecanismos de defensa
judicial idóneos para la protección de los derechos fundamentales o,
excepcionalmente, cuando resulte necesaria para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Esto implica que no puede ser utilizada como un instrumento
para reemplazar los medios ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, según se evidenció, el actor pidió con posterioridad que, en el marco de
protección de sus derechos fundamentales a la imagen propia y a la intimidad, se
ordenara el retiro de la fotografía tomada en sesión de 22 de enero de 2026, la cual
quedó consignada en el acta de la reunión. Al respecto, se destaca que dicha
circunstancia deviene en argumentos nuevos que no fueron presentados en el
escrito inicial de tutela y que, además, se enmarcan en la discusión sobre las
manifestaciones de las presuntas conductas de acoso laboral, que, como se dijo,
están siendo objeto de conocimiento por parte de la autoridad competente.

Bajo ese contexto, el asunto bajo examen resulta improcedente, en la medida en
que, si el juez constitucional entrara a estudiar de fondo los reparos expuestos por
el demandante, estaría asumiendo competencias que corresponden de manera
exclusiva al juez natural y a las autoridades administrativas. Ello implicaría
desconocer los mecanismos previstos para controvertir la legalidad del acto
administrativo, así como aquellos destinados a atender y tramitar las denuncias
relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral. Dicha intervención
desbordaría el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela y terminaría por
sustituir los medios ordinarios establecidos para dirimir este tipo de controversias.

Si bien la Sala no desconoce que eventualmente la acción de tutela puede proceder
ante la amenaza de alguna garantía ius fundamental, cuando se utilice para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable, lo cierto es que en el asunto no se
lograron acreditar los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional
para habilitar la procedencia excepcional de este mecanismo dado que no es
posible determinar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Esto debido a que no
se justificó ni se probó, siquiera de manera sumaria, alguna situación que haga
necesaria la intervención del juez constitucional, ni tampoco la existencia de un daño
o menoscabo material o moral grave que haga impostergable el estudio
constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Henry Walter Medina Ulloa.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la desvinculación de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Henry Walter Medina Ulloa, quien actúa en nombre propio, contra el Despacho 02
y la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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