Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07968-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07968-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07968-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07968-01
Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 15 de diciembre de 2025, la señora Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
promovió acción de tutela contra el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Ibagué
y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, salud, igualdad, integridad personal y acceso a la
administración de justicia.
2.
Solicitó se dejaran sin efectos los autos de 3 de septiembre y 20 de noviembre de
2025 emitidos dentro del proceso de reparación directa1 que promovió junto con los
señores Jorge Armando Calderón Rodríguez; Abundio Mayorquín Ramírez; Martha
Cecilia, Irma y Sandra Rodríguez Oviedo contra el departamento del Tolima y el
municipio de El Espinal, encaminado a que se declararan administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con ocasión del colapso
de unos palcos de la plaza de toros municipal durante la corraleja celebrada el 26 de
junio de 2022.
3.
Mediante la providencia de 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Tolima confirmó la decisión adoptada el 3 de septiembre de esa anualidad por el
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Expediente 73001-33-33-011-2025-00118-00/01
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07968-01
Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
juzgado demandado, que rechazó la demanda por caducidad del medio de control.
Consideró que al tratarse de lesiones inmediatamente perceptibles desde el
siniestro, el plazo para interponer la demanda ordinaria transcurrió entre el 27 de
junio de 2022 y el 27 de junio de 2024, pero la solicitud de conciliación extrajudicial
se presentó hasta el 23 de abril de 2025, esto es, 10 meses después de vencido el
término de caducidad, y la acción fue ejercida el 3 de junio siguiente, siendo evidente
su extemporaneidad. Descartó la tesis de la accionante, referente a que dicho
término debía empezar a contabilizarse desde el 31 de diciembre de 2024, fecha en
que se profirió dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, porque el
daño fue conocido el mismo día del siniestro.
4.
La parte actora indicó que con las providencias acusadas se incurrió en defecto
sustantivo por aplicación taxativa del numeral 8 del artículo 136 del CPACA,
respecto al término de caducidad del medio de control de reparación directa, en
desconocimiento de las graves condiciones de salud -derivadas del colapso de la
plaza de toros- que impidieron a la accionante formular la demanda en el plazo de
dos años establecido por el legislador.
5.
Asimismo, consideró que las autoridades demandadas desconocieron el
precedente fijado en las sentencias T-075 de 2014, SU-659 de 2015 y T-528 de
2016, junto con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se ha
considerado que tratándose de daños de carácter progresivo o de evolución incierta,
como las lesiones sufridas por la accionante, el término de caducidad debe empezar
a computarse desde el momento en que la víctima conoce su magnitud y no desde
que ocurren los hechos en que este se causó. Lo anterior, conforme a los principios
pro damnato o favor victimae.
6.
Se pasó por alto que la accionante durante los tres años siguientes al siniestro,
fue sometida a múltiples cirugías, tratamientos de rehabilitación y procedimientos
médicos que imposibilitaron acudir en término a presentar la demanda.
Circunstancias que acorde al criterio jurisprudencial adoptado por el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, permitían flexibilizar el conteo del plazo legal y tener
como fecha de conocimiento del daño el 31 de diciembre de 2024, cuando la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Tolima certificó su estado lesional definitivo.
7.
Alegó que el daño en su caso particular es de carácter progresivo, pues las
consecuencias definitivas de las lesiones sufridas solo pudieron conocerse con
certeza, tiempo después de la caída de los palcos, e incluso al día de hoy su
evolución es incierta, pues su última cirugía fue en julio de 2025 y pareciera que debe
someterse a otro procedimiento adicional.
8.
Con todo, pidió tener en cuenta que al privársele la posibilidad de demandar al
Estado, se le causa un perjuicio irremediable consistente en la falta de recursos
económicos para continuar con algunos tratamientos médicos requeridos para evitar
agravaciones irreversibles en su estado de salud, pues dada su condición de
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Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
discapacidad no es apta para trabajar, afectándose no solo su sostenimiento, sino
también el de su familia. Además, se desconoce su condición de víctima.
B. Sentencia de primera instancia
9.
Mediante sentencia de 22 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente el presente trámite constitucional. Consideró que no se
cumplía el requisito de relevancia constitucional, pues los reproches planteados en
la solicitud de amparo ya fueron objeto de estudio por la autoridad judicial accionada
y la tutela no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto
por el juez natural. Además, el cargo de desconocimiento del precedente carece de
carga argumentativa, por cuanto la actora se limitó a citar unas sentencias que
hacían alusión al término de caducidad a tener en cuenta en los procesos de
reparación directa, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre
lo allí resuelto y la situación ventilada en el proceso ordinario cuestionado.
C. La impugnación
10.
La accionante indicó que la tutela no tiene la finalidad de reabrir el debate jurídico
sobre la caducidad de la demanda de reparación directa, así como tampoco,
reemplazar la competencia del juez natural a fin de que se decida sobre la
responsabilidad del Estado en el siniestro; sino evidenciar que las autoridades
judiciales demandadas, en su caso particular, omitieron valorar favorablemente las
circunstancias excepcionales de salud que le impidieron materialmente formular la
demanda, en los términos indicados en el CPACA.
11.
Enfatizó en que se pasó por alto que la regla de caducidad se ha flexibilizado
acorde a lo dispuesto en la sentencia SU-659 de 2015 proferida por la Corte
Constitucional y en el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 (Rad. 85001-33-
33-002-2024-00144) dictado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Solicitó
ser tratado igual que aquellos ciudadanos que en casos similares han sido cobijados
por dichas decisiones judiciales.
12.
Pidió considerar que tiene 48 años y actualmente se encuentra en estado de
discapacidad, igual que su compañero permanente -como consecuencia de un
accidente automovilístico acaecido en 2023-, por lo que requiere acceder a la
indemnización solicitada a las entidades territoriales demandadas en el proceso
ordinario, a fin de costear -entre otros- los viajes a otros municipios, para recibir la
atención médica que requiere, dado que vive en una población con poca
disponibilidad de servicios de salud.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
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Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.
F. Análisis del caso concreto
14.
La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso
ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a la Sala a
anticipar que en el presente caso confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo porque carece de relevancia constitucional.
15.
En el caso que nos ocupa ese presupuesto de procedencia no se acredita por
cuanto lo que se pretende es tramitar una serie de inconformidades de la parte
actora, con el criterio del Tribunal accionado que quedó consignado en la sentencia
censurada. Para lo cual se vale de aspectos sustanciales, que en su sentir deben
dar lugar a que se deje sin efectos la decisión. La Sala advierte que esas
discrepancias no cuentan con la entidad suficiente para sustentar una vulneración
de derechos fundamentales, y simplemente están orientadas a que el juez de tutela
se inmiscuya en un asunto propio del juez natural y propicie la reapertura del debate
sustantivo.
16.
Así, en cada uno de los defectos alegados se evidencia la intención de redundar
sobre aspectos que ya fueron resueltos en forma razonable por el Tribunal
accionado, todo ello con el fin de que se vuelva a realizar un ejercicio hermenéutico
que se acompase con los intereses de la parte accionante.
17.
Los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente en lo
referente a la sentencia SU-659 de 2015 fueron expuestos ante el Tribunal en el
recurso de apelación que presentó la demandante contra la decisión del Juzgado 11
Administrativo del Circuito de Ibagué en auto del 3 de septiembre de 2025. Aspectos
que se considera fueron estudiados de manera suficiente, motivada y razonable.
18.
Dicha autoridad judicial empezó el estudio del caso concreto enunciando
generalidades sobre la caducidad, precisando los elementos a considerar en lo
relativo a la fecha del daño y su conocimiento, así como el trato que se debe dar en
atención a si aquel es instantáneo o continuado. Acto seguido, analizó las pruebas
obrantes en el plenario, entre las que enlistó como relevantes: (i) la historia clínica y
el registro de atención en urgencias en el Hospital San Rafael de El Espinal con fecha
del 26 de junio de 2022, en la que constaba que la señora Gloria Rodríguez fue
ingresada de forma inmediata tras el colapso en la plaza de toros, con diagnóstico
de trauma en espalda y tórax, fractura bimaleolar de tobillo derecho y fracturas
vertebrales (L1, L2, L3), que a su juicio, evidenciaban conocimiento inmediato del
daño; (ii) el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima con
fecha del 31 de diciembre de 2014 que arrojó un total de pérdida de capacidad laboral
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“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
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del 33,30%; (iii) la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 23 de abril de
2025 y el acta de audiencia del 22 de mayo de 2025; (iv) la constancia de no
conciliación expedida el 23 de mayo de 2025; (v) la demanda de reparación directa
interpuesta el 3 de junio de 2025 y las actas de reparto.
19.
Acorde a las pruebas y lo observado en el expediente, determinó que la
controversia giraba en torno al punto de partida del cómputo del término de
caducidad del medio de control, para lo cual, era indispensable tener en cuenta la
distinción entre “daño” y “efectos del daño”. Reseñó que cuando el menoscabo -
lesiones físicas graves- es perceptible y diagnosticable de inmediato, el daño existe
y es cognoscible desde el siniestro; que su entidad económica o sus secuelas se
precisen con exámenes ulteriores no convierte el daño en no cognoscible ni traslada
el inicio del término. El dictamen pericial cuantifica y califica, pero no crea el daño.
20.
En este punto, citó lo dispuesto por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia del 11 de agosto de 20253, en la que se reiteró que
no debía confundirse la prolongación o agravación de los efectos con el tipo de daño
para efectos de caducidad. El daño instantáneo ocurre en un momento cierto; sus
efectos pueden proyectarse, pero el término corre desde la ocurrencia o desde el
conocimiento real o debido, si este fue posterior e imposible antes. El daño
continuado exige una afectación que se mantiene como lesión misma en el tiempo;
y los daños sucesivos por causa homogénea, cuando existen, abren términos
independientes por cada evento. Esta delimitación doctrinal y jurisprudencial
sostiene que la simple persistencia de secuelas o la expedición de un dictamen
posterior no reconfiguran un hecho traumático único como daño continuado.
21.
Dando aplicación a esos criterios jurisprudenciales en el caso concreto, concluyó
que el marco fáctico era claro, la señora Rodríguez Oviedo fue atendida de urgencia
el mismo día del siniestro, con diagnósticos de fracturas y traumas múltiples que
evidenciaban conocimiento real e inmediato de daño. Por ende, no era procedente
acoger su tesis, según la cual, el conteo del plazo para presentar la demanda
ordinaria debía empezar a contabilizarse desde que se profirió el dictamen de
pérdida de capacidad laboral, el 31 de diciembre de 2024. La parte actora no acreditó
imposibilidad objetiva de conocer el daño en ese momento que justificara correr el
término desde una fecha posterior. En esa medida, consideró que el término bienal
inició el 27 de junio de 2022 y venció el 27 de junio de 2024.
22.
En consecuencia, aclaró que no era de recibo reconducir el caso a la categoría de
daños sucesivos por causa homogénea. Esto, porque no se acreditaron hechos
nuevos y autónomos que, de manera separada, generaran lesiones distintas; lo que
existía era un único accidente con proyección de efectos, cuyo encuadre natural es
el de daño instantáneo con repercusiones. Además, la alegación de “consolidación”
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Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Magistrado
ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ; Sentencia del 11 de agosto de 2025, Radicación número: 25000-23-36-000-2018-
00086-03 (72187). Actor: Federación Colombiana de Municipios. Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital
de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad. Referencia: Medio de control de reparación directa – Caducidad; diferenciación
entre daño instantáneo, daño continuado y daños sucesivos por causa homogénea.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07968-01
Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
del daño con el dictamen de pérdida de capacidad laboral confundía el plano
probatorio de la cuantificación con el plano sustantivo del conocimiento del daño. Se
precisó que el dictamen sirve para tasar y para el debate indemnizatorio, pero no
para fijar retroactivamente la fecha de cognoscibilidad cuando desde el inicio hubo
signos ostensibles de la lesión. Así, confirmó la decisión de declarar la caducidad en
el caso concreto.
23.
Bajo el anterior escenario, esta Sala de Subsección no identifica algún motivo por
cual deba intervenir en el caso bajo estudio, pues del contenido de la decisión
acusada se observa que, en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los
criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de
forma razonable el acervo probatorio obrante en el expediente de cara a los
reproches puestos a su consideración, confrontándolo con las perspectivas legales
y jurisprudenciales respectivas. Todo con lo cual pudo concluir que se debía
confirmar la decisión de primera instancia, al no desvirtuarse el acaecimiento del
fenómeno de la caducidad.
24.
Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el cargo por desconocimiento del
precedente judicial carece de carga argumentativa, pues la parte actora se limitó a
citar sentencias proferidas por la Corte Constitucional al resolver asuntos de tutela
sin especificar la similitud fáctica, de objeto y pretensiones que haría aplicable lo allí
dispuesto a su caso concreto, dado que, dichos fallos tienen efectos inter-partes.
Además, se resalta que tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, se
menciona que existe un criterio jurisprudencial reiterado por el Consejo de Estado,
sobre la flexibilización del término de caducidad en casos similares, pero al respecto
no se cita ninguna sentencia.
25.
Por demás, esta Subsección no pasa por alto que la parte actora únicamente hizo
mención al presunto desconocimiento de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado con fecha del 29 de enero de 2020, Rad. 2014-00144-00 4 , hasta que
interpuso la impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia. Tampoco hizo
mención expresa a dicho precedente en el escrito de amparo, e incluso, no lo
referenció en el recurso de apelación puesto en conocimiento del juez natural. Por
ende, un pronunciamiento sobre el particular implicaría el desconocimiento del
derecho al debido proceso de la contraparte, al no haber tenido la posibilidad real de
pronunciarse sobre dicho argumento, tanto en el proceso ordinario como en el trámite
del mecanismo constitucional.
26.
Igualmente llama la atención que respecto a la flexibilización del término de
caducidad, se pretende incorporar otro argumento que resulta incoherente con la
tesis inicial de la parte accionante, pues su cuestionamiento respecto a lo resuelto
era sobre la fecha en que debía iniciar el conteo porque supuestamente conoció del
daño sólo hasta el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, pero en su tutela
adiciona que no pudo demandar antes por la imposibilidad derivada de las lesiones
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M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07968-01
Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
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que sufrió. Esto último supondría desvirtuar la discusión que planteó sobre la fecha
del conocimiento del daño. Esa es otra razón para evidenciar la falta de carga
argumentativa en su reproche constitucional.
27.
Finalmente, no es de recibo el alegato de la accionante referente a que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, al no haber dado
respuesta a la acción de tutela el Tribunal accionado, el departamento del Tolima y
el municipio de El Espinal, se deben tener por ciertos los hechos alegados y en
consecuencia, ello debe ser un indicio que permita acceder al amparo deprecado,
pues en todo caso, no están en discusión las circunstancias fácticas ni del siniestro
que causó el daño cuya indemnización se reclama, ni del trámite dado a la demanda
ordinaria, sino que se discute la presunta concreción de unos defectos por presunta
indebida interpretación normativa y jurisprudencial, cuyo sustento -como ya se
explicó- fue objeto de razonable pronunciamiento por parte de la autoridad judicial
accionada. La presunción de veracidad no supone una presunción de vulneración de
derecho, ni supone desatender los elementos de convicción con que se cuente, entre
ellos el expediente ordinario y la providencia, a partir de los cuales se puede
adelantar el respectivo estudio.
28.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa. En tal sentido, se confirmará la decisión de
declarar improcedente la solicitud de amparo.
29.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07968-01
Accionante: Gloria Esperanza Rodríguez Oviedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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