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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07969-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07969-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07969-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07969-01
Accionante: José Rafael Ariza Lacouture
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del trámite de
una acción de grupo

Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de
tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 23 de abril de
2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor José Rafael Ariza Lacouture junto con otras personas promovieron una
acción de grupo contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Superintendencia
Bancaria, el Senado de la República y el Banco de la República, con el propósito
de obtener el pago de perjuicios por la diferencia entre el saldo del crédito de
vivienda cobrado por el sistema financiero UPAC y el saldo que, según el derecho
vigente, debió cobrarse a los beneficiarios de créditos con UVR.

3. El proceso correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de mayo de 2020
resolvió negar las pretensiones de la demanda porque no se acreditó ser deudor
del sistema financiera UPAC sino UVR.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A por medio de providencia del 1.° de diciembre de 2022
revocó la anterior decisión, en consecuencia, declaró probada la excepción de
cosa juzgada, toda vez que mediante providencia del 25 de junio de 20191 se

1
Proceso con radicado 11001-33-31-023-2007-00634-03

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Acción De Tutela
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Accionante: José Rafael Ariza Lacouture

había pronunciado de manera previa respecto de los perjuicios causados a un
grupo con ocasión del sistema UPAC.

5. En virtud de lo anterior, el 14 de noviembre de 2023, el accionante presentó un
recurso extraordinario de revisión, proceso que fue repartido a la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante proveído del 30 de mayo
de 2025, declaró infundado el recurso, al considerar que la decisión no carecía de
motivación. Asimismo, precisó que dicho mecanismo no constituía una
herramienta para para cuestionar o reprochar la actividad interpretativa del juez,
ni podía emplearse con el propósito de que se analizara nuevamente si se
configuró o no la excepción de cosa juzgada, aspecto en el que se sustentó la
falta de motivación, puesto que dicha circunstancia equivaldría a una instancia
adicional.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto sustantivo al darle un alcance errado y restrictivo a la excepción de
cosa juzgada.

7. Ahora, respecto del Tribunal indicó que «no quiso estudiar de fondo la demanda
presentada y decidió incurrir en un defecto sustantivo al dar probada una supuesta
ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada».

8. En relación con el Consejo de Estado señaló que incurrió en tal defecto, al
concluir «la decisión adoptada (…) contaba con elementos de racionalidad para
confirmarla en su integridad».

9. Alegó una decisión sin motivación por parte del Tribunal, pues, considera que
«lo mínimo que debía explicar y sustentar con base en los dos procesos judiciales
era la identidad de objeto, causa y partes pero, no desde su convencimiento sino
desde un cuadro comparativo claro que mostrara la igualdad en cada uno de esos
aspectos»

10. Igualmente, respecto del Consejo de Estado por cuanto «determinó negar el
recurso extraordinario de revisión interpuesto de forma muy escueta»

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«II.1. Tutelar el derecho fundamental del debido proceso, vulnerado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado al momento de proferir las
providencias de 1° de diciembre de 2022 y 30 de mayo de 2025 dentro
del proceso judicial radicado 25000231500020010001700-03 así como el
trámite de revisión surtido en el radicado 11001032500020230018200.

II.2. Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado al momento de
proferir las providencias de 1° de diciembre de 2022 y 30 de mayo de
2025 dentro del proceso judicial radicado 25000231500020010001700-

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03, así como el trámite de revisión surtido en el radicado
11001032500020230018200.

II.3. Como consecuencia de las anteriores peticiones, solicito ORDENAR
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una nueva sentencia
de segunda instancia que proteja los derechos fundamentales del debido
proceso y de acceso a la administración de justicia y valore en debida
forma los hechos, pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho
para concluir que no existe cosa juzgada y se debe estudiar el caso de
fondo.» (Sic)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue inadmitida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante auto del 13 de enero de 2026. Luego, mediante
proveído del 3 de febrero de 2026 fue admitida y, en consecuencia, ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado como
accionado y a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Banco
de la República, Senado de la República, la Superintendencia Financiera de
Colombia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-
DAPRE, Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá.

13. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, lo que se pretendía era una instancia adicional.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A requirió declarar la improcedencia del mecanismo constitucional
porque no cumplía con el requisito de inmediatez. Además, que no se advertía
vulneración de los derechos fundamentales invocados en protección.

15. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso manifestó
que no vulneró los derechos fundamentales, por cuanto analizó el material
probatorio obrante en el expediente.

16. El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA pidió que se declare
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, puesto que pretendía con su interposición es una tercera instancia.

17. El Banco de la República requirió que se declare improcedente la acción de
tutela porque no se acreditaron los defectos endilgados, toda vez que las
decisiones cuestionadas se encontraban debidamente sustentadas.

18. La Presidencia de la República solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva.

19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que las decisiones
adoptadas se encontraban debidamente motivadas, sustentadas en el material
probatorio allegado al proceso y en una interpretación razonable y sistemática del
ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto. Máxime cuando no desconoció

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precedente vinculante, aplicado normas inexistentes o inaplicables, omitido
pruebas determinantes o incurrido en irregularidades procesales sustanciales que
afectaran el núcleo esencial del derecho al debido proceso.

20. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de abril
de 2026 resolvió negar la solicitud de desvinculación promovida por la Presidencia
de la República y declarar improcedente la acción de tutela.

22. Respecto de la decisión del 1.º de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, indicó que no
se cumplió el requisito de inmediatez, en la medida que cobró ejecutoria el 20 de
enero de 2023 y la acción de tutela fue presentada el 15 de diciembre de 2025, es
decir, luego de 1 año, 10 meses y 25 días después.

23. Ahora, en cuanto a la decisión del 30 de mayo de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A por medio de la cual se resolvió el
recurso extraordinario de revisión señaló que no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que lo que pretendía el, accionante era reabrir
el debate ya zanjado por su juez natural, con el propósito de imponer su criterio
respecto de la procedencia de la cosa juzgada en la acción de grupo que
promovió.

2.6. Impugnación

24. La parte actora luego de insistir en los argumentos de la demanda señaló que
la acción de tutela se presentó dentro del término razonable porque de manera
previa promovió el recurso extraordinario de revisión.

25. Lo anterior, teniendo en cuenta que el requisito de subsidiariedad exigía agotar
todos los medios ordinarios y extraordinarios, razón por la que se encontraba
satisfecha la inmediatez respecto de la decisión del 1.° de diciembre de 2022.

26. Ahora, en cuanto a la decisión del 30 de mayo de 2025 estimaba que es
relevante constitucionalmente, al haber explicado con detalle la vulneración de
derechos fundamentales.

27. Con fundamento en lo anterior, requirió que se revoque la decisión impugnada
y en consecuencia se ampare los derechos fundamentales invocados en
protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo

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dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

29. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, al proferir la providencia del 1.° de diciembre de 2022, así como
también, si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al expedir la
providencia del 30 de mayo de 2025, incurrieron, respectivamente en los defectos
sustantivo y decisión sin motivación.

30. Ahora, antes de abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Sala
considera necesario verificar si, en el presente asunto, se encuentran acreditados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular los de inmediatez y relevancia constitucional,
por cuanto estos constituyeron los fundamentos en los que se sustentó la
declaratoria de improcedencia del mecanismo constitucional en primera instancia.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

31. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

32. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó
la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale,
de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del
amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado
tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que
no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

33. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico,
defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

3.3.1. Del requisito de inmediatez

34. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto
de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación3, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados
por una tutela ejercida en un plazo irrazonable4»; «da vigencia al principio
de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor
que atente contra ella»5; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso
de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos»6.

35. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

3.4.1.1. Del estudio del requisito de inmediatez

36. Se observa que la interposición del mecanismo constitucional respecto de la
decisión del 1.° de diciembre de 2022 se dio en un lapso «razonable y
proporcionado», teniendo en cuenta que, si bien dicha decisión fue notificada el
13 de enero de 2023, cobró ejecutoria el 20 de enero de la misma anualidad, lo
cierto es que, el 14 de noviembre de 2023, promovió el recurso extraordinario de
revisión, el cual fue resuelto el 30 de mayo de 2025, decisión que fue notificada a
las partes el 17 de junio de 2025 y la presente acción de tutela se presentó el 15
de diciembre de ese mismo año.

37. En ese contexto, contrario a lo manifestado por el juez constitucional de
primera instancia, la Sala estima procedente flexibilizar la inmediatez, toda vez
que no puede desconocerse que la parte actora agotó el recurso extraordinario de
revisión antes de acudir al mecanismo de amparo, el cual fue declarado infundado

3 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
4 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006,

T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
5 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,

T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
6 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,

T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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mediante providencia del 30 de mayo de 2025. En consecuencia, el lapso
transcurrido entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la presentación de
la acción de tutela encuentra una justificación objetiva y razonable.

38. En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela se interpuso en
término respecto de la decisión del 1.° de diciembre de 2022. No obstante,
procederá a estudiar el requisito de relevancia constitucional.

3.3.2 Del requisito de relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

39. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible
que se cumple con el referido requisito7. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.

40. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con
el referido requisito:

41. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
estrictamente monetario ni tenga connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general.8

42. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»9.

43. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia
o un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la

7 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140

de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
8 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
9 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.

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autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».10

44. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.11

3.3.2.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

45. En el caso concreto, la Sala considera que no se acredita el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora se
limitó a señalar de manera genérica que se incurrió en un defecto sustantivo
respecto del Tribunal, «al dar probada una supuesta ocurrencia del fenómeno de
cosa juzgada» y en relación con el Consejo de Estado, al concluir que «la decisión
adoptada (…) contaba con elementos de racionalidad para confirmarla en su
integridad»

46. Además de una decisión sin motivación por parte del Tribunal porque «lo
mínimo que debía explicar y sustentar con base en los dos procesos judiciales era
la identidad de objeto, causa y partes pero, no desde su convencimiento sino
desde un cuadro comparativo claro que mostrara la igualdad en cada uno de esos
aspectos», igualmente, respecto del Consejo de Estado por cuanto «determinó
negar el recurso extraordinario de revisión interpuesto de forma muy escueta».

47. No obstante, no expone de manera concreta las razones por las cuáles
considera que la decisión cuestionada adolece de tales defectos, por lo tanto, lo
que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis que realizó el juez
natural de la causa en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

48. Así las cosas, para la Sala la argumentación iusfundamental planteada en sede
de tutela no trasciende el plano de la legalidad, ni logra acreditar una afectación
cualificada, actual y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados,
requisito indispensable para habilitar la intervención del juez constitucional frente
a providencias judiciales.

49. Máxime cuando dicha falencia no puede ser sustituida por el juez
constitucional, pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza
por la flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos
fundamentales, lo cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de
cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte
demandante una carga mínima de argumentación, que en el presente asunto no
se cumple.

50. En ese sentido, admitir la procedencia del amparo en los términos propuestos
implicaría erosionar gravemente los principios de autonomía judicial, seguridad

10 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
11 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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jurídica y cosa juzgada, al permitir que decisiones adoptadas con plena
observancia de las garantías procesales sean sometidas a un escrutinio
constitucional orientado exclusivamente a reexaminar su corrección jurídica, lo
cual resulta incompatible con el diseño institucional de la acción de tutela.

51. En consecuencia, al no configurarse un debate constitucional autónomo ni
acreditarse la existencia de un defecto con entidad suficiente para comprometer
la validez de la providencia impugnada, la Sala concluye que la presente acción
de tutela resulta improcedente, por falta del requisito de relevancia constitucional.

52. Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de declarar
improcedente el presente mecanismo constitucional pero solo por falta del
requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, de
conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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