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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07971-01

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07971-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Miguel Ángel Estepa Ríos en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01 Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07971-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho contra acto de retiro del servicio / No recomendación para
ascenso

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Miguel Ángel Estepa Ríos en contra
de la providencia proferida el 6 de marzo de 2026, por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Miguel Ángel Estepa Ríos promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la defensa, a la presunción de inocencia,
al buen nombre, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo y a la salud, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 22 de agosto de 2024 y el 16 de octubre de 2025 por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001-33-35-012-2022-00378-00/02.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1Ver índice 002 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de la Resolución 4513 del 11 de julio de
2022, del Decreto 858 del 31 de mayo de 2022 y el Acta 2022102002960016 del 18
de abril de 2022, mediante los cuales no fue llamado a curso de ascenso a teniente
coronel y fue retirado del servicio, por la causal llamamiento a calificar servicio.

2.2. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en providencia del
22 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien
se encontraba acreditado que no existía un proceso penal en su contra y que el
Comité de Evaluación había sustentado su análisis en información que no se
encontraba debidamente actualizada, dicha circunstancia no viciaba de nulidad los
actos demandados, pues estos se sustentaron, adicionalmente, en los resultados de
exámenes psicofisiológicos de polígrafo practicados, que constituían criterio
relevante para la evaluación de credibilidad y confianza. En contra de esta decisión
interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en
sentencia del 16 de octubre de 2025 confirmó la decisión del a quo, al considerar que
no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
por medio de los cuales no se recomendó para realizar el curso de ascenso para el
grado de teniente coronel y se le retiró del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios, pues cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la asignación de
retiro, esto es, acreditar 20 años de servicio y contaba con la recomendación de la
Junta Asesora.

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto fáctico, por la omisión de valoración del acervo probatorio 2 el
cual daba cuenta de que la recomendación desfavorable para su ascenso se sustentó
en información errónea, pues el Comité de Ascensos asumió, sin respaldo fáctico,
que existía una investigación penal en su contra y que presentaba observaciones en
materia de credibilidad y confianza, cuando se acreditó la inexistencia de dicho

2 Al respecto citó las siguientes pruebas: i) el oficio No. 2022305000079431 del 11 de febrero de 2022;

ii) el extracto del Acta No. 2022102002960016 del 18 de abril de 2022 del Comité de Ascenso de
Mayor a Teniente Coronel; iii) la comunicación No. 2-2022-006352 del 7 de abril de 2022, por medio
de la cual el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial informó al Director de Personal del Ejército Nacional el listado de los
aspirantes a ascenso; iv) el Decreto 858 del 31 de mayo de 2022, mediante el cual se ascendió a
personal de las Fuerzas Militares; v) el oficio con radicado No. 20221020011195193 del 28 de junio
de 2022, suscrito por el presidente del Comité de Ascensos, Diego Luis Villegas; vi) la comunicación
con radicado No. 2022305001826531 del 25 de agosto de 2022; vii) la respuesta del Juez 44 de
Instrucción Penal Militar al derecho de petición presentado por el accionante, contenida en el Oficio
No. MDN-BR22-J44-IPM-41.12, del 13 de septiembre de 2022; viii) el oficio suscrito por el Juzgado 44
de Instrucción Penal Militar, en el que indicó que la investigación No. 428, adelantada contra el señor
Estepa Ríos Miguel Ángel y otros, fue remitida a la Fiscalía Especializada de San José del Guaviare
el 14 de diciembre de 2023 mediante el Oficio No. 1167; ix) el Oficio con radicado Orfeo No.
20241190020192 del 29 de mayo de 2024, expedido por la Fiscalía General de la Nación; x) el Oficio
No. 20650-0103-15-00046 del 13 de junio de 2024, suscrito por la Fiscal Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito Especializado de San José del Guaviare; y xi) la declaración del testigo Diego
Luis Villegas, presidente del Comité de Ascensos.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

proceso, las inconsistencias de la información suministrada al Comité, el
reconocimiento de errores por parte de su presidente y la existencia de un trato
desigual frente a otros oficiales.

2.5. La decisión de no ascenderlo y su posterior llamamiento a calificar servicios no
respondió a necesidades del servicio, sino a una actuación arbitraria sustentada en
hechos inexistentes y en un ejercicio desviado de la facultad discrecional. Por lo cual,
los actos administrativos estaban afectados por falsa motivación, desviación de poder
y falta de motivación, al fundarse en la supuesta existencia de una investigación
penal, desconocer su trayectoria profesional, sus calificaciones, reconocimientos,
formación académica y resultados en el proceso de selección, así como el trato
otorgado a otros oficiales y el acoso laboral del que fue víctima.

2.6. La sentencia de primera instancia incurrió en defecto sustantivo al interpretar
erróneamente los artículos 51, 52, 53, 55, 67 y 68 del Decreto Ley 1790 de 2000,
pues consideró discrecional el ascenso de los oficiales e incorporó exigencias no
previstas en esa normativa, como la prueba de polígrafo. Afirmó que el régimen
aplicable establece de manera taxativa las condiciones para acceder al grado
superior, relacionadas con el cumplimiento del tiempo de servicio, la capacidad
profesional, la aprobación de los cursos reglamentarios, la aptitud sicofísica, el
concepto favorable de la Junta Asesora y la clasificación correspondiente. Además,
reprochó que la providencia hubiera desconocido el artículo 20 del Decreto 857 de
2014, que contempla el polígrafo únicamente como uno de los componentes de los
estudios de credibilidad y confiabilidad, sin conferirle el carácter de requisito
autónomo o determinante para el ascenso.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«Primero: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y al
derecho de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al buen nombre, a la salud,
a la presunción de inocencia y al trabajo del Accionante.
Segundo: REVOCAR las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicados
11001333501220220037800 y 11001333501220220037802 y en su lugar, dejar sin efectos
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección D, fechada del 6 de octubre de 2025 y ordenar a dicha
autoridad judicial que, en el marco de sus competencias y en el término que se conceda
para el efecto, profiera una nueva decisión, teniendo en cuenta los vicios de los actos
demandados» [sic].

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3 si bien allegó
copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D4 precisó que su decisión de segunda instancia se profirió con sujeción a la
normativa vigente y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual indicó que el
ascenso de los miembros de las Fuerzas Militares corresponde a una facultad
discrecional del Ejecutivo, en virtud de la cual este no está obligado a ascender a
todos los oficiales que cumplan los requisitos legales, pues la estructura piramidal de
la institución impone límites en el número de cargos disponibles en cada grado
jerárquico.

5.1. Ahora, de acuerdo con los artículos 52 a 54 del Decreto 1790 de 2000, los
requisitos para el ascenso incluyen, entre otros, el tiempo mínimo de servicio, la
capacidad profesional, la aprobación de los cursos reglamentarios, la aptitud
sicofísica y el concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, por
lo que se concluyó que, al no haber sido el demandante llamado a curso de ascenso,
su retiro discrecional se ajustó a derecho, sin que ello implicara vulneración de sus
derechos fundamentales.

5.2. En cuanto a la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, esta responde
a una forma normal de terminación de la carrera militar, en ejercicio de la facultad
discrecional del Estado, según lo ha reconocido tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional. Además, se encontró acreditado en el proceso que la Junta
Asesora, mediante Acta 08 del 14 de junio de 2022, realizó un estudio integral de la
hoja de vida del demandante y recomendó su retiro, y que este cumplió con los
requisitos para acceder a la asignación de retiro conforme a los artículos 14 y 15 del
Decreto 4433 de 2004.

5.3. Finalmente, en el proceso se realizó un manejo procesal adecuado, se utilizó
argumentos normativos y jurisprudenciales pertinentes y se efectuó una valoración
integral y completa del acervo probatorio, por lo que consideró que el demandante
pretendió utilizar la solicitud de tutela como una instancia adicional para reabrir el
debate ya resuelto en las instancias ordinarias.

6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

3
Ver índice 9 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«66RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral(.pdf) NroActua 9».
4
Ver índice 16 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «75_MemorialWeb_Otro-
InformedeTutela20(.pdf) NroActua 16».

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

1.3. Sentencia de primera instancia5

7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 6 de marzo
de 2026 declaró improcedente la petición de amparo al considerar que no cumplió
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que
las pretensiones de la parte demandante buscaron reabrir un debate ya resuelto, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la adoptada por la autoridad judicial
competente, lo cual excedía el ámbito de competencia del juez constitucional y
desnaturalizaba el carácter excepcional y subsidiario de la tutela. Por tal razón,
concluyó que no se configuró un problema iusfundamental autónomo que habilitara
la intervención.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D sí
examinó de manera expresa y detallada los cargos que propuso dentro del proceso
ordinario. En ese sentido, verificó que la decisión de retiro por llamamiento a calificar
servicios se adoptó conforme al procedimiento previsto en los artículos 99, 100 literal
a) numeral 3 y 103 del Decreto 1790 de 2000, con fundamento en la recomendación
consignada en el Acta 08 del 14 de junio de 2022 de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional, y constató que el demandante cumplía los requisitos para
acceder a la asignación de retiro conforme al Decreto 4433 de 2004.

9. Asimismo, se precisó que el llamamiento a calificar servicios no constituyó una
sanción ni una medida infamante, sino un instrumento legal orientado al relevo dentro
de la jerarquía institucional, y precisó que la buena hoja de vida y la ausencia de
faltas disciplinarias no generaron un derecho a la inamovilidad ni al ascenso
automático. Con base en lo anterior, descartó la configuración de falsa motivación,
desviación de poder y acoso laboral, por considerar que los actos demandados
estaban amparados por la presunción de legalidad propia de las facultades
discrecionales.

1.4. Escrito de impugnación6

10. Miguel Ángel Estepa Ríos impugnó la decisión del a quo, para lo cual, además de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, indicó que sí acreditó el
requisito general de la relevancia constitucional, bajo los siguientes argumentos:

10.1. La Sala negó el amparo por falta de relevancia constitucional sin hacer un análisis
probatorio del caso, se limitó a verificar el cumplimiento formal del procedimiento,
esto es, que la decisión de retiro se fundamentó en una recomendación de la Junta
Asesora sin entrar a examinar si se sustentó en hechos falsos, como quedó
demostrado con la prueba documental aportada (un proceso penal inexistente y un
estudio de seguridad que nunca se practicó).

5 Ver índice 19 de Samai en primera instancia. Actuación denominada
«77Sentencia_20250797100(.pdf) NroActua 19».
6 Ver índice 23 de Samai en primera instancia. Archivo denominado «80_MemorialWeb_Recurso-

impugnacion(.pdf) NroActua 23».

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

10.2. Asimismo, equiparó legalidad formal con ausencia de vulneración de derechos
fundamentales, pues consideró suficiente que los actos demandados estuvieran
soportados en un concepto de la Junta Asesora, sin importar si el mismo se
fundamentó en supuestos falsos, y concluyó erradamente que la falsedad de los
elementos considerados por la Junta no vulneró ningún derecho fundamental.

10.3. El a quo consideró indebidamente que se pretendió reabrir un debate ya resuelto
por el juez natural, cuando no se trató de imponer una interpretación propia sobre la
de los jueces ordinarios, sino de evidenciar que la facultad discrecional de la
administración se convirtió en arbitrariedad, con vulneración de los derechos a la
igualdad, el trabajo, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

10.4. La decisión de primera instancia se limitó a citar sus argumentos sin valorar las
pruebas testimoniales y documentales que obraban en el proceso. La Sección
Tercera no encontró acreditado el requisito de relevancia constitucional y se apoyó
únicamente en un extracto de la sentencia C-590 de 2005 de más de 20 años de
antigüedad, sin que considerara los pronunciamientos recientes de unificación tanto
de la Corte Constitucional [SU-237 de 2019, SU-155 de 2023 y SU-424 de 2021]
como del propio Consejo de Estado sobre la configuración del defecto fáctico en
casos similares.

2. Consideraciones

11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – delimitación del
asunto a decidir; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 8, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir

13. Se advierte que, pese a que en el escrito de tutela se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto
de una y otra.

14. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 22 de agosto de 2024,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D desató el recurso a través de la
sentencia del 16 de octubre de 2025, al confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo
constitucional será estudiado solo respecto de esta última, en tanto fue la que puso
fin a la discusión.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D vulneró los
derechos fundamentales de Miguel Ángel Estepa Ríos con la sentencia del 16 de
octubre de 2025, mediante la cual confirmó la decisión que negó las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que dispusieron su no
ascenso a teniente coronel y su retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios,
al incurrir, presuntamente, en defecto fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

22. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados pueden llevar

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

23. En consecuencia, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

24. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 15, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

25. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.

26. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Sobre el caso concreto

27. Miguel Ángel Estepa Ríos acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia
proferida el 16 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-012-
2022-00378-01, mediante la cual confirmó la decisión del a quo, que negó las
pretensiones dirigidas a obtener la nulidad de los actos administrativos que
dispusieron su no ascenso al grado de teniente coronel y su posterior retiro del
servicio activo.

27.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico, por la omisión de
valoración del acervo probatorio19 el cual daba cuenta de que la recomendación

15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.
19 Al respecto citó las siguientes pruebas: i) el oficio No. 2022305000079431 del 11 de febrero de 2022;

ii) el extracto del Acta No. 2022102002960016 del 18 de abril de 2022 del Comité de Ascenso de
Mayor a Teniente Coronel; iii) la comunicación No. 2-2022-006352 del 7 de abril de 2022, por medio
de la cual el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (e) de la Unidad Administrativa Especial de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

desfavorable para su ascenso se sustentó en información errónea, pues el Comité de
Ascensos asumió, sin respaldo fáctico, que existía una investigación penal en su
contra y que presentaba observaciones en materia de credibilidad y confianza,
cuando se acreditó la inexistencia de dicho proceso, las inconsistencias de la
información suministrada al Comité, el reconocimiento de errores por parte de su
presidente y la existencia de un trato desigual frente a otros oficiales.

27.2. La decisión de no ascenderlo y su posterior llamamiento a calificar servicios no
respondió a necesidades del servicio, sino a una actuación arbitraria sustentada en
hechos inexistentes y en un ejercicio desviado de la facultad discrecional. Por lo cual,
los actos administrativos estaban afectados por falsa motivación, desviación de poder
y falta de motivación, al fundarse en la supuesta existencia de una investigación
penal, desconocer su trayectoria profesional, sus calificaciones, reconocimientos,
formación académica y resultados en el proceso de selección, así como el trato
otorgado a otros oficiales y el acoso laboral del que fue víctima.

28. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para
concluir que los actos administrativos demandados mediante los cuales no se
recomendó al demandante para realizar el curso de ascenso para el grado de teniente
coronel y se le retiró del servicio activo del Ejército Nacional por llamamiento a
calificar servicios, se encontraban ajustados a derecho, así:

«[…] 2. Ascenso

[…] De otro lado, el artículo 53 del decreto 1790 de 2000 antes citado establece que los
oficiales de las Fuerzas Militares podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente
superior cuando cumplan los siguientes requisitos mínimos […]

Pero como lo explicó el Consejo de Estado este artículo 53 no contiene un mandato u
orden inequívoca que imponga a la entidad demandada un deber imperativo, inobjetable
y exigible, toda vez que, deja en libertad a la administración de decidir si asciende o no a
los uniformados restablecidos, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

2.3. En el sub examine, se tiene que mediante Acta Comité de Ascenso MY A TC del 18
de abril de 2022, que se suscribió con el fin de realizar la evaluación final del estudio y
recomendación por parte del Comité de Evaluación de los Oficiales Superiores de grado

Justicia Penal Militar y Policial informó al Director de Personal del Ejército Nacional el listado de los
aspirantes a ascenso; iv) el Decreto 858 del 31 de mayo de 2022, mediante el cual se ascendió a
personal de las Fuerzas Militares; v) el oficio con radicado No. 20221020011195193 del 28 de junio
de 2022, suscrito por el presidente del Comité de Ascensos, Diego Luis Villegas; vi) la comunicación
con radicado No. 2022305001826531 del 25 de agosto de 2022; vii) la respuesta del Juez 44 de
Instrucción Penal Militar al derecho de petición presentado por el accionante, contenida en el Oficio
No. MDN-BR22-J44-IPM-41.12, del 13 de septiembre de 2022; viii) el oficio suscrito por el Juzgado 44
de Instrucción Penal Militar, en el que indicó que la investigación No. 428, adelantada contra el señor
Estepa Ríos Miguel Ángel y otros, fue remitida a la Fiscalía Especializada de San José del Guaviare
el 14 de diciembre de 2023 mediante el Oficio No. 1167; ix) el Oficio con radicado Orfeo No.
20241190020192 del 29 de mayo de 2024, expedido por la Fiscalía General de la Nación; x) el Oficio
No. 20650-0103-15-00046 del 13 de junio de 2024, suscrito por la Fiscal Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito Especializado de San José del Guaviare; y xi) la declaración del testigo Diego
Luis Villegas, presidente del Comité de Ascensos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

Mayor considerados para ascenso al grado de Teniente Coronel, en la cual se decidió no
recomendar a Miguel Ángel Estepa Ríos […]

Posteriormente, el Ministerio de Defensa por medio del Decreto nro. 858 del 31 de mayo
de 2022, ascendió a un personal de Mayores al grado de Teniente Coronel, entre los
cuales no se encontraba el demandante.

Ahora bien, al revisar las actas antes mencionadas se observa que el Comité de
Evaluación de los Oficiales Superiores, realizó un estudio integrar de la hoja de vida del
demandante, pues se encuentra en sus anexos que obtuvo, 175 felicitaciones, 15
condecoraciones y 10 distintos, y no registraba sanciones disciplinarias.

Al respecto, se debe recordar que la evaluación de la trayectoria profesional y el llamado
al curso de capacitación para ascenso son el ejercicio de la facultad discrecional de las
Fuerzas Militares. De tal forma, el Comité de Evaluación y las Juntas Asesoras
recomiendan escoger entre los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en los
Decretos 1790 de 2000.

Aunado, debe advertirse que un buen desempeño en sus funciones, la buena hoja de vida
y no contar con faltas disciplinarias no le hacía merecedor de un derecho de ascenso
automático en el Ejército Nacional, en este sentido, la designación de los ascensos, tal
como lo ha señalado el Consejo de Estado, es fruto del ejercicio de la facultad discrecional
y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones
de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y
profesionales para el desempeño del grado.

De igual forma, la institución tiene la facultad discrecional de ascender a unos miembros
y a otros no, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es
posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en
tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. […]

3. Retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios

3.1. En el sub examine, mediante la Resolución nro. 4513 del 11 de julio de 2022 proferida
por el Ministro de Defensa Nacional en uso de las facultades que le confiere los artículos
99, 100 literal a) numeral 3 (modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de 2016) y 103
(modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000 y
por la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares, resolvió retirar del servicio a Miguel Ángel Estepa Ríos, por llamamiento
a calificar servicios […]

Así las cosas, se desprende que el acto administrativo que dispone el retiro por
llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales no debe motivarse, toda vez
que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen
servicio. […]

3.2. Ahora, según Acta No. 08 del 14 de junio de 2022, se reunió en sesión ordinaria la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, presidida
por el Ministro de la Defensa Nacional y con la asistencia de cincuenta y cinco (55)
Generales y Oficiales de insignia, encabezados por el Comandante General de las
Fuerzas Militares, a fin de recomendar, por unanimidad, el retiro del servicio activo de
unos Oficiales, entre ellos el demandante, por llamamiento a calificar servicios, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 99, 100 literal a) numeral 3º y 103 del
Decreto 1790 de 2000, citados en precedencia.

Y según el extracto de la Hoja de vida visible en el expediente digital, el actor contaba con
21 años, 11 meses y 04 días de servicios en las Fuerzas Militares, cumpliendo con los

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

requisitos para acceder a la asignación de retiro, conforme a los dispuesto en el Decreto
nro. 4433 de 2004.

De tal forma, conforme a lo establecido por la norma, para tomar la decisión de retiro del
servicio activo de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía debe contarse con previa
emisión del concepto del Comité Evaluador. Y al encontrarse plenamente probado en este
caso que, antes de la decisión de retirar del servicio al demandante, se recomendó la
misma determinación por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para las Fuerzas Militares, se tiene que se cumplió con el procedimiento dispuesto para
el efecto, es decir, que el Ministro de Defensa Nacional tuvo en cuenta el acta de dicha
Junta Asesora, para expedir la Resolución nro. 4513 del 11 de julio de 2022, que retiró a
Miguel Ángel Estepa Ríos por llamamiento a calificar servicios, quien cumplía con los
requisitos para acceder a la asignación de retiro.

Así las cosas, si bien es cierto el llamamiento a calificar servicios en términos prácticos
conduce al cese de las funciones de un agente en servicio activo, ello no comporta una
sanción, despido ni exclusión infamante o denigrante; por el contrario, las normas que
prevén tal instrumento consagran en favor del personal retirado, entre otras medidas, el
reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan
satisfacer sus necesidades familiares y personales. […]» [sic].

29. A juicio de esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la autoridad
judicial demandada sí analizó de manera integral y razonada el material probatorio
relacionado con la decisión de no ascenderlo al grado de teniente coronel y con su
posterior retiro del servicio. En particular, examinó el Acta del Comité de Ascenso MY
a TC del 18 de abril de 2022, el Decreto 858 del 31 de mayo de 2022, el Acta No. 08
del 14 de junio de 2022 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y la Resolución
No. 4513 del 11 de julio de 2022, a partir de los cuales concluyó que fue evaluado
conforme al procedimiento previsto en el Decreto Ley 1790 de 2000. Asimismo,
precisó que el cumplimiento de los requisitos mínimos, el buen desempeño, la hoja
de vida, las felicitaciones, condecoraciones y la ausencia de antecedentes
disciplinarios no generaban un derecho automático al ascenso, por tratarse de una
decisión sometida al ejercicio de la facultad discrecional de la administración, la cual
debía atender criterios de mérito, razonabilidad, proporcionalidad, necesidades del
servicio y disponibilidad de cargos.

30. De igual forma, verificó que el retiro por llamamiento a calificar servicios se ajustó
a los artículos 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, al encontrar acreditado
que el demandante contaba con el tiempo de servicio requerido para acceder a la
asignación de retiro y que la decisión fue precedida por la recomendación unánime
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. Con
fundamento en ello, concluyó que la Resolución No. 4513 del 11 de julio de 2022 fue
expedida con observancia del procedimiento legal y en ejercicio de una facultad
discrecional que se presume orientada al mejoramiento del servicio, sin que el
llamamiento a calificar servicios constituyera una sanción o una medida de carácter
disciplinario.

31. En ese mismo sentido, si bien la autoridad judicial demandada no se pronunció de
manera expresa sobre cada una de las pruebas señaladas por el demandante, ello

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

no configura un defecto fáctico, pues tales elementos carecían de la entidad suficiente
para modificar la decisión adoptada. En efecto, las pruebas omitidas no desvirtuaban
que la recomendación de no ascenderlo y su posterior retiro del servicio fueron el
resultado del ejercicio de la facultad discrecional prevista en el Decreto Ley 1790 de
2000, ni afectaban el cumplimiento de los requisitos legales que sustentaron el
llamamiento a calificar servicios.

32. Lo anterior, por cuanto dichas pruebas estaban dirigidas a demostrar que el
Comité de Ascensos fundamentó su recomendación en información errónea sobre la
existencia de una investigación penal, que se produjo un trato discriminatorio frente
a otros oficiales y que la decisión obedeció a una falsa motivación, así como a
cuestionar la valoración realizada por el Comité respecto de los estudios de
credibilidad y confianza. Sin embargo, esos aspectos fueron analizados por la
autoridad judicial demandada, la cual concluyó que el ascenso no constituía un
derecho automático, sino una decisión sometida a la facultad discrecional de la
administración, ejercida conforme a criterios de mérito, razonabilidad,
proporcionalidad, necesidades del servicio y disponibilidad de cargos.

33. De igual forma, varias de las pruebas aportadas buscaban resaltar la destacada
trayectoria profesional del demandante, su formación académica, las felicitaciones,
condecoraciones y la ausencia de anotaciones negativas en su hoja de vida. No
obstante, la providencia cuestionada precisó que, aunque tales circunstancias
evidenciaban un desempeño sobresaliente, no otorgaban un derecho subjetivo al
ascenso ni impedían el ejercicio de la facultad discrecional para recomendar o no la
promoción y, posteriormente, disponer el retiro por llamamiento a calificar servicios
cuando se cumplían los presupuestos legales.

34. Asimismo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí se
pronunció expresamente sobre el cargo por presunto acoso laboral, al concluir que
no se acreditaron conductas constitutivas de persecución, constreñimiento o presión
en contra del demandante, el hecho de que dicha conclusión no resulte favorable a
sus intereses no equivale a ausencia de valoración, pues la discrepancia con el
resultado del análisis probatorio por sí sola no es materia de reproche por vía de
tutela.

35. Con fundamento en el análisis precedente, la Sala considera que la sentencia
acusada no incurrió en defecto alguno al confirmar la decisión de primera instancia,
dicha providencia fue proferida conforme a las normas y a la jurisprudencia que
regulan la materia y con apoyo en el material probatorio del proceso ordinario, el
análisis basado en todo ello permitió concluir que el acto administrativo de retiro se
ajustó a derecho pues se acreditaron los presupuestos de los artículos 99, 100 y 103
del Decreto 1790 de 2000, esto es, el tiempo de servicio necesario para acceder a la
asignación de retiro y el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, la cual es la única motivación que exige
la norma para este tipo de actos. Así como aquel que no recomendó su ascenso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

36. En todo caso, el acto de retiro encontró respaldo autónomo en el cumplimiento de
los requisitos objetivos previstos en la ley en conjunto con el material probatorio
allegado, pues se interpretaron los decretos 1790 de 2000 y 857 de 2014 dentro de
un margen razonable sin apartarse del precedente jurisprudencial aplicable a la
materia, de manera que la inconformidad del demandante no resulta atacable por vía
de tutela ya que la visión de los hechos que expuso el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al confirmar la sentencia de primera instancia cuenta con soporte y
está debidamente razonada y justificada.

37. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, las inconformidades planteadas por el demandante
quedaron desvirtuadas, por lo cual, la Sala revocará la decisión del a quo, y en su
lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales de Miguel Ángel Estepa Ríos
en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro.

40. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales invocados por Miguel Ángel Estepa Ríos en la solicitud de
tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07971-01
Demandante: Miguel Ángel Estepa Ríos

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

DMOR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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