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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07972-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07972-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor José Raúl Salazar Giraldo, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07972-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07972-00
Accionante: José Raúl Salazar Giraldo
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Negar el amparo deprecado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada el señor José Raúl Salazar Giraldo, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la
expedición de la sentencia del 17 de julio de 2025 al interior del medio de control
de reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2018-00175-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Las señoras Laura Carvajal de Restrepo, Amelia Inés Restrepo Carvajal y Diana
Carmen del Socorro Retrepo de Carvajal a través de la escritura pública de
compraventa 759 del 18 de mayo de 2005 vendieron a los señores José Raúl
Salazar Giraldo, Julio César Salazar Giraldo y Oliva Inés de Giraldo de Salazar el
87.5% del derecho de propiedad que tenían sobre el inmueble ubicado en la calle
33 AA no. 83C-44 de la ciudad de Medellín.

3. El 24 de mayo de 2005, los señores José Raúl Salazar Giraldo y Julio César
Salazar Giraldo adquirieron el 12.5% del derecho de dicha propiedad. Sin embargo,
en aquella oportunidad el vendedor fue el señor Raúl Hernán Restrepo Carvajal,
quien transfirió el derecho de dominio a través de su apoderado especial, esto es,
su hermana Diana Carmen del Socorro Restrepo Carvajal.

4. Con posterioridad, el señor José Raúl Salazar Giraldo fue reconocido por los

1 Acción de tutela presentada el 15 de diciembre de 2025.

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señores Julio César Salazar Giraldo y Raúl Hernán Restrepo Carvajal como único
propietario cuando les pagó el valor que invirtieron para adquirir dicho inmueble,
razón por la que construyó el edificio al que denominó Saint Pierre.

5. El 13 de mayo de 2009, el señor Raúl Hernán Restrepo Carvajal presentó una
denuncia penal en contra de su hermana Diana del Carmen del Socorro Restrepo
Carvajal, pues, nunca autorizó la venta del 12.5% del derecho dominio que tenía
sobre del aludido inmueble.

6. Con ocasión de lo anterior, la Fiscalía 79 Seccional de Medellín mediante oficio
del 18 de julio de 2012 ordenó la medida cautelar de «suspensión del derecho
dispositivo».

7. En sede de apelación Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de
Medellín por medio de la Resolución del 21 de diciembre de 2016 dispuso el
levantamiento de la referida medida cautelar, al considerar que la investigación
penal fue manejada de modo errático, pues, nunca debió perseguir los bienes del
hoy accionante.

8. Así las cosas, el señor José Raúl Salazar Giraldo junto con su grupo familiar en
ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación –
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación con el propósito de que se les
declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados de un error
judicial por imposición de la medida cautelar de «embargo».

9. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, autoridad judicial que, mediante sentencia del 17 de abril de 2024 resolvió
negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la medida cautelar no
incluía el embargo y secuestro del bien sino una «suspensión del derecho
dispositivo», por lo que, el propietario podía continuar con la obra y realizar su
explotación económica. Máxime cuando el hecho de que la decisión de la fiscalía
se mantuviera durante cuatro años no fue un término excesivo si se considera que
el proceso penal estuvo precedido de solicitudes, recursos, recusaciones y
oposiciones.

10. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a
través de sentencia del 17 de julio de 2025 modificó la decisión de primer grado, en
el sentido de declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control en relación con las pretensiones elevadas en contra de la Nación, Rama
Judicial y negó las súplicas de la demanda dirigidas contra la Nación-Fiscalía
General de la Nación.

11. En cuanto a la negativa, manifestó que no se demostró en el proceso que la
investigación penal hubiera sido injustificada ni temeraria, en tanto, fue iniciada con
el fin de esclarecer los hechos puestos en conocimiento del ente acusador quien
actuó en el ejercicio del deber constitucional previsto en el artículo 250
constitucional, por ende, concluyó que el daño alegado no tenía la connotación de
antijurídico.

2.2. Fundamento jurídico

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12. La parte actora señaló que la decisión adolece de un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, particularmente hizo referencia al expediente penal porque
lograba acreditar que el señor Salazar Giraldo no era sindicado ni parte dentro dicho
proceso.

13. En ese sentido, cuestionó la afirmación del Tribunal según la cual el daño
alegado no tenía la connotación de antijuridico, al desconocer la realidad fáctica del
proceso e imponer la carga de soportar una medida cautelar dentro de una
investigación en la que no ostentaba la condición de sujeto pasivo.

14. Máxime cuando los testimonios de los señores Carlos Andrés Gallego Grajales
y Leonardo Díaz Lara permitían inferir los efectos que tuvo la imposición de la
medida cautelar que originó el daño deprecado.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
Solicito que de conformidad con lo expuesto y con la prueba obrante en el
expediente se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso, al
acceso a la Justicia, a las garantías judiciales y a la protección judicial de
la parte accionante y como consecuencia de lo anterior ruego que se
ordene dejar sin efectos la Sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado dentro del proceso radicado número 05-001-23-33-000-
2018-00175-00 (71.645) y se ordene una valoración integral de la prueba
con enfoque de protección de derechos humanos y con consideración de
los elementos indiciarios.» (Sic)

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 16 de
diciembre de 2025 en el que se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como accionado y a la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, la Nación – Rama judicial – Fiscalía General
de la Nación, a los señores Jacobo Salazar Zora, Helda Margarita Giraldo Pineda,
Luz Marina Giraldo Pineda, María Eugenia Salazar Giraldo, Diana Cathalina
Salazar Escobar, Barbara Catalina Salazar Giraldo, Martha Cecilia Salazar Giraldo,
Alexi Damarys Zora Gómez, Julio César Salazar Giraldo, Jairo Emilio Gómez Hoyos
y a todos los demás vinculados al proceso referido como terceros interesados en el
resultado del proceso.

17. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B manifestó que la
acción de tutela es improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional
porque lo que pretende la parte actora con su interposición es revivir un debate
probatorio como si se tratara de una tercera instancia para discutir la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación.

18. Sobre el particular, resaltó que la parte actora en ningún momento cuestionó que
operó la caducidad del medio de control judicial de reparación directa en relación
con las súplicas elevadas en contra de la Nación – Rama Judicial, por lo que
consideraba que no debía ser objeto de análisis.

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19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del trámite ordinario señaló
que actuó conforme a las normas y jurisprudencia aplicables al caso. No obstante,
manifestó obedecer la decisión que en sede de tutela se adopte.

20. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no se predica por parte de dicha entidad la
vulneración de los derechos fundamentales que se invocan en protección

21. De otra parte, pidió que se declare impprocedente el mecanismo constitucional
por falta del requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende es reabrir
un debate definido por su juez natural en el marco de un proceso ordinario.
Asimismo, por inexistencia de vulneración del derecho fundamental al debido
proceso.

22. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

24. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la falta de legitimación
por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha entidad
hizo parte del proceso ordinario en calidad de accionada, razón por la que
procede la Sala a negar dicha solicitud.

3.3. Problema jurídico

25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la
sentencia de 17 de julio de 2025, incurrió en el defecto fáctico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para

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evitar un perjuicio irremediable.

27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que cobró ejecutoria la providencia objeto de cuestionamiento, esto

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es, el 8 de agosto de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 15
de diciembre del mismo año.

3.4.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, la Sala concluye que el
presente asunto se encuentra cumplido, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia como consecuencia del defecto fáctico que fue
fundamentado razonadamente, lo que habilita un estudio de fondo del defecto
alegado.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»5.

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

33. La parte actora manifiesta que la decisión adolece de un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, particularmente hizo referencia al expediente penal;

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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así como también los testimonios de los señores Carlos Andrés Gallego Grajales y
Leonardo Díaz Lara.

34. Sobre el particular, se tiene que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la providencia cuestionada consideró:

«(…)
2) Las señoras Laura Carvajal de Restrepo, Amelia Inés Restrepo Carvajal y Diana del
Carmen Socorro Restrepo Carvajal, a través de escritura pública no. 759 del 18 de mayo
de 200516 de la Notaría 22 de Medellín vendieron el porcentaje del cual eran propietarias
-de la casa ubicada en la calle 33A no. 83C-44 de la ciudad de Medellín- a los señores
Julio César Salazar Giraldo, José Raúl Salazar Giraldo y Oliva Inés Giraldo de Salazar
por un valor de $90.972.00017 (fls. 386 a 689 cdno. 2, fls. 848 a 851 cdno. 4, fls. 393 a
396 cdno. 17 proceso penal y fls. 92 a 95 cdno. 21 proceso penal).

3) Por escritura pública no. 769 del 24 de mayo de 2005 de la Notaría Sexta de Medellín,
el señor Raúl Restrepo Carvajal mediante poder otorgado a su hermana Diana del
Carmen Socorro Restrepo Carvajal18 vendió el 12.50% del cual era dueño respecto de
la casa ubicada en la calle 33A no. 83C-44 de la ciudad de Medellín19, de modo que los
señores Julio César Salazar Giraldo, José Raúl Salazar Giraldo y Oliva Inés Giraldo de
Salazar (…).
(…)
5) La Curaduría Urbana Segunda de Medellín mediante Resolución no. C-2 1412 del 13
de diciembre de 2006 otorgó la licencia de demolición y construcción con vigencia hasta
el 20 de abril de 2009 para la propiedad ubicada en la calle 33A no. 83C-44 (…).
(…)
6) El 13 de mayo de 2009, cuando uno de los apartamentos del edificio Saint Pierre23
situado en la calle 33A no. 83C-44 se encontraba prometido en venta, el señor Raúl
Hernán Restrepo Carvajal presentó una denuncia penal en contra de su hermana Diana
Carmen del Socorro Restrepo Carvajal por los presuntos delitos de falsedad de particular
en documento público y abuso de condiciones de inferioridad (fls. 940 a 944 cdno. 3 y fls.
1 a 5 cdno. 16 proceso penal).
(…)
Como elementos materiales de prueba en los cuales soportaba la denuncia, el señor Raúl
Hernán Restrepo Carvajal adjuntó, entre otros documentos, copias de la escritura pública
de venta y las historias clínicas de los centros en los cuales estuvo recluido y en los
cuales se constataba su estado de salud (fl. 17 cdno. 16 proceso penal).
(…)
9) La investigación penal, identificada con la radicación número no. 1048810-88, en
contra de la señora Diana Carmen del Socorro Restrepo Carvajal duró hasta el 18 de
enero de 2018, fecha en la cual la Fiscalía 88 Seccional dictó resolución de preclusión en
favor de aquella por estimar que existió atipicidad de las conductas de abuso de
condiciones de inferioridad, falsedad material en documento público, fraude procesal y
hurto calificado y agravado (fls. 150 a 157 cdno. 9).

10) Ahora bien, durante la investigación y respecto de los bienes de propiedad del señor
José Raúl Salazar Giraldo se destacan los siguientes hechos relevantes:

d) El 12 de septiembre de 2012 se registró la medida cautelar de suspensión del poder
dispositivo sobre un total de 25 matrículas inmobiliarias, que corresponden a trece (13)
apartamentos, once (11) parqueaderos y un (1) cuarto útil37 que componen el Edificio
Saint Pierre.
(…)
h) El 15 de noviembre de 2013, la apoderada del señor José Raúl Salazar Giraldo adjuntó
el respectivo poder y reiteró la petición de levantamiento de la medida cautelar que
pesaba sobre todos los bienes de su prohijado (fls. 36 a 43 cdno. 21 proceso penal).

i) Posteriormente, con oficios números 3528 del 19 de diciembre de 2013 y 243 del 29 de
enero de 2014, la Fiscalía 79 Seccional de Medellín le requirió al registrador de
instrumentos públicos “reducir la medida cautelar del 100% que pesa sobre los
mencionados bienes inmuebles al 12.5% que es realmente el porcentaje que le fue
vendido de manera fraudulenta a los señores Julio César Giraldo, José Raúl Salazar
Giraldo y Oliva Inés Salazar Giraldo por la señora Diana Carmen Socorro Restrepo
Carvajal, quien es la persona investigada” (…)18 proceso penal).

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(…)
m) La Fiscalía 79 Seccional (e) en resolución del 7 de septiembre de 2016 ordenó el
levantamiento de la medida cautelar de prohibición de actos de disposición impuesta
sobre el 12.5% de los inmuebles distinguidos hoy con la nomenclatura urbana calle 33AA
número 83C-42” (fls. 79 a 86 cdno. 1).
(….)
12) Cursan en el expediente los testimonios de los señores Jorge Andrés Villegas Osorio,
Leonardo Díaz Lara, José Arturo Oswaldo Agudelo, Carlos Andrés Gallego Grajales y
Diana del Carmen Restrepo Carvajal, quienes refirieron cómo, de acuerdo con lo que les
comentó el señor José Raúl Salazar Giraldo, la denuncia penal llevó a la paralización de
las ventas del edificio Saint Pierre y la construcción del edificio Toledo Mall.
(…)
4.2 Examen del caso concreto
(…)
3) En este caso, la Subsección no encuentra que la investigación penal hubiera sido
injustificada ni temeraria en tanto fue iniciada con el fin de esclarecer los hechos puestos
en conocimiento del ente acusador quien, actuó en el ejercicio del deber constitucional
previsto en el artículo 250 constitucional, con debida aplicación de la normatividad legal
que regulaba la materia.

4) En efecto, tal como se evidenció en los hechos probados, se tiene que el señor Hernán
Raúl Restrepo Carvajal denunció a su hermana, la señora Diana del Carmen Restrepo
Carvajal, pues, aseguró que aquella, valiéndose de su estado de su indefensión, lo
engañó para firmar un poder con el cual vendió el porcentaje del que era propietario en
la casa familiar que heredó de su progenitor y, como sustento de su dicho, aportó las
historias clínicas de los centros en los cuales estuvo recluido.

5) Una vez tuvo conocimiento de lo anterior y dada la gravedad de los hechos
denunciados, la fiscalía ordenó la práctica de una serie de pruebas con miras a establecer
la veracidad de aquellos.
(…)
9) De igual modo, en relación con la imposición de la medida cautelar, tanto en la
demanda como en el recurso de apelación se afirma que con ocasión de esta se
suspendió la terminación del proyecto Saint Pierre, las ventas de los apartamentos que
lo conformaban, así como también la construcción del proyecto Toledo Mall, pues, no se
podía realizar ningún tipo de transferencia.
(…)
13) Al respecto, se tiene que para el momento en que se dio la apertura de la
investigación no había forma de establecer que, necesaria e invariablemente, se iba a
dictar una medida cautelar ni mucho menos que fuera la suspensión del poder dispositivo,
fue el aquí actor quien, siguiendo el consejo de sus asesores, quien decidió
autónomamente no realizar ventas a terceros y rescindir los contratos.

14) Dicha suspensión, como lo dijo el propio actor en interrogatorio de parte, así como
también lo relatan los testigos, se dio en el año 2009, mientras que la medida cautelar se
profirió solo hasta el 18 de julio de 2012, esto es, tres (3) años después de que se
suspendió la obra y, para el momento en que esta se dictó no había ningún tipo de
negociación que fue frustrada, además, la medida cautelar fue registrada solo hasta el
12 de septiembre de 2012.

15) La licencia del proyecto Saint Pierre venció en el año 2009 y, si bien es cierto que
esta podía prorrogarse, no hay prueba que el demandante la solicitó entre el año 2009 al
2012 ni tampoco durante el curso de la mencionada investigación penal.
(…)
17) En ese sentido, se encuentra que la medida cautelar no es la fuente del daño
deprecado, de modo que la Sala confirmara la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.»

35. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de
la sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía negar
las pretensiones de la demanda elevadas en contra de la Fiscalía General de la
Nación, al no encontrarse acreditado que el daño alegado fuera antijurídico.

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36. Al respecto, la autoridad judicial precisó en la decisión cuestionada que para el
momento en que se dio la apertura de la investigación no era posible de establecer
que se iba a dictar una medida cautelar y, menos aún, que esta consistiera en la
suspensión del poder dispositivo, pues fue el señor José Raúl Salazar Giraldo
quien, de manera autónoma y voluntaria, decidió en el 2009 suspender todo tipo de
negociación sobre el bien inmueble incluso paralizar la obra.

37. Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto el accionante en el interrogatorio de
parte como los testigos relataron que, dicha suspensión de la obra se dio en el
2009, mientras que la medida cautelar se dictó el 18 de julio de 2012, es decir, tres
(3) años después.

38. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque
la autoridad judicial accionada apoyándose en las pruebas documentales,
testimoniales y en la secuencia temporal de los hechos explica de manera detallada
las razones por las cuáles la investigación penal no fue injustificada ni temeraria, y
por qué la medida cautelar no constituyó la fuente del daño alegado.

39. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como presuntamente indebidamente
valorados.

40. Así las cosas, el desacuerdo del accionante se circunscribe a una divergencia
interpretativa frente a la valoración probatoria realizada por el juez natural, lo cual
resulta insuficiente para estructurar un defecto fáctico, en la medida en que no se
evidencia una apreciación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable de
las pruebas.

41. Debe recordarse adicionalmente que el análisis del defecto fáctico en relación
con la valoración de pruebas testimoniales es aún más restrictivo pues el juez
natural es quien está en mejores condiciones para evaluarlas críticamente, en tanto
la inmediación de la prueba le otorga elementos adicionales que resultan ser
determinantes al momento de su apreciación.

42. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como
violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se
trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial6.

43. Es necesario señalar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez7, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los

6 Sentencia T-106 de 2000.
7 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo

Schlesinger.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07972-00
Accionante: José Raúl Salazar Giraldo

derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

44. De modo que, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

45. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor José Raúl Salazar Giraldo, de
conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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