Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07973-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07973-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07973-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07973-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –Sentencia
emitida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Reintegro laboral y
reconocimiento de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir / ACCEDE
AMPARO – Desatendió modificación normativa referente a la prescripción de la acción
disciplinaria
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de
la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de diciembre de 2025, la Policía Nacional promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 30 de mayo de 20252 emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que iniciaron los señores
Pedro Hernán Abreo Ramírez, Adriana Margarita Burgos Sánchez, Sophia y Luciana
Abreo Burgos en su contra, con la pretensión de que se declarara la nulidad de los
fallos disciplinarios3 mediante los cuales se sancionó al señor Pedro Abreo con la
destitución como agente de la Policía Nacional y se le impuso inhabilidad por 12 años.
3.
Mediante la providencia enjuiciada, el Tribunal accionado revocó la decisión
adoptada el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela”.
2 Notificada el 3 de julio de 2025.
3 También se demandó el acto administrativo, mediante el cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
de Pasto, declaró la nulidad de los fallos disciplinarios dictados contra el señor Abreo
y ordenó su reintegro al servicio activo, junto con el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir. Consideró que acorde a lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria prescribiría a los 5 años de la comisión de
la falta, cometida el 23 de noviembre de 2013. Al acreditarse que el fallo disciplinario
de primera instancia fue proferido hasta el 23 de agosto de 2019, era evidente que se
dictó cuando ya la acción estaba extinta.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación de una norma modificada. Señala que el Tribunal demandado no aplicó el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (CDU) modificado por el artículo 132 de la Ley 1474
de 2011, según el cual, la acción disciplinaria (i) caducaría si transcurridos cinco años
desde la ocurrencia de la falta de ejecución instantánea, no se hubiera proferido auto
de apertura de investigación disciplinaria, y (ii) prescribiría después de cinco años
contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
5.
La autoridad accionada debió contar el término de prescripción de la acción
disciplinaria desde 15 de septiembre de 2014, fecha en la que la Inspección General
de la Policía Nacional dictó auto de apertura a la indagación preliminar contra el señor
Pedro Abreo, y acorde a ello, evidenciar que el fallo sancionatorio de primera instancia
dictado el 23 de agosto de 2019, fue proferido dentro del término de 5 años, sin que
se hubiera extinto la acción.
6.
Esta interpretación normativa también implicó un desconocimiento del
precedente judicial conformado por la sentencia del 5 de agosto de 20254, proferida
por el Consejo de Estado – Sala Quinta Especial de Decisión, en la que se expuso
que bajo la vigencia del CDU modificado por la Ley 1474 de 2011, para que no se
configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura de la investigación
debe proferirse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ocurrencia de la falta; y
para que no opere la prescripción, la decisión de primera instancia debe expedirse
dentro de los cinco (5) años posteriores al auto de apertura de la investigación.
7.
Tampoco se tuvo en cuenta lo dispuesto en las sentencias del 14 de septiembre de
20235 y 1 de agosto de 20186, proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, en las que se expone que el término de prescripción deja de
contarse hasta que se profiere y notifica el fallo de primera o única instancia.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
4 Cita original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINTA
ESPECIAL DE DECISIÓN Consejero Ponente: WILSON RAMOS GIRÓN (E) … cinco (5) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) …Radicado: 11001 03 15 000 2024 06984-00”
5 Cita original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá, D.C, catorce (14) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023)…Radicación: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021)”
6 Cita original: “Sentencia 06148 del Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Bogotá D.C,
primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Expediente:250002342000201306148 01(0491-2017)”
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
8.
Mediante auto de 18 de diciembre de 2025 7, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad demandada, se vinculó a los señores Pedro Hernán
Abreo Ramírez, Adriana Margarita Burgos Sánchez, Sophia y Lucia Abreo Burgos en
condición de terceros con interés, y se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pasto para que remitiera copia digital del expediente con radicado 52001-
33-33-005-2020-00163-00/01. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Nariño8
9.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela o en subsidio, negar el amparo,
en razón a que la sentencia cuestionada fue proferida con fundamento en los
principios de legalidad, independencia judicial y respeto al debido proceso. El cómputo
del término prescriptivo desde la ocurrencia del hecho investigado no implicó
aplicación de una norma derogada, sino una interpretación jurídicamente razonable
del régimen disciplinario aplicable, acorde con líneas jurisprudenciales del Consejo de
Estado que reconocen dicho criterio para las faltas instantáneas.
10.
Además, se aplicó la jurisprudencia pertinente del órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso-administrativa, optándose de manera motivada, por la línea interpretativa
que se estimó aplicable al caso concreto. No existe un precedente único, pacífico e
inmutable que obligue a computar la prescripción disciplinaria exclusivamente desde
el auto de apertura de la investigación, con prescindencia de la naturaleza de la falta.
También descartó una posible indebida valoración probatoria.
11.
El amparo se sustenta en la simple inconformidad de la entidad accionante con la
interpretación jurídica adoptada, a fin de reabrir un debate propio del juez natural y
surtir una tercera instancia.
(ii) Pedro Hernán Abreo Ramírez9
12.
Pidió declarar la improcedencia de la tutela por carecer de relevancia
constitucional. Se instauró con el propósito de surtir una instancia adicional al proceso
ordinario, dando reapertura a un debate eminentemente legal, sobre temas que fueron
debidamente resueltos por el juez de la causa.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
7 Notificado el 14 y 15 de enero de 2026.
8 Intervención contenida en 3 folios.
9 Intervención contenida en 6 folios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
13.
La Sala evidencia que la acción de tutela resulta procedente al satisfacer los
requisitos generales para tal efecto10, en la medida en que (i) los planteamientos de la
solicitud tienen relevancia constitucional, al versar sobre una posible afectación a los
derechos fundamentales de la Policía Nacional, derivada de la aplicación de una
norma que no estaba vigente y que determinó una errada apreciación sobre la
prescripción; (ii) no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches
expuestos; (iii) se cumple el requisito de inmediatez, pues la acción constitucional se
ejerció dentro de un término prudente desde que se notificó (3 de julio de 2025); (iv)
el accionante identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos, y (v) no se controvierte una sentencia de tutela o
alguna de las providencias que la jurisprudencia ha excluido de este control.
14.
Precisado ello, se anticipa que se concederá el amparo deprecado, en la medida
en que se configuró un defecto sustantivo, por cuanto se constató que en la decisión
cuestionada el Tribunal Administrativo de Nariño aplicó el artículo 30 de la Ley 734 de
2002 en su versión original, sin considerar la modificación que introdujo el artículo 132
de la Ley 1474 de 2011 y sin exponer las razones por las que dicha normatividad,
debía o no ser considerada para la resolución del caso concreto.
15.
Del material probatorio que reposa en el expediente, consta que el señor Abreo y
su núcleo familiar ejercieron medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de
las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso
disciplinario INSGE-2014-114 adelantado en su contra, así como también de la
Resolución 1209 de 2020, mediante la cual se ejecutó la sanción disciplinaria de
destitución e inhabilitación impuesta.
16.
Dentro de los argumentos esgrimidos en la demanda, se mencionó que los fallos
disciplinarios y el otro acto demandado fueron proferidos en desconocimiento de su
derecho fundamental al debido proceso, pues en su caso particular debió aplicarse “lo
contemplado en el artículo 30 de la Ley 734 del 2002, modificado por la Ley 1474 de
2011, que hace referencia a la Prescripción”11 de la acción disciplinaria. A juicio de los
demandantes, esta norma dispuso que desde que se dictó acto de apertura de
indagación preliminar contra el señor Abreo, esto es, desde el 17 de marzo de 2014,
la Policía Nacional contaba con 5 años para proferir sentencia de primera instancia
dentro del respectivo proceso disciplinario, es decir, hasta el 17 de marzo de 2019, so
pena de que la acción se extinguiera. No obstante, la sanción de destitución e
inhabilidad se impuso en decisiones cuestionadas que fueron adoptadas el 23 de
agosto de 2019, 7 de enero y 24 de abril de 2020, respectivamente.
10 En la medida en que (i) los planteamientos de la solicitud de amparo tienen relevancia constitucional, al versar
sobre una posible afectación a los derechos al debido proceso e igualdad de la Policía Nacional, (ii) no existe otro
mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos, (iii) se cumple el requisito de inmediatez, pues la
acción constitucional se ejerció dentro del término de seis meses desde que se notificó, el 3 de julio de 2025, (iv)
el accionante identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos, y
(v) no se controvierte una sentencia de tutela.
11 Fl. 29, escrito de demanda. Índice 13, SAMAI.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
17.
Al respecto, se citó lo dispuesto en sentencia del 14 de agosto de 201512, en la que
se afirmó que el Consejo de Estado acogió la interpretación que la Corte
Constitucional hacía sobre el inciso primero del artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
según la cual, para que no operara la prescripción, la actuación disciplinaria debía
adelantarse y haber concluido con decisión ejecutoriada, antes de los 5 años allí
mencionados, pues ello garantizaba en mayor medida el principio pro homine
concretado en el derecho a obtener justicia en un plazo razonable. Argumento
reiterado en los alegatos de conclusión de primera instancia13.
18.
El Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, en sentencia de primera instancia
proferida el 16 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de los demandantes al
considerar que el proceso disciplinario seguido en contra del señor Pedro Abreo
Ramírez se adelantó respetando su derecho al debido proceso, sin que hubiera
operado la prescripción de la acción disciplinaria. Estimó que para el caso concreto,
era aplicable lo establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por la
Ley 1474 de 2011, según el cual, se declarará prescrita la acción disciplinaria cuando
hayan transcurrido 5 años desde que se dictó auto de apertura de la investigación, sin
que se haya proferido y notificado fallo de primera o única instancia.
19.
Por ende, el conteo del término de prescripción lo hizo así: (i) el auto de apertura
fue del 15 de septiembre de 2014, corregido mediante auto del 29 de septiembre de
2014 y notificado al disciplinado el 9 de octubre de 2014; (ii) el fallo de primera
instancia es del 23 de agosto de 2019 y se notificó al abogado defensor del
disciplinado el 30 de agosto de 2019, es decir; (iii) el ente investigador lo profirió dentro
del término de cinco años que tenía para ello, pues este precluía el 30 de octubre de
2019.
20.
Contra dicha decisión, los demandantes presentaron recurso de apelación en el
que reiteraron que los operadores disciplinarios debieron dar aplicación a lo
contemplado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de
2011, que hacía referencia a la prescripción, bajo el entendido que la acción
disciplinaria inició con la apertura de la indagación preliminar P-INSGE 2014-16 de
fecha 17 de marzo del 2014, misma en la que se dictó sentencia de primera instancia
el 23 de agosto de 2019, notificada el 30 de octubre de ese año, es decir, habiéndose
superado los 5 años previstos por el legislador para considerar prescrita la acción14.
21.
En el fallo del 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la
decisión del a quo, considerando que había operado la prescripción de la acción
disciplinaria iniciada contra el señor Abreo, porque a la luz de lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, en su redacción original, dicho término operaba
desde la ocurrencia del hecho, porque era una falta de consumación instantánea. La
norma se citó en los siguientes términos:
12 Según lo indicado por los accionantes, dicha providencia fue proferida por el Consejo de Estado en el marco del
proceso “2013-00679-00”.
13 Pdf “064. ALEGATOS CONCLUSIÓN RAD 2020-00163 – PEDRO ABREO RAMIREZ”. Índice 13, SAMAI.
14 Pdf “072. RECURSO DE APELACIÓN RAD. 2020-00163-00 PEDRO ABREO…”. Índice 13, SAMAI.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
22.
No se hizo mención alguna a la modificación introducida en el artículo 132 de la Ley
1474 de 2011. El análisis del Tribunal continuó haciendo alusión a que el Consejo de
Estado en sentencia del 26 de abril de 201215, había considerado que acorde a la
redacción normativa citada, cuando la falta investigada tenía el carácter de
instantánea, el término de cinco años empezaba a correr a partir de su fecha de
consumación.
23.
En atención a que en el informe de novedades del 27 de enero de 2014, presentado
por el patrullero Jesús Cuaspud, la conducta que dio lugar a la apertura de la
investigación disciplinaria contra el señor Abreo, correspondió a la adulteración del
kilometraje de un vehículo de propiedad de la Policía Nacional y al maltrato ejercido
contra el denunciante, en hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2013, la autoridad
judicial concluyó que la falta fue instantánea, y por ende, debía empezar a contarse el
término de prescripción desde su ocurrencia.
24.
Sobre el particular, citó un fragmento del fallo proferido por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, con fecha del 7 de febrero de 2019, en el que
se reitera que acorde a la naturaleza de la falta cometida (inmediata o continuada) se
debía comenzar a contar el término prescriptivo de la acción disciplinaria, desde su
consumación o hasta que cesara la circunstancia de ilegalidad generadora de la
trasgresión del bien jurídico objeto de amparo16.
25.
Bajo ese entendido, consideró que le asistía razón a la parte actora al alegar una
indebida valoración probatoria dentro del proceso, en tanto el juez de primera instancia
no estableció adecuadamente los términos para contabilizar la prescripción, pues
acorde con la normatividad aplicable para la época en que se adelantó la
15 Cita original: “CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
SEGUNDA - SUBSECCION "A". Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO (…) Radicación
número: 11001-03-25-000-2008-00050-00(1314-08) - Actor: RAFAEL MORENO GODOY - Demandado:
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION”.
16 Cita original: “CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D. C., siete (7) de
febrero de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00283-01(3966-14) - Actor:
EVER ENRIQUE RIVERO TOVIO Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
investigación, dicho conteo debió hacerse de la siguiente manera: (i) la falta de
carácter instantáneo se cometió el 23 de noviembre de 2013, (ii) el término prescriptivo
de 5 años dentro del cual la institución demandada debió iniciar y concluir el proceso
disciplinario corrió hasta el 23 de noviembre de 2018, (iii) sin embargo, dicho proceso
culminó con decisión de fondo el 23 de agosto de 2019, esto es, por fuera del término
legal establecido, lo que constituyó una violación al debido proceso del disciplinado,
pues debió declararse la extinción de la acción disciplinaria. Acorde a esto, declaró la
nulidad de los fallos mediante los cuales se le sancionó con destitución e inhabilidad
por 12 años.
26.
Precisó que la Resolución 1209 de 2020 al limitarse a ejecutar la sanción impuesta
dentro del proceso disciplinario, no era susceptible de control judicial, por no ser un
acto administrativo definitivo, sino de simple ejecución.
27.
Con lo expuesto, para esta Subsección es evidente que el Tribunal Administrativo
de Nariño incurrió en defecto sustantivo por aplicar el artículo 30 de la Ley 734 de
2002 en su redacción original, sin exponer los motivos por los cuales, en el caso
concreto, era procedente o no aplicar la modificación introducida en el artículo 132 de
la Ley 1474 de 2011.
28.
Esto, en desconocimiento de que tanto en la demanda, como en los alegatos de
conclusión de primera instancia y, posteriormente, en el recurso de apelación, se
reconoció expresamente por los demandantes, que esa era la norma aplicable al caso
concreto y, en virtud de ella, se pidió iniciar la contabilización del término prescriptivo
de 5 años, desde la fecha de apertura de indagación preliminar P-INSGE-2014-106
dictado el 17 de marzo de 2014. Interpretación normativa que no fue abordada en el
fallo objeto de tutela.
29.
Es decir la discrepancia hasta la primera instancia estaba en si se contaba la
prescripción desde el inició de la indagación preliminar (17 de marzo de 2014) -tesis
de los demandantes- o desde el acto de apertura de investigación (15 de septiembre
de 2014) -tesis del juez de primera instancia. Aspecto que determinaría la extinción o
no de la acción, por cuanto se coincidía en que era aplicable lo dispuesto en el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011.
30.
Además, se advierte que el Tribunal demandado sustentó la aplicación del artículo
30 de la Ley 734 de 2002 sin incluir su modificación, citando un precedente
desactualizado, conformado por dos sentencias proferidas por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que se estudiaron procesos
disciplinarios adelantados por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1474 de 2011, a saber:
(i) Sentencia del 26 de abril de 2012, Rad. 2008-00050-00: El accionante ejerció
acción de nulidad y restablecimiento del derecho17 a fin de que se declarara la nulidad
17 En dicho proceso aplicaba el artículo 85 del CCA.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
del fallo disciplinario de única instancia proferido el 21 de octubre de 2005 y del acto
administrativo sancionatorio dictado el 17 de enero de 2008, expedidos por la
Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales se le impuso sanción de
destitución en el cargo de Personero Municipal de Leticia y Puerto Nariño e inhabilidad
por 5 años. El ente de control le inició investigación disciplinaria, en providencia del 2
de junio de 1998, por haberse posesionado como personero para el periodo
constitucional de 1998 y 2001, estando incurso en la prohibición de inhabilidad
sobreviniente consagrada en el artículo 25 numeral 10 de la Ley 200 de 1995.
Al respecto, el Consejo de Estado precisó que si bien la conducta disciplinaria
investigada se inició en vigencia de la Ley 200 de 1995, el marco legal procedimental
de la causa era el contenido en la Ley 734 de 2002, como quiera que a la vigencia de
la ley aún no se había proferido auto de cargos, el cual data del 11 de diciembre de
2003.
(ii) Sentencia del 7 de febrero de 2019, Rad. 2013-00283-01: El actor ejerció medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de declarar nulo
“el acto administrativo complejo” conformado por los fallos de primera y segunda
instancia dictados el 6 y 15 de marzo de 2012, respectivamente, mediante los cuales
el Director General de la Policía Nacional le impuso sanción de suspensión e
inhabilidad especial por 8 meses. El demandante alegó que la falta disciplinaria
cometida fue de ejecución instantánea y acaeció el 28 de enero de 2007, por lo que,
el término de prescripción previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2000, debió
contarse desde esa fecha y no desde el 23 de marzo de 2007, cuando mediante
informe de superior se advirtió la presunta tenencia de algunos repuestos de
propiedad de la institución policial.
Al analizar el caso concreto, esta Corporación determinó que la falta fue de carácter
continuado y que era aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
en su redacción original. Por ende, los 5 años consagrados por el legislador debían
empezar a contarse cuando personal policial se desplazó a su casa y advirtió el
almacenamiento de los repuestos y los recuperó; pues la lesión del bien jurídico se
causaba con las órdenes que durante un periodo de tiempo modificó el demandante,
actuar que se agotó el 23 de marzo de 2007. No se accedió a las pretensiones de la
demanda.
31.
Como se puede ver, esas decisiones se refieren a circunstancias fácticas que
tuvieron lugar en épocas en las que aún no había sido expedida la Ley 1474 de 2011,
por lo que era claro que procedía la aplicación del artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
en su versión original.
32.
Por demás, se descarta el argumento de defensa del Tribunal Administrativo de
Nariño al contestar la acción de tutela, según el cual, lo decidido en fallo del 30 de
mayo de 2025, se ajustó a derecho y la controversia planteada por la Policía Nacional,
versaba sobre discrepancias interpretativas sobre el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Para esta Sala, es claro que dicha autoridad judicial aplicó tal norma sin tener en
cuenta la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011, en su artículo 132,
aunque, acorde a esta el a quo había negado las pretensiones al considerar que la
acción disciplinaria no había prescrito al momento de dictarse la sentencia de primera
instancia cuya nulidad se pretendía. Además, como se mencionó en líneas anteriores,
la propia parte actora pidió la aplicación del artículo 30 ejusdem incluyendo su
modificación y, en virtud de ello, propuso tener en cuenta que el conteo del término de
prescripción iniciara en la fecha en que se dictó auto de apertura de indagación
preliminar.
33.
Es decir, el yerro del Tribunal se centra en no haber dado ninguna razón por la cual
pudiera entenderse que, a diferencia de lo alegado por los accionantes y lo resuelto
por el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, la modificación del artículo 30 del CDU
introducida en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, no era aplicable en el caso del
señor Abreo.
34.
Así las cosas, resulta indispensable que el Tribunal accionado, para desatar la
apelación interpuesta contra la sentencia que negó las pretensiones del medio de
control y nulidad y restablecimiento del derecho, explique y justifique qué norma rige
el conteo del término de prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra el
señor Pedro Abreo Ramírez. Para el efecto, deberá precisar si es aplicable o no la
modificación introducida al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, mediante la Ley 1474
de 2011, artículo 132, y de citar jurisprudencia la misma debe ser vigente y pertinente
para el caso concreto.
35.
En ese orden de ideas, esta Sala accederá al amparo del derecho fundamental al
debido proceso de la Policía Nacional y, en consecuencia, dejará sin efectos el
proveído de 30 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Nariño, al haber
incurrido en defecto sustantivo, con el fin de que esa autoridad judicial, en el término
de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, adopte
una providencia en la que se concreten las directrices impartidas en las
consideraciones de esta sentencia.
36.
Vale aclarar que el amparo aquí dispuesto no supone para el Tribunal la obligación
de fallar en uno u otro sentido, sino la de adoptar una decisión debidamente
sustentada, en la que se estudie la prescripción conforme a las normas vigentes y
pertinentes y, en caso de que aquella se descarte, avanzar en el estudio de los cargos
respecto a los fallos disciplinario.
37.
Finalmente, ante la constatación del defecto sustantivo, no se hace innecesario el
estudio del alegado desconocimiento del procedente, que se orienta en el mismo
sentido.
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-00
Accionante: Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, en
atención a la motivación planteada.
SEGUNDO: Como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS el proveído de
30 de mayo de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo Nariño dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-005-2020-00163-01 para que
en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente
decisión adopte una providencia en la que se concreten las directrices impartidas en
las consideraciones de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
18 VF
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.