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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07973-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07973-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-01 Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07973-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07973-01
Accionante: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Confirma el fallo
impugnado – Configuración del defecto sustantivo – Aplicación de una
norma sin tener en cuenta su modificación.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Pedro Hernán Abreo
Ramírez, contra la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó, a través de
apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 52001-33-33-005-
2020-00163-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que los señores Pedro Hernán Abreo Ramírez, Adriana Margarita Burgos
Sánchez, Sophia y Luciana Abreo Burgos promovieron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 52001-33-33-005-2020-00163-00 en su contra,
con el fin de que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios mediante los
cuales se sancionó al señor Pedro Abreo con la destitución como agente de la
Policía Nacional y se le impuso inhabilidad por 12 años.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07973-01
Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional

2.2. Indicó
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, autoridad judicial que, mediante
providencia de 16 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Manifestó que los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la
anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 30 de
mayo de 2025, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar accedió a las
pretensiones de la demanda y le ordenó a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional reintegrar al señor Pedro Abreo al servicio activo de la
Policía Nacional, realizando el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas
de percibir desde el 27 de mayo de 2020 sin solución de continuidad.

2.4. Afirmó
que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra al haber incurrido en un defecto sustantivo y en un desconocimiento
del precedente judicial.

2.5. Señaló que la providencia de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo
“[…] por indebida aplicación de una norma modificada […]”, por cuanto el Tribunal
demandado no aplicó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 con la modificación
efectuada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, según el cual, la acción
disciplinaria i) caducaría si transcurridos cinco años desde la ocurrencia de la falta
de ejecución instantánea, no se hubiera proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria, y ii) prescribiría después de cinco años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria.

2.6. Indicó que, la autoridad accionada debió contar el término de prescripción de la
acción disciplinaria desde el 15 de septiembre de 2014, fecha en la que la
Inspección General de la Policía Nacional dictó auto de apertura a la investigación
disciplinaria contra el señor Pedro Abreo, y acorde a ello, evidenciar que el fallo
sancionatorio de primera instancia dictado el 23 de agosto de 2019, fue proferido
dentro del término de 5 años, cuando la acción aún no había prescrito.

2.7. Expuso que la interpretación normativa también implicó un desconocimiento del
precedente judicial conformado por la sentencia del 5 de agosto de 2025, proferida
por el Consejo de Estado - Sala Quinta Especial de Decisión1, en la que se expuso
que en vigencia del Código Disciplinario Único modificado por la Ley 1474 de 2011,
para que no se configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura
de la investigación debe proferirse dentro de los cinco años siguientes a la
ocurrencia de la falta; y para que no opere la prescripción, la decisión de primera
instancia debe expedirse dentro de los cinco años posteriores al auto de apertura
de la investigación.

1 “[…] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINTA ESPECIAL

DE DECISIÓN Consejero Ponente: WILSON RAMOS GIRÓN (E) Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicado: 11001 03 15 000 2024
06984 00 Demandante: SORREL PARISCA AROCA RODRÍGUEZ Demandado: PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN […]”.

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Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional

2.8. Adujo que, el Tribunal no tuvo en cuenta lo dispuesto en las sentencias del 14
de septiembre de 20232 y 1.° de agosto de 20183, proferidas por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en las que se expuso que el
término de prescripción deja de contarse hasta que se profiere y notifica el fallo de
primera o única instancia.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare que la sentencia del 30 de mayo del 2025,
notificada electrónicamente el 3 de julio de la misma anualidad, dentro del
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado número
52001333300520200016301 (11165), demandante PEDRO HERNAN ABREO
RAMIREZ, demandado NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA
NACIONAL, por (sic) vulneró el derecho a la igualdad, al debido proceso por
desconocer el precedente jurisprudencial y aplicación a norma derogada y/o
modificada.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el
amparo de tutela solicitado por la NACION MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL, y se ordene al Tribunal Administrativo de Nariño
Magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos, expida nuevo fallo, en el cual se
denieguen las pretensiones de la demanda […]”. [Negrilla original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de diciembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los señores
Pedro Hernán Abreo Ramírez, Adriana Margarita Burgos Sánchez, Sophia y Lucía
Abreo Burgos.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó declarar improcedente la acción
de tutela o en subsidio, negar las pretensiones, en razón a que la sentencia
cuestionada fue proferida con fundamento en los principios de legalidad,

2 “[…] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá, D.C, catorce (14)
de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación:
25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) Demandantes: Luz Ángela Silva Ayube Demandada:
Procuraduría General de la Nación […]”.
3 “[…] Sentencia 06148 del Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Bogotá D.C, primero (1º)
de agosto de dos mil dieciocho (2018) Expediente:250002342000201306148 01(0491-2017), Demandante:
Ricardo Mosquera Meza […]”.

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Nacional

independencia judicial y respeto al debido proceso. Asimismo, indicó que el amparo
se sustenta en la simple inconformidad de la entidad accionante con la
interpretación jurídica adoptada, a fin de reabrir un debate propio del juez natural y
surtir una tercera instancia.

5.2. Señaló que la sentencia no incurrió en defecto sustantivo ni aplicó una norma
derogada, toda vez que la decisión partió de la Ley 734 de 2002, régimen
disciplinario vigente para la época de ocurrencia de los hechos investigados y del
inicio de la actuación disciplinaria, y analizó el fenómeno de la prescripción de la
acción atendiendo a la naturaleza de las conductas imputadas.

5.3. Además, se aplicó la jurisprudencia pertinente del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativo, optándose de manera motivada, por la línea
interpretativa que se estimó aplicable al caso concreto y dado que, no existe un
precedente único, pacífico e inmutable que obligue a computar la prescripción
disciplinaria exclusivamente desde el auto de apertura de la investigación, con
prescindencia de la naturaleza de la falta. También descartó una posible indebida
valoración probatoria.

5.4. El señor Pedro Hernán Abreo Ramírez solicitó declarar la improcedencia de la
tutela por carecer de relevancia constitucional, en razón a que la entidad
demandante pretende una instancia adicional al proceso ordinario, dando
reapertura a un debate eminentemente legal, sobre temas que fueron debidamente
resueltos por el juez de la causa.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, amparó el derecho fundamental al debido proceso
de la parte accionante, dejó sin efectos la sentencia de 30 de mayo de 2025 y
ordenó a la autoridad judicial accionada que en el término de 15 días profiera una
decisión en reemplazo.

6.1. Elad quo al estudiar el defecto sustantivo concluyó que “[…] para esta
Subsección es evidente que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en defecto
sustantivo por aplicar el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 en su redacción original,
sin exponer los motivos por los cuales, en el caso concreto, era procedente o no
aplicar la modificación introducida en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 […]”.

6.2. A su vez, señaló que “[…] el Tribunal demandado sustentó la aplicación del
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 sin incluir su modificación, citando un precedente
desactualizado, conformado por dos sentencias proferidas por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que se estudiaron procesos
disciplinarios adelantados por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia de
la Ley 1474 de 2011 […]”.

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6.3. Advirtió que las sentencias aplicadas por el Tribunal refieren a circunstancias
fácticas que tuvieron lugar en épocas en las que aún no había sido expedida la Ley
1474 de 2011, por lo que era claro que procedía la aplicación del artículo 30 de la
Ley 734 de 2002, en su versión original.

6.4. Aseveró que la autoridad judicial accionada “[…] aplicó tal norma sin tener en
cuenta la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011, en su artículo 132,
aunque, acorde a esta el a quo había negado las pretensiones al considerar que la
acción disciplinaria no había prescrito al momento de dictarse la sentencia de
primera instancia cuya nulidad se pretendía. Además, como se mencionó en líneas
anteriores, la propia parte actora pidió la aplicación del artículo 30 ejusdem
incluyendo su modificación y, en virtud de ello, propuso tener en cuenta que el
conteo del término de prescripción iniciara en la fecha en que se dictó auto de
apertura de indagación preliminar […]”.

6.5. Por lo anterior resaltó que, “[…] resulta indispensable que el Tribunal accionado,
para desatar la apelación interpuesta contra la sentencia que negó las pretensiones
del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho, explique y justifique
qué norma rige el conteo del término de prescripción de la acción disciplinaria
adelantada contra el señor Pedro Abreo Ramírez. Para el efecto, deberá precisar
si es aplicable o no la modificación introducida al artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
mediante la Ley 1474 de 2011, artículo 132, y de citar jurisprudencia la misma debe
ser vigente y pertinente para el caso concreto […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. El señor Pedro Hernán Abreo Ramírez impugnó el fallo de primera instancia y
solicitó revocar la sentencia de primera instancia por los siguientes argumentos:

“[…] 1. Con el debido respeto no comparto la posición del Despacho, en el
entendido de el honorable Juez Constitucional de primera instancia, se basa en
su decisión tomando que el juez de tutela no puede desconocer la decisión que
adopte el juez natural y que en el presente caso no se cumple los requisitos
exigidos para ser procedente la acción de Tutela.

2. la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra
providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto
puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la
solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino
que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional. la jurisprudencia a
sentando que la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como
propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

3. Con lo anterior y lo pretendido por la aparte accionante y ratificada ahora con
la sentencia de primera instancia constitucional, se debate una controversia de
carácter meramente legal, además de recaer sobre aspectos que ya fueron

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resueltos por el juez natural del asunto, sin que se observe que su actuar es decir
la decisión emitida por el Honorable Tribunal administrativo de Nariño haya sido
arbitrario, sino todo lo contrario dicha decisión está acorde a derecho.

4. el escrito de tutela no se evidencia la existencia de una cuestión que sea de
verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta trasgresión de los
derechos fundamentales alegados por la Policía Nacional, sino una divergencia
que obedece a la interpretación dada por el juez natural es decir el Honorable
Tribunal administrativo de Nariño, con ello es sabido que el cual el juez de tutela
no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario. Y es más que sabido y que
desconoce la parte actora es decir la Policía Nacional que la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se debe
respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte
el juez natural dentro del ámbito de sus competencias.

5. Adicionalmente el juez Natural en su decisión de segunda instancia
únicamente se pronunció sobre un concepto de ilegalidad de los actos
administrativos alegados, al ser este el de mayor trascendencia y por el cual dejo
sin efectos dichos actos administrativos, y no se pronunció frente a los demás
conceptos de la violación aludidos el recurso de alzada, con ello el proceder a
dejar sin efectos la decisión hoy tutelada, afectaría mi derecho al acceso a la
administración de justicia y debido proceso […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
8 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.

10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

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15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

18. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó, a través
de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 52001-33-33-005-
2020-00163-00/01.

VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

19. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional, por cuanto
se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales, por la posible
aplicación de una norma sin tener en cuenta su modificación; ii) se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que, la parte accionante no cuenta con ningún

Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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recurso ordinario o extraordinario frente a la decisión cuestionada; iii) la acción de
tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; v) no se alega la existencia de una irregularidad
procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

20. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del presunto defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente.

21. Eneste punto es preciso indicar que los defectos alegados por el extremo
accionante serán estudiados de manera conjunta.

VIII.4.2.1 Solución del caso concreto

22. En el caso objeto de estudio se señala que la sentencia de 30 de mayo de 2025
incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 30 de la Ley
734 de 200215 en su versión original, sin exponer las razones por las cuales no se
aplicó la modificación realizada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 201116, según
el cual, la acción disciplinaria i) caducaría si transcurridos cinco años desde la
ocurrencia de la falta de ejecución instantánea, no se hubiera proferido auto de
apertura de investigación disciplinaria, y ii) prescribiría después de cinco años
contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.

23. Expuso que la autoridad accionada debió contar el término de prescripción de la
acción disciplinaria desde el 15 de septiembre de 2014, fecha en la que la
Inspección General de la Policía Nacional dictó auto de apertura a la investigación
disciplinaria contra el señor Pedro Abreo, y acorde a ello, evidenciar que el fallo
sancionatorio de primera instancia dictado el 23 de agosto de 2019, fue proferido
dentro del término de 5 años, cuando la acción aún no había prescrito.

24. En cuanto al desconocimiento del precedente, la parte actora afirmó que la
autoridad judicial desconoció la sentencia del 5 de agosto de 2025, proferida por el
Consejo de Estado – Sala Quinta Especial de Decisión, en la que se expuso que
en vigencia del Código Disciplinario Único modificado por la Ley 1474 de 2011, para
que no se configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura de
la investigación debe proferirse dentro de los cinco años siguientes a la ocurrencia
de la falta; y para que no opere la prescripción, la decisión de primera instancia

15 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
16 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

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Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional

debe expedirse dentro de los cinco años posteriores al auto de apertura de la
investigación.

25. Aunado a lo anterior, señaló que se desconocieron las sentencias de 14 de
septiembre de 2023 y 1.° de agosto de 2018, proferidas por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, en las que se expuso que el término de
prescripción deja de contarse hasta que se profiere y notifica el fallo de primera o
única instancia.

26. El juez de tutela en primera instancia amparó los derechos fundamentales
solicitados por la parte actora, al concluir que en la decisión cuestionada el Tribunal
Administrativo de Nariño aplicó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 en su versión
original, sin considerar la modificación que introdujo el artículo 132 de la Ley 1474
de 2011 y sin exponer las razones por las que dicha normatividad, debía o no ser
considerada para la resolución del caso concreto.

27. A su vez, aseveró que, las sentencias aplicadas por el Tribunal refieren a
circunstancias fácticas que tuvieron lugar en épocas en las que aún no había sido
expedida la Ley 1474 de 2011, por lo que era claro que procedía la aplicación del
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, en su versión original.

28. Elseñor Pedro Hernán Abreo Ramírez, impugnó la sentencia de primera
instancia para lo cual argumentó que “[…] el juez de tutela no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural […]” y que en el presente caso no se cumple el
requisito general de procedencia de relevancia, por cuanto lo que se pretende es
una instancia adicional.

29. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario precisar los siguientes
aspectos:

29.1. Los señores Pedro Hernán Abreo Ramírez, Adriana Margarita Burgos Sánchez,
Sophia y Luciana Abreo Burgos promovieron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 52001-33-33-005-2020-00163-01 contra la
Nación -Ministerio de Defensa Policía Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos INSGE-2014-114 de
23 de agosto de 2019 e INSGE-2014-114 de 14 de enero de 2020, por medio de
los cuales se sancionó con destitución e inhabilidad al señor Pedro Hernán Abreo
Ramírez, así como de la Resolución 1209 de 24 de abril de 2020, mediante la cual
se ejecutaron dichas sanciones.

29.2. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, mediante
sentencia de 16 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda al
concluir que al señor Pedro Hernán Abrero se le respetó el derecho al debido proceso,
y dando aplicación a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado
por la Ley 1474 de 2011, en el caso concreto no operó la prescripción de la acción
disciplinaria.

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Nacional

29.3. El citado Juzgado realizó el conteo de la prescripción de la siguiente manera: i)
el auto de apertura fue expedido el 15 de septiembre de 2014, corregido mediante
auto de 29 de septiembre de 2014 y notificado al disciplinado el 9 de octubre de
2014; ii) el fallo de primera instancia se profirió el 23 de agosto de 2019 y fue
notificado al abogado defensor del disciplinado el 30 de agosto de 2019, es decir;
(iii) el ente investigador lo profirió dentro del término de cinco años que tenía para
ello, pues este precluía el 30 de octubre de 2019.

29.4. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 30 de mayo de 2025, revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones, con base en
las siguientes consideraciones:

“[…] II.6. El caso sub examine

Esta Sala procede a verificar el análisis probatorio realizado por el juez de primera
instancia y encuentra que este examinó cada uno de los elementos aportados. En
primer lugar, concluyó que no se configuró la prescripción dentro del proceso
disciplinario adelantado en contra el demandante. Para ello, tuvo en cuenta la
fecha del auto de apertura de la investigación disciplinaria (15 de septiembre de
2014, corregido el 29 del mismo mes y año) y la notificación correspondiente (9
de octubre de 2014). Con base en lo anterior, consideró que el operador
disciplinario tenía hasta el 30 de octubre de 2019 para proferir el fallo y concluyó
que este fue emitido dentro del término legal.

Al respecto, resulta pertinente indicar que la Ley 734 de 2002 (aplicable al caso),
regula la extinción de la acción disciplinaria por prescripción en los siguientes
términos:

«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último acto.

En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción
de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

En términos del Máximo Tribunal de lo Contencioso la prescripción de la acción
se configura cuando vencido el término de 5 años, «no se ha adelantado o
concluido el respectivo proceso disciplinario con decisión de fondo» término que
empieza a contabilizarse a partir de la fecha de consumación de la falta, cuando
la misma es instantánea17. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala
determinar el momento exacto a partir del cual debe computarse el término de
cinco años.

17 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA -

SUBSECCION "A". Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Bogotá, veintiséis (26) de abril
de dos mil doce (2012) Radicación número: 11001-03-25-000-2008-00050-00(1314-08) - Actor: RAFAEL
MORENO GODOY - Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION […]”.

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Accionante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional

Conforme a lo expuesto en el aparte fáctico y en el informe de novedades del 27
de enero de 2014 —presentado por el patrullero Jesús Álvaro Cuaspud Bravo—,
la conducta que dio lugar a la apertura de la investigación disciplinaria contra el
señor Abreo Ramírez corresponde a la adulteración del kilometraje de un vehículo
de propiedad de la Policía Nacional y al maltrato a un subalterno, hechos ocurridos
el 23 de noviembre de 2013. Esta fecha se considera, por tanto, como el momento
de consumación de la falta.

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de falta, resulta pertinente traer a colación
lo expresado por el Consejo de Estado al respecto:

«La prescripción comienza a correr una vez la falta se consuma; sin
embargo, ello ocurre de diferente manera según se trate de una falta
disciplinaria instantánea o de una sucesiva. En las primeras, la lesión del
bien jurídico que protege la disposición sancionatoria se agota en un solo
momento mientras que en las faltas sucesivas hay una unidad de conducta
que genera una afectación que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la
circunstancia de ilegalidad generadora de la transgresión del bien jurídico
objeto de amparo»18.

Bajo ese entendido, las circunstancias que motivaron la apertura del proceso
disciplinario, conforme con el relato de los hechos expuestos, evidencian que se
trató de una falta de carácter instantáneo ocurrida el 23 de noviembre de 2013. A
partir de esa fecha debe contabilizarse el término de cinco años dentro del cual la
institución demandada debía iniciar y concluir el proceso disciplinario contra el
ahora demandante. En consecuencia, el pronunciamiento de fondo por parte de
la Policía Nacional debía emitirse a más tardar el 23 de noviembre de 2018; sin
embargo, el proceso disciplinario culminó con decisión de fondo el 23 de agosto
de 2019, esto es, por fuera del término legal establecido, lo que constituye una
violación del debido proceso del disciplinado, pues al configurarse la prescripción,
se extinguía la acción disciplinaria.

Así las cosas, esta Sala encuentra que le asiste razón a la parte demandante al
alegar una indebida valoración probatoria dentro del proceso, en tanto el juez de
primera instancia no estableció adecuadamente los términos para contabilizar la
prescripción, a pesar de estar debidamente acreditada la fecha de ocurrencia del
hecho que dio origen al proceso disciplinario, conforme con la normatividad
aplicable para la época en que se adelantó la investigación. Con base en las
consideraciones anteriores, la Sala concluye que el reparo presentado por la parte
demandante, relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria, tiene
vocación de prosperidad, por lo que resulta innecesario pronunciarse respecto de
los demás cargos endilgados […]”. [Negrilla del texto].

30. La Sala advierte que la decisión proferida por el Tribunal accionado se sustentó
en la aplicación del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, sin considerar la modificación
introducida a dicha disposición mediante la Ley 1474 de 2011, y en las sentencias
de 26 de abril de 201219 y de 7 de febrero de 201920, proferidas por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, efectúo el
cómputo del término prescriptivo de 5 años a partir de la fecha de ocurrencia de la
falta, calificada como de carácter instantáneo, esto es, desde el 23 de noviembre

18 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de
dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00283-01(3966-14) - Actor: EVER
ENRIQUE RIVERO TOVIO Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL […]”.
19 Rad. 2008-00050-00.
20 Rad. 2013-00283-01.

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de 2013, lo cual lo condujo a concluir que la Policía Nacional debía iniciar y finalizar
la acción disciplinaria a mas tardar el 23 de noviembre de 2018.

31. No obstante lo anterior, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte
que el Tribunal no realizó consideración alguna respecto de: i) la modificación
introducida por el artículo 132 de la Ley 1474 de 201121 al artículo 30 del Código
Disciplinario Único aplicado al caso; y ii) la pertinencia y aplicabilidad de la
jurisprudencia de la Sección Segunda de Esta Corporación relativa al estudio de
procesos disciplinarios por faltas cometidas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1474 de 2011, situación que resultaba determinante para definir
el régimen normativo aplicable.

32. En este punto, resulta relevante precisar la modificación introducida por el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 al artículo 30 de la Ley 734 de 200222 y la cual
estableció lo siguiente:

“[…] Artículo 30. La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5)
años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de
investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente
o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas
cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas. […]”.

33. Esta disposición normativa pone de presente que el legislador diferenció
claramente los momentos iniciales del cómputo del término de caducidad y del
término de prescripción de la acción disciplinaria, de modo que: i) la caducidad se
configura cuando, dentro de los cinco años contados desde la ocurrencia de la falta,
según su naturaleza, no se profiere el auto de apertura de la investigación
disciplinaria; y ii) la prescripción se cuenta a partir de la expedición de dicho auto
de apertura y se consolida al transcurrir un término igual de cinco años sin que se
haya decidido de fondo la actuación.

34. Para esta Sala, resulta claro que el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo, al aplicar el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 sin incluir la modificación
introducida por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, pese a que, conforme a esta
última disposición, el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto había negado las
pretensiones de la demanda al estimar que la acción disciplinaria no había prescrito
al momento de dictarse la sentencia de primera instancia cuya nulidad se pretendía.

35. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte demandante, en el escrito de
apelación, solicitó expresamente la aplicación del artículo 30 ejusdem con la

21 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
22 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

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inclusión de su modificación, y, en tal virtud, propuso que el cómputo del término
de prescripción se iniciara a partir de la fecha de expedición del auto de apertura
de la “[…] indagación preliminar […]”.

36. Así las cosas, el yerro del Tribunal consiste en no haber expuesto razón alguna
que permitiera comprender por qué, en contravía de lo alegado por el apelante y de
lo resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, la modificación del
artículo 30 del Código Disciplinario Único, introducida por el artículo 132 de la Ley
1474 de 2011, no resultaba aplicable al caso del señor Pedro Abreo Ramírez.

37. En tal sentido, la Sala comparte la decisión adoptada por el juez constitucional
de primera instancia, en cuanto consideró indispensable que el Tribunal accionado,
explique y justifique de manera expresa: i) cuál es la que norma aplicable al
cómputo del término de prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra el
señor Pedro Abreo Ramírez; y ii) si resulta procedente o no la aplicación de la
modificación introducida al artículo 30 de la Ley 734 de 2002 por el artículo 132 de
la Ley 1474 de 2011. Asimismo, de acudir a precedentes jurisprudenciales, estos
deberán ser vigentes, pertinentes y directamente aplicables al caso concreto.

38. En conclusión, la Sala confirmará el fallo impugnado, mediante el cual se amparó
el derecho fundamental al debido proceso de la Policía Nacional y dejó sin efectos
la providencia de 30 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Nacional

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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