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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07979-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07979-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Gisselt Chalare Villota, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Gisselt Chalare Villota Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07979-00 TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07979-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de febrero de 2026

Demandante: Gisselt Chalare Villota
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07979-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07979-00
Demandante: GISSELT CHALARE VILLOTA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
SALA TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedente por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Gisselt Chalare Villota, en nombre propio, inició acción de tutela1 contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión2 y el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali en la que solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia3.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión

1
Acción de tutela promovida el 12 de diciembre de 2025, por medio del buzón web del aplicativo
de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Juan Pablo Dossman Cortez; Eduardo
Antonio Lubo Barros y, Omar Edgar Borja Soto.
3
El 16 de diciembre de 2025, la Magistrada Ponente del presente fallo manifestó impedimento para
conocer del asunto, sin embargo, por medio de auto del 22 de enero de 2026, fue declarado
infundado.

1

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Demandante: Gisselt Chalare Villota
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07979-00

de la providencia del 28 de noviembre de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión por medio de la cual,
se confirmó el auto del 8 de septiembre del mismo año, proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali que, rechazó el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
76001-33-33-005-2025-00200-00/01 e iniciado contra la Secretaría de Movilidad
del municipio de Yumbo.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] se DEJEN SIN EFECTO:

a) El Auto Interlocutorio No. 606 del 8 de septiembre de 2025, proferido por el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual se
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

b) El Auto Interlocutorio No. 789 del 28 de noviembre de 2025, proferido por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el
cual se confirmó el rechazo.

3. Que se ORDENE al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali
admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la
señora Gisselt Chalare Villota y darle el trámite correspondiente hasta su decisión
de fondo, dejando sin efectos la interpretación restrictiva que impidió el acceso al
control judicial del acto que negó la revocatoria directa.

4. Subsidiariamente, y solo en caso de considerarlo necesario, que se ORDENE al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar una nueva decisión de apelación
en la que se ajuste al precedente constitucional y contencioso sobre
demandabilidad de actos que niegan la revocatoria directa cuando consolidan
sanciones, motivando expresamente su posición frente a la jurisprudencia citada
por la actora.

5. Que se ORDENE a la Secretaría de Movilidad de Yumbo abstenerse de iniciar
o continuar actuaciones de cobro coactivo derivadas de la sanción cuestionada,
mientras se surte el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y revisar la
situación de la actora en SIMIT y RUNT conforme al resultado del proceso de
fondo4.

1.3. Hechos

El 30 de marzo de 2024, se generó orden de comparendo5 al vehículo con placas
JZQ-711, propiedad de la señora Gisselt Chalare Villota, por presunta infracción

4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
Comparendo con número 7689200000043178622.

2

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C29 (exceso de velocidad), detectada por medios tecnológicos (foto detención).

Por medio de la Resolución 140-31.02-025888 del 12 de julio de 2024, se impuso
la sanción, consolidando sus efectos, incluida la generación de obligación
pecuniaria y el reporte en sistemas como el RUNT y el SIMIT.

En atención a que la señora Chalare Villota consideró que en el comparendo no
se identificó al conductor del automotor para el momento de la infracción y se
realizó una indebida notificación, el 10 de marzo de 2025 pidió ante la Secretaría
de Movilidad del municipio de Yumbo (Valle del Cauca) la revocatoria directa del
acto.

Mediante Resolución 112.3.2-015655 del 27 de mayo de 2025, el ente
administrativo declaró la improcedencia de la solicitud.

En consecuencia, la señora Gilsselt Chalare Villota presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría
de Movilidad del municipio de Yumbo, con el fin de que se estudiara la legalidad
del acto administrativo que declaró la improcedencia de la revocatoria directa y se
levantaran los registros de la infracción en el SIMIT y el RUNT.

En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cali en providencia del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda, al
considerar que la resolución demandada no era un acto susceptible de control
judicial, al no crear una situación jurídica nueva y limitarse a ratificar la situación
inicial.

El 28 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Tercera de Decisión confirmó la decisión del a quo, tras argumentar que el acto
que creó la situación jurídica era el que contenía la sanción de tránsito, pues de
ese había surgido la obligación dineraria para la demandante. Por consiguiente,
aquel era el que correspondía enjuiciar ante la jurisdicción para debatir su
legalidad.

Dicho proveído fue notificado por estado el 4 de diciembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de las providencias del 8 de septiembre y 28
de noviembre de 2025, dictadas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al incurrir en los siguientes yerros:

3

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Demandante: Gisselt Chalare Villota
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Defecto sustantivo: ante una aplicación totalmente rígida y descontextualizada del
artículo 96 del CPACA, desconociendo el principio de acceso a la administración
de justicia, a la responsabilidad personal en sanciones por foto detección y la
jurisprudencia que reconoce la procedibilidad de la demanda contra las negativas
de revocatoria directa que consolidan sanciones.

Lo anterior, en atención a que, a su juicio, la resolución demandada ratificaba y
consolidaba una sanción de tránsito y no se constituía como un simple acto de
trámite, sino como una decisión autónoma que mantenía los efectos de la
infracción impuesta, así como el cierre de la vía administrativa.

Por lo tanto, el artículo 96 en mención, no podía interpretarse como una prohibición
absoluta para ejercer el control judicial de tales actos. Por el contrario, debió
hacerse una lectura armónica con los artículos 29, 228 y 229 constitucionales y la
jurisprudencia referente al tema.

Desconocimiento del precedente: por la omisión de la aplicación de la sentencia
del 27 de octubre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Primera6, que sostiene
la admisibilidad del medio de control contra actos que niegan la solicitud de
revocatoria directa.

Además, adujo que las autoridades judiciales accionadas ignoraron la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohibió la responsabilidad objetiva
del propietario en foto detecciones (C-038 de 2020, M.P. Carlos Bernal Pulido; C-
321 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar) y no ponderaron el alcance de
decisiones como la sentencia C-284 de 2016 (acceso amplio a la justicia) y la
sentencia T-131 de 2022 (exceso ritual manifiesto y prevalencia del derecho
sustancial), invocadas en el escrito demandatorio.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: al privilegiar un entendimiento
formalista del régimen de revocatoria directa sobre la necesidad de garantizar un
control judicial efectivo de los actos sancionatorios.

Defecto fáctico: ante la omisión en la valoración adecuada de los hechos
relevantes del caso, como lo fueron la notificación extemporánea, la falta de
identificación del infractor, la ausencia de soporte técnico del sistema de foto
detección y la permanencia de efectos lesivos sobre la señora Chalare Villota.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 16 de diciembre de 2025, la Magistrada Ponente manifestó

6
M.P. Hernando Sánchez Sánchez, Rad. 05001-23-33-000-2019-00057-01.

4

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impedimento para conocer del asunto, en atención a la relación de amistad íntima
que sostiene con el Magistrado Eduardo Antonio Lubo Barrios, integrante del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que suscribió la providencia enjuiciada.

No obstante, el 22 de enero de 2026, los demás integrantes que conforman la
Sección Quinta de esta Corporación resolvieron declarar infundado el
impedimento.

Por lo tanto, el 30 de enero de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte demandada, a los
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Tercera de Decisión8 y al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cali9.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, al municipio de Yumbo, Secretaría de Movilidad10.

Por último, negó la solicitud de medida provisional consistente en la suspensión
de los efectos de las providencias acusadas, así como que se exigiera a la
Secretaría de Movilidad de Yumbo omitir iniciar o continuar cualquier actuación de
cobro coactivo o nuevas situaciones administrativas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión

Por medio de informe rendido el 4 de febrero de 2026, el Magistrado Ponente de
la providencia cuestionada expuso el fundamento de su decisión, para concluir que
la resolución que negó la revocatoria mantuvo incólume la sanción de tránsito

7
Índice 20 de Samai. La notificación fue enviada al buzón web:
nikolasmartinezmarin@hotmail.com.
8
Índice 21 de Samai. Notificación realizada a los siguientes correos electrónicos:
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co; rcedenob@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jdossmanc@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; elubob@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
oborjas@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9
Índice 21 de Samai. La notificación fue enviada al correo: adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10
Índice 21 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones: judicial@yumbo.gov.co y
stransito@yumbo.gov.co.

5

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impuesta en el acto primigenio. Por tanto, la demanda debía rechazarse conforme
al artículo 169 del CPACA, que prevé el rechazo cuando el asunto no es
susceptible de control judicial.

Expresó que, el cuerpo colegiado actuó conforme a derecho, respetando las reglas
jurisprudenciales y normativas aplicables al caso concreto, sin que pudiera
endilgarse la trasgresión de derechos fundamentales por adoptar decisiones que
resultaran contrarias a los intereses de la parte actora.

Así las cosas, sostuvo que el tribunal no vulneró garantía fundamental alguna y
mucho menos incurrió en los yerros alegados.

1.6.2. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali

En memorial del 4 de febrero del año en curso, la titular del Despacho explicó el
razonamiento adelantado en el auto de primera instancia dictado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como las actuaciones
realizadas en dicho proceso.

Seguido de ello, adujo que no se habían vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, toda vez que al trámite en mención se le
impartió diligencia y motivación, aunado a la correcta aplicación de normas y
jurisprudencia reiterada y de unificación del Consejo de Estado sobre la naturaleza
jurídica de los actos que deciden solicitudes de revocatoria directa.

Respecto al defecto sustantivo indicó que, no se había realizada una interpretación
irrazonable o arbitraria del artículo 96 del CPACA y, por el contrario, aplicó una
regla expresa, según la cual «la solicitud de revocatoria directa y la decisión que
la resuelve no reviven términos para demandar. El acto administrativo que niega
una revocatoria directa no crea una situación jurídica nueva ni modifica la
existente. En consecuencia, dicho acto no es, por regla general, susceptible de
control judicial».

Mencionó que dicha premisa se encontraba reiterada en la jurisprudencia de lo
contencioso administrativo y reafirmada recientemente en la sentencia de
unificación CE-SUJ-4-005 del 5 de diciembre de 2024, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la cual resultaba vinculante para los jueces de la
jurisdicción.

Por lo tanto, tampoco se podía predicar un desconocimiento del precedente o a un
exceso ritual manifiesto, puesto que el rechazo de la demanda no obedeció a un
formalismo vacío ni a un apego irreflexivo a las formas procesales, sino al
cumplimiento del deber constitucional y legal del juez de verificar, desde la etapa

6

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inicial del proceso, la competencia y la susceptibilidad de control judicial del acto
demandado.

Asimismo, explicó que pretender que el juez, en la etapa de admisión, entre a
valorar de fondo hechos y pruebas relativos a un acto que no puede ser juzgado,
implicaría desnaturalizar el proceso contencioso administrativo y exceder las
competencias funcionales del despacho. Razón por la que no se entendía
configurado el yerro fáctico.

Por último, resaltó que la tutela no podía convertirse en un mecanismo para reabrir
debates jurídicos ya definidos por el legislador y el juez natural, ni para forzar el
control judicial de actos que el ordenamiento ha excluido expresamente de dicho
estudio.

1.6.3. Pese a que el municipio de Yumbo, Secretaría de Movilidad fue
debidamente notificado, guardó silencio.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Gisselt Chalare Villota contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión11, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

11
Si bien la parte actora dirigió sus reproches contra las autoridades judiciales de primer y segundo
grado, se debe indicar que únicamente se estudiará la providencia del 28 de noviembre de 2025,
en atención a que fue la que concluyó el medio de control.

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• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión
vulneró las garantías invocadas por la señora Gisselt Chalare Villota con
ocasión del auto del 28 de noviembre de 2025, al incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades del defecto por desconocimiento del precedente y, (iv) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
14
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

8

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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202215.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

15
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9

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[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional18.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales20”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,

16
Sentencia SU-573 de 2019.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-103 de 2022.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-128 de 2021.
21
Sentencia SU-573 de 2019.

10

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Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07979-00

ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal22. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

La señora Gisselt Chalare Villota presentó acción de tutela contra la providencia
del 28 de noviembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual se confirmó el rechazo de
la demanda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sostuvo que tal determinación vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente.

Al respecto, la accionante planteó la configuración de un yerro sustantivo, al
estimar que el artículo 96 del CPACA fue aplicado de manera rígida y
descontextualizada, sin una interpretación sistemática conforme a los artículos 29,
228 y 229 de la Constitución. Adujo que la decisión que negó la revocatoria directa
no constituía un acto de trámite, sino una determinación autónoma que ratificó y
consolidó la sanción de tránsito, agotando la vía administrativa y, por ende,
susceptible de control judicial.

Igualmente, alegó el desconocimiento del precedente, en particular de la sentencia
de 27 de octubre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Primera, que reconoce
la procedencia del medio de control contra los actos que niegan la revocatoria
directa, así como de la jurisprudencia constitucional que proscribe la
responsabilidad objetiva del propietario en materia de foto detecciones y garantiza
el acceso efectivo a la administración de justicia.

Finalmente, señaló sobre el yerro procedimental que se privilegió una
interpretación formalista del régimen de revocatoria directa en detrimento del
control judicial efectivo de los actos sancionatorios, y acerca del defecto fáctico,
refirió la indebida valoración de circunstancias relevantes, tales como la
notificación extemporánea, la falta de identificación del presunto infractor, la
ausencia de soporte técnico del sistema de foto detección y la persistencia de
efectos lesivos en su contra.

De la revisión del auto cuestionado, se observa que la autoridad judicial accionada
inició el análisis explicando la naturaleza del acto administrativo, respecto al cual
indicó que es «[…] aquella manifestación a través de la cual se crea, modifica o
extingue una determinada situación jurídica, es decir, aquel pronunciamiento que

22
Ibid.

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impide continuar la actuación o que resuelve de fondo la controversia en sede
administrativa».

Seguido de ello, expuso que, al momento de resolverse negativamente la solicitud
de revocatoria, debía entenderse que la administración estaba haciendo alusión a
una decisión que ya había adoptado en su pasado, por lo que, ya existía un acto
primigenio que había ocasionado la presunta afectación de los derechos
subjetivos. En consecuencia, recabar sobre el mismo asunto no generaba una
nueva o distinta situación jurídica.

Asimismo, explicó que asunto distinto era cuando la administración accedía a la
revocatoria o modificaba la situación, expidiendo un nuevo acto administrativo, por
considerar que la actuación anterior había sido contraria a la Constitución o a la
ley, causando un agravio injustificado, afectando al interés general. Frente a tal,
refirió que sí resultaba enjuiciable, puesto que, a partir de ello, surgía un nuevo
acto administrativo.

Para fundamentar lo indicado, expuso un aparte de una sentencia del Consejo de
Estado del 23 de octubre de 2014, sobre el cual señaló que:

La jurisprudencia tiene precisado que en virtud de la misma, el acto que decida la
solicitud de revocación directa no tiene recursos, y el que la niegue no constituye
acto administrativo definitivo, ya que no hace parte de la vía gubernativa y no
genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto administrativo que se
solicite revocar directamente, por lo cual no es susceptible de acción contencioso
administrativa. No así el acto que conceda la revocación directa, es decir, el acto
revocatorio, que justamente por significar una nueva situación jurídica frente a la
del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto administrativo, de allí que se considere
que la revocación directa es la sustitución o supresión de un acto administrativo
mediante otro acto administrativo23.

Por consiguiente, recalcó que la resolución que había negado por improcedente la
solicitud de revocatoria directa no creaba, modificaba o extinguía alguna situación
jurídica nueva, por lo que no resultaba un acto enjuiciable en la jurisdicción
contenciosa administrativa.

Así las cosas, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la parte actora
es reabrir el debate ordinario y que se realice nuevamente un análisis sobre la
procedibilidad de la demanda. Esto, con el fin de obtener una sentencia favorable
a sus intereses.

Al observar el reclamo endilgado al yerro sustantivo, se evidencia que los
argumentos corresponden a los mismos resueltos por la autoridad judicial

23
Rad. 25000-23-41-000-2014-00674-01.

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accionada, por lo que no se halla razón alguna que amerite la intervención del juez
constitucional.

De igual forma, no se avizora que la actora haya identificado la regla de decisión
en cada una de las sentencias señaladas como desconocidas, ni la forma en que
aquellos casos se asimilaban al suyo y, por ende, debía aplicarse el precedente
de manera idéntica.

Además, no era posible solicitarle al juez que realizara una valoración probatoria
de todos los medios para la etapa procesal en la que se encontraba, en la que
apenas era procedente revisar si el acto administrativo enjuiciado era susceptible
de control judicial. Por lo que no se encuentran presentes los yerros procedimental
o fáctico.

En consecuencia, el juez de tutela no puede realizar nuevamente el análisis que
respaldó la decisión proferida por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en
cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional
realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a
proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su
protección.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la
señora Gisselt Chalare Villota, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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