Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07979-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07979-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07979-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Gisselt Chalare Villota.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala
Tercera de Decisión y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07979-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
19 de febrero de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El 10 de marzo de 2025, la señora Gisselt Chalare Villota solicitó
ante la Secretaría de Movilidad del Municipio de Yumbo (Valle del Cauca)
la revocatoria directa del acto administrativo mediante el cual se le
impuso sanción por el comparendo 76892000000043178622 del 30 de
marzo de 2024.
1.2. Mediante Resolución 112.3.2.-015655 del 27 de mayo de 2025, el
Inspector de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad del
Municipio de Yumbo declaró improcedente la solicitud de revocatoria
directa.
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1.3. Con ocasión de lo anterior, la señora Gisselt Chalare Villota presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Municipio de Yumbo.
1.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, mediante auto
de 8 de septiembre de 2025 rechazó de plano la demanda, al considerar
que la resolución demandada no es un acto administrativo susceptible de
control judicial, toda vez que no contiene nuevas decisiones sobre el caso
o sobre otras situaciones que permitiese su estudio a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.5. Contra la decisión anterior la parte accionante presentó recurso de
apelación.
1.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Tercera de
Decisión, mediante decisión de 28 de noviembre de 2025 confirmó el auto
apelado, al considerar que “[…] la parte actora pretende controvertir la
resolución que negó por improcedente la solicitud de revocatoria directa
al no encontrar cumplida ninguna de las causales de que trata el artículo
93 del CPACA, evidenciándose que con dicha decisión no se creó,
modificó o extinguió ninguna situación jurídica nueva, llanamente
despachó desfavorablemente la solicitud de revocatoria, razón por la
que, es claro que dicha resolución no es un acto enjuiciable […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto sustantivo por la aplicación rígida y descontextualizada del artículo 96
del CPACA, con lo cual también se desconoció que “[…] la negativa de
revocatoria en este caso no es neutra, sino que se convierte en el acto que,
en la práctica, mantiene viva la sanción […]”.
Aseguró que se desconoció el precedente contenido en la sentencia de 27 de
octubre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado (Rad.
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05001-23-33-000-2019-00057-01), que señaló que sí resulta procedente la
admisibilidad del medio de control contra actos que niegan la solicitud de
revocatoria directa. Igualmente, se ignoró la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que prohibió la responsabilidad objetiva del propietario en foto
detecciones (C-038 de 2020 y C-321 de 2022) y no ponderaron el alcance de
decisiones como la sentencia C-284 de 2016 (acceso amplio a la justicia) y la
sentencia T-131 de 2022.
Refirió que se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al
privilegiar un entendimiento formalista del régimen de revocatoria directa sobre
la necesidad de garantizar un control judicial efectivo de los actos
sancionatorios.
Afirmó que las accionadas incurrieron en defecto fáctico porque omitieron
valorar los hechos relevantes del caso tales como: la notificación
extemporánea, la falta de identificación del infractor, la ausencia de soporte
técnico del sistema de foto detección y la permanencia de efectos lesivos de
la sanción.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…]1. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y igualdad de la señora GISSELT
CHALARE VILLOTA.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJEN SIN EFECTO:
a) El Auto Interlocutorio No. 606 del 8 de septiembre de 2025, proferido
por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante
el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
b) El Auto Interlocutorio No. 789 del 28 de noviembre de 2025, proferido
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante el cual se confirmó el rechazo.
3. Que se ORDENE al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Cali admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora Gisselt Chalare Villota y darle el trámite
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correspondiente hasta su decisión de fondo, dejando sin efectos la
interpretación restrictiva que impidió el acceso al control judicial del acto
que negó la revocatoria directa.
4. Subsidiariamente, y solo en caso de considerarlo necesario, que se
ORDENE al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar una nueva
decisión de apelación en la que se ajuste al precedente constitucional y
contencioso sobre demandabilidad de actos que niegan la revocatoria
directa cuando consolidan sanciones, motivando expresamente su
posición frente a la jurisprudencia citada por la actora.
5. Que se ORDENE a la Secretaría de Movilidad de Yumbo abstenerse
de iniciar o continuar actuaciones de cobro coactivo derivadas de la
sanción cuestionada, mientras se surte el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y revisar la situación de la actora en SIMIT
y RUNT conforme al resultado del proceso de fondo. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. En auto de 22 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Gloría María
Gómez Montoya.
2. Posteriormente, mediante auto de 30 de enero de 2026 se admitió la
presente acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca - Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cali y se vinculó al Municipio de Yumbo, en calidad de tercero con
interés en el resultado del proceso.
3. El 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la acción de tutela de
la referencia.
4. Mediante auto de 4 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Tercera de Decisión se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo en razón a que actuó
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conforme a derecho, respetando las reglas jurisprudenciales y normativas
aplicables al caso concreto, sin que pueda endilgarse la transgresión de
derechos fundamentales por adoptar decisiones que resultan contrarias a los
intereses de la parte actora.
2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, toda
vez que al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
No. 76001-33-33-005-2025-00200-00 se le impartió el trámite procesal
correspondiente y la decisión fue adoptada mediante providencia motivada, en
la que se citaron expresamente las normas aplicables y la jurisprudencia
reiterada y de unificación del Consejo de Estado sobre la naturaleza jurídica
de los actos que deciden solicitudes de revocatoria directa.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 19 de febrero de 2026
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
Al respecto, sostuvo que “[…] que lo pretendido por la parte actora es reabrir
el debate ordinario y que se realice nuevamente un análisis sobre la
procedibilidad de la demanda. Esto, con el fin de obtener una sentencia
favorable a sus intereses. […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia manifestando que el
mismo incurre en: i) interpretación restrictiva del concepto de relevancia
constitucional, ii) desconocimiento del precedente constitucional sobre acceso
a la justicia, iii) incorrecta delimitación del control constitucional frente a
providencias judiciales, y iv) falta de análisis material de los defectos alegados.
Igualmente, adujo que la discusión planteada en esta oportunidad trasciende
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del plano netamente legal al constitucional, en razón a que versa sobre la
afectación del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
puesto que la negativa de revocatoria directa consolidó efectos sancionatorios
y el rechazo de la demanda impidió cualquier control judicial posterior.
Aclaró que la acción de tutela no se está utilizando como una tercera instancia,
máxime cuando no solicitó “reinterpretar pruebas” y mucho menos “revisar el
mérito del proceso contencioso”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,
Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.
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sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 76001-33-33-005-2025-00200-00/01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales accionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir
de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que las autoridades accionadas no debieron rechazar la demanda
porque el acto administrativo que resolvió la solicitud de revocatoria si puede
ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, máxime
cuando el mismo consolidó la sanción de tránsito que le fue impuesta,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial, como quiera que tanto el juzgado como
el tribunal accionado expusieron de manera coherente, razonada y
fundamentada las razones jurídicas por las cuales el acto administrativo
acusado no era susceptible de control judicial.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis adoptada por las
autoridades accionadas, lo cual no significa que las decisiones sean arbitrarias
o caprichosas y mucho menos sean catalogadas como vulneradora de
derechos fundamentales.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
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pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 19 de febrero de 2026 proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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