Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07986-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07986-00
Accionante: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Tema: Tutela de fondo – declara improcedencia por falta de
subsidiariedad y niega por inexistencia de mora judicial
injustificada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Meta y de
Bancolombia S.A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 18 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Luis Alberto Rodríguez Medina, actuando como representante legal de la
Asociación de Municipios del Meta (en adelante, ASMETA) interpuso acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta y de Bancolombia S.A. Con la
solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la paz, de «acceso a recursos
públicos protegidos», y sus principios de legalidad y buena fe.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica: (i) a la presunta
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al
Tribunal Administrativo del Meta y a Bancolombia S.A. Asimismo, se dispuso la vinculación de la
Organización de Estados Iberoamericanos, del Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de
los Llanos y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por último, se negó la medida
provisional solicitada por la parte actora.
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Accionante: Asociación de Municipios del Meta
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
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mora judicial injustificada en la que habría incurrido la autoridad judicial accionada
al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-
00313-00; y (ii) a la negativa, por parte de la entidad financiera, de levantar el
embargo de las cuentas bancarias de la parte accionante en este proceso3.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la
protección de los recursos públicos inembargables.
2. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, resolver los
recursos e incidentes planteados que se encuentran en mora de ser resueltos.
3. Que se ordene a Bancolombia S.A. levantar de forma inmediata el embargo
sobre las cuentas N° 84400006326 y 84400006327 a nombre de ASMETA.
4. Que se ordene al banco abstenerse de ejecutar embargos o cualquier otra
medida cautelar sobre estas cuentas, salvo que medie una orden judicial
debidamente motivada que justifique la afectación de recursos inembargables4.
1.2. Hechos
4. El señor Luis Alberto Rodríguez Medina, actuando como representante legal
de ASMETA, indicó que el 10 de diciembre de 2020 la Organización de Estados
Iberoamericanos - OEI suscribió un contrato de suministro con el Consorcio
Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos, integrado por INGEFE S.A.S. y
ASMETA.
5. El contrato finalizó el 17 de junio de 2022 y, en consecuencia, se suscribió el
«acta de concertación de compromisos, mediante la cual el consorcio se obligó a
reintegrar a la OEI la suma de $2.117.953.807 por concepto de recursos no
ejecutados, comprometiéndose a pagar en tres cuotas: $1.270.772.284 el 1 de julio
de 2022, $400.000.000 el 15 de julio de 2022, y $447.181.523 el 30 de julio de
2022».
6. Ante el incumplimiento de los pagos, la OEI inició proceso ejecutivo en contra
del consorcio aludido. Con la demanda solicitó el decreto de medidas cautelares y
que se librara mandamiento de pago.
7. Mediante auto del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta
decretó el embargo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de
INGEFE y ASMETA y libró mandamiento de pago.
8. Contra dicha decisión el apoderado del Consorcio Producción Agropecuaria
Sostenible de los Llanos interpuso recurso de apelación, actuación que fue
coadyuvada por ASMETA.
3 Cuentas de ahorros Bancolombia, identificadas con los números 84400006326 y 84400006327.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
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9. A su vez, ASMETA y el Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de
los Llanos «han interpuesto recursos, iniciado incidentes de desembargo y de
desacato»; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta no ha resuelto dichas
solicitudes, pese a que han transcurrido varios meses desde la radicación de estos
mecanismos de defensa judicial.
10. Por otro lado, la asociación accionante manifestó que como consecuencia de
la medida cautelar decretada por la autoridad accionada, Bancolombia S.A.
embargó sus cuentas, y que, pese a las solicitudes presentadas para obtener su
levantamiento, fundadas en el carácter inembargable de dichos recursos, la entidad
financiera se negó a acceder a lo requerido.
1.3. Sustento de la vulneración
11. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la vida digna y al derecho colectivo a la paz, como
consecuencia de la actuación de Bancolombia S.A., al mantener el embargo sobre
recursos públicos finalistas e inembargables administrados por ASMETA, pese a
contar con información y pruebas suficientes sobre su naturaleza pública y
destinación específica.
12. A su juicio, la entidad bancaria desconoció el deber legal de abstenerse de
afectar bienes inembargables, en contravención de lo dispuesto en el artículo 594
del Código General del Proceso y en el artículo 63 de la Constitución Política.
Señaló que los recursos embargados no eran de libre disposición, no integraban el
patrimonio privado de ASMETA y se encontraban destinados exclusivamente a la
ejecución de programas de desarrollo alternativo derivados del Acuerdo Final de
Paz, en particular del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS).
13. Asimismo, estimó vulnerado el derecho colectivo a la paz, consagrado en el
artículo 22 de la Constitución Política, dado que la inmovilización de dichos recursos
impidió la ejecución de programas financiados con cooperación internacional
orientados a la implementación del PNIS, eje estructural del Acuerdo Final de Paz,
al cual la Corte Constitucional reconoció fuerza normativa constitucional en la
Sentencia C-630 de 2017.
14. De igual forma, consideró afectados los derechos fundamentales a la
igualdad y a la vida digna de las comunidades beneficiarias de dichos programas,
en especial de los firmantes del Acuerdo de Paz y de los campesinos en situación
de vulnerabilidad, al permitir que intereses privados prevalecieran sobre intereses
públicos de alto nivel, como la continuidad de proyectos sociales, la superación de
la pobreza y la consolidación de la paz, conforme a la jurisprudencia constitucional
reiterada.
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15. Por otro lado, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en
mora judicial injustificada al no resolver los recursos interpuestos contra el auto que
libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares, así como los incidentes
de desembargo por inembargabilidad y de desacato formulados dentro del proceso
ejecutivo con radicado 50001-23-33-000-2023-00313-00.
16. Señaló que, la dilación resulta injustificada, por cuanto el asunto no presenta
una complejidad real que explicara la ausencia de pronunciamiento. Indicó que, el
caso exige una decisión preferente y célere, en la medida en que recae sobre
recursos públicos finalistas destinados a la ejecución del PNIS, embargados por un
valor aproximado de $3.800.000.000, cuya inmovilización generó una afectación
directa a terceros beneficiarios plenamente identificados.
17. Finalmente, refirió que el retardo injustificado del tribunal en el trámite del
proceso ejecutivo ha derivado en la prolongación de una medida de embargo sobre
recursos con protección constitucional, comprometiendo directamente la estabilidad
de las familias beneficiarias de los programas del PNIS.
1.4. Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo del Meta, luego de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso, indicó que el proceso fue asignado al
despacho por reparto el 17 de noviembre de 2023.
19. Señaló que, mediante auto del 28 de mayo de 2025, libró el mandamiento
ejecutivo y se decretó medidas cautelares de embargo sobre los dineros
depositados en las cuentas bancarias de titularidad de INGEFE y ASMETA, las
cuales fueron notificadas el 29 de mayo de 2025.
20. Contra dichas decisiones, el17 de julio de 2025 el representante legal del
consorcio interpuso recurso de reposición contra el mandamiento de pago y recurso
de reposición y, en subsidio apelación contra las medidas cautelares. Los recursos
fueron coadyuvados por ASMETA mediante memorial del 21 de julio de 2025, y la
OEI se pronunció frente a los recursos el 23 de julio de 2025.
21. El tribunal indicó que los recursos fueron trasladados a las partes entre el 25
y el 29 de julio de 2025, y que el expediente ingresó al despacho para decisión el
22 de agosto de 2025, encontrándose en el turno 71 de los expedientes pendientes
de sustanciación en primera instancia.
22. Finalmente, precisó que el solo transcurso del tiempo no constituye mora
judicial, dado que la resolución debía adoptarse conforme al orden objetivo
previamente establecido, a la carga procesal del despacho, al trámite gradual y
ordenado de los procesos ordinarios y de aquellos con prioridad constitucional o
legal, sin que existiera dilación irrazonable, injustificada ni atribuible a la autoridad
judicial.
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23. La Organización de Estados Iberoamericanos, señaló que ASMETA ya
había radicado una tutela por los mimos hechos, de la cual conoció el Juzgado 13
Penal Municipal con Función de Garantías de Control de Garantías con radicado
50001-40-88-013-2025-00190-005.
24. Asimismo, manifestó que la accionante pretendió convertir la acción de tutela
en una tercera instancia, sin que se acreditara la vulneración de derechos
fundamentales, y que las garantías invocadas no eran directamente tutelables ni
correspondían a la titularidad de la accionante, sino a terceros beneficiarios, lo cual
evidenció la falta de legitimación en la causa por activa.
25. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo
constitucional.
26. Bancolombia S.A., indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no tiene competencia para tramitar ni resolver las solicitudes elevadas
por la parte actora, motivo por el cual no podía imputársele la vulneración de
derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
27. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo respecto del
cargo formulado en contra de Bancolombia S.A. y negará la tutela respecto al
reproche relacionado con la mora judicial. Para ello, se analizarán los siguientes
aspectos: i) el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela y, ii)
la no configuración de la mora judicial injustificada.
2.1. Caso Concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
28. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
5 Mediante sentencia del 13 de agosto de 2025, el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Villavicencio declaró la improcedencia de la acción de tutela identificada con
el radicado 50001-40-88-013-2025-00190-00 por no superar el requisito de subsidiariedad. Dicha
decisión fue impugnada y, mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el Juzgado 3 Penal del
Circuito de Villavicencio declaró la nulidad de todo lo actuado y, en consecuencia, ordenó la
devolución del expediente al juez de primera instancia.
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de tutela pueda emitir una decisión de fondo6.
29. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
30. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
31. La Sala advierte que ASMETA se encuentra legitimada en la causa por
activa, en tanto conforma la parte demandada dentro del proceso ejecutivo cuya
mora judicial se reprocha por esta vía, y además fue quien radicó la solicitud de
levantamiento de las cuentas embargadas ante Bancolombia S.A.
32. No obstante, frente a los derechos fundamentales a la igualdad y a la vida
digna de las comunidades beneficiarias del PNIS, en especial de los firmantes del
Acuerdo de Paz y de los campesinos en situación de vulnerabilidad, la sociedad
accionante carece de legitimación en la causa, pues no aportó poder para actuar en
su nombre ni acreditó la imposibilidad de los presuntos agenciados de promover
directamente la acción de tutela, circunstancia que tampoco se desprende del
escrito de tutela.
33. Por otra parte, la Sección constata que el Tribunal Administrativo del Meta y
Bancolombia S.A. se encuentran legitimados en la causa por pasiva, en la medida
en que, respectivamente, el primero ostenta la calidad de autoridad judicial
encargada de adelantar el trámite del proceso ejecutivo y frente a la cual se endilga
la mora judicial alegada, mientras que la segunda es la entidad financiera ante la
cual se solicitó el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias.
34. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental7.
35. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora deriva de la presunta mora judicial.
36. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales8: i) como mecanismo de
6 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
7 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
8 Sentencia T-183 de 2024.
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protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo9 y eficaz10 y, ii) como mecanismo de protección transitoria para evitar un
perjuicio irremediable.
37. Esta Sección considera que, en relación con el reproche formulado por la
asociación accionante frente a Bancolombia S.A., no se cumple el presupuesto de
procedibilidad exigido, por las razones que se exponen a continuación.
38. Como se expuso previamente, la parte accionante cuestionó la actuación de
Bancolombia S.A., consistente en el embargo de las cuentas bancarias de su
titularidad, en las cuales se administran recursos públicos inembargables, pese a
que la entidad financiera conocía su naturaleza y destinación específica. A su juicio,
dicha actuación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la vida digna y el derecho colectivo a la paz.
39. Manifestó que, los recursos embargados se encontraban destinados
exclusivamente a la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS), derivado del Acuerdo Final de Paz, y que la medida
adoptada impidió la continuidad de dichos programas, afectando de manera directa
a las comunidades beneficiarias, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz y la
población campesina en situación de vulnerabilidad.
40. Ahora bien, en lo que respecta al cargo formulado contra Bancolombia S.A.,
una vez revisado el expediente del proceso ejecutivo con radicado 50001-23-33-
000-2023-00313-00, esta Sala advierte que la asociación accionante, el 26 de
agosto de 2025, interpuso incidente de desembargo por inembargabilidad. En aquel,
solicitó el levantamiento inmediato del embargo practicado sobre la cuenta de
ahorros de su titularidad y la consecuente liberación de los recursos11.
41. En esa misma fecha, mediante otro escrito, la tutelante radicó incidente de
desacato contra Bancolombia S.A., por el presunto incumplimiento de la orden
judicial contenida en el auto del 28 de mayo de 2025, mediante el cual se decretaron
las medidas cautelares, así como de lo dispuesto en el oficio SGTAM 25-1307 del
11 de julio de 2025, en el que se advirtió a la entidad financiera que debía
abstenerse de ejecutar la medida cuando las cuentas correspondieran a recursos
inembargables, conforme al artículo 594 del Código General del Proceso, debiendo
informar tal circunstancia al despacho12.
9 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
10 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
11
Expediente del proceso ejecutivo identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-00313-00.
Índice Samai n ° 44.
12 Expediente del proceso ejecutivo identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-00313-00.
Índice Samai n ° 45.
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42. En este sentido, la Sección observa que las pretensiones formuladas en el
presente mecanismo constitucional coinciden con aquellas que actualmente se
debaten en el proceso ordinario, el cual constituye el escenario procesal idóneo para
su análisis y resolución, razón por la cual no resulta procedente su estudio a través
de la acción de tutela.
43. En consecuencia, esta Sección advierte que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, toda vez que las controversias planteadas por la accionante frente
a Bancolombia S.A. se encuentran actualmente en trámite dentro del proceso
ejecutivo con radicado 50001-23-33-000-2023-00313-00. En efecto, los incidentes
de desembargo por inembargabilidad de los recursos y de desacato ya fueron
promovidos y se hallan pendientes de resolución por el juez natural, quien es la
autoridad competente para determinar la legalidad de la medida cautelar y el
eventual incumplimiento de las órdenes impartidas.
44. En este contexto, la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo
concurrente o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios en curso, ni como una
vía para anticipar decisiones que corresponden al juez natural del proceso.
45. Ahora bien, frente al cargo de mora judicial que se le adjudica al Tribunal
Administrativo del meta las consideraciones son distintas. Al respecto, la Sala
considera que sí se acredita el requisito de subsidiariedad comoquiera que la parte
accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales para reprochar la falta de
trámite a las solicitudes y recursos que se interpusieron al interior del proceso
ejecutivo.
2.1.2. El Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en mora judicial
injustificada
46. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»13.
47. En ese sentido, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Meta no
incurrió en mora judicial injustificada ante la falta de pronunciamiento sobre los
incidentes formulados por la accionante en el trámite del proceso ejecutivo con
radicado 50001-23-33-000-2023-00313-00, por las razones que se exponen a
continuación.
13 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179
de 2021.
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48. De la revisión del expediente, la Sala advierte que el proceso fue asignado al
Tribunal Administrativo del Meta, que mediante auto del 28 de mayo de 2025 libró
mandamiento de pago y decretó medidas cautelares de embargo sobre los dineros
depositados en las cuentas bancarias de titularidad de INGEFE y ASMETA,
integrantes del Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos.
49. Contra dichas decisiones, el representante legal del consorcio interpuso los
recursos correspondientes, los cuales fueron posteriormente coadyuvados por
ASMETA, de los cuales se corrió trasladado a las partes entre el 25 y 29 de julio de
2025.
50. El expediente ingresó al despacho para resolver los recursos formulados el
22 de agosto de 2025 y, conforme al informe rendido por la autoridad accionada,
será resuelto en el turno 71, atendiendo la carga procesal del despacho.
51. A su vez, esta Sección observa que, en agosto de 2025, la asociación
accionante interpuso «incidente de desembargo levantamiento de embargo por
inembargabilidad de los recursos», con el fin de que se ordenara el levantamiento
de la medida cautelar sobre la cuenta de ahorro de su titularidad y en consecuencia
se liberaran los recurso. Asimismo, para la misma fecha promovió un incidente de
desacato.
52. El anterior análisis permite evidenciar que el Tribunal Administrativo del Meta
ha tramitado de manera diligente el proceso ejecutivo, realizando diversas
actuaciones orientadas a proferir una decisión de fondo sobre el asunto.
53. Asimismo, la Sala considera que no ha transcurrido un periodo
desproporcionado para decidir el proceso, dado que el despacho actualmente
sustancia 88 procesos ordinarios en primera instancia y 40 en segunda instancia,
además de atender asuntos de prioridad constitucional o legal, conforme al informe
rendido por la autoridad accionada.
54. En ese orden, resulta pertinente precisar que la Corte Constitucional ha
señalado que la mora judicial injustificada solo vulnera derechos fundamentales
cuando existe incumplimiento injustificado de los términos legales por negligencia u
omisión del funcionario, circunstancia que no ocurre en este caso, pues, se reitera,
aunque no se ha proferido pronunciamiento de fondo, la demora obedece a causas
ajenas a la voluntad del juzgado, mas no a una actuación negligente.
55. En vista de lo anterior, la Sala negara la solicitud de amparo, debido a que
no se encontró configurada la mora judicial injustificada que avale la intervención
del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo interpuesta por
la Asociación de Municipios del Meta respecto de los cargos formulados en contra
de Bancolombia S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Municipios
del Meta respecto de los cargos expuestos en contra del Tribunal Administrativo del
Meta por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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