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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07986-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07986-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en lo que respecta a la declaratoria de improcedencia de la acción contra Bancolombia SA y, en su lugar, RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela contra la mencionada entidad bancaria. SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión impugnada en todo lo demás. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07986-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2025-07986-01
Demandante: Asociación de municipios del Meta (ASMETA)
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra acción u omisión de autoridad
pública. Proceso ejecutivo. Desembargo de recursos destinados
al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Incidente en curso. Mora judicial.

Decisión: Revoca parcialmente y confirma en todo lo demás

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la Sentencia
proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró la improcedencia contra Bancolombia SA y negó lo
relativo al Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 15 de diciembre de 2025, la Asociación de municipios del Meta
(ASMETA) presentó una acción de tutela en la que manifestó que se habían
vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, «acceso a recursos
públicos protegidos, derecho colectivo a la paz [,] derechos de los beneficiarios del
Acuerdo de Paz» y acceso a la administración de justicia, así como de los principios
de legalidad y buena fe administrativa. Según lo expuso, dichas garantías fueron
vulneradas por el Tribunal Administrativo del Meta y la sociedad Bancolombia SA.

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene, de un lado, al tribunal resolver
los incidentes y recursos presentados en el marco del proceso ejecutivo y, del otro,
al banco levantar de forma inmediata los embargos de las cuentas de ASMETA y
abstenerse de ejecutar medias cautelares sobre las mismas, «salvo que medie una
orden judicial debidamente motivada que justifique la afectación de recursos
inembargables».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, ASMETA señaló
que administra recursos públicos propios del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los cuales están destinados a la financiación

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de proyectos productivos, suministros e insumos para familias firmantes del Acuerdo
de Paz.

4. Para la ejecución de dichos recursos, la asociación abrió 2 cuentas en
Bancolombia SA, las cuales, inicialmente, no fueron debidamente inscritas como
exentas del gravamen por movimientos financieros (GMF). Anotación que solo se
dio hasta el 22 de julio de 2025.

5. En el marco del proceso ejecutivo No. 50001-23-33-000-2023-00313-001, el
Tribunal Administrativo del Meta ordenó el embargo de las mencionadas cuentas
bancarias. Decisión contra la que se presentaron los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación.

6. Pese a que se presentó solicitud formal ante el banco (acompañada del
soporte de la destinación de los recursos), este se ha negado a levantar el embargo.

7. Como fundamento de vulneración, la parte actora manifestó que se
desconoció el contenido normativo de los artículos 63 de la Constitución Política y
594 del CGP, las Leyes 1448 de 2011 y 2294 de 2023, así como las Sentencia C-
666 de 2001, T-1206 de 2001, T-593 de 2010, T-351 de 2013, C-630 de 2017 y T-
406 de 2021 de la Corte Constitucional, sobre el carácter público y destinación de
este tipo de recursos.

8. Adujo que la negativa del banco constituye una omisión arbitraria que
genera la vulneración de las garantías constitucionales, a lo que se suma el hecho
de que el tribunal no ha dado trámite y resolución a los distintos mecanismos
(recursos e incidentes) que se han formulado en el marco del proceso ejecutivo.
Dicha situación ha llevado a que ASMETA, como mera ejecutora de los recursos,
se haya visto inmiscuida en incumplimientos contractuales.

Intervenciones2

9. El Tribunal Administrativo del Meta, luego de hacer un recuento de las
actuaciones procesales que se han surtido en el proceso ejecutivo No. 2023-00313-
00, se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo. Adujo que el mero paso
del tiempo no da lugar a que se configure una mora judicial, pues resulta necesario
tomar en consideración, de un lado, la carga laboral con la que cuenta el despacho
ponente en esa corporación3 y, del otro, el hecho de que el proceso ha tenido
gestión dentro de los turnos correspondientes.

1 Adelantada por la OEI contra el Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos (del cual
ASMETA hace parte).
2 Mediante Auto de 18 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal

Administrativo del Meta y Bancolombia SA, y vinculó a la Organización de Estados Iberoamericanos, el
Consorcio Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
3 Dados las medias de homologación y redistribución de expedientes que se dio con fundamento en los

Acuerdos PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020 y CSJMEA21-15 del 3 de febrero de 2021 del Consejo
Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, respectivamente.

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10. Finalmente, agregó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
reclamar celeridad en el trámite de los procesos judiciales y, por ende, no puede
emplearse como una vía paralela para imponer prioridades decisorias, presionar el
sentido de las decisiones o interferir en la programación judicial.

11. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI) indicó que no fueron satisfechos el presupuesto de legitimación
activa y pasiva en la causa. Señaló que ASMETA alegó como perjuicio la presunta
afectación de las familias beneficiaras del PNIS pero no de un derecho propio y OEI
no desplegó ninguna de las acciones u omisiones que la parte actora reprochó dado
que no es la autoridad judicial a cargo del proceso ejecutivo, no tiene competencia
para resolver recursos o incidentes, y no tiene facultades para levantar embargos,
ni intervenir en la ejecución de órdenes judiciales.

12. Manifestó que la acción de tutela era improcedente por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, pues la parte actora contaba con mecanismos judiciales
idóneos para obtener lo que aquí reclama y, aunado a ello, indicó que, en todo caso,
no vulneró de forma alguno los derechos invocados.

13. Adujo que los recursos que dieron lugar al pleito judicial fueron entregados
al contratista (el Consorcio) como pago o anticipo en el marco de un contrato de
suministro, los cuales ingresaron a su patrimonio privado y perdieron la naturaleza
de recurso público inembargable.

14. Finalmente, agregó que por los mismos hechos ya cursaba otra acción de
tutela, la cual identificó con el radicado No. 50001-40-88-13-2025-00190-00.

15. Bancolombia SA alegó su falta de legitimación pasiva porque ostenta la
calidad de ejecutor de las medidas de embargo ordenadas por la autoridad judicial
competente, sin tener facultad alguna para modificar o revocar las mismas.

16. Manifestó que, aunque en el expediente consta un formulario sobre la
naturaleza de los recursos, no existe prueba, ni siquiera sumaria, de que la parte
hubiera presentado, antes o durante la diligencia de embargo, una solicitud formal
ante el banco para que las cuentas fueran identificadas como inembargables, ni de
que dicha petición se hubiera tramitado conforme a los procedimientos respectivos.
Tampoco se acreditó que, al practicarse la medida cautelar, se hubiera requerido
oportunamente a la entidad para abstenerse de cumplir la orden judicial por la
presunta inembargabilidad de los recursos.

Sentencia impugnada

17. El 5 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
la improcedencia de la acción frente a Bancolombia SA y negó la solicitud de amparo
respecto del Tribunal Administrativo del Meta.

18. Para ello, consideró que las pretensiones formuladas en el mecanismo
constitucional contra Bancolombia SA coinciden con aquellas que se debaten en el

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proceso ejecutivo, a través del incidente de desembargo en curso. Razón por la cual
no se satisface el presupuesto de subsidiariedad, pues la acción de tutela no puede
sustituir los mecanismos ordinarios con los que cuenta la parte para lograr el amparo
de los derechos.

19. Asimismo, estimó que no ha transcurrido un periodo desproporcionado para
decidir el proceso ejecutivo, de cara a la fecha de entrada al despacho del proceso
(22 de agosto de 2025) y la carga de trabajo asignado al despacho que conoce el
asunto. En consecuencia, no se configuró una mora judicial injustificada.

Impugnación

20. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que sí
existe un retardo injustificado por parte de la autoridad judicial para resolver lo
relativo a los recursos e incidentes formulados en el proceso ejecutivo, pues la mera
invocación de un exceso de carga laboral no releva al tribunal de acatar los términos
de ley.

21. Frente a Bancolombia, señaló que el juez de tutela analizó el caso de una
forma excesivamente formalista, ya que desconoció la ineficacia de los mecanismos
ordinarios a los que se ha acudido en el proceso ejecutivo y, con ello, permite la
consolidación de un perjuicio irremediable como lo es la inmovilización de recursos
públicos inembargables.

22. Finalmente, formuló como medida provisional que se ordene a la entidad
bancaria abstenerse de continuar con la inmovilización de recursos públicos
producto de la orden de embargo dada por el Tribunal Administrativo del Meta o, en
subsidio, permitir la ejecución de los pagos estrictamente relacionados con el
programa PNIS.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

24. La OEI puso de presente que por los hechos aquí narrados estaba en curso
una acción de tutela anterior, la cual se identifica con el radicado No. 50001-40-88-
13-2025-00190-00.

25. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
sentencia de tutela de primer grado, señaló que, mediante Sentencia de 13 de

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agosto de 2025, el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías
de Villavicencio declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito
de subsidiariedad y, posteriormente, el 15 de septiembre de 2025, el Juzgado 3
Penal de Circuito de Villavicencio4, durante el trámite de segunda instancia, declaró
la nulidad de todo lo actuado y ordenó devolver el proceso al juzgado de origen.

26. A partir de lo anterior y una vez revisados los documentos aportados por el
Tribunal Administrativo del Meta, la Sala advierte que existe identidad de partes5,
objeto6 y causa7 entre el proceso No. 2025-00190-00 y el de la referencia,
concretamente en lo que respecta a Bancolombia SA, sumado al hecho de que en
este último no se presentó justificación alguna sobre la presentación de un nuevo
mecanismo de amparo y manifestó bajo la gravedad de juramento que no había
interpuesto otra acción por los mismos hechos.

27. Asimismo, revisada la consulta unificada de procesos, se advierte que,
luego de la nulidad decretada, el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control
de garantías de Villavicencio profirió sentencia el 29 de septiembre de 2025, en la
que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad.
Decisión que fue impugnada y ello implicó que se remitiera nuevamente al Juzgado
3 Penal de Circuito de Villavicencio para dar trámite a la impugnación, la cual según
las anotaciones del mencionado aplicativo sigue en curso8.

28. En ese orden, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el 5 de
febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en lo que respecta a
los reparos relacionados con Bancolombia SA, para rechazar la acción de tutela
por temeridad, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, pues la
reiteración injustificada de acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones
compromete los principios de buena fe y lealtad procesal.

Problema Jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió
en una mora judicial injustificada en el marco del proceso ejecutivo No. 50001-23-
33-000-2023-00313-00.

Procedibilidad de la acción de tutela

30. En lo que respecta a la presunta mora judicial, la presente acción de tutela
resulta procedente porque (1) se orientó a lograr el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia; (2) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a
que, por un lado, ASMETA administra recursos públicos propios del Programa

4 Rad. 50001-40-88-013-2025-00190-01.
5 Accionante: ASMETA; Accionado: Bancolombia SA.
6 Embargo de ciertas cuentas bancarias de ASMETA en Bancolombia SA.
7 Presunta naturaleza inembargable de los recursos contenidos en las cuentas objeto de la medida cautelar.
8 Rad. 50001-40-88-013-2025-00190-02.

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Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) e integra el Consorcio
Producción Agropecuaria Sostenible de los Llanos, parte demandada en proceso
ejecutivo que dio lugar al embargo de las cuentas bancarias en cuestión, razones
suficientes para tenerla como titular de las garantías constitucionales que se invocan
como violadas, y el Tribunal Administrativo del Meta es la autoridad que conoce de
dicho proceso; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora
procurar la defensa de sus derechos constitucionales, de cara al retardo alegado; y
(4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela, en tanto el
asunto se relaciona con la presunta falta de trámite y resolución de varias solicitudes
y/o recursos en el marco del proceso ejecutivo.

31. En consecuencia, la Sala estudiará el fondo de la controversia.

Análisis de vulneración alegada (mora judicial)

32. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo, al no haberse acreditado que la autoridad accionada haya incurrido en
mora judicial9, conforme a las razones que se exponen a continuación:

33. Una vez revisado el escrito de tutela se advierte que la accionante sostuvo
que el Tribunal Administrativo del Meta, en el marco del proceso ejecutivo, no se ha
pronunciado sobre los recursos e incidentes orientados a lograr el desembargo de
las cuentas bancarias.

34. Frente a lo anterior, la Sala constató, a partir de la verificación del aplicativo
SAMAI correspondiente al proceso ejecutivo10 en contraste con el informe de la
autoridad accionada, las siguientes actuaciones procesales: (i) el 28 de mayo de
2025, se libró mandamiento de pago y decretó una medida cautelar de embargo
sobre los dineros que se encuentren o lleguen a depositar en cualquier cuenta
bancaria, certificado, títulos de capitalización, fiducias, carteras colectivas, CDT o
cualquier otro producto financiero de propiedad de la sociedad INGEFE SAS y
ASMETA, como responsables solidarios del Consorcio Producción Agropecuaria
Sostenible de los Llanos; (ii) contra esas decisiones el Consorcio presentó recursos
de reposición y, en subsidio, de apelación, de los cuales se corrió traslado el 24 de
julio de 2025; (iii) el 28 de agosto de 2025, el proceso ingresó a despacho; y (iv)
mediante Autos de 2611 y 2712 de marzo de 2026, el tribunal resolvió no reponer los
Autos de 28 de mayo de 2025 y concedió en efecto devolutivo los recursos de
apelación.

35. En lo que respecta a la notificación de estas últimas 2 providencias, es
preciso señalar que ambas fueron notificadas por estados fijados el 27 de marzo y
el 6 de abril de 2026, respectivamente.

9 Sobre el concepto y tipología mora judicial, así como su relación con el plazo razonable y el derecho al debido

proceso, pueden consultarse: Corte Constitucional, Sentencias SU-333 de 2020, SU-179 de 2021, SU-297 de
2023, T-183 de 2024 y T-015 de 2025.
10 Rad. 50001-23-33-000-2023-00313-00.
11 Resolvió los recursos contra el mandamiento de pago.
12 Resolvió los recursos contra la medida cautelar de embargo.

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36. Ahora, si bien es cierto en el proceso fueron presentados con posterioridad
a la interposición de los recursos una solicitud de levantamiento de medida cautelar
de embargo y un impulso procesal, no puede perderse de vista que los argumentos
de aquella petición (levantamiento) coinciden con los de los recursos y resultaba
procedente primero atender la reposición y resolver sobre la concesión de la
apelación, antes de darle trámite a la solicitud de levantamiento de medida cautelar.

37. A partir de lo anterior, la Sala observa que el trámite procesal se desarrolló
dentro de los cauces ordinarios y en plazos razonables, sin que se evidencien
dilaciones caprichosas o actuaciones negligentes atribuibles a la autoridad judicial.
En consecuencia, no se configura la alegada mora judicial, en tanto las solicitudes
formuladas fueron atendidas conforme a la dinámica propia del proceso y a las
etapas que debían agotarse.

Conclusión

38. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia en lo que
tiene que ver con Bancolombia SA, para rechazar por temeridad la acción de tutela,
y confirmará aquella providencia en todo lo demás con fundamento en las
consideraciones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el 5 de febrero
de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en lo que respecta a la
declaratoria de improcedencia de la acción contra Bancolombia SA y, en su lugar,
RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela contra la mencionada entidad
bancaria.

SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión impugnada en todo lo demás.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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