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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07988-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07988-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de medida cautelar formulada por el señor David Fernando Cano Mazuera en su escrito de impugnación. SEGUNDO: Revocar la sentencia del 2 de febrero de 2026, a través de la cual, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B denegó el amparo solicitado en la acción de tutela para, en su lugar, acceder a la protección invocada por el señor David Fernando Cano Mazuera por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso ante la configuración del defecto sustantivo establecido en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Demandante: David Fernando Cano Mazuera Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01 TERCERO: En consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente de tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-01050-00, promovido contra el Consejo Nacional Electoral, para que dicha autoridad judicial con garantía al debido proceso dicte la providencia de reemplazo dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión. CUARTO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07988-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de abril de 2026

Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07988-01
Demandante: DAVID FERNANDO CANO MAZUERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca el fallo
que denegó el amparo solicitado para, en su lugar acceder a
la protección invocada. Sanción por temeridad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 2 de febrero de 2026, a través de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B denegó el amparo solicitado en la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 15 de diciembre de 2025, el señor David Fernando
Cano Mazuera presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que consideró vulnerados con ocasión de los autos del 15 de
septiembre y 11 de diciembre del mismo y año, proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
expediente de tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-01050-00, la cual
promovió contra el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

1. Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
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Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
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a la administración de justicia.

2. Que se DEJEN SIN EFECTO las providencias judiciales que impusieron y
confirmaron la sanción por temeridad.

3. Que se ORDENE la inaplicación del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 en
este caso concreto.

4. Que se CONFIRME la medida provisional, de manera definitiva.

5. Que se adopten las demás órdenes necesarias para restablecer mis derechos.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El actor sostuvo que presentó acción de tutela en contra del Consejo Nacional
Electoral con el fin de obtener la protección de sus derechos a participar en la
conformación, al ejercicio y control del poder político, al debido proceso, de
petición e igualdad. Esto, pues dicha entidad no le entregó una copia del
expediente digital CNE-E-DG-2023-028594, que decidió la solicitud de
revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano Danis Antonio
Rentería Chala a la alcaldía de Cali (Valle del Cauca), con ocasión de las
elecciones territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023.

Refirió que el expediente se identificó con el radicado 25000-23-15-000-2023-
01050-00 y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2023, accedió al
amparo del derecho de petición y, en consecuencia, ordenó al mencionado
consejo que contestara la petición del 20 de octubre de 2023, y adjuntara copia
de todas las piezas procesales del expediente CNE-E-DG-2023-028594.

Señaló que el anterior fallo no fue recurrido, por lo que, mediante escrito
enviado el 30 de abril de 2024 formuló incidente de desacato en contra del
CNE, al considerar que ha desatendido la orden constitucional impartida.

Mencionó que, luego de surtirse el trámite incidental correspondiente, el referido
tribunal con auto del 19 de febrero de 2025 se abstuvo de imponer sanción por
desacato en contra de la persona encargada del Consejo Nacional Electoral de
dar cumplimiento al fallo de tutela del 27 de noviembre de 2023.

Añadió que contra dicha decisión presentó recurso de apelación; sin embargo,
la autoridad judicial por auto del 18 de marzo de 2025 lo rechazó por
improcedente.

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Expuso que, por lo anterior, formuló una solicitud de nulidad en contra de la
providencia del 19 de febrero de 2025, la cual fue rechazada por el tribunal
mediante auto del 18 de junio de 2025.

Agregó que, por medio de memorial del 20 de junio de 2025, solicitó lo
siguiente:

1. Que se reconozca expresamente la existencia de cuestionamientos
constitucionales sustanciales sobre el trámite y resolución del incidente de
nulidad, a fin de garantizar el principio de lealtad procesal y evitar una duplicidad
o contradicción de decisiones judiciales.

2. Que, en consecuencia, se remita de forma inmediata copia íntegra del
expediente, incluidas las actuaciones recientes, al despacho de la Sección
Primera del Consejo de Estado, como autoridad judicial superior actualmente
apoderada del análisis de fondo.
…

Afirmó que el aludido tribunal mediante providencia del 15 de septiembre de
2025 le ordenó a la parte actora estarse a lo resuelto en los proveídos emitidos
dentro del presente trámite constitucional y, además resolvió lo siguiente:

«Segundo: Imponer sanción al señor David Fernando Cano Mazuera, consistente
en multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales
deberá cancelar dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta DTN
multas y cauciones efectivas 3-0820-000640-3 del Banco Agrario y una vez
efectuado el aludido pago, allegar su comprobante, conforme a la parte motiva».

Refirió que dicha sanción se le impuso debido a que la autoridad judicial
demandada consideró que él había actuado de forma temeraria al presentar
múltiples solicitudes que carecían de fundamento sustancial y procesal, con lo
que se desgastó de manera innecesaria el aparato judicial.

Sostuvo que, inconforme con la decisión, presentó los recursos de reposición y
apelación en contra del auto anterior.

Refirió que el tribunal a través de providencia del 11 de diciembre de 2025,
decidió no reponer el auto recurrido y rechazó por improcedente el de
apelación.

Posteriormente, el tribunal con proveído del 26 de enero de 2026 negó la
solicitud de amparo de pobreza promovida por el accionante para atender las
obligaciones económicas derivadas del auto del 15 de septiembre de 2025.

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1.4. Sustento de la petición

La parte actora indicó que con las providencias del 15 de septiembre y el 11 de
diciembre de 2025 proferidas por el tribunal demandado se configuró un defecto
sustantivo porque aplicaron el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 para
sancionarlo por temeridad, sin tener en cuenta los presupuestos de la norma,
pues se pasó por alto que se exige una pluralidad de acciones, identidad de
partes, hechos y pretensiones y, una actuación de mala fe.

Agregó que con las decisiones cuestionadas también se incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto ignoraron las pruebas determinantes aportadas al trámite de
tutela que demostraban la dilación injustificada del CNE para cumplir el fallo del
27 de noviembre de 2023.

Señaló que el tribunal no tuvo en cuenta que los documentos entregados por el
CNE fueron tardíos, incompletos y contenían indicios graves de falsedad o
carencia de validez legal.

Refirió que las providencias acusadas carecen de motivación, pues no
desarrollaron una carga argumentativa y probatoria suficiente para justificar la
sanción en su contra, puesto que no identificó con precisión las actuaciones
temerarias en las que incurrió el sujeto y tampoco se demostró la mala fe.

Afirmó que sus acciones fueron interpretadas de manera restrictiva y
sancionatoria, en abierta contradicción con la doctrina constitucional que ordena
resolver toda duda procesal a favor del acceso a la justicia, especialmente en
sede de tutela.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 18 de diciembre de 2025, el a quo admitió la solicitud, ordenó
la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y, a su vez, vinculó al Consejo Nacional Electoral, en calidad de
tercero con interés.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B

Esta autoridad judicial consideró que la solicitud de amparo no superó los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, por cuanto la pretensión del actor es atacar las providencias emitidas
dentro de una acción de la misma naturaleza, lo cual no está permitido, pues el

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debate de protección constitucional se prolongaría de manera indefinida.

Precisó que dentro de la acción de tutela de la referencia se profirió fallo de
primera instancia en el término legalmente establecido, razón por la cual no le
asiste la razón al accionante al afirmar que el proceso tardó más de dos años
para su resolución, por tanto, estimó que dicha afirmación carece de sustento
frente a las actuaciones procesales verificadas.

Manifestó que desde la radicación de la acción de tutela y hasta la fecha se han
atendido múltiples solicitudes formuladas por el tutelante, entre estas,
nulidades, recursos e incidentes de desacato interpuestos hasta este momento.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no superar
los requisitos generales para habilitar la intervención del juez constitucional, por
cuanto se ataca una decisión emitida en un proceso de la misma naturaleza.

Pidió que, en su defecto, el evento de considerarse superados los requisitos de
procedibilidad, se deniegue el amparo por no existir lesión a derechos
fundamentales invocados.

1.6.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)

Esta entidad, pese a su notificación, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B denegó el amparo solicitado en la acción de tutela.

Aclaró que, pese a que, la parte demandante cuestionó las providencias del 15
de septiembre (con la que lo sancionó por temeridad) y del 11 de diciembre de
2025 (que no repuso la anterior y rechazó el recurso de apelación formulado por
el actor) emitidas en el trámite de la acción de tutela con radicado 25000-23-15-
000-2023-01050-00, por lo que, el análisis recaería solo sobre esta última.

Asimismo, precisó que, si bien la parte actora con memorial del 28 de enero de
2026 solicitó que se incluyera en el estudio de la presente acción constitucional,
el auto del 26 de enero de 2026, que negó la solicitud de amparo de pobreza, lo
cierto era, que el asunto decidido en la providencia mencionada es un hecho
adicional que no fue planteado por el actor en el escrito inicial y no podían
afectarse los derechos de la contraparte.

Para resolver el caso concreto, advirtió que la inconformidad del tutelante se
concretaba en los siguientes aspectos: i) la aplicación del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 y ii) la valoración de los elementos probatorios obrantes

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en el expediente para imponer una sanción en su contra.

Hizo referencia a la procedencia excepcional de la acción de tutela establecida
en la sentencia SU-627 de 2015, para destacar que esta procede contra
actuaciones que se desarrollaron con posterioridad al trámite inicial de tutela,
cuando se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Expuso que se cumplían los requisitos generales de procedencia puesto que el
asunto era relevante constitucionalmente porque el actor indicó expresamente
que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del
ordenamiento jurídico (defectos sustantivo y fáctico); se superaba la
subsidiariedad porque el actor no contaba con otros medios ordinarios y/o
extraordinarios de defensa, se acreditaba la inmediatez ya que no había
transcurrido más de seis meses entre la ejecutoria de la providencia del 11 de
diciembre de 2025 y la presentación de esta acción. Además, se identificaron
los hechos y argumentos de la presunta vulneración.

Advirtió que la parte accionante consideró que con las providencias del 15 de
septiembre y del 11 de diciembre de 2025 se incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico porque el tribunal aplicó e interpretó indebidamente el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 para sancionarlo por temeridad e ignoró las pruebas
determinantes aportadas al trámite de tutela que demostraban la dilación
injustificada del CNE para cumplir el fallo del 27 de noviembre de 2023.

Hizo referencia a las decisiones judiciales emitidas en el trámite posterior al fallo
de la acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-01050-00, así como
al recurso de reposición que el actor presentó en contra del auto del 15 de
septiembre de 2025, en el que expuso, entre otros, los siguientes argumentos:
«1) Errónea aplicación del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991… y 3) falta de
motivación suficiente y defecto fáctico en la sanción …».

Resaltó que, para el tribunal demandado la figura de la temeridad no se limita al
hecho de presentar de manera reiterada un escrito de tutela con identidad de
partes, causa y objeto, pues esta puede extenderse a otros eventos, como
aquellos en los que en un solo trámite de tutela el accionante acumula
pretensiones sin fundamento jurídico, sin claridad argumentativa o sin
procedencia constitucional.

Señaló que la autoridad accionada explicó que cuando se radican múltiples
solicitudes que no guardan relación directa con la vulneración de derechos
fundamentales, o que se basan en hechos irrelevantes o que «ya fueron

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resueltos judicialmente, tales prácticas no solo congestionan el sistema judicial,
sino que también desvirtúan el carácter excepcional y subsidiario de la tutela».

Indicó que la providencia acusada refirió que la sanción por temeridad impuesta
al señor David Fernando Cano Mazuera, se ajusta a la aplicación del artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, cuya norma comprende actuaciones procesales
reiteradas e injustificadas, derivadas de un abuso del derecho por parte del
sujeto procesal.

Mencionó que para el tribunal las repetidas solicitudes relacionadas con recurso
de apelación, solicitud de nulidad y memoriales de insistencia en trámites de
desacato revelan un uso desmedido de los instrumentos jurídicos, sin
justificación legal y constitucional válida.

Agregó que la autoridad judicial accionada también examinó el argumento
relacionado con la «Falta de motivación suficiente y defecto fáctico en la
sanción», pues explicó los motivos por los cuales la decisión sancionatoria
estuvo debidamente fundamentada, en tanto describió con claridad los motivos
por los cuales las solicitudes del actor se consideraron repetitivas e
injustificadas.

Manifestó que además, la autoridad judicial puso de presente que en su
oportunidad procesal respectiva resolvió todas las solicitudes del actor dentro
de los límites establecidos por la ley y la Constitución; sin embargo, el
accionante continuó presentando peticiones que no tenían sustento legal ni
jurídico, y que ya habían sido respondidas previamente, por lo que, esto
demostraba que, en realidad, el inconformismo del demandante se debía a las
decisiones tomadas, y no a la existencia de nuevos hechos que justificaran
volver a presentar las mismas solicitudes.

Expuso que este comportamiento, lejos de ser un uso legítimo del derecho de
defensa, constituía un abuso de los recursos judiciales y una falta de lealtad
procesal, lo cual le permitió a la corporación judicial imponer la sanción
conforme lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Refirió que lo
dicho por el tribunal guardaba relación con el principio de lealtad procesal,
frente a las cargas procesales que les corresponden.

Determinó que el tribunal demandado no realizó una interpretación sesgada de
la normativa aplicable, pues por el contrario la decisión adoptada por la
autoridad judicial tiene fundamento en las pautas y principios que rigen el
ejercicio de la actividad judicial entre los ciudadanos y los jueces de la
República.

Señaló que la autoridad accionada, en ejercicio de los principios de autonomía

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funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación coherente y
razonable de las normas procesales aplicables al caso concreto, así como los
documentos obrantes en el expediente de tutela; por lo que, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa
que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

Consideró que tampoco era de recibo la parte actora pretendiera hacer uso de
la acción constitucional como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la tutela inicial,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

Concluyó que la providencia proferida por el tribunal demandado no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por
los defectos sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia por los siguientes motivos:

Solicitó que se revoque la sentencia impugnada y se deje sin efectos la sanción
por temeridad impuesta dentro del trámite de la acción constitucional, así:

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 2 de febrero de 2026.

2. Conceder el amparo solicitado dentro de la presente acción de tutela.

3. Dejar sin efectos la sanción por temeridad impuesta mediante auto del 15 de
septiembre de 2025 y confirmada mediante providencia del 11 de diciembre de
2025.

4. Adoptar las demás medidas necesarias para restablecer plenamente los
derechos fundamentales vulnerados.

Precisó que con su demanda constitucional no pretende controvertir la
sentencia original de tutela, sino una actuación posterior dentro del mismo
trámite constitucional, específicamente la sanción por temeridad impuesta al
accionante.

Refirió que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
puede proceder excepcionalmente contra actuaciones dentro del trámite de
tutela cuando estas afectan derechos fundamentales, especialmente en el
contexto de incidentes de desacato o actuaciones posteriores al fallo.

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Mencionó que el debate planteado en esta acción se ubica dentro del ámbito de
control constitucional permitido para garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales.

Indicó que se configuró una interpretación indebida del artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 porque la sanción impuesta al accionante se fundamenta en la
aplicación de esa norma que regula un fenómeno distinto como lo es la
temeridad en la acción de tutela.

Consideró que, en el caso concreto, la sanción se sustentó en la presentación
de solicitudes procesales reiteradas dentro del mismo trámite constitucional; no
obstante, el fallo impugnado avaló la interpretación según la cual la temeridad
puede configurarse cuando el accionante presenta múltiples solicitudes dentro
de una misma acción de tutela.

Expuso que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 ha sido interpretado de
manera constante en el sentido de que la temeridad se configura principalmente
cuando se presentan múltiples acciones de tutela con identidad de partes,
hechos y pretensiones, acompañadas de una actuación de mala fe.

Destacó que extender la aplicación de dicha norma a memoriales o solicitudes
presentadas dentro del mismo proceso implica una interpretación extensiva de
una «disposición sancionatoria», lo cual resulta incompatible con los principios
de legalidad y seguridad jurídica que rigen la imposición de sanciones
procesales.

Añadió que tampoco se demostró la mala fe, principalmente porque la
imposición de la sanción por temeridad requería la demostración de una
conducta de tal naturaleza de su parte.

Resaltó que la providencia cuestionada se limitó a señalar que había
presentado solicitudes reiteradas; no obstante, tales circunstancias no
constituyen por sí mismas una prueba de mala fe.

Recordó que ello es contrario a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución
Política, que contempla que la buena fe se presume en las actuaciones de los
particulares ante las autoridades, por lo que corresponde a quien alega la mala
fe demostrarla de manera clara y concreta.

Precisó que la reiteración de solicitudes procesales se explicó por la insistencia
del accionante en cuestionar el cumplimiento del fallo de tutela del 27 de
noviembre de 2023, lo cual es una circunstancia que se encuentra directamente
relacionada con el objeto del proceso.
Estimó que no se evidenció la existencia de una conducta fraudulenta o abusiva

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que permitiera desvirtuar la presunción constitucional de buena fe, además, que
sus actuaciones se produjeron en el contexto del control del cumplimiento del
fallo de tutela, las cuales no podían considerarse automáticamente como un
abuso del derecho, pues formaban parte de los mecanismos previstos para
garantizar la eficacia de las decisiones judiciales.

Adujo que el fallo impugnado es contradictorio, toda vez que reconoció que la
acción de tutela cumplía los requisitos de procedibilidad, pero posteriormente
sostuvo que el accionante pretendía utilizarla como una instancia adicional para
reabrir el debate jurídico.

Destacó que esta tensión argumentativa evidenció una motivación insuficiente
para descartar la existencia de los defectos alegados frente a la decisión judicial
demandada, pues una vez admitido el estudio de fondo del asunto, la decisión
debía centrarse exclusivamente en determinar si la providencia cuestionada
incurrió o no en los defectos invocados.

Añadió que el tribunal demandado incurrió en una desproporción de la sanción
que se le impuso, ya que, esta fue de multa equivalente a dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes y ello no resulta adecuado incluso si se admitiera
que existió reiteración de solicitudes dentro del proceso.

Precisó que el derecho procesal dispone de diversos mecanismos para
controlar actuaciones reiterativas, tales como el rechazo de solicitudes ya
resueltas o la advertencia sobre la improcedencia de nuevas peticiones sobre el
mismo asunto.

Estimó que la imposición de la sanción económica resultó ser una medida
excesiva frente a la conducta atribuida al accionante, especialmente cuando sus
actuaciones se encontraban relacionadas con la verificación del cumplimiento
del fallo de tutela.

Recordó que el mecanismo constitucional de tutela tiene como finalidad
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales; por tanto,
sancionar a un ciudadano por insistir en la verificación del cumplimiento material
de un fallo de esta naturaleza puede generar un efecto inhibidor frente al
ejercicio del control ciudadano sobre la ejecución de las decisiones judiciales.

Adicionalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente
solicito al despacho que conoce la presente impugnación que, mientras se decide
de fondo el recurso interpuesto, se disponga como medida provisional la
suspensión de los efectos económicos de la sanción impuesta al accionante
mediante auto del 15 de septiembre de 2025, confirmada mediante providencia
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del 11 de diciembre de 2025.

La solicitud se fundamenta en que la sanción impuesta tiene naturaleza
patrimonial y puede dar lugar al inicio de actuaciones de cobro por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo cual generaría una afectación
directa a mi situación económica actual, dado que me encuentro desempleado y
carezco de ingresos regulares.

La adopción de esta medida resulta necesaria para evitar un perjuicio patrimonial
mientras se resuelve la impugnación presentada dentro de la presente acción
constitucional.

Consideró que existen elementos suficientes para concluir que la sanción
impuesta al accionante no satisface los presupuestos exigidos por el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, particularmente en lo relativo a la demostración de
una conducta de mala fe.

Con posterioridad, el accionante mediante correo electrónico enviado el 14 de
abril de 2026 informó que recibió comunicación oficial de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial mediante la cual se inició cobro persuasivo por la
sanción impuesta dentro del proceso objeto de la presente tutela, por valor de
$3.501.810 más intereses, otorgando un plazo de diez días para su pago, lo
que consideró como hecho sobreviniente y por ello solicitó impulso procesal.

Refirió que mediante auto del 17 de marzo de 2026, se concedió la
impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia, ordenándose la
remisión del expediente a la instancia correspondiente; no obstante, no se
emitió pronunciamiento alguno respecto de la medida provisional solicitada,
consistente en la suspensión de los efectos económicos de la sanción.

Indicó que la situación actual evidencia que el riesgo previamente alegado ha
dejado de ser hipotético y se ha convertido en un perjuicio cierto, actual e
inminente, por cuanto ya se inició formalmente el cobro de la obligación; por lo
que existe riesgo de cobro coactivo y pueden generarse intereses, costas y
medidas de embargo, como también darse el reporte en el Boletín de Deudores
Morosos del Estado.

Adujo que, su condición es de desempleo, sin ingresos regulares, lo cual agrava
de manera directa la afectación a su mínimo vital; por lo que, pidió que se
decrete de forma inmediata la suspensión de los efectos económicos de la
sanción impuesta, mientras se resuelve de fondo la impugnación presentada.
Aportó documental relacionada.

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Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestión previa

El actor solicitó en su escrito de impugnación que, mientras se decide de fondo
el recurso interpuesto, se disponga como medida provisional la suspensión de
los efectos económicos de la sanción impuesta al accionante mediante auto del
15 de septiembre de 2025, confirmada mediante providencia del 11 de
diciembre de 2025, pues se trata de una medida de carácter patrimonial y no
cuenta con recursos para sufragarla porque se encuentra desempleado y
además, porque ya se inició formalmente el cobro de la obligación, según lo
informó en su escrito del 14 de abril de 2026.

Al respecto, la sala denegará tal solicitud, puesto que la petición de cautela se
sustentó en la suspensión provisional de la providencia demandada y
consecuentemente de la multa impuesta al accionante, lo cual corresponde al
cuestionamiento de la demanda inicial de tutela, así como del escrito de
impugnación y ello corresponde al análisis de fondo de esta providencia.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si se cumple con los requisitos generales de procedencia
y, de ser así, si se vulneran los derechos fundamentales de la parte accionante
con ocasión de los autos del 15 de septiembre y 11 de diciembre de 2025,
proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del expediente de tutela con radicado 25000-23-15-000-
2023-01050-00, la cual promovió contra el Consejo Nacional Electoral.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.3

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4

2
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
3
Ibídem.
4
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Caso concreto

El señor David Fernando Cano Mazuera presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de
los autos del 15 de septiembre y 11 de diciembre de 2025, proferidos por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del expediente de tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-01050-00,
la cual promovió contra el Consejo Nacional Electoral, con los que fue
sancionado por temeridad.

Específicamente, el demandante cuestionó: i) la aplicación del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 y ii) la valoración de los elementos probatorios obrantes
en el expediente para imponer una sanción en su contra, pese a que sus
actuaciones y escritos reiterados solo tenían la finalidad de que se cumpliera
cabalmente el fallo de tutela del 27 de noviembre de 2023, emitido en la anterior
acción constitucional.

Al respecto, se precisa que con dicha sentencia se accedió al amparo del
derecho de petición del actor y, en consecuencia, se ordenó al mencionado
consejo que procediera a contestar la petición del 20 de octubre de 2023, y
adjuntara copia de todas las piezas procesales del expediente CNE-E-DG-
2023-028594.

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En esta oportunidad, mediante la sentencia del 2 de febrero de 2026, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B denegó el amparo
solicitado en la presente acción de tutela.

Con su impugnación, el actor insistió en sus argumentos iniciales de reproche
relativos a los defectos sustantivo y fáctico contra la decisión judicial
demandada que lo sancionó por temeridad dentro del trámite posterior al fallo
de tutela emitido en la acción en cita.

Además, el accionante cuestionó que el juez constitucional de primera instancia
avalara el criterio del tribunal demandado puesto que, a su juicio, no debía
imponérsele una sanción de tal naturaleza en razón a sus actuaciones
tendientes al cumplimiento de fallo emitido en aquel proceso.

Para resolver, se considera lo siguiente:

En relación con los presupuestos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, se observa que el a quo constitucional
consideró que se cumplían pues el asunto era relevante constitucionalmente
porque se indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un
desconocimiento del ordenamiento jurídico (defectos sustantivo y fáctico).

De igual manera, en el fallo impugnado se estableció que se superaba la
subsidiariedad porque el actor no contaba con otros medios ordinarios y/o
extraordinarios de defensa, se acreditaba la inmediatez ya que no había
transcurrido más de seis meses entre la ejecutoria de la providencia del 11 de
diciembre de 2025 y la presentación de esta acción y, además, se identificaron
los hechos y argumentos de la presunta vulneración.

El demandante en su impugnación reiteró sus cuestionamientos y
particularmente consideró que no había lugar a que se le impusiera una sanción
por la figura de la temeridad, en tanto que su finalidad en la acción de tutela no
contempla el hecho de presentar memoriales reiterado dentro de un mismo
proceso de tal naturaleza. Adicionalmente, porque esa multa resultó
desproporcionada ante sus actuaciones que tendían era a que se cumpliera el
fallo de amparo anterior.

Así las cosas, se encuentra que, en efecto el demandante cuestionó la decisión
judicial que lo sancionó ante su conducta reiterada al presentar memoriales
para que se acatara el fallo de tutela del 27 de noviembre 2023 dictado en
expediente de tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-01050-00, el cual
promovió contra el Consejo Nacional Electoral.

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De manera que, en esta instancia, se precisa que, si bien el a quo al emitir la
sentencia impugnada hizo referencia a que el actor pretendía reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la tutela inicial, a manera de una
instancia adicional, lo cierto es que, de forma previa, dio por superado el
requisito de la relevancia constitucional.

En lo que corresponde a dicho requisito debe aclarase que más allá de lo
señalado en el fallo impugnado, debe entenderse superado puesto que a pesar
de que se trata de un asunto patrimonial como lo es la imposición de una multa
por una conducta temeraria, ello resulta ser diferente de la figura contemplada
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que contempla:

ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar.

Por tal motivo, en esta oportunidad, se observa que el asunto sí reviste de
relevancia constitucional en tanto que se encuentran en tensión los derechos
fundamentales del actor frente a las facultades con las que cuenta un
funcionario judicial ante conductas reiteradas de las partes, que puedan afectar
los deberes de aquel.

Por otro lado, se advierte que los demás requisitos generales de procedencia se
encuentran cumplidos comoquiera que la acción de tutela se presentó de
manera oportuna dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la
decisión acusada, el actor no cuenta con otros medios de defensa ordinarios ni
extraordinarios y cuestiona una providencia emitida con posterioridad a un fallo
de la misma naturaleza, frente a la que se ha admitido la procedencia
excepcional de estos medios judiciales, esto último de conformidad con lo
establecido en la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en los
siguientes términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. (Subrayado
por fuera del texto)

Así las cosas, se encuentra que el fallo impugnado debe revocarse por las
siguientes razones:

En el escrito de tutela se afirmó, que el tribunal accionado, al dictar el auto del
11 de diciembre de 2025, incurrió en un defecto sustantivo porque dio
aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 para sancionarlo por
temeridad, sin tener en cuenta los presupuestos de la norma, relacionados con
la pluralidad de acciones, identidad de partes, hechos y pretensiones y una
actuación de mala fe.

A su vez, el demandante también estimó que la decisión cuestionada incurrió en
defecto fáctico, por cuanto ignoró las pruebas determinantes aportadas al
trámite de tutela que demostraban la dilación injustificada del CNE para cumplir
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el fallo del 27 de noviembre de 2023; por lo que, el tribunal no tuvo en cuenta
que los documentos entregados por este fueron tardíos, incompletos y
contenían indicios graves de falsedad o carencia de validez legal.

De modo que, la multa que se le impuso al actor en el auto del 11 de diciembre
de 2025, dictado por el tribunal demandado, se originó en lo siguiente:

El auto sancionatorio cuenta con motivación suficiente, pues expuso de manera
clara las razones por las cuales las solicitudes del actor fueron calificadas como
reiterativas e injustificadas, evidenciando una conducta contraria al deber de
lealtad procesal.

Cada una de las solicitudes presentadas por el actor fue resuelta
oportunamente por esta Sala, conforme a los parámetros legales y
constitucionales. No obstante el actor persistió en formular peticiones que
carecían de justificación jurídica y legal y que ya habían sido resueltas de
manera previa, razón por lo que se evidenció inconformidad con las decisiones
adoptadas y no la existencia de nuevos elementos que justificaran su
reiteración.

Tal conducta, lejos de constituir un ejercicio legítimo del derecho de defensa,
configura abuso del mecanismo y falta de lealtad procesal, lo que habilita la
imposición de la sanción prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

…

Los planteamientos referidos, ya fueron resueltos dentro del trámite
constitucional mediante auto de 15 de septiembre de 2025, y no se aportaron
elementos fácticos o jurídicos novedosos que justificaran su reiteración.

Esta conducta evidencia una insistencia injustificada y un uso abusivo del
mecanismo constitucional, lo que constituye un argumento adicional para
confirmar la sanción impuesta por temeridad, en aplicación del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 y en garantía del principio de lealtad procesal.

En este orden de ideas, no se repondrá el auto de 15 de septiembre de 2025,
por cuanto no se advierte razón jurídica que justifique su modificación, la
decisión cuestionada se ajusta a lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y no se
evidencia vulneración de norma alguna que amerite su revocatoria, razón por la
cual se mantiene incólume la providencia objeto de recurso.

Frente al recurso de apelación, se tendrá que decir que, el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, prevé la sanción por temeridad, sin regular
expresamente los recursos contra el auto que la impone.

A su vez, el artículo 31 del mismo decreto establece que la impugnación
procede únicamente respecto del fallo que concede o niega la tutela, no frente
a autos interlocutorios.
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Por regla general, los autos dictados en el trámite de tutela no son apelables,
salvo disposición normativa expresa, la cual no existe en relación con el auto
sancionatorio.
En consecuencia, contra el auto que sanciona por temeridad no procede el
recurso de apelación, siendo viable únicamente el recurso de reposición ante el
mismo juez, por lo que el recurso de apelación será rechazado.

… (Subrayado fuera del texto original)

Así las cosas, tal como se expuso con anterioridad, el tribunal impuso la multa
al actor con fundamento en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que
contempla la actuación temeraria en sede de tutela, pero cuando sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

En el presente asunto se observa que, lo reprochado al accionante en el trámite
posterior al fallo que amparó sus derechos fundamentales en la acción anterior,
no podía corresponder a la figura en mención sino a los deberes que se
imponen a las partes en toda actuación judicial, lo cual conlleva que se analice
el presente asunto a partir del defecto sustantivo alegado por la parte actora.

En relación con el defecto fáctico, se advierte que su fundamento se encuentra
intrínsecamente ligado al primer yerro, pues el análisis probatorio objeto de
demanda se derivó de la aplicación de la norma sobre la que recae el defecto
sustantivo.

Por lo que el siguiente análisis corresponderá al defecto sustantivo el cual se
configura cuando5:

«… la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda
en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió
5
Corte Constitucional, en la sentencia T-523 de 2013, se señaló que «Pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su
forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento
jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la
Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción
de tutela contra la decisión adoptada. Por lo anterior, cuando en una decisión judicial se aplica
una norma jurídica de manera manifiestamente irrazonable o se deja de aplicar una norma
aplicable, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial, ésta deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho,
razón por la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela
el mecanismo apropiado. En esta hipótesis no se está ante un problema de interpretación
normativa, sino ante una decisión carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del
operador jurídico, desconociendo la ley, y trascendiendo al nivel constitucional en tanto
compromete los derechos fundamentales de la parte afectada con tal decisión.»

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vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o
porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le (sic) reconoce a
las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error en la interpretación de
la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos
erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
contraria a la Constitución»6.

Para el presente asunto, se precisa que el Código General del Proceso
establece prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son
deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus
derechos procesales.

…

ARTÍCULO 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido
temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad.

2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente
ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso.

6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

Adicionalmente, debe indicarse que la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, establece lo siguiente:

6
Corte Constitucional, sentencia T - 464 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.

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ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales
y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden
sancionar a los particulares, en los siguientes casos:

1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón
de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio
de sus atribuciones legales.

2. DECLARADO INEXEQUIBLE.

3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la
solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que debe
imperar en los recintos donde éstos se cumplen.

4. <Numeral INEXEQUIBLE>

PARÁGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo, no
excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones penales a
que los mismos hechos pudieren dar origen.

ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor
que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las
explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren
satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la
cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de
la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el
funcionario de un tiempo igual para resolverlo.

ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción
correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez
salarios mínimos mensuales.

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que
se resolverá de plano.

ARTÍCULO 60A. PODERES DEL JUEZ. <Artículo adicionado por el artículo 14
de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Además de los casos
previstos en los artículos anteriores, el Juez podrá sancionar con multa de dos
a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus
representantes o abogados, en los siguientes eventos:

1. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

2. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido
a este o recurso, para fines claramente ilegales.

3. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o
injustificadamente no suministren oportunamente la información o los

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Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01

documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección
judicial, o mediante oficio.

4. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la práctica de
las pruebas y diligencias

5. Cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por
cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso.

PARÁGRAFO. El Juez tendrá poderes procesales para el impulso oficioso de
los procesos, cualquiera que sea, y lo adelantará hasta la sentencia si es el
caso. (Subrayado fuera del texto original)

De manera que, lo que resultaba procedente, era que el tribunal demandado
ejerciera sus poderes correccionales descritos en precedencia, mas no
imponerle una multa al actor por la figura descrita en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, pues esta implica o requiere que el actor, sin motivo
expresamente justificado presentara la misma acción de tutela ante varios
jueces o tribunales, mas no regula lo atinente a las conductas reiteradas que
puedan constituir temeridad o mala fe en cuanto a los deberes de las partes,
tales como la presentación continua de memoriales tendientes al cumplimiento
de un fallo de tutela, frente a las que es factible acudir a los poderes
correccionales descritos en precedencia.

Por tanto, se observa que, el tribunal demandado interpretó indebidamente la
aplicación de la figura contemplada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
con lo cual se configuró un defecto sustantivo que conlleva al amparo del
derecho fundamental al debido proceso del actor y a que, se deje sin efectos la
providencia demandada, para que se dicte una de reemplazo en la que se
tenga en cuenta lo antes expuesto.

Por consiguiente, revocará el fallo que denegó el amparo solicitado para, en su
lugar acceder a la protección invocada.

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de medida cautelar formulada por el señor
David Fernando Cano Mazuera en su escrito de impugnación.

SEGUNDO: Revocar la sentencia del 2 de febrero de 2026, a través de la cual,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B denegó el amparo
solicitado en la acción de tutela para, en su lugar, acceder a la protección
invocada por el señor David Fernando Cano Mazuera por la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso ante la configuración del defecto
sustantivo establecido en esta providencia.

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Demandante: David Fernando Cano Mazuera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-07988-01

TERCERO: En consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 11 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente de tutela con radicado
25000-23-15-000-2023-01050-00, promovido contra el Consejo Nacional
Electoral, para que dicha autoridad judicial con garantía al debido proceso dicte
la providencia de reemplazo dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta decisión.

CUARTO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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