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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07996-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07996-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por José Fulton Lloreda Lloreda en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Gobernación del Chocó - Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07996-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07996-00
Accionante: JOSÉ FULTON LLOREDA LLOREDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Tutela contra
providencia judicial. Improcedencia por falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por el señor
José Fulton Lloreda Lloreda en contra de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025,
así como en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 19 de diciembre de 20252, se admitió la acción de tutela, y mediante la
providencia del 27 de febrero de 2026, se ordenó la remisión del proceso al
despacho del actual magistrado ponente, luego de que el proyecto inicialmente
sometido a discusión de la Sala no alcanzara la mayoría requerida para su
aprobación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor José Fulton Lloreda Lloreda, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de
«prevalencia del derecho sustancial y demás conexos».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 En esta providencia, se admitió la demanda en contra de la Subsección B de la Sección Segunda

del Consejo de Estado. Así mismo, se ordenó la vinculación del Tribunal Administrativo del Chocó,
el Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. (en calidad de representante del FOMAG),
al gobernador del Chocó y al secretario de Educación Departamental de dicho ente territorial.

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2. El accionante le atribuyó la vulneración de las referidas garantías
constitucionales a la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la autoridad
judicial accionada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 27001-23-33-000-2018-00059-00/01. En dicha
providencia, la Subsección B de la Sección Segunda modificó el fallo de primera
instancia y, asimismo, confirmó la negativa del a quo en lo que concierne al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

3. En concreto, el actor formuló las siguientes pretensiones:

1.- Ampárense los derechos fundamentales a JOSE FULTON LLOREDA
LLOREDA, derechos ya descritos como violados.

2.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENESELE:

a.- Al h. Consejo de Estado, en el término de 48 horas posterior a la ejecutoria
del fallo de tutela, DEJE SIN EFECTOS la sentencia de octubre 23 de 2025.

b.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE dictar una nueva
providencia donde se valore la reclamación administrativa presentada el
27 de noviembre de 2017 en la cual se había solicitado el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria consagrada en la ley 244 de 1995, por el no
pago oportuno de las cesantías.

3.- Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la
Procuraduría General de la Nación, por parte del señor Magistrado de la causa,
para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar
dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas
decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las sentencias
de tutela Nros. T - 942 del 2000 у Т - 098 del 20023.

1.2. Hechos

4. El señor Lloreda Lloreda promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante,
FOMAG), el Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental,
ello con la finalidad de que le reconocieran y pagaran varios factores salariales y
prestacionales4, entre ellos, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
adeudadas.

5. El proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Chocó, que, mediante sentencia de 23 de febrero de 2023, accedió parcialmente a

3 Transcripción con posibles errores.
4 Entre las otras pretensiones del actor se encontraban: (i) el retroactivo pensional correspondiente

a los meses de enero a abril de 2008 «y la prima semestral del año 2008 y el mes de enero del
2008»; (ii) las vacaciones del 2005 al 2008, «prima vacacional, prima de servicios, prima técnica –
quinquenia [sic], bonificación por servicios prestados y prima de recreación del año 2008 al 2009»;
(iii) dotaciones de los años 2003 a 2005; (iv) las cesantías definitivas y sus intereses «por todo el
tiempo de servicio prestado desde el año 1977 a junio de 2015».

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las pretensiones de la demanda5. En términos generales, el a quo se refirió a las
siguientes dos cuestiones:

6. Primero, declaró probada la excepción de prescripción respecto de algunas
de las prestaciones reclamadas6, habida cuenta de que estas debieron ser
solicitadas antes del 12 de febrero de 2011; sin embargo, el actor solo lo hizo hasta
el 4 de mayo de 2018.

7. Segundo, en cuanto a la sanción moratoria, adujo que al actor le era aplicable
el régimen de cesantías retroactivo, por lo que tenía derecho a su reconocimiento y
pago desde su ingreso al servicio docente, esto es, desde el 1. ° de marzo de 1977
y hasta el 2008. No obstante, concluyó que no procedía la imposición de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en tanto la prestación principal estaba
siendo reconocida en la sentencia. En esa medida, aclaró que «las sanciones por
incumplimiento o mora, [sic] están sometidas a los términos que la ley dispone para
el cumplimiento de la sentencia».

8. El actor interpuso el recurso de apelación contra dicha decisión7. La alzada
correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que,
en sentencia de sentencia de 23 de octubre de 2025, modificó el fallo de primera
instancia, en el sentido de: (i) condenar al Departamento del Chocó – Secretaría de
Educación Departamental a pagar al accionante las cesantías correspondientes al
periodo comprendido entre el 1. ° de marzo de 1977 y el 5 de julio de 2009; y (ii)
confirmar en todo lo demás la providencia del a quo.

9. En lo que respecta a la sanción moratoria, la subsección demandada
confirmó la negativa de tal pretensión. En particular, indicó que dicha figura está
prevista a título de sanción, por lo que no puede considerarse como un derecho
imprescriptible y tampoco constituye una prestación periódica, como sí lo son las
pensiones, salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. De allí
que su reconocimiento y pago este sometido al término de prescripción previsto en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, de

5 En particular, el a quo resolvió: «PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción

propuesta por la entidad demandada, respecto de las acreencias causadas durante los años 2003,
2005, 2008 y 2009 […] correspondiente al retroactivo, prima semestral, vacaciones, prima
vacacional, prima de servicios, prima técnica – quinquenio, bonificación por servicios prestados,
prima de recreación y dotaciones. SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de los actos administrativos
contenidos en los oficios de fecha 15 de diciembre de 2017 y 20 de diciembre de 2017 […].
TERCERO: CONDÉNASE al Departamento del Chocó – Secretaría de Educación del Departamento
del Chocó a reconocer y pagar al señor José Fulton Lloreda Lloreda, las cesantías definitivas,
correspondiente a los años 1977 a 2008 […]. SEXTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de
la demanda».
6 En concreto, se refirió a la prima vacacional, la prima de recreación, el retroactivo de enero a abril

de 2008, la prima semestral, la bonificación por servicios prestados, la prima de recreación de los
años 2008 a 2009, así como las dotaciones de 2003 a 2005.
7 El actor formuló los siguientes reparos concretos: (i) no operó el fenómeno de prescripción,

comoquiera que él efectuó reclamaciones en los años 2009 y 2011, respecto de las cuales se
configuró el silencio administrativo negativo, lo que lo habilitaba para demandar en cualquier tiempo;
(ii) el reconocimiento de las cesantías retroactivas debió comprender el periodo 1977 a 2015; y (iii)
la falta de pago de las cesantías tornaba procedente el pago de la sanción moratoria prevista en la
Ley 244 de 1995.

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3 años siguientes a su causación, término que se interrumpe con la presentación de
la respectiva reclamación.

10. También puso de presente que la Sección Segunda de esta corporación, en
la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 de 2 de noviembre de 2023,
precisó que, para demandar la sanción moratoria, «es indispensable presentar
previamente una reclamación administrativa específica, pues solo así se genera un
acto expreso o presunto susceptible de control judicial».

11. Pues bien, el caso concreto, el ad quem del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho hizo una relación de los hechos probados y de los
elementos probatorios allegados, y determinó que «no obra prueba que permita
advertir que se presentó la reclamación administrativa previamente, requisito
indispensable para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y
reclamar la sanción moratoria, conforme con lo establecido en la mencionada
sentencia de unificación». Por tanto, confirmó la negativa de dicha pretensión.

1.3. Sustento de la vulneración

12. EL accionante adujo que la sentencia de 23 de octubre de 2025, dictada por
la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de
«prevalencia del derecho sustancial y demás conexos». Esto, en tanto la
providencia adolece del defecto fáctico en lo que respecta al no reconocimiento de
la sanción moratoria.

13. En particular, alegó que, en los hechos de la demanda, afirmó haber
presentado la respectiva reclamación8. También manifestó que tal petición fue
radicada el 27 de noviembre de 2017, en la que pidió «de conformidad con la Ley
244 de 1995, proceda a reconocerle la sanción moratoria a partir del 01 de
septiembre de 2015 hasta la fecha que efectivamente se le cancelen en su totalidad
las cesantías definitivas adeudadas». A su vez, adujo que las accionantes dieron
respuesta a tal solicitud mediante los oficios cuya nulidad solicitó en el proceso
ordinario.

14. Por tanto, consideró necesario que la subsección demandada profiera una
nueva decisión en la que valore de manera correcta la mencionada reclamación
administrativa.

1.4. Intervenciones

15. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Solicitó que se

8 Ello, en los siguientes términos: «9. Por ello y ante el silencio de la administración, nuevamente

en noviembre 27 de 2017, se realiza una nueva reclamación dirigida a la señora Ministra de
Educación y al Gobernador Departamental, respondiendo a través de los oficios de diciembre 15
de 2017 el Ministerio de Educación, que dicha situación compete de manera exclusiva a la
Secretaría de Educación del departamento del Chocó y proceden a darle traslado a esa entidad».

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niegue el amparo solicitado, comoquiera que la decisión sub judice no vulneró algún
derecho fundamental del actor.

16. Lo anterior, por cuanto la revisión exhaustiva del expediente del proceso
ordinario permite constatar que: (i) no fueron allegadas las solicitudes que habrían
dado origen a los actos administrativos demandados; (ii) los oficios reprochados
tampoco permitían identificar con certeza el contenido de las reclamaciones, en
tanto el primero de ellos corresponde a un traslado por competencia y, el segundo,
a la información sobre el pago de algunas cesantías retroactivas; (iii) dicha prueba
documental no se relacionó en la demanda, en las pruebas aportadas, en la
sentencia de primera instancia ni en el recurso de apelación.

17. Así, dado que el fallo debe fundarse en las pruebas debidamente aportadas
al proceso, no era posible presumir la presentación de la reclamación administrativa
previa, sino que ello era carga del accionante, pues se trata de un requisito
indispensable para el reconocimiento de la sanción moratoria.

18. Tribunal Administrativo del Chocó. También pidió que se nieguen las
pretensiones de la tutela. En su criterio, las decisiones proferidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se ajustaron a las normas procesales
vigentes y aplicables. De allí que el accionante pretende reabrir una discusión ya
resuelta, con la finalidad de que crear una tercera instancia para controvertir las
decisiones de los jueces ordinarios.

19. Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación Departamental.
Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no es el llamado
«a responder por los fallos emitidos por un despacho judicial». Asimismo, manifestó
que la acción de tutela resulta improcedente, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, habida cuenta de que el debate versa sobre «un asunto
meramente interpretativo del accionante» y mediante el cual se busca constituir una
nueva instancia para revisar las decisiones de los jueces ordinarios.

20. Ministerio de Educación Nacional. Solicitó su desvinculación del proceso
por falta de legitimación por pasiva. A su vez, alegó que la solicitud de amparo es
improcedente porque no reviste de relevancia constitucional. Este presupuesto
exige que se evidencie una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, lo
que, en su opinión, no ocurre en este caso.

21. La Fiduprevisora S.A., vocera y administradora del FOMAG, guardó
silencio, pese a haber sido debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela sub examine, por
cuanto no satisface el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se
exponen a continuación.

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2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia
de tutela contra providencias judiciales

23. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún defecto específico12
en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo
el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará
si se superan los presupuestos generales de procedencia.

24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

25. En este caso, esta Sección pasa a analizar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia.

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

27. El señor José Fulton Lloreda Lloreda está legitimado en la causa por activa,
comoquiera que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se expidió la sentencia aquí reprochada. Del
mismo modo, la Subsección B de la Sección Segunda Consejo de Estado está
legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la
sentencia de 23 de octubre de 2025, a la cual el actor le atribuye la vulneración de

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
11 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
12 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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sus garantías constitucionales.

28. Ahora bien, la Gobernación del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental y el Ministerio de Educación Nacional solicitaron su desvinculación
del proceso. Sin embargo, esta Sección negará dicha petición, comoquiera fueron
vinculadas a este trámite constitucional, en virtud del interés que les asiste por haber
actuado como entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se dictó la sentencia que se estudia.

29. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se
trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna
entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se
pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.

30. En este caso, el accionante expuso que la sentencia de 23 de octubre de
2025 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
adolece de un defecto fáctico, comoquiera que no accedió a la pretensión de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
porque no tuvo por probada la presentación de dicha reclamación. Ello, pese a que,
el 27 de noviembre de 2017, radicó la correspondiente petición, la cual fue
relacionada en los hechos de la demanda y ello fue precisamente lo que dio lugar a
la expedición de los oficios cuya nulidad fue solicitada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. La Sala considera que la acción de tutela sub examine no cumple con el
referido requisito de procedencia, por al menos tres razones.

32. Primero, la solicitud de amparo no contiene la carga argumentativa exigida
para cuestionar una providencia dictada por una alta corte. Al respecto, la Corte
Constitucional y esta Sección han sostenido que, en el caso de las tutelas contra
providencias judiciales dictadas por una alta corte, «el simple alegato de la
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia
no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los
derechos mencionados»14. De allí que, en estos casos, «se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales»15.

13 Sentencia SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
15 Id.

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33. De la revisión de la tutela, se advierte que el accionante se limitó a expresar,
en términos generales, por qué, a su juicio, la Subsección B de la Sección Segunda
incurrió en el defecto alegado. Sin embargo, no expuso un solo argumento tendiente
a demostrar por qué dicha cuestión resulta relevante constitucionalmente.

34. En efecto, toda la solicitud de amparo se restringe a alegar la configuración
del defecto y a expresar sucintamente que ello vulneró sus derechos fundamentales.
No obstante, el escrito de tutela no contiene una sola razón que permita advertir que
la sentencia de 23 de octubre de 2025, dictada por la subsección accionada,
hubiese vulnerado de forma abiertamente arbitraria o desproporcionada sus
garantías iusfundamentales o, cuando menos, de qué forma el asunto implica la
interpretación o aplicación de la Constitución.

35. Para la Sala, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales del accionante no es suficiente para cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, y, por tanto, justificar la intervención del juez constitucional
en este caso.

36. Segundo, la discusión refleja una mera inconformidad del actor con el criterio
adoptado por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación.
Ciertamente, el defecto fáctico se soporta en la supuesta no valoración de la
reclamación administrativa de 27 de noviembre de 2017, lo cual no es más que un
disenso del actor con la con la exigencia de dicha prueba, y no con una omisión en
su estudio, por dos razones.

37. De un lado, la revisión de la sentencia de 23 de octubre de 2025 permite
constatar que la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación relacionó
con precisión todos los hechos probados, así como los medios de prueba que los
respaldaban. Ninguno de ellos da cuenta de que tal reclamación administrativa
hubiese sido aportada al proceso. Es más, la autoridad judicial demandada se refirió
de forma expresa a la inexistencia de prueba sobre la radicación de la reclamación
administrativa. Tanto es así que ello justificó la negativa de las pretensiones
relacionadas con la sanción moratoria, la cual exige prueba de la petición previa a
la administración.

38. Aunado a ello, la lectura integral de la solicitud de amparo evidencia que el
actor no reprocha la existencia de una prueba que no fue valorada (i.e., la
reclamación administrativa), sino que se hubiese exigido ese documento para
analizar la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Esto, pues,
a su juicio, tal solicitud sí fue presentada, conforme se expuso en los hechos de la
demanda y como, por demás, podía colegirse de los oficios cuya nulidad solicitó en
el proceso ordinario.

39. De allí que la discusión sobre el defecto fáctico carezca de relevancia
constitucional. Para la Sala, se trata de una discrepancia del actor con el criterio
judicial adoptado por el órgano de cierre acerca de cómo se prueba la reclamación
administrativa a efectos de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción

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moratoria.

40. Tercero, el objeto de la tutela versa sobre aspectos de interpretación legal y
de naturaleza eminentemente económica. Como lo ha reconocido la Corte
Constitucional, las discusiones sobre el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, por regla general, no tienen relevancia constitucional, puesto que ello
corresponde a un asunto legal y de naturaleza económica. En palabras del alto
tribunal constitucional:

56. El debate planteado en el sub iudice no reviste trascendencia constitucional,
pues la inconformidad de los tutelantes se restringe al pago de un derecho
patrimonial -accesorio a las cesantías- que no representa prima facie una
amenaza directa o indirecta de los derechos fundamentales a la seguridad
social, igualdad, “seguridad jurídica” y debido proceso.

57. Primero, el debate no involucra la garantía del derecho a la seguridad social.
La relevancia constitucional de un asunto que “permit[a], entre otros, el goce
efectivo del derecho fundamental a la seguridad social”, se satisface cuando
está comprometida “la satisfacción de salarios o mesadas pensionales ciertas”
o “el derecho al mínimo vital de una persona”. Conforme a lo expuesto, en el
sub-lite no se advierte un problema de orden constitucional que conlleve
la afectación de la seguridad social, dado que el asunto no se relaciona
con el pago de salarios o mesadas pensionales, sino con una prestación
accesoria del derecho principal a recibir una cesantía; esto es, una
cuestión de evidente relevancia legal, pero no constitucional. Dicha
controversia, de carácter dinerario, no afecta el mínimo vital de los
accionantes, pues estos no acreditaron que la negativa de reconocimiento
y pago de la sanción les produjera una situación económica difícil o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia16. (negrilla fuera
de texto original)

41. Finalmente, la Sala destaca que, debido a la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental; lo que no se cumple
en este caso.

2.2. Conclusión

42. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en
tanto ella no satisface el requisito de relevancia constitucional, conforme a lo
indicado anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.

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Accionante: José Fulton Lloreda Lloreda
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07996-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por José Fulton Lloreda Lloreda en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Gobernación del Chocó - Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de
Educación Nacional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

Salvamento de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Salvamento de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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