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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08000-00

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08000-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina y la Armada Nacional de Colombia. Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro, contra el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08000-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08000-00
Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción popular / Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de amparo formulada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo
y Alejandro Álvarez Zuluaga, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga promovieron
solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, al acceso a la admiración de justicia y a la participación
ciudadana, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las providencias
proferidas el 26 de agosto de 2025 y el 14 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el
medio de control de acción popular identificado con el radicado
88001233300020230001800.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos Édgar Javier Jay Stephens y otros interpusieron demanda contra la
Gobernación del Archipiélago de San Andrés y otros, con el propósito de que se
ordenara la protección de la pesca artesanal, amenazada por la sobreexplotación en
áreas protegidas. En consecuencia, solicitaron la suspensión de la actividad
pesquera ejercida por personas foráneas sin residencia permanente, así como la

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_LFAAAZTutela(.pdf)
NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08000-00
Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro

cancelación de los permisos otorgados por la OCCRE para el desarrollo de dichas
actividades. Igualmente, requirieron que se dispusieran medidas efectivas de control
y vigilancia a cargo de la Armada Nacional y de la Dirección General Marítima.

2.2. En el referido trámite, presentaron solicitud de coadyuvancia al considerar que
resultarían directamente afectados por la sentencia a proferir. Además, alegaron la
inexistencia del derecho colectivo al patrimonio cultural invocado por los demandantes,
la falta de competencia del juez de acción popular para revisar la legalidad de un acto
administrativo y la naturaleza particular y económica de las pretensiones formuladas.

2.3. Agotadas las diversas etapas procesales, el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en sentencia del 26 de agosto
de 2025 declaró la amenaza a los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio
ecológico, a la conservación de las especies y al aprovechamiento racional de los
recursos naturales. En consecuencia, entre otras órdenes, suspendió la Resolución
2565 de 2023, que derogaba los decretos que prohibían la pesca por parte de
personas foráneas. Decisión respecto de la cual las partes presentaron solicitudes de
adición y aclaración.

2.4. Con sentencia complementaria del 14 de noviembre de 2025, el tribunal resolvió
negar la solicitud de aclaración y adicionar la decisión de amparo popular en algunos
aspectos.

2.5. En razón a la ausencia de pronunciamiento respecto del escrito de coadyuvancia
presentado en su momento, interpusieron incidente de nulidad por falta de conformación
del litisconsorcio necesario.

2.6. El tribunal demandado vulneró sus derechos fundamentales al emitir sentencia
con desconocimiento de la solicitud de coadyuvancia que presentaron
oportunamente, en la que, además, incurrieron en defecto orgánico, en tanto el
tribunal carecía de competencia para modificar el ordenamiento jurídico y crear
nuevas restricciones legales.

2.7. De igual forma, en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
relativas al impacto de la pesca comercial ejercida por personas foráneas, y en
sustantivo al desconocer la normativa aplicable en materia de patrimonio cultural.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] PRIMERA PETICIÓN PRINCIPAL. Que se TUTELEN los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al derecho de petición, a la
defensa y a la participación ciudadana de los accionantes LUIS FERNANDO ÁLVAREZ
JARAMILLO y ALEJANDRO ÁLVAREZ ZULUAGA, y en consecuencia se ORDENE dejar
sin efectos la Sentencia No. 0062 del 26 de agosto de 2025 y la Sentencia
Complementaria No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina dentro del proceso radicado bajo el número 88-001-23-33-000-2023 00018-00,

2

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Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro

por incurrir en los siguientes defectos que las convierten en vías de hecho: defecto
procedimental absoluto por omisión de pronunciamiento sobre solicitud de coadyuvancia
y falta de vinculación de terceros necesarios; defecto orgánico por incompetencia absoluta
del juez de acción popular para crear exclusividades étnicas; defecto fáctico por ausencia
de sustento probatorio para la decisión adoptada y contradicción con la evidencia técnica
oficial; defecto material o sustantivo por interpretación errónea de las normas aplicables;
y violación directa de múltiples disposiciones constitucionales.

SEGUNDA PETICIÓN SUBSIDIARIA. Que en el evento de no prosperar la petición
principal, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina proferir nueva sentencia dentro del proceso radicado
bajo el número 88-001-23-33 000-2023-00018-00, subsanando todas las violaciones al
debido proceso identificadas en la presente acción constitucional, particularmente
mediante: la resolución expresa de la solicitud de coadyuvancia presentada por los
accionantes; la vinculación obligatoria de todos los terceros afectados directamente por la
decisión; y la fundamentación debida de cualquier restricción a derechos fundamentales
mediante la aplicación estricta del test de proporcionalidad en sus tres componentes de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

TERCERA PETICIÓN SUBSIDIARIA. Que como medida transitoria de protección de
derechos fundamentales, y en aplicación del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se
ORDENE la suspensión provisional de todos los efectos de las Sentencias No. 0062 del
26 de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, hasta tanto se resuelva
definitivamente la presente acción de tutela, con el fin de evitar la consumación de
perjuicios irremediables.

CUARTA PETICIÓN SUBSIDIARIA. Que se ORDENE a la AUNAP y al Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina abstenerse de expedir los actos
administrativos ordenados por las sentencias impugnadas hasta tanto se resuelva
definitivamente la presente acción de tutela y, en su caso, el recurso de apelación que
actualmente se encuentra pendiente de decisión ante el Consejo de Estado. […]». [sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina2 solicitó que se declarara improcedente la tutela por
carecer de relevancia constitucional, pues la controversia versó sobre interpretación
y aplicación de reglas procesales, mas no la vulneración de derechos fundamentales.
En cuanto a la petición de coadyuvancia presentada por los demandantes, advirtió
que fue radicada luego de precluida la etapa probatoria, por lo que la actuación que
procedía era dictar sentencia.

5. El Ministerio del Interior3 solicitó que se declarara probada la excepción de
falta de legitimación por pasiva por inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales que le pudiera ser atribuida.

2 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado
«35RECIBEMEMORIAL_CONTESTACIONAT_20250(.pdf) NroActua 17.pdf».
3 Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado «37_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

INFORMECONTESTACION(.pdf) NroActua 19.pdf».
3

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Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro

6. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible4 solicitó que se le
desvinculara del proceso por carecer de legitimación en la causa, pues ya había sido
desvinculado formalmente en el proceso ordinario.

7. La Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa
Catalina5 y la Armada Nacional de Colombia6 solicitaron que se declarara
improcedencia la tutela o que se negara el amparo, por la ausencia de vulneración
de derechos fundamentales y de los requisitos de subsidiariedad, inmediatez y falta
de legitimación por pasiva. Además, tampoco se demostraron los defectos alegados
por los demandantes, en razón a que la sentencia cuestionada se ajustó a derecho.

8. Ling Jay Robinson, Santiago Taylor, Israel Livingston, Edgar Javier Jay
Stephens, Edgardo Martínez, Paola Margarita James, Ralph Newball, Soledad
Oñoro, Harvey Robinson y Julie Kathleen Bush,7 en calidad de demandantes en
el proceso popular objetos de litis, requirieron que se declarara improcedente la
solicitud de amparo al desconocer el principio de subsidiariedad, al existir un
mecanismo judicial específico y prevalente para que los tutelantes advirtieran sus
inconformidades, como lo era el incidente de nulidad que interpusieron, el cual se
encontraba pendiente de resolución.

9. La Defensoría del Pueblo 8 solicitó que se declarara improcedente la tutela
improcedente, por existir otros medios idóneos para la protección de los derechos
invocados.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de

4
Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONAT1100(.pdf) NroActua 16.pdf».
5
Ver índice 26 de Samai. Archivo denominado «51_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Oposicion_Tutela_Con(.pdf) NroActua 26.pdf».
6
Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
14012026001CO(.pdf) NroActua 10.pdf».
7
Ver índice 24 de Samai. Archivo denominado «46_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RefAcciondetutel(.pdf) NroActua 24.pdf».
8
Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «1.1. 41_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
contestacionyanexo(.pdf) NroActua 22».
4

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abril de 20219 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional10 ha considerado lo siguiente:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

14. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa
Catalina y la Armada Nacional de Colombia solicitaron que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental
alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido
y las acciones que puedan desplegar para su cumplimiento.

9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.

5

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15. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceros con interés, al figurar como demandados en el proceso popular
en cuestión y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción,
razón por la cual se negará sus solicitudes.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

18. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08000-00
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haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

22. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga
cumple con el requisito de procedencia general de la subsidiariedad?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

23. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

24. En cuanto al perjuicio irremediable y la eficacia e idoneidad del medio de
defensa existente para conjurar la violación alegada, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que:

«[…] Frente a la figura del perjuicio irremediable, la Corte ha indicado[17] que debe
establecerse (i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño “está por suceder

15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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en un tiempo cercano”; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los
derechos fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el carácter impostergable de
las órdenes por proferir.

Igualmente, esta corporación ha caracterizado las condiciones de idoneidad y eficacia de
los mecanismos ordinarios de defensa. Ha sostenido que la idoneidad “implica que [el
medio judicial ordinario] brinda un remedio integral para la protección de los derechos
amenazados o vulnerados, mientras que su eficacia supone que es lo suficientemente
expedita para atender dicha situación”[18] […]»17.

25. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia18, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. En este
sentido, la solicitud de amparo de manera excepcional es procedente solo en dos
casos: i) si no existe otro medio idóneo y eficaz, es decir que sea expedito y
efectivamente proteja los derechos vulnerados o amenazados: ii) cuando se usa para
evitar un perjuicio irremediable, es decir que se trate de una situación urgente, grave
e impostergable.

2.5.2. Sobre el caso concreto

26. Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro acudieron al juez de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la sentencia proferida el 26 de agosto de 2025, complementada el 14 de
noviembre siguiente, por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se declaró la vulneración de los
derechos colectivos invocados y, entre otras, se le otorgó exclusividad a la comunidad
raizal sobre la pesca en el archipiélago.

27. Los demandantes consideraron que el fallo vulneró sus derechos al debido
proceso y a la defensa, al desconocer su solicitud coadyuvancia, pese a haberla
presentado de manera oportuna. Además, sostuvieron que la decisión incurrió en
defecto orgánico, en tanto el juez popular carecía de competencia para modificar el
ordenamiento jurídico y crear nuevas restricciones legales.

28. De igual forma, alegaron la configuración de un defecto fáctico por la indebida
valoración de las pruebas relativas al impacto de la pesca comercial ejercida por
personas foráneas, y de uno sustantivo al desconocer la normativa aplicable en
materia de patrimonio cultural.

17
Sentencia T-423 de 2024, MP José Fernando Reyes Cuartas.
18 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
8

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Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro

29. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda las actuaciones
relevantes adelantadas en el proceso de amparo popular objeto de litis, de acuerdo
con la información obrante en Samai, así:

29.1. Édgar Javier Jay Stephens y otros presentaron demanda contra la Dirección
General Marítima y otros, con el fin de que se protegieran los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y la defensa del patrimonio
cultural de la nación.

29.2. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en sentencia del 26 de agosto de 2025, resolvió:

«[…] SEGUNDO: DECLARAR que existe amenaza de los derechos colectivos al ambiente
sano, al equilibrio ecológico, a la conservación de las especies y al aprovechamiento
racional de los recursos naturales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, debido a la omisión de las entidades demandadas frente a la sobreexplotación
pesquera.

TERCERO: SUSPENDER el acto administrativo contenido en la Resolución 2565 de 2023
"Por la cual se derogan unos actos administrativos de carácter general", mientras se
supera la amenaza de los derechos e intereses colectivos amparados.

CUARTO: ORDENAR a la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –
AUNAP – que, en el término de seis (06) meses, formule e implemente un Plan Integral
de Manejo Pesquero Sostenible para el Archipiélago, que contemple:
[…]
QUINTO: ORDENAR al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
que, dentro del término de seis (6) meses, realice en coordinación con CORALINA un
diagnóstico del estado actual de los ecosistemas marinos afectados por la pesca
indiscriminada, y con base en él:
[…]
SEXTO: ORDENAR a la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR – que, en el término
de seis (06) meses, establezca mecanismos de monitoreo, vigilancia y control satelital de
las embarcaciones pesqueras en la jurisdicción del Archipiélago, e intensifique sus
operativos contra la pesca ilegal.
SÉPTIMO: ORDENAR al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO que:
[…]
OCTAVO: ORDENAR a CORALINA que:
[…]
NOVENO: ORDENAR la conformación de una Mesa Interinstitucional de Cumplimiento,
dentro de los Seis (06) meses a la notificación de esta Sentencia, con participación
obligatoria de las entidades involucradas y representantes de la comunidad raizal, la cual:
[…]
DÉCIMO: DISPONER que todas las decisiones que afecten a las comunidades étnicas
del archipiélago deberán ser objeto de consulta previa.
[…]
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO, en coordinación
con la AUNAP, CORALINA y la Secretaría de Agricultura y Pesca, que cree en un término
no mayor a Seis (06) meses un OBSERVATORIO PESQUERO DEL ARCHIPIÉLAGO,
con sede permanente en San Andrés, cuyas funciones incluirán:
[…]
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la AUNAP que, en un plazo no mayor a tres (3) meses,
expidan o ajusten los actos administrativos necesarios para que la pesca artesanal dentro

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08000-00
Demandante: Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro

de la jurisdicción marítima del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
sea reconocida como actividad de carácter exclusivo de la comunidad raizal, como
mecanismo de: […]». (sic)

29.3. En sentencia complementaria del 14 de noviembre de 2025, el tribunal
resolvió:

«[…] PRIMERO: Niéguese la solicitud de aclaración presentada por los actores, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral décimo tercero de la parte resolutiva de la Sentencia
proferida en fecha 29 de agosto de 2025, en el sentido de ordenar que además de la
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-AUNAP, el DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA desde sus
facultades constitucionales y legales, competencias y funciones, bajo las directrices de la
AUNAP, ajuste sus actos y/o expida los que sean necesarios para regular la actividad de
pesca artesanal y pesca artesanal comercial en el Departamento Archipiélago respetando
la exclusividad de ejercer la misma, en cabeza del pueblo raizal como titulares del derecho
colectivo sobre el territorio y sus recursos. […]». (sic)

29.4. La sociedad Real Comercial Artesanal Fisherman Association “We-Fishing
Association” (“We Fishing”), Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez
Zuluaga promovieron incidente de nulidad al considerar, entre otros, los siguientes
argumentos:

• Falta de integración del litisconsorcio necesario.
• Violación del derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa
• Defecto fáctico: decisión judicial basada en premisas fácticas erróneas y
contradichas por la evidencia científica disponible Violación de tratados
internacionales.
• Omisión en la vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores como
Defecto Sustancial.

29.5. Con auto del 3 de febrero de 2026, el tribunal demandado resolvió:

«[…] PRIMERO. RECHAZAR DE PLANO las solicitudes de nulidad propuestas por el
representante legal de REAL COMERCIAL ARTESANAL FISHERMAN ASSOCIATION
“WE-FISHING ASSOCIATION” (“We Fishing”) y LUIS FERNANDO ÁLVAREZ
JARAMILLO y ALEJANDRO ÁLVAREZ ZULUAGA, con fundamento en lo dispuesto en el
Art. 135 del CGP y las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto devolutivo7 y para ante el Honorable Consejo de
Estado el recurso de apelación oportunamente interpuesto por los ciudadanos Luis
Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga, la entidad Real Comercial
Artesanal Fisherman Association “WE-FISHING ASSOCIATION” (“We Fishing”) la Nación
• Ministerio de Defensa Dirección General Marítima - DIMAR - Capitanía de Puerto de
Providencia y San Andrés – Armada Nacional, la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina, la
Autoridad Nacional de acuicultura y Pesca – AUNAP, y el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Y contra la Sentencia Complementaria No. 093 del 14 de noviembre de 2025 por la Oficina
de Control de Circulación y Residencia (OCCRE), Real Comercial Artesanal Isherman

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Association “We-Fishing Association” (“We Fishing”) y la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca – AUNAP. […]». (sic)

29.6. De acuerdo con los escritos obrantes en los índices 00316-00317 del
expediente electrónico popular, se observa que la sociedad Real Comercial Artesanal
Fisherman Association “We- Fishing Association” (“We Fishing”) y los demandantes
interpusieron recurso de reposición contra la anterior decisión.

30. De las actuaciones que anteceden, llama la atención de la Sala el hecho que
los demandantes acudieron ante el juez de tutela bajo argumentos similares a los
expuestos, en su momento, a través del incidente de nulidad radicado ante el tribunal
demandado en el marco del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos bajo análisis, el cual, para el momento de radicación del escrito de tutela
(15 de diciembre de 2025) se encontraba pendiente de resolución.

31. Por otra parte, se observa que durante el trámite de tutela el tribunal
demandado profirió el auto 3 de febrero de 2026, por el cual rechazó de plano el
incidente de nulidad propuesto y concedió el recurso de apelación impetrado por los
hoy demandantes y otros, contra la sentencia del 26 de agosto de 2025, y su
complementaria del 14 de noviembre siguiente. Asimismo, el hecho que contra el
auto que decidió la nulidad se interpuso recurso de reposición, el cual a la fecha se
encuentra pendiente de trámite.

32. Como se observa, la solicitud de tutela bajo estudio no supera el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad, pues, en efecto, era el juez natural de la
causa el llamado a decidir, en una primera oportunidad, acerca de los argumentos de
nulidad propuestos por los demandantes tal como en efecto sucedió durante el
trámite de esta acción. Así, mal podían acudir ante el juez constitucional de manera
concomitante con el fin de lograr un pronunciamiento favorable a sus
inconformidades, bajo consideraciones de desconocimiento de sus derechos
fundamentales.

33. En concordancia con lo anterior, debe puntualizar la Sala el hecho que, contra
el auto del 3 de febrero de 2026 (rechazó la nulidad) se interpuso recurso de
reposición, el cual actualmente está en trámite. Sumado a ello, y no menos
importante, se observa que mediante la citada providencia también se concedió el
recurso de apelación que interpusieron los demandantes y otros contra la sentencia
del 26 de agosto de 2025 y su complementaria.

34. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de
amparo suplante los mecanismos ordinarios y/o extraordinarios establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra
providencias judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la
administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la
Constitución Política; frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede
permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del

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asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se
propone.

35. Por ello, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

36. Por otra parte, tampoco se considera procedente la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio, pues, sin desconocer el hecho que los recursos de apelación
impetrados contra la sentencia de instancia fueron concedidos en el efecto
devolutivo, lo cierto es que la decisión que rechazó la nulidad a la fecha no se
encuentra en firme, en razón a que fue recurrida sin que se haya decidido nada al
respecto.

37. Además, contrario al decir de los demandantes, en cuanto a que, «[n]uestra
falta de legitimación para intervenir en el trámite de segunda instancia deriva precisamente
del vicio que constituye el núcleo de la presente acción de tutela: el Tribunal Administrativo
omitió pronunciarse sobre nuestra solicitud de coadyuvancia, privándonos del
reconocimiento como parte procesal y, consecuentemente, de la legitimación para interponer
recursos y actuar en las instancias superiores» (sic), se observa que, mediante auto del
3 de febrero de 2026, se concedió el recurso de apelación que interpusieron contra
la sentencia del 26 de agosto de 2025 y su complementaria, así

«[…] De la concesión de recursos

La Sentencia No. 037 del veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025), fue
notificada de manera personal a las partes y delegada del Ministerio Público el miércoles,
27 de agosto de 2025, por medio de mensaje de datos enviado a los correos electrónico
de las mismas, adjuntando la providencia, como lo establece los artículos 203 y 205 del
CPACA.

La Secretaría General de la Corporación dio cuenta en Informe de fecha 05 de septiembre
2025, de los recursos de apelación interpuesto en la oportunidad procesal correspondiente
por los ciudadanos Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga (índice
00267), la entidad Real Comercial Artesanal Fisherman Association “WE-FISHING
ASSOCIATION” (“We Fishing”) (índice 00267), la Nación- Ministerio de Defensa Dirección
General Marítima -DIMAR - Capitanía de Puerto de Providencia y San Andrés – Armada
Nacional(índice 00268), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina (índice 00272) y la Autoridad
Nacional de acuicultura y Pesca – AUNAP (índice 00273).
[…]
En consecuencia, se concederán los recursos interpuestos oportunamente. […]». (sic)

38. En este punto, a juicio de la Sala, los argumentos de los demandantes más
que soportar la urgencia que podría requerir la intervención del juez de tutela en el
proceso popular bajo análisis por el supuesto desconocimiento de sus derechos
fundamentales, lo que evidencian es el claro desacuerdo con la orden de amparo
popular de primera instancia y sus efectos, respecto de lo cual, se insiste, el medio
de control se encuentra en curso y es allí donde deberá emitirse las decisiones que
en derecho y en beneficio de los interés e intereses colectivos corresponda.
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3. Conclusión

39. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de amparo presentada por Luis Fernando
Álvarez Jaramillo y otro, contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio del Interior, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Federación de Pescadores Artesanales de
Providencia y Santa Catalina y la Armada Nacional de Colombia.

Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la
solicitud de tutela presentada por Luis Fernando Álvarez Jaramillo y otro, contra el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SS/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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