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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08001-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08001-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR el fallo del 5 de febrero de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta, para en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 8 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y, ORDENAR a dicha autoridad judicial que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08001-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-08001-01
Demandante PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Medio de control de nulidad electoral. Nombramiento en
provisionalidad en el empleo de procurador judicial I perteneciente a la
planta global de la Procuraduría General de la Nación. Reglas de
carrera administrativa especial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación
y el señor Robert Yesid Castillo López contra el fallo del 5 de febrero de 2026,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la
Procuraduría General de la Nación».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 20251, la Procuraduría General de la Nación, por conducto
de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C por considerar que esa autoridad
judicial vulneró su derecho fundamental al debido proceso al emitir la sentencia del
8 de septiembre de 2025, en el medio de control de nulidad electoral 25000-23-41-
000-2025-00264-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso, audiencia y defensa de la Procuraduría
General de la Nación, salvaguardando a su vez los principios que revisten las decisiones
judiciales, como la confianza legítima.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 8 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C dentro de la
demanda de nulidad electoral que se tramitó con el radicado No. 25000234100020250026400
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C expedir una nueva providencia teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial
y en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda tramitada con el radicado
25000234100020250026400.
TERCERO (sic): EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
– Subsección C, a que en los sucesivo se respeten los precedentes jurisprudenciales
emanados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; y de esta forma los fallos
emitidos por dicha Corporación acaten la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso».

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Escrito de tutela radicado a través del correo de tutelas en línea.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Robert Yesid Castillo López fue nombrado en provisionalidad en el
empleo de Procurador Judicial I, código 3PJ, grado EG de la planta global
ubicado en la Procuraduría 173 Judicial I para la Conciliación Administrativa
en Bogotá.
2.2. El Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR, interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral con el fin de que se declarara
la nulidad del acto administrativo de nombramiento hecho al señor Robert
Yesid Castillo López, pues en su criterio debió ser nombrada una persona de
carrera administrativa y que no se justificó el nombramiento en provisionalidad
por encima del encargo, lo que desconocía el principio al mérito.
2.3. Del asunto conoció en única instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C (expediente 25000-23-41-000-
2025-00264-00) que, en sentencia del 8 de septiembre de 2025 (notificada a las
partes por correo electrónico el 10 de septiembre de 2025) accedió a las
pretensiones de la demanda2.
Para el Tribunal, el nombramiento de Robert Yesid Castillo era nulo porque
infringió el artículo 125 de la Constitución Política que privilegiaba el acceso a
los cargos públicos a través del concurso de méritos y ordenaba que los
empleos en los órganos y entidades del Estado eran de carrera, además que
los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no hubiera sido determinado
por la Constitución o la ley, serían nombrados por concurso público.
Señaló que en este caso el cargo de Procurador Judicial l, código 3PJ, grado
EG de la planta global ubicado en la Procuraduría 173 Judicial l Para la
Conciliación Administrativa de Bogotá era un cargo de carrera y que su
provisión no se hizo a través de encargo con personal de carrera de la entidad
sino que por el contrario se acudió directamente al nombramiento provisional
sin justificar las razones del servicio que lo soportaran convencional,
constitucional y legalmente.

Frente al régimen especial de carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación sostuvo que conforme con el artículo 285 del Decreto
Ley 262 de 2000, ante la vacancia definitiva de un empleo de carrera el
Procurador General de la Nación haría el nombramiento mediante encargo a
un empleado inscrito en carrera si cumplía con los requisitos exigidos, obtenía
calificación sobresaliente en el último año y había superado con al menos el
70% los cursos de reinducción y que por razones del servicio podría nombrar
a cualquier persona en provisionalidad siempre que ésta reuniera los requisitos
legales exigidos para el desempeño del empleo.

Sin embargo, sostuvo que la sentencia C-503 de 2020 aclaró que «el
nombramiento en provisionalidad en la Procuraduría General de la Nación (i) suple la
necesidad de provisión, a efectos de que no se afecte la continuidad del servicio, dado que el
nombramiento por concurso requiere la realización del propio concurso con sus etapas, es
decir, de un tiempo mínimo para su desarrollo y ejecución; (ii) tiene carácter esencialmente
temporal, de acuerdo con los límites y condiciones previstos por el Legislador y dichos límites
constituyen una razón de su constitucionalidad; y (iii) no posibilita la designación de personas
que no cumplan con los requisitos del cargo, pues el parágrafo del Art. 82 del Decreto ley 262
de 2000, que no forma parte de las expresiones acusadas, estatuye que “nadie podrá
posesionarse en un empleo de la Procuraduría General de la Nación sin el lleno de los requisitos
constitucionales y legales exigidos”».

2
La decisión contó con un salvamento de voto.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

Citó las consideraciones del acto administrativo acusado y dijo que no se
lograba extraer motivo que justificara no hacer el nombramiento en encargo
con base en el mérito, ni las razones del servicio que ameritara acudir por
excepción al nombramiento provisional y, finalizó destacando el análisis hecho
a la hoja de vida del servidor designado en el que se evidenciaba que había
ocupado el cargo de asesor en calidad de libre nombramiento y remoción con
funciones en los despachos del procurador y viceprocurador generales de la
Nación, por lo que más allá de cuestionar sus capacidades, formación o
experiencia, dijo que llamaba la atención la desnaturalización del empleo
público de procurador judicial.
2.4. El señor Robert Yesid Castillo López presentó solicitud de unificación de
jurisprudencia ante el Consejo de Estado, con el fin de que se unificara lo
relacionado con la posibilidad de la Procuraduría General de la Nación de
efectuar nombramientos en provisionalidad conforme lo dispuesto en el
artículo 187 del Decreto 262 de 2020 y demás normas que regulan la carrera
administrativa para la entidad.
2.5. La anterior solicitud se asignó a la Sección Quinta del Consejo de Estado
(radicación 11001-03-28-000-2025-00160-00) pero fue rechazada mediante
providencia del 10 de octubre de 2025 (notificada a las partes por estado fijado el
19 de noviembre de 2025).

La Sección Quinta de esta Corporación precisó que al haberse proferido fallo
en el medio de control de nulidad electoral (expediente 25000-23-41-000-2025-
00264-00) respecto del cual el demandado pretendía que se asumiera
conocimiento para dictar providencia de unificación, no había un objeto sobre
el cual proveer, lo que imponía el rechazo de la solicitud al no cumplir con uno
de los requisitos previstos por el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
que el proceso estuviera pendiente para sentencia.

3. Fundamentos de la acción
La Procuraduría General de la Nación consideró que al proferir la sentencia del 8
de septiembre de 2025 en el medio de control de nulidad electoral 25000-23-41-000-
2025-00264-00 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Las razones fueron las siguientes:
3.1. Defecto sustantivo. Alegó el desconocimiento e indebida aplicación de la
norma y de las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional que
revisaron la exequibilidad del Decreto Ley 262 de 2000.
La parte actora indicó que la decisión judicial cuestionada hizo una
interpretación equivocada de las normas aplicables; citó apartes de la
providencia cuestionada en los que se justificó la imposibilidad de hacer un
nombramiento en provisionalidad por desconocer el derecho al mérito
contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política, y consideró que en
el caso concreto la Procuraduría General de la Nación tenía un sistema de
carrera de carácter especial regulado en el Decreto Ley 262 de 2000 y que el
acto administrativo demandado y suspendido estaba fundamentado en dicha
disposición.
Agregó que la Ley 909 de 2004 solo era aplicable de manera supletoria en
aquellos eventos en que existiera un vacío normativo lo que no ocurría en el
caso analizado ya que el Decreto Ley 262 de 2000 regulaba de manera
específica y suficiente la clasificación de los empleos, los requisitos para su

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

provisión y las modalidades de vinculación transitoria como el encargo y la
provisionalidad.
Frente a la aplicación de la Ley 1960 de 2019 precisó que el Tribunal consideró
que esta no había sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional en la sentencia C 503 de 2020 y que por tanto esta disposición
tenía plena aplicación a la Procuraduría General de la Nación y que de la
lectura hecha al artículo 5º de la mencionada ley había entendido que el
sistema de carrera especial de la Procuraduría se consideraba dentro de los
sistemas especiales de origen legal.
Explicó que de acuerdo con el estudio hecho por la Corte Constitucional en la
sentencia C 285 de 2015, el régimen especial de carrera de la Procuraduría
General de la Nación, al tener origen constitucional y no simplemente legal, no
estaba sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019 que
desarrollaban y modificaban aspectos del régimen general previsto en la Ley
909 de 2004, normas no aplicables a la Procuraduría General de la Nación.
Adicionalmente destacó que la Ley 1960 de 2019 era anterior a la expedición
de la Sentencia C-503 de 2020, concretamente indicó que Ley 1960 había sido
promulgada el 27 de junio de 2019, mientras que la Sentencia C-503 era de
fecha 3 de diciembre de 2020, es decir, más de un año después, lo que
evidenciaba que, al momento del estudio de constitucionalidad, la Corte ya
tenía conocimiento del contenido y los efectos normativos de la Ley 1960 de
2019.
De otra parte indicó que la sentencia de tutela expuesta como fundamento en
la sentencia cuestionada y que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-
2019-00709-00 era del 22 de marzo de 2019, esto es, anterior a la Sentencia C
503 de 2020, por lo que no constituía precedente alguno al ser anterior a la
expedición de la disposición de la Corte Constitucional del 3 de diciembre de
2020.
Respecto al acto de nombramiento, dijo que conforme con el artículo 185 del
Decreto Ley 262 de 2000, la motivación de un acto administrativo que
nombraba a una persona en provisionalidad en un empleo de carrera por estar
vacante era por razones del servicio. Esto es, que se entendía incluso
jurisprudencialmente que la expedición de este tipo de actos administrativos
se hacía por y para el servicio, siendo esta la motivación misma del acto
administrativo y que se materializaba con la expedición del propio acto.
También invocó el desconocimiento de las sentencias C-077 de 2004 y C-503
de 2020 de la Corte Constitucional; destacó que la Procuraduría General de la
Nación no se regía por la Ley 909 de 2004, ni siquiera de manera subsidiaria,
como equivocadamente lo asumía el Tribunal y que esto se reiteró en la C-503
de 2020, en la que la Corte Constitucional reafirmó que los regímenes
especiales de carrera como el de la Procuraduría eran autónomos y
excluyentes respecto del régimen general.
En ese contexto consideró que los parámetros de análisis sobre
provisionalidad, mérito y carrera debían enmarcarse exclusivamente en las
disposiciones del Decreto Ley 262 de 2000, y no en las del régimen general.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Citó las siguientes providencias que en su criterio desconocían el precedente
horizontal del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, emitido por distintas subsecciones:

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección A. Proceso 2500023410002019-00193-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y María Petrisa Karaman Betancourt. 17 de junio de 2020.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera-
Subsección A. Proceso 250002341000-2019-00648-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia. 18 de junio de 2020.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera -
Subsección B. Proceso 2500023410002024-00832-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar. Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y María Alejandra Ordoñez Hernández. 27 de febrero de
2025.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección B. Proceso 2500023410002025-00197-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y Eliana Margarita Cerón Guevara. 23 de octubre de 2025.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección B. Proceso 2500023410002025-01247-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y Carlos Alberto Castellanos Araujo. 4 de diciembre de
2025.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección A. Proceso 2500023410002025-00427-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y Martha Lucía Hincapié. 4 de septiembre de 2025.

• Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
Subsección A. Proceso 2500023410002025-00142-00 Demandante: Sindicato
de Procuradores Judiciales – Procurar- Demandado: Nación – Procuraduría
General de la Nación y Nubia Margoth Novoa Moreno. 21 de agosto de 2025.

4. Trámite impartido

4.1. Por auto del 19 de diciembre de 2025 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C;
(ii) ordenó la notificación de las partes; (iii) como terceros con interés al
Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar, al señor Robert Yesid Castillo
López (parte demandada en el medio de control de nulidad electoral) y (iii) a la
procuradora primera judicial II delegada Diana Marcela García Pacheco (quien
actuó en calidad de Ministerio Público en el proceso ordinario).

4.2. El 3 de febrero de 2026 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez presentó
manifestación de impedimento para conocer del asunto ante los demás
integrantes de la Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado en atención
a que dictó auto del 10 de octubre de 2025, en el que resolvió rechazar la
solicitud de unificación de jurisprudencia presentada al interior del medio de
control de nulidad electoral cuya decisión se cuestionaba a través de la
presente acción constitucional.

4.3. Por auto del 5 de febrero de 2026 los demás integrantes de la Sala de Decisión
de la Sección Quinta de esta Corporación declararon fundado el impedimento
manifestado por el magistrado y en consecuencia fue separado del
conocimiento del presente asunto.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

5. Intervenciones
5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, por conducto de la magistrada ponente de la decisión
cuestionada presentó escrito de oposición en el que hizo un recuento de los
motivos que tuvo para acceder a las pretensiones de la demanda privilegiando
el mérito y el postulado establecido en el artículo 125 de la Constitución
Política, sin que a su juicio, se hubieran pretermitido las normas y los
precedentes jurisprudenciales aplicables.
5.2. El Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar, presentó escrito de
oposición por conducto de apoderada en el que manifestó que la providencia
judicial cuestionada no desconoció el precedente constitucional, sino que
realizó una interpretación razonada, actualizada y sistemática del
ordenamiento jurídico vigente, teniendo en cuenta el desarrollo de las normas
que posteriormente introdujo el legislador y los principios constitucionales que
informaban la carrera administrativa, en especial la prevalencia del mérito en
la provisión de los empleos públicos.
5.3. El señor Robert Yesid Castillo López, quien fue vinculado como tercero con
interés al haber sido parte demandada en el proceso ordinario, manifestó
coadyuvar la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la
Nación.
Dijo compartir plenamente la argumentación expuesta por la Procuraduría
frente al desconocimiento del precedente constitucional fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-077 de 2004 y C-503 de 2020.
También compartió el argumento relacionado con el defecto sustantivo al
aplicar indebidamente lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004,
modificado por la Ley 1960 de 2019, al régimen especial de carrera de la
Procuraduría General de la Nación.
Sostuvo que la Procuraduría General de la Nación tiene un sistema de carrera
de carácter especial de origen constitucional, regulado por el Decreto Ley 262
de 2000, además, que la Ley 909 de 2004 tenía un carácter meramente
supletorio y solo resultaba aplicable en caso de vacíos normativos que no
existían en el régimen especial respecto de la provisión de vacantes mediante
encargo o nombramiento provisional.
Citó providencias de las distintas subsecciones de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para destacar que la posición
adoptada por la subsección cuya providencia se cuestiona es abiertamente
contraria al precedente pacífico de las demás Subsecciones de la Sección
Primera de esa corporación.
5.4. La procuradora primera judicial II delegada Diana Marcela García
Pacheco, presentó informe en el que manifestó que fue notificada del auto
admisorio de la demanda de nulidad electoral en el que además se dio la orden
de suspensión provisional del acto administrativo de nombramiento al señor
Robert Yesid Castillo López en el empleo de procurador judicial 1, código 3PJ,
grado EG, decisión contra la que interpuso recurso de reposición.
Además indicó que conceptuó en el respectivo proceso ordinario en el sentido
de que fueran negadas las pretensiones de la demanda con fundamentos
suficientes y dijo compartir los argumentos expuestos por la Procuraduría
General de la Nación en el escrito de tutela y coadyuvar las pretensiones de
la presente acción de tutela por lo que pidió se accediera a lo pretendido por
la parte actora.

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6. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta mediante sentencia del 5 de febrero de 2026
declaró improcedente la acción de tutela.
Consideró que era evidente que lo pretendido por la parte actora era reabrir el
debate ordinario y que se realizara nuevamente un análisis sobre la legalidad del
acto administrativo demandado, la aplicación de una norma especial por encima de
una general y la viabilidad de nombramiento en provisionalidad en un cargo de
carrera con el fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses.
Hizo un recuento de la decisión del tribunal accionado y de los aspectos relevantes
expuestos en la sentencia y observó que los fundamentos expuestos al amparo de
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente correspondían a los
mismos resueltos por la autoridad judicial accionada, aspectos que no implicaban la
intervención del juez constitucional, al igual que las consideraciones en relación con
las sentencias de la Corte Constitucional señaladas como desconocidas por el
Tribunal, pues precisó que eran las mismas que habían sido analizadas y sobre las
que se había cumplido con una carga de transparencia al mencionar las razones
por las que el razonamiento se apartaría en parte de su contenido.
Concluyó así, que el juez de tutela no podía realizar nuevamente el análisis que
respaldó la decisión proferida por otra autoridad judicial en atención a los principios
de autonomía e independencia judicial que imponían el respeto por la cosa juzgada.
7. Impugnación
7.1. La Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión de primera
instancia.
Manifestó su desacuerdo con la decisión e indicó que el caso era
suficientemente relevante para su estudio en sede constitucional, pues que se
trataba de determinar por esta vía si una autoridad judicial podía mediante
integración normativa con el régimen general de carrera administrativa
restringir o reconfigurar el alcance de una facultad discrecional prevista en un
régimen especial de origen constitucional, como lo era el de la Procuraduría
General de la Nación.
Del régimen especial contenido en el Decreto Ley 262 de 2000 reiteró que no
era una regulación ordinaria ya que constituía el desarrollo normativo de una
competencia constitucional específica y destacó que la controversia no se
limitaba a la legalidad de un acto administrativo sino que comprometía tanto la
autonomía institucional de un órgano de control como lo era la Procuraduría
General de la Nación como la delimitación constitucional de competencias y la
tensión entre régimen especial y régimen general de carrera administrativa, sin
dejar de lado la interpretación de los precedentes de la Corte Constitucional
en los términos anunciados en la demanda de tutela.
Dijo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C al integrar obligatoriamente el régimen especial con la Ley 909
de 2004 modificada por la Ley 1960 de 2019 y establecer como regla
preferente el encargo, produjo en la práctica una restricción no prevista por el
legislador y una alteración al margen de configuración reconocido al
Procurador General de la planta de personal de la procuraduría.
Precisó que la decisión objeto de la presente acción era un asunto relevante
constitucionalmente al incidir directamente en el principio de separación
funcional de poderes y en la garantía institucional de autonomía de los órganos
de control.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

7.2. El señor Robert Yesid Castillo López igualmente presentó escrito de
impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia.
Manifestó su total desacuerdo con la decisión de primer grado, dijo que se
desconocía que la acción de tutela se presentó para cuestionar una
providencia judicial que vulneró de manera flagrante el precedente vinculante,
aplicó normas manifiestamente inaplicables al régimen especial de la
Procuraduría General de la Nación y resolvió de manera desigual y sin
motivación un caso sustancialmente idéntico a múltiples procesos anteriores
que fueron resueltos en sentido contrario.
Indicó que no se buscaba reabrir el debate sobre si la Procuraduría podía o no
nombrar en encargo o en provisionalidad sino verificar si el Tribunal accionado
podía válidamente desconocer un pronunciamiento constitucional vinculante,
resolver de manera diametralmente opuesta un caso idéntico a 10 precedentes
consolidados del mismo tribunal quedando sujeto al argumento de un reparto
judicial al estar su asunto en una subsección distinta y bloquearse el acceso a
un mecanismo procesal solicitado en forma y término. Por lo demás, reiteró lo
argumentado en el informe rendido al interior del presente trámite
constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección
Quinta en declarar improcedente la presente acción por no estar acreditado el
requisito de la relevancia constitucional.
De encontrar superado este requisito y los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si la decisión del 8 de septiembre de 2025 proferida en el medio de
control de nulidad electoral 25000-23-41-000-2025-00264-00 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial en los
términos propuestos por la parte actora.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su análisis en
el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores7.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional

7
A saber:
▪ Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En
principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
▪ Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
▪ Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
▪ Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
▪ Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que la sentencia de primera instancia
declaró improcedente la presente acción al no cumplirse con el requisito de la
relevancia constitucional por considerar que la tutela estaba siendo empleada
como una instancia adicional y que se pretendía era reabrir un debate en
relación con la viabilidad de nombramientos en provisionalidad en un cargo de
carrera con el fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses.
La Sala disiente de los fundamentos expuestos en el fallo de primera instancia,
pues el caso no se reduce a un asunto de discrepancia con lo resuelto por el
juez natural en procura de los intereses de la entidad ni a un asunto meramente
legal o de reapertura del debate ya zanjado en sede ordinaria en el medio de
control de nulidad electoral, pues se proponen una serie de argumentos de
orden constitucional.
En los fundamentos de la acción se evidencia que el propósito de la
Procuraduría General de la Nación es dejar en evidencia la trasgresión del
derecho al debido proceso que estimó desconocido con ocasión de lo
expuesto en la sentencia del tribunal accionado, concretamente en relación
con el régimen especial de carrera administrativa de la Procuraduría General
de la Nación.
En esa línea argumentativa, como lo plantean la entidad accionante y el tercero
con interés, señor Robert Yesid Castillo López quien además manifestó
coadyuvaba la presente acción y que fue a quien se le declaró la nulidad del
nombramiento en provisional en el cargo de Procurador Judicial I, se trata de
cuestionar la aplicación de las normas y del precedente jurisprudencial en
casos en los que el análisis debía hacerse conforme con la situación fáctica
que rodeó el caso y que tuvo que ver con las normas que han regulado el
sistema de carrera administrativa y los nombramientos tanto en encargo como
en provisionalidad en la planta global de la entidad, lo que implica que se trata
de un conflicto que involucra la posible trasgresión de derechos
fundamentales.
4.3. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la decisión de primera
instancia proferida por la Sección Quinta de esta Corporación debe revocarse
y en consecuencia proceder con el estudio de fondo de los defectos sustantivo
y por desconocimiento del precedente propuestos por la Procuraduría General
de la Nación que desde ya se anticipa, serán estudiados de manera conjunta
al estar intrínsecamente relacionados entre sí, es decir, están dirigidos al
desconocimiento del sistema especial de carrera administrativa de la entidad
en mención.

5. Verificación del cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial
Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos, pues (i) la controversia alude a la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación
con ocasión de la providencia judicial del 8 de septiembre de 2025 que decidió en
única instancia el medio de control de nulidad electoral relacionada con la nulidad
del acto de nombramiento del señor Robert Yesid Castillo López en provisionalidad
en el empleo de Procurador Judicial I, código 3PJ, grado EG de la planta global
ubicado en la Procuraduría 173 Judicial I para la Conciliación Administrativa en
Bogotá; (ii) al ser un asunto de única instancia y no advertirse la procedencia de
recursos extraordinarios, se entiende superado el requisito de la subsidiariedad; (iii)

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se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues la
sentencia fue emitida el 8 se septiembre de 2025, fue notificada por correo
electrónico a las partes el 10 de septiembre de 2025 y la acción de tutela se presentó
el 15 de diciembre de 2025 por lo que se encuentra dentro del lapso considerado
como razonable; (iv) no se trata de una tutela contra sentencia de tutela y (v) se
identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.

6. Análisis de los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente en el caso concreto
6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma,
la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
Por su parte, el precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se
decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido
proceso del ciudadano.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes
para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente,
como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la
decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez
de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

6.2. Régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación
Es sabido que la carrera administrativa constituye la regla general para el
acceso a los cargos públicos y que el artículo 125 de la Constitución Política
establece la regla general del acceso a los empleos públicos a través del
mérito, con las salvedades que la mencionada norma consagra tales como la

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elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Así mismo existe claridad en cuanto que el medio para materializar el acceso
a los empleos en carrera administrativa es el concurso de méritos y que este
debe ser abierto y democrático, con lo que se busca garantizar la
transparencia en la elección de quienes pretenden ocupar determinado
empleo.
La Carta Política reconoce el sistema de carrera y la posibilidad de que existan
sistemas de carrera distintos y especiales para la provisión de los respectivos
empleos, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación,
regulado concretamente en el capítulo II del Ministerio Público, en cuyo
artículo 279 señala lo siguiente:
«ARTICULO 279. La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la
Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al
retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho
organismo».

La Corte Constitucional en reciente jurisprudencia8 recordó en relación con los
regímenes especiales textualmente:
«Sobre los regímenes especiales, esta Corporación ha establecido que la interpretación
armónica del ordenamiento constitucional lleva a sostener que, al igual que los ordinarios,
también están gobernados por los principios de igualdad, mérito y estabilidad. Esto, en aras
de proteger los derechos y garantías constitucionales de aspirantes y servidores públicos, así
como avalar los fines estatales de transparencia y eficacia de cara al ingreso al servicio
público».

En el caso concreto de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 262
de 20009 regula entre otros aspectos, el sistema de carrera de la entidad y la
procedencia de los encargos y nombramientos en provisionalidad.
Concretamente en lo que tiene que ver con la provisión de las vacantes
definitivas y temporales de la entidad, la norma en mención señala lo
siguiente:
«ARTÍCULO 184. Provisión de los empleos de carrera por vacancia definitiva. La
provisión de los empleos de carrera por vacancia definitiva se hará de acuerdo con el orden
de prioridad establecido en el artículo 190 de este decreto. Si no fuere posible, el empleo se
proveerá, previo concurso, por nombramiento en período de prueba, o en propiedad cuando
se supere el período de prueba o cuando se ascienda sin cambiar de nivel, como resultado de
un concurso de méritos».
«ARTÍCULO 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos provisionales.
<Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-503 de 2020>. En caso de vacancia
definitiva de un empleo de carrera, el Procurador General podrá nombrar en encargo a
empleados de carrera, o en provisionalidad a cualquier persona que reúna los requisitos
exigidos para su desempeño.
Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en carrera cumpla los
requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido calificación de servicios sobresaliente en
el último año y una calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos de
reinducción a que se refiere el numeral segundo del artículo 253 de este decreto. Sin embargo,
por razones del servicio, el Procurador General de la Nación podrá nombrar a cualquier
persona en provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos para el
desempeño del empleo por proveer.

8
Sentencia SU 425 del 14 de octubre de 2025. Magistrada Ponente Natalia Ángel Cabo.
9
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios
del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren
sujetos».

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El empleo del cual sea titular el servidor encargado podrá proveerse por encargo o en
provisionalidad mientras dure el encargo de aquél.
El servidor encargado tendrá derecho a la diferencia entre el sueldo de su empleo y el
señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no sea percibido por
su titular.
Efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la convocatoria a concurso
deberá hacerse dentro de los tres (3) meses siguientes a este nombramiento».
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, regirá a partir del 1 de
enero del año 2001 y lo dispuesto en el inciso quinto regirá a partir de agosto del año 2000.
«ARTÍCULO 186. Nombramiento provisional. <Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte
Constitucional C-503 de 2020>. El nombramiento tendrá carácter provisional cuando se trate de
proveer transitoriamente un empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el
sistema de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no se determine la clase de
nombramiento de que se trata.
También tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que ejerza un empleo de libre
nombramiento y remoción que, en virtud de la ley o de decisión judicial, se convierta en cargo
de carrera. En este caso, el concurso para proveer definitivamente la vacante respectiva será
abierto».
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El empleado que esté desempeñando un cargo de carrera en
calidad de provisional al momento de la entrada en vigencia de este decreto, podrá participar,
en igualdad de condiciones, en el concurso realizado para la provisión del respectivo empleo,
aunque éste sea de ascenso».
«ARTÍCULO 187. Provisión de los empleos por vacancia temporal. <Declarado EXEQUIBLE
mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-503 de 2020>. Los empleos de carrera cuyos titulares se
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos
podrán ser provistos por encargo o en forma provisional por el tiempo que duren aquellas
situaciones.
El servidor encargado tendrá derecho a la diferencia entre el sueldo de su empleo y el
señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no sea percibido por
su titular».
«ARTÍCULO 188. Duración del encargo y del nombramiento provisional. <Declarado
EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-503 de 2020> El encargo y la provisionalidad,
cuando se trate de vacancia definitiva en cargos de carrera, podrán hacerse hasta por seis (6)
meses. El término respectivo podrá prorrogarse por un período igual.
Si vencida la prórroga no ha culminado el proceso de selección, el término de duración del
encargo y de la provisionalidad podrá extenderse hasta que culmine el proceso de selección.
Cuando la vacancia sea el resultado de ascenso que implique período de prueba, el encargo
o el nombramiento provisional podrán extenderse por el tiempo necesario para determinar la
superación del mismo.
PARÁGRAFO. Por razones del servicio el Procurador General de la Nación podrá desvincular
a un servidor nombrado en provisionalidad o dar por terminado el encargo, aún antes del
vencimiento del término establecido en el presente artículo».

6.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el cargo concreto de Procuradores
Judiciales conforme lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-101
de 2013 al declarar la inexequibilidad de la expresión Procurador Judicial
contenida en el numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, dicho
empleo pasó de ser un empleo de libre nombramiento y remoción a ser uno
de carrera especial de la Procuraduría General de la Nación.
Esto implica que la provisión de estos empleos en la actualidad deba hacerse
mediante concurso de méritos y que quienes están en estos cargos deben
superar el respectivo concurso para pasar a tener derechos de carrera en
igualdad de condiciones que los demás ciudadanos que cumplan con los
requisitos y superen las respectivas etapas de la convocatoria, esto teniendo
presente que no es posible el ingreso automático en carrera administrativa.
La Corte Constitucional en Auto A-255 del 6 de noviembre de 2013 aclaró
además, con ocasión de una petición hecha por la Procuraduría General de

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la Nación, que si bien tanto en la Rama Judicial como en la Procuraduría
General de la Nación se accedía por concurso público de méritos, esto no
implicaba un régimen especial distinto al que tenía la Procuraduría y que no
podía compararse con el de la Rama Judicial. Ahora bien, en la sentencia C-503 de 2020 la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad de los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto
Ley 262 de 2000 y, en punto a los nombramientos en provisionalidad en
cargos de carrera administrativa, sostuvo lo siguiente:
«86. El nombramiento en encargo o en provisionalidad de los cargos de carrera vacantes,
temporal o definitivamente al interior de la Procuraduría General de la Nación persigue una
finalidad constitucionalmente importante, en tanto que las medidas a las que puede acudir
alternativamente el nominador, el encargo y el nombramiento provisional, buscan garantizar
la continuidad en la prestación del servicio, de manera que no existan interrupciones o
alteraciones durante el período que dura vacante el cargo, es decir, mientras se efectúa la
selección ordenada por la Constitución o se supera la situación administrativa que dio lugar a
la vacancia. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los concursos de
méritos requieren un determinado tiempo para la evacuación de las distintas etapas de la
selección, mientras que la prestación del servicio necesita ser continua, para cumplir los
principios que rigen el ejercicio de la función administrativa, particularmente los de celeridad,
eficiencia y eficacia, previstos en el artículo 209 de la Constitución. Tal justificación se predica
igualmente de la provisión de cargos temporalmente vacantes, ya que aunque en dicho
evento no se requiere la realización de un proceso de selección para la provisión definitiva
del cargo, sí es necesario que se eviten interrupciones y otras afectaciones en el ejercicio de
la función durante el lapso en el que dura la vacancia. 87. El nombramiento en encargo o en provisionalidad de los cargos de carrera
vacantes, temporal o definitivamente al interior de la Procuraduría General de la Nación
es efectivamente conducente. Esto porque, la medida permite que, ante una vacancia
temporal o definitiva, el Procurador General de la Nación pueda rápidamente designar
a una persona que cumpla con las exigencias del cargo, para desempeñar la función y
evitar así la afectación en el ejercicio de la función administrativa. De manera que tanto
el encargo, como la provisionalidad son formas adecuadas para garantizar el continuo
y eficiente ejercicio de la función administrativa, frente a situaciones de vacancia en el
cargo. 88. La potestad reconocida al Procurador general de la Nación para optar
alternativamente entre el encargo o la provisionalidad, para la provisión de cargos de
carrera que se encuentren vacantes, no es manifiestamente desproporcionada. La
ausencia de manifiesta desproporción se evidencia en el hecho de que, aunque el encargo
puede significar, para el empleado de carrera, la adquisición de nuevos conocimientos,
experiencia y, llegado el caso, la mejora de ingresos, al tener derecho a percibir
temporalmente la diferencia salarial correspondiente, en lo que concierne el mérito para el
ejercicio del cargo a proveer transitoriamente, los empleados de carrera no han sido
examinados en concreto, respecto del empleo en cuestión, es decir, que no disponen de un
mejor derecho a ejercer dicho cargo y, por el contrario, la facultad reconocida al
nominador para escoger discrecionalmente, entre la provisión de la vacante mediante
la figura del encargo o a través de un nombramiento provisional, materializa los
principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función administrativa. 89.

En efecto, no se vislumbra que, ante la necesidad de proveer transitoriamente una
vacante, el servidor en carrera tenga mejor derecho que el particular que se encuentra por
fuera de la entidad, considerando que el artículo 221 del Decreto Ley 262 de 2000 señala que
la inscripción en carrera se circunscribe a un empleo específico -aquél para el cual se
concursó-, a tal punto que, para poder ascender con derechos de carrera, se debe concursar
nuevamente para el cargo superior. De manera que los méritos que demostró se predican del
cargo para el que concursó, y no se extrapolan automáticamente para el desempeño de otra
posición dentro de la entidad. En otras palabras, el hecho de estar inscrito en el régimen de
carrera de la entidad, ciertamente puede ser un criterio a tener en cuenta por el nominador en
el marco de su discrecionalidad para proveer el cargo y al momento de motivar el acto
administrativo, pero no genera, por sí mismo, un derecho que ubica al servidor de carrera en
situación de privilegio o prelación frente al particular». […] (Negrillas intencionales)

6.4. Respecto al sistema de carrera especial de la Procuraduría General de la
Nación y su prevalencia frente al sistema general de carrera administrativa, la

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Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación10 se ha pronunciado en
el siguiente sentido:
«3.2 La organización de la carrera administrativa.
El ordenamiento jurídico colombiano permite advertir que la carrera administrativa en
Colombia se organiza en tres grandes categorías o modalidades:
(i) El sistema general de carrera, al que hace referencia el artículo 125 de la Constitución,
regulado en la Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”. Su campo de
aplicación está definido en el artículo 3º de dicha normativa y comprende una gran parte
de los empleos en la administración pública en los niveles nacional y territorial, central
y descentralizado11.
(ii) Por su parte los sistemas especiales de origen constitucional, que por su naturaleza
se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del Legislador, siempre con
observancia de los principios constitucionales, entre los que se destacan los de
igualdad, mérito y estabilidad12.
Al respecto la jurisprudencia ha identificado los regímenes de las universidades
estatales (art. 69 CP), de las Fuerzas Militares (art. 217 CP), de la Policía Nacional (art.
218 CP), de la Fiscalía General de la Nación (art. 253 CP), de la Rama Judicial (art.
256-1 CP), de la Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 266 CP), de la Contraloría
General de la República (art. 268-10 CP) y de la Procuraduría General de la Nación
(art. 279 CP)13.
(iii) Entre tanto los sistemas específicos de carrera de origen legal. Son aquellos que, a
pesar de no tener referente normativo directo en la Carta Política, se conciben como
una manifestación de la potestad del Legislador de someter el ejercicio de ciertas
funciones institucionales a un régimen propio, cuando las particularidades de una
entidad justifican la adopción de un estatuto singular, por supuesto dentro de los
mandatos generales que la Constitución traza en el ámbito de la función pública.
3.3. El régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución Política, “La ley determinará
lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo
atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades,
denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados
de dicho organismo.”.

10
Sentencia del 27 de octubre de 2023. Expediente 11001-03-25-000-2018-01376-00. Ponencia del magistrado César
Palomino Cortés.
11
“ARTÍCULO 3º. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY:
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos:
a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del
nivel Nacional y de sus entes descentralizados; al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo
cuando en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupados por personas que no tengan la nacionalidad
colombiana; al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén organizadas como entes
universitarios autónomos [Cfr. Sentencia C-566 de 2000]; al personal administrativo de las instituciones de educación
formal de los niveles preescolar, básica y media; a los empleados públicos de las entidades descentralizadas adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional; a los empleados públicos
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional [Derogado
por el art. 14, Ley 1033 de 2006]; a los comisarios de Familia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del
artículo 30 de la Ley 575 de 2000 [Derogado por el art. 14, Ley 1033 de 2006];
b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades: en las corporaciones autónomas
regionales; en las personerías; en la Comisión Nacional del Servicio Civil; en la Comisión Nacional de Televisión [Cfr.
Sentencia C-532 de 2006]; en la Auditoría General de la República [Cfr. Sentencia C-315 de 2007]; en la Contaduría
General de la Nación;
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y
municipios y sus entes descentralizados;
d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas Departamentales, de los Concejos
Distritales y Municipales y de las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan
empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como: Rama Judicial del
Poder Público; Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; Contraloría General de la República y
Contralorías Territoriales [Cfr. Sentencia C-319 de 2007]; Fiscalía General de la Nación; Entes Universitarios autónomos;
Personal regido por la carrera diplomática y consular; El que regula el personal docente [Cfr. Sentencia C-175 de 2006];
El que regula el personal de carrera del Congreso de la República.
Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para los
empleados de carrera del Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley
[Cfr. Sentencia C-073 de 2006]”.
12
Corte Constitucional, Sentencias C-532 de 2006 y C-553 de 2010, entre otras.
13
Corte Constitucional, Sentencias C-391 de 1993, C-356 de 1994, C-746 de 1999, C-1230 de 2005, C-315 de 2007 y C-
553 de 2010, entre muchas otras.

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A partir del anterior precepto constitucional, se advierte que la Procuraduría General de la
Nación cuenta con un régimen propio de carrera, diferente del régimen general establecido
en la Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” No obstante, el
artículo 3º de la citada ley, al definir su campo de aplicación, establece en su numeral 2º que:
“Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso
de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras
especiales tales como: (…) la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.”.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º numeral 4º de la Ley 573 de 2000, el
Congreso de Colombia revistió al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para expedir en el término de quince (15) días, contados a partir de su
publicación, normas con fuerza de ley para: “4. Modificar la estructura de la Procuraduría General
de la Nación, así como su régimen de competencias y la organización de la Procuraduría General de la
Nación e igualmente la del Instituto de Estudios del Ministerio Público, así como el régimen de
competencias interno de la entidad y dictar normas para el funcionamiento de la misma; determinar el
sistema de nomenclatura, denominación, clasificación, remuneración y seguridad social de sus
servidores públicos, así como los requisitos y calidades para el desempeño de los diversos cargos de
su planta de personal y determinar esta última; crear, suprimir y fusionar empleos en esa entidad;
modificar su régimen de carrera administrativa, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus
servidores públicos y regular las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.”
(El subrayado es de la Sala).
En ejercicio de tales facultades, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 262 del
22 de febrero de 2000, en cuyos artículos 7 núm. 45, 82, 88, 97 inc. 2, 99 núm. 2, 158 núm.
1, 159, 164, 170, 182 núm. 1 y 2, y en el Título XIV (artículos 183 a 250) se regula el régimen
especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, siendo de destacar que ese
organismo de control cuenta con una Comisión de Carrera y una Oficina de Selección de
Carrera, cuyas funciones se encuentran expresamente detalladas en los artículos 240 y 12
del mismo Decreto Ley, normas que por demás han sido desarrolladas a través de distintas
resoluciones expedidas por el Procurador General de la Nación, en ejercicio de la amplia
potestad que le otorga el artículo 7 numeral 45 del meritado Decreto Ley, como supremo
director y administrador del sistema de carrera.
En suma, la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación, se encuentra
regulada por las normas de ese régimen especial y excepcionalmente por las del régimen
general previsto en la Ley 909 de 2004, sin que sea dable entender que le son aplicables las
disposiciones de carrera previstas en otros regímenes especiales como el de la rama judicial,
pues a pesar de los nexos funcionales que tiene dicho organismo de control con los
despachos judiciales ante los cuales actúa, en realidad no forma parte de la rama judicial, tal
y como se establece el inciso segundo del artículo 113 superior, anteriormente mencionado,
en donde se precisa que además de los instituciones que integran las ramas del poder público
“(…)existen otros órganos, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones
del Estado”, dentro de los cuales se encuentra precisamente la Procuraduría General de la
Nación».

En armonía con el precedente y la posición de la Sección Segunda de la
Corporación, el sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación
es preferente con respecto al sistema de carrera administrativa regido por las
normas generales.
6.5. En relación con el mérito como el principio rector de la carrera administrativa
y la provisión de empleos, es importante destacar que este se erige como un
criterio rector de acceso a la función pública y tiene un sustento constitucional
que se materializa en el concurso público con el fin de seleccionar de manera
imparcial personal más idóneo y calificado.
Así lo recordó la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación en la
sentencia del 27 de octubre de 202314 en la que sostuvo lo siguiente:
«El mérito asegura primordialmente el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, sobre
la base de criterios objetivos de modo que cualquier persona que cumpla con los requisitos
constitucionales y legales puede concursar en igualdad de condiciones para acceder a
determinado cargo. Así, se proscriben juicios subjetivos, religiosos, ideológicos, raciales, de
género o políticos en la selección. Se ha subrayado que la igualdad en el sistema de carrera
se relaciona con la equivalencia proporcional, en este sentido, existe una adecuación entre el

14
Expediente 11001-03-15-000-2018-01376-00. Ponencia del magistrado César Paloino Cortés.

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empleado y el cargo, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, y con base en
“la estimación de las condiciones del candidato y el merecimiento de éste”».

Frente a la carrera administrativa especial de la Procuraduría General de la
Nación, el Consejo de Estado, Sección Segunda hizo las siguientes
precisiones en relación con el régimen especial que comporta y la
imposibilidad de asemejarse al sistema de carrera de la Rama Judicial:
«En suma, la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación, se encuentra
regulada por las normas de ese régimen especial y excepcionalmente por las del régimen
general previsto en la Ley 909 de 2004, sin que sea dable entender que le son aplicables las
disposiciones de carrera previstas en otros regímenes especiales como el de la rama judicial,
pues a pesar de los nexos funcionales que tiene dicho organismo de control con los despachos
judiciales ante los cuales actúa, en realidad no forma parte de la rama judicial, tal y como se
establece el inciso segundo del artículo 113 superior, anteriormente mencionado, en donde se
precisa que además de los instituciones que integran las ramas del poder público “(…)existen
otros órganos, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”,
dentro de los cuales se encuentra precisamente la Procuraduría General de la Nación».

También es oportuno citar un pronunciamiento de la Sección Segunda de esta
Corporación15 en una acción de tutela en el que la Procuraduría General de la
Nación contaba con una lista vigente para la provisión del empleo vacante,
hizo un análisis precisamente de las listas de elegibles cuyos apartes
relevantes la Sala se permite transcribir:
«En relación a la finalidad de la lista de elegibles, constituida como consecuencia de un
concurso de méritos, la jurisprudencia Constitucional ha señalado que “(…) La conformación de
la lista de elegibles es un acto administrativo de carácter particular, cuyo fin es de establecer un orden
para proveer los cargos estrictamente ofertados y no otros, lo que obliga a las entidades nominadoras a
proveer exclusivamente el número de plazas ofertadas en cada una de las convocatorias o las que se
generen durante su vigencia, siempre y cuando se refieran al mismo cargo para el cual se ofertó el
concurso en donde el nombramiento debe hacerse en estricto orden de mérito con quienes se
encuentren en el primer lugar en la lista. Las plazas que no correspondan a la convocatoria o que con
posterioridad resulten vacantes, requerirán de un nuevo concurso (…)” (subrayado y negrilla fuera de
texto).
Así pues, es importante mencionar que si bien la Corte Constitucional, ha indicado que la lista
de elegibles debe ser empleada para proveer los cargos ofertados y no otros, luego, precisó
que eventualmente, la entidad convocante puede disponer que la lista o registro definitivo de
elegibles, sea utilizado para suplir empleos que no hayan sido objeto inicialmente de oferta en
el concurso de méritos, siempre que: (i) dicha regla sea prevista en las normas del concurso,
es decir, en las bases de la convocatoria, y (ii) que estos nuevos empleos sean de la misma
denominación, naturaleza y perfil que los que fueron expresamente contemplados en la
convocatoria. Al respecto dijo:
“(…) Lo anterior significa que es potestad del legislador señalar en la ley general de carrera o en las
leyes de carrera especial que con el registro de elegibles se pueden proveer cargos diversos a los que
fueron ofertados cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación de aquellos. Facultad que
también puede ostentar la entidad convocante, quien en las reglas que regirán el concurso puede señalar
expresamente que la lista que se configure servirá para proveer las vacantes que se lleguen a presentar
en vigencia de la lista para empleos de la misma naturaleza y perfil. La introducción de este criterio es
una pauta de obligatoria observancia para la administración, que le permitirá, en el término de vigencia
del registro de elegibles que se llegue a conformar, proveer las vacantes que se lleguen a presentar, por
cuanto expresamente habilitó el uso de ese acto administrativo para tal efecto (…)”16
De lo anterior, es posible inferir que las listas de elegibles tienen una connotación y relevancia
significativa, en la medida en que son un instrumento idóneo para proveer cargos de carrera
administrativa al interior de las entidades públicas, pues, (i) de acuerdo con el artículo 125 de
la Constitución, la regla general es que los empleos públicos son de carrera y deben ser
provistos a través de concursos públicos que permitan comprobar, verificar y medir el mérito;
y (ii) en virtud de la aplicación de criterios de razonabilidad, eficiencia y economía en el gasto
público, de tal manera que se le dé el mayor uso posible a la lista de elegibles mientras esté
vigente».

15
Proferida el 13 de junio de 2019 por la Subsección B, expediente 11001-03-15-000-2019-00709-01. Actor: Procuraduría
General de la Nación. Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ponencia del magistrado Rafael Francisco
Suárez Vargas (E).
16
Corte Constitucional, Sentencia SU 446 de 2011, M.P. 26 de mayo de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.

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6.6. En el caso objeto de estudio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C en la providencia del 8 de septiembre de 2025
(cuestionada), hizo las siguientes consideraciones en relación con el acto
administrativo (Decreto 1736 del 5 de noviembre de 2024) por el que se nombró
en provisionalidad al señor Robert Yesid Castillo López en el empleo de
Procurador Judicial 1, código 3PJ, grado EG de la planta global ubicado en la
Procuraduría 173 Judicial I para la Conciliación Administrativa en Bogotá :
«El acto acusado en su parte motiva expone: Que mediante el Decreto Ley 265 de 2000 y las demás normas que lo adicionan, se estableció
la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación incluida la del instituto de Estudios
del Ministerio Público, determinando los cargos pertenecientes a la planta de personal
globalizada. Que el empleo de procurador judicial l, código 3PJ, grado EG (lD.1391) es por su naturaleza un
empleo de carrera administrativa perteneciente a la planta globalizada de la entidad, el cual se
encuentra vacante y será ubicado por medio del presente acto administrativo en la Procuraduría
173 Judicial I Para la Conciliación Administrativa Bogotá, según las necesidades del servicio. Que de acuerdo con los numerales 7, 33, y 34 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, a la
Procuradora General de la Nación le corresponde: i) expedir actos administrativos necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Entidad, ii) organizar las dependencias de la Entidad para
su adecuado funcionamiento, con base en las necesidades del servicio y iii) distribuir y reubicar
los empleos de la planta de personal globalizada, entre las distintas dependencias de la
Procuraduría General de la Nación. Que el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000, establece que, en caso de vacancia definitiva
de un empleo de carrera, la Procuradora General de la Nación podrá nombrar en provisionalidad
a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para su desempeño. Que el nombramiento tendrá carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un
empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito conforme lo
señala el artículo 186 del mismo decreto. Que el artículo 188 ibidem señala que los nombramientos en provisionalidad, cuando se trate de
vacancia definitiva en cargos de carrera administrativa, podrán hacerse hasta por seis (6) meses. El término respectivo podrá prorrogarse por un período igual. Si vencida la prórroga no ha
culminado el proceso de selección, el término de duración de la provisionalidad podrá extenderse
hasta que culmine el proceso de selección. Que, ROBERT YESID CASTILLO LÓPEZ, [...] cumple los requisitos para ejercer el cargo de
procurador judicial l, código 3PJ, grado EG (lD. 1391) que se ubicará en la Procuraduría 173
Judicial l Para la Conciliación Administrativa Bogotá, con funciones en el Despacho de la
Procuradora General de la Nación, según la verificación previa efectuada por el Grupo de Gestión
de Personal - División de Gestión Humana. DECRETA
ARTICULO PRIMERO: - NOMBRAR en provisionalidad hasta por seis (6) meses a ROBERT
YESID CASTILLO LÓPEZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía NO1.140.819.797, en el
empleo de procurador judicial l, código 3PJ, grado EG (ID.1391) de la planta global, y ubicarlo
en la Procuraduría 173 Judicial l Para la Conciliación Administrativa Bogotá, con funciones en el
Despacho de la Procuradora General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa del presente acto administrativo. […]
Del contenido del acto acusado no se extrae motivo que justifique no hacer el nombramiento
en encargo con base en el mérito, ni las razones del servicio que amerite acudir por excepción
al nombramiento provisional. Lo anterior prueba el cargo de nulidad por infracción del artículo 125 constitucional, como se
explicó en el marco jurídico aplicable.

Resta decir que los precedentes adoptados por las otras Subsecciones de la Sección Primera
de la Corporación no son vinculantes para la Subsección C, porque no existe norma
constitucional que disponga que las decisiones de las otras salas de la misma corporación u
otras corporaciones son precedente judicial obligatorio. Los conceptos de la Sala de Consulta
y Servicio Civil no tienen la calidad de precedente. Además, la Subsección precisa que no sigue la postura que adoptaron las otras Subsecciones
de la Sección Primera ni la Sección Segunda porque, en ejercicio de su autonomía e
independencia en la interpretación del derecho, encuentra que un control de convencionalidad
y constitucionalidad del acto acusado y una interpretación sistemática y finalista del
ordenamiento jurídico, llevan a una garantía ampliada del principio constitucional del mérito
como eje rector del acceso, ascenso y permanencia en los empleos públicos de carrera
administrativa, el cual se refuerza al aplicar el carácter preferente del encargo como
mecanismo de provisión temporal.

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En este sentido, la provisionalidad debe entenderse como una figura de carácter excepcional,
cuya aplicación no puede desplazar el derecho preferencial de los servidores de carrera que
cumplen con los requisitos legales para acceder al empleo vacante a través del encargo.
Por tanto, esta Sala adopta una posición que privilegia la protección del principio de mérito
y la progresividad de los derechos laborales, en consonancia con la jurisprudencia
constitucional y con el deber de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los
cargos públicos.
Los anteriores argumentos obligan a acceder a las pretensiones de nulidad por infracción al
artículo 125 constitucional».

Las anteriores consideraciones expuestas por el Tribunal en la sentencia que
se cuestiona fueron el análisis de cara al caso concreto y que tuvo que ver
con el nombramiento en provisionalidad hecho al señor Castillo López en un
cargo de carrera administrativa que es el de procurador judicial I que, de
acuerdo con algunas piezas procesales del expediente ordinario se trató de
un empleo que se encontraba en vacancia definitiva.
Para declarar la nulidad del acto administrativo acusado, la autoridad judicial
accionada expuso los siguientes argumentos:
«… la Subsección considera que no es posible realizar una interpretación fragmentada o
aislada del ordenamiento jurídico, como lo exige la parte demandada, por el contrario, debe
hacerse un control convencional y constitucional del acto acusado, desde la cúspide de la
pirámide normativa -la Constitución Política- y articulando las normas generales y especiales
que la desarrollan.
En ese sentido, lo cierto es que el artículo 125 constitucional ordena privilegiar el
nombramiento en los cargos de carrera por méritos, esto es, con personas que hayan
superado un concurso de méritos, no el nombramiento provisional con personas que
simplemente cumplan los requisitos de ley, como alegan los demandados, ni siquiera en un
régimen especial de carrera, pues el mandato constitucional transversal e inequívoco es
acceder a la función pública en condiciones de igualdad y por concurso.
Ese control integral, entonces, no puede limitarse a la lectura estática del pronunciamiento de
la Corte en la sentencia C-503 de 2020, que los demandados citan como el único precedente
y con efectos erga omnes, porque ello desconoce que la cosa juzgada constitucional absoluta
solo ocurre con la declaratoria de inconstitucionalidad, mientras que en la declaratoria de
constitucionalidad solo se predica de los precisos cargos analizados, sin que ello impida el
control por nuevos cargos o conforme a la evolución del ordenamiento jurídico en el marco
del derecho viviente.
Con esa precisión es que la Subsección trae al análisis que en ese fallo la Corte Constitucional
no hizo un pronunciamiento sobre el efecto que tuvo la modificación de la Ley 909 del 2004
en la interpretación de los derechos de carrera del personal de la Procuraduría General de la
Nación.
Al respecto se resalta nuevamente que si bien dicha ley tiene un carácter supletorio para los
sistemas especiales de carrera, en cuanto a los principios generales de la función pública es
vinculante el mandato del legislador de 2019, que se colocó al día con la evolución
jurisprudencial sobre la interpretación y aplicación del artículo 125 constitucional, para
imponer la prevalencia del mérito en la provisión de los empleos de carrera y decir de modo
categórico que el mérito es el factor determinante para la provisión temporal de los empleos.
Y es que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, dispuso
de modo general, integrador y más protector, a la luz del mandato constitucional de
prevalencia del acceso a la función pública por el sistema de concurso de méritos, que cuando
hubiere un empleo de carrera administrativa vacante, mientras se surte el proceso de
selección para proveerlo mediante carrera, los empleados de carrera tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes
y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último
año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.
Esta integración no es contraria ni restringe el contenido de la sentencia C-503 de 2020, que
en todo caso interpretó la norma allí demandada bajo el mismo principio y concluyó que el
mérito es el factor determinante para la provisión de los empleos de carrera que estén
temporalmente vacantes.
En el proyecto de ley que finalizó con la expedición de la Ley 1960 de 2019 se anotó:

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[…]
Finalmente, resalta la Subsección que la interpretación del artículo 125 constitucional como
una garantía al acceso por encargo a los empleos vacantes mientras se surte el concurso de
méritos, también irradió la configuración legislativa plasmada en la Ley 2430 de 2024 que
modificó el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
cuando consagró que en la provisión de la vacante temporal en cargos en el sistema especial
de carrera judicial de la Rama Judicial se optará por un funcionario o empleado de carrera del
despacho respectivo, siempre que cumpla los requisitos para el cargo.
Todo lo anterior da cuenta de una interpretación amplificadora de la garantía de acceso a la
función pública por méritos en situaciones administrativas de vacancia en empleos de carrera,
que concibe el artículo 125 constitucional como un mandato de protección más estricto de la
carrera, mientras que el uso discrecional del nombramiento provisionalidad se presenta como
un debilitamiento de los fundamentos constitucionales del mérito.
Como cierre, la Subsección precisa que no desconoce la interpretación del máximo Tribunal
Constitucional contenida en la sentencia C-503 de 2020, por el contrario, la invoca en las
consideraciones relativas a la constitucionalidad de la norma que consagra el nombramiento
provisionalidad como una excepción válida para garantizar la continuidad del servicio, cuando
se ciñe a los siguientes parámetros:
✓ Debe ser excepcional.
✓ Requiere acto administrativo motivado que justifique la necesidad.
✓ Debe cesar cuando se provea el cargo por concurso o se reintegre el titular.
✓ En ese ámbito la facultad del Procurador General de la Nación para elegir entre encargo
o provisionalidad no es desproporcionada […]».

Revisados los argumentos que expuso el Tribunal como soporte de la
decisión, si bien hizo mención de manera general a las normas de carrera
administrativa especial de la Procuraduría General de la Nación y a la
sentencia C-503 de 2020 de la Corte Constitucional, no se hizo una
interpretación y una aplicación de las mismas al caso concreto; el análisis
debió partir de las facultades que de manera expresa se reconocen al
Procurador General de la Nación en determinadas circunstancias para hacer
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa que se
encuentren vacantes temporal o definitivamente.

Esto implica verificar el alcance de las normas relacionadas con el sistema
especial de carrera de la Procuraduría y los precedentes jurisprudenciales del
órgano de cierre.

Resultaba relevante al caso que el Tribunal accionado verificara de una parte,
las normas especiales y el alcance e interpretación que han tenido, así como
también la situación concreta que rodeó el caso, pues no se encuentra un
estudio acerca de si la vacante que pasó a ser ocupada en provisionalidad por
el señor Robert Yesid Castillo López era una vacante temporal o definitiva, así
como tampoco se evidencia un estudio frente a la posible existencia de listas
de elegibles vigentes para el momento del nombramiento efectuado en
provisionalidad; aspecto que resultaba de importancia para precisamente
entender las razones por las que se argumentaba la sentencia en torno al
mérito y a la prevalencia de la carrera administrativa, pues en este aspecto, el
análisis que se efectuó contradice el razonamiento efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-503 de 2020, al referirse a la exequibilidad
de las normas que reconocen la facultad del nominador para escoger
discrecionalmente, entre la provisión de la vacante mediante la figura del
encargo o a través de un nombramiento provisional.

En este punto, estima la sala que la autoridad judicial accionada erró al
intentar aplicar la carga de apartamiento del precedente respecto de una

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sentencia en la que la Corte Constitucional, en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad cuyos efectos son erga omnes.

De modo que, sin desconocer el propósito que buscó el Tribunal accionado
de reconocer el mérito y la progresividad de los derechos laborales, tales
premisas no pueden llevar a una indebida interpretación y aplicación de las
normas en este caso como se indicó, con respecto al sistema de carrera
especial de carrera administrativa de la procuraduría ni al alcance fijado por la
Corte Constitucional ni de la jurisprudencia del órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre la materia.

Para el nombramiento provisional, en el caso examinado, era menester
acreditar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo, y
verificar aspectos tales como la existencia o no previa de una lista de elegibles
vigente, la condición de la vacante (definitiva o temporal). De lo que no da
cuenta la sentencia que se cuestiona.

A juicio de la Sala, en el caso concreto se encuentra acreditado el defecto
sustantivo alegado por aplicación indebida de la norma y por el alcance que
la Corte Constitucional le dio en la sentencia C-503 de 2020 que también
comporta un defecto sustantivo al tratarse de una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad, según los cuales:

(i) «… Tanto el encargo, como la provisionalidad son formas adecuadas para
garantizar el continuo y eficiente ejercicio de la función administrativa, frente a
situaciones de vacancia en el cargo».

(ii) «La potestad reconocida al Procurador general de la Nación para optar
alternativamente entre el encargo o la provisionalidad, para la provisión de
cargos de carrera que se encuentren vacantes, no es manifiestamente
desproporcionada».

(iii) «La facultad reconocida al nominador para escoger discrecionalmente, entre la
provisión de la vacante mediante la figura del encargo o a través de un
nombramiento provisional, materializa los principios de eficiencia y eficacia en
el ejercicio de la función administrativa».

Al encontrar acreditado el defecto sustantivo, la Sala se relevará de
pronunciarse frente al cargo por desconocimiento del precedente horizontal
alegado por la entidad pública tutelante.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia del 5 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación que declaró improcedente la acción de tutela.

En su lugar, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
Procuraduría General de la Nación y se ordenará dejar sin efectos la sentencia del
8 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C para que dentro de los veinte (20) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia de reemplazo en
la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. REVOCAR el fallo del 5 de febrero de 2026 proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta,
para en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 8 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C y, ORDENAR a dicha autoridad judicial que dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una
sentencia de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones
hechas en esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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