RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08008-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08008-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08008-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de Ardiko A&S Suministros, Servicios S.A.S y Unión Temporal Emprendimiento Atlántico, por no satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia, plazo razonable y seguridad jurídica a Petrocomerce S.A.S. y Silfo Comercializadora S.A.S, por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08008-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: UNIÓN TEMPORAL EMPRENDIENDO ATLÁNTICO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela por mora judicial / niega el derecho fundamental al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, plazo razonable y a la seguridad
jurídica. – La autoridad accionada actuó con diligencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 16 de diciembre de 20251, por la
Unión Temporal Emprendiendo Atlántico2, quien actúa a través de su representante
legal, el señor Jorge Alfredo Silva Forero, contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al plazo razonable y a la seguridad jurídica.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. La Unión Temporal Emprendiendo Atlántico actúa como parte demandante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
08001-23-33-000-2022-00350-00/01.

2. Mediante providencia del 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, profirió sentencia de primera instancia.
Contra dicha decisión, las partes interpusieron recursos de apelación, razón por la
cual el expediente fue remitido al Consejo de Estado para el trámite correspondiente
en segunda instancia.

3. La parte accionante afirmó que, mediante anotación registrada el 22 de febrero
de 2024, el expediente ingresó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, específicamente al despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez

1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 16 de diciembre de 2025 con secuencia: 12901”.
2
La cual conforman las sociedades: Ardiko A&S Suministros y Servicios S.A.S., Petrocomerce S.A.S.
y Silfo Comercializadora S.A.S.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Navas3, con el fin de que se profiriera la sentencia de segunda instancia. En
consecuencia, el proceso habría quedado formal y materialmente en estado de fallo.

4. Posteriormente, indicó que el 31 de julio de 2024 se dejó constancia reiterada de
que el expediente continuaba al despacho para sentencia, sin que, pese a ello, se
hubiese emitido la decisión de segunda instancia.

5. El 5 de febrero de 2025, se registró el cambio de ponente, de modo que el asunto
está a cargo de la magistrada Adriana Polidura Castillo.

6. La parte actora sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, el
proceso aún no cuenta con decisión, pese a permanecer en estado de fallo por un
término que considera objetivamente desproporcionado.

7. Finalmente, manifestó que en el expediente no existe actuación pendiente a
cargo de las partes, ni se advierte requerimiento probatorio o trámite previo que
justifique la demora en la emisión de la sentencia. En su criterio, dicha inactividad
judicial ha ocasionado un escenario de incertidumbre jurídica que afecta de manera
directa sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, plazo razonable y seguridad jurídica.

Pretensiones

8. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. AMPARAR los derechos fundamentales vulnerados.
2. DECLARAR la existencia de mora judicial.
3. ORDENAR la expedición de la sentencia dentro de un término razonable
que no exceda de treinta (30) días.
4. ADVERTIR a la autoridad judicial sobre su deber constitucional”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte actora manifestó que la presente acción de tutela se fundamenta en los
artículos 29, 86 y 229 de la Constitución Política; en los artículos 1, 2, 5 y 37 del
Decreto 2591 de 1991; así como en lo previsto en el artículo 1°, numeral 1°, inciso
final, del Decreto 1382 de 2000.

10. Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado de manera uniforme
que la mora judicial injustificada, particularmente cuando el proceso se encuentra
en estado de fallo y no existe actuación pendiente que explique o justifique la
demora, puede configurar una vulneración de derechos fundamentales y, por ende,
habilita el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo de protección. En
respaldo de lo anterior, citó, entre otras, las sentencias T-1249 de 2004, SU-336 de
2017, T-186 de 2017 y T-230 de 2020.

3
Magistrado que ya culminó su periodo constitucional.
4
Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite en primera instancia

11. Mediante auto del 19 de diciembre de 20255, el despacho sustanciador requirió
a la parte tutelante para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación
efectiva de la decisión, allegara el certificado de existencia y representación legal
de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico, con el fin de acreditar la legitimación
para promover la acción.

12. A través de memorial del 13 de enero de 2026, el señor Jorge Alfredo Silva
Forero indicó que su representación se encontraba acreditada con el documento de
cambio de representante legal de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022,
suscrito el 30 de septiembre de 2024 y reconocido ante notario. Revisado el
expediente, se constata que los representantes de las sociedades integrantes de la
unión temporal modificaron el acta de conformación y designaron como
representante legal al señor Jorge Alfredo Silva Forero.

13. Posteriormente, mediante auto de 22 de enero de 20266, se admitió la acción
de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se dispuso la vinculación de las
sociedades Ardiko A&S Suministros y Servicios S.A.S., Petrocomerce S.A.S. y Silfo
Comercializadora S.A.S., así como del Departamento del Atlántico, Servicios de
Alimentación NP S.A., el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Ministerio Público,
junto con los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 08001-23-33-000-2022-00350-01, en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso. Finalmente, el despacho
requirió a los señores Andrés Muñoz Rubio, Catalino José Arteaga Cavadía, Adriana
Camargo Beltrán y Jorge Alfredo Silva Forero para que, en un término máximo de
dos (2) días contado a partir del recibo de la comunicación, allegaran los certificados
de existencia y representación legal de las sociedades Silfo Comercializadora
S.A.S., Petrocomerce S.A.S. y Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios
S.A.S.

Intervenciones

14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado7 solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela promovida por Jorge Alfredo Silva
Forero, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Emprendiendo
Atlántico, al considerar que no se configura mora judicial injustificada que habilite la
intervención excepcional del juez constitucional, ni se acreditan razones que
permitan alterar el turno de fallo. Sostuvo que el expediente ha sido impulsado de
manera constante, sin períodos de inactividad atribuibles al despacho, y que no se
advierte vulneración de los derechos fundamentales alegados.

5
Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoquerequie_220250800800ADMITEUN(.pdf) NroActua 4.
6
Índice electrónico 013 de SAMAI. 17Autoqueadmite_220250800800ADMITEJO(.pdf) NroActua 13.
7
Índice electrónico 018 de SAMAI.22CONTESTACIONDE_Informetutela2025080(.pdf) NroActua 18.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

15. Como sustento, expuso que el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado 08001-23-33-000-2022-00350-01 ha seguido su curso regular:
(i) el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 29 de septiembre de
2023, por lo que declaró la nulidad del acto de adjudicación y del contrato derivado,
y condenó en abstracto al pago de la utilidad esperada; (ii) las partes interpusieron
recursos de apelación el 25 de octubre de 2023; (iii) estos fueron asignados por
reparto el 1 de diciembre de 2023 y admitidos mediante auto del 25 de enero de
2024; (iv) el expediente ingresó al despacho para fallo el 22 de febrero de 2024, al
no decretarse pruebas; y (v) posteriormente, se resolvieron incidencias procesales
de representación judicial y el proceso reingresó para elaboración del proyecto, con
constancia del cambio de ponente en febrero de 2025.

16. Finalmente, indicó que el tiempo transcurrido debe analizarse bajo el criterio del
plazo razonable, al considerar que la congestión estructural del despacho y la carga
de procesos pendientes, sin que ello implique negligencia funcional. Añadió que la
prelación del proceso solo procede en casos excepcionales, los cuales no se
acreditan en este asunto, razón por la cual debe mantenerse el orden cronológico
para fallo.

17. La Gobernación del Atlántico8 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la omisión proviene del
Departamento del Atlántico.

18. Paola Andrea Oviedo Bravo9, quien actúa en calidad de apoderada judicial
dentro del proceso ordinario10, acudió con carácter de urgencia para manifestar lo
siguiente:

19. Manifestó que fue informada del memorial radicado el 30 de enero de 2026 por
el señor Jorge Alfredo Silva Forero, quien afirmó actuar como nuevo representante
legal de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022. Aseveró que se pretende
revocar el poder conferido a su favor, así como designar al abogado Jorge Omar
Palencia Carvajal. Frente a dicha actuación, afirmó que se opone a ello, toda vez
que el señor Silva Forero carece de facultad para revocar o conferir poderes en
nombre de la Unión Temporal. En efecto, el documento de constitución establece
que la designación o cambio de representante legal exige decisión unánime de sus
integrantes, formalizada mediante documento suscrito por todos ellos.

20. El documento aportado para acreditar su nombramiento, fechado el 30 de
septiembre de 2024, no cumple con ese requisito, pues no cuenta con la suscripción
de la señora Adriana Camargo Beltrán, representante legal de Ardiko A&S
Construcciones Suministros y Servicios S.A.S., sociedad que ostenta el 30 % de

8
Índice electrónico 020 de SAMAI.22_MemorialWeb_Respuesta-INFORMEJORGESILVA(.pdf)
NroActua 20.
9
Índice electrónico 024 de SAMAI. 29_MemorialWeb_PeticiOn-MEMORIALPRONUNCIAMI(.pdf)
NroActua 24.
10
Índice electrónico 08 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico.
10_ACEPTARENUNCIADEPODERRECONOCIMIENTO_SUSTITUCIONPODERDEMA(.pdf)
NroActua 8.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

participación en la Unión Temporal. Por tanto, no se configura la unanimidad exigida
y el supuesto nombramiento carece de eficacia jurídica y de oponibilidad frente a
terceros y a esta Corporación.

21. En consecuencia, el señor Silva Forero no se encuentra habilitado para revocar
poderes ni para conferir nuevos mandatos, de modo que el poder otorgado al
abogado Jorge Omar Palencia Carvajal es inválido y la revocatoria del mandato
carece de efectos. Admitir lo contrario implicaría desconocer la autonomía de los
integrantes de la Unión Temporal y afectar su derecho al debido proceso y a la
defensa técnica.

22. Por lo anterior, solicitó denegar el reconocimiento de personería al abogado
Jorge Omar Palencia Carvajal y tener por no presentada la revocatoria del poder,
hasta tanto se acredite en debida forma, y con el cumplimiento de los requisitos
estatutarios —en especial, la unanimidad—, la representación legal de la Unión
Temporal.

23. Jorge Alfredo Silva Forero11 manifestó que en cumplimiento del requerimiento
efectuado en el auto admisorio de la demanda, allegó los certificados de existencia
y representación legal expedidos por las cámaras de comercio competentes,
correspondientes a cada una de las sociedades que integran la Unión Temporal
accionante —Ardiko A&S Suministros y Servicios S.A.S., Petrocomerce S.A.S. y
Silfo Comercializadora S.A.S., los cuales fueron aportados oportunamente.

24. El Tribunal Administrativo del Atlántico, el Ministerio Público, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Servicio de Alimentación NP S.A.12,
Juan Antonio Spirko Payares, Janeth Liliana Pantoja Mallama, Gina Rocio
Meyer Arévalo13 guardaron silencio a pesar de haber sido notificados.

CONSIDERACIONES
Competencia

25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201914.

Problema jurídico y metodología de la decisión

26. El señor Jorge Alfredo Silva Forero, en calidad de representante legal de la
Unión Temporal Emprendiendo Atlántico, promovió acción de tutela con el propósito

11
Índice electrónico 021 de SAMAI. 26RECIBEMEMORIAL_Memorial_Memorial_Cumplimient(.pdf)
NroActua 21.
12
Índice electrónico 016 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 16.
13
Índice electrónico 025 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 25.
14
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al plazo razonable y a la seguridad jurídica, los cuales
considera vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. La solicitud de amparo se sustenta en la presunta mora judicial en la que,
a su juicio, se habría incurrido dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 08001-23-33-000-
2022-00350-01.

27. En este contexto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción
de tutela interpuesta cumple los requisitos formales de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia constitucional para su admisión. Superado dicho examen preliminar,
se procederá a efectuar el análisis de fondo encaminado a establecer si, en el caso
concreto, las autoridades judiciales accionadas trasgredieron los derechos
fundamentales invocados, en particular los relacionados con el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, el respeto del plazo razonable y la seguridad
jurídica.

28. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.

Mora judicial

29. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución15.

30. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable16.

31. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los

15
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
16
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.

32. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable17.

33. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional18, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:

“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.

34. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:

“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.

35. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.

17
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
18
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Análisis del caso concreto

36. Jorge Alfredo Silva Forero, en calidad de representante legal de la Unión
Temporal Emprendiendo Atlántico, promovió acción de tutela contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 08001-23-33-000-2022-00350-01, incurrió en una presunta mora judicial.
En tal sentido, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, al plazo razonable y a la seguridad jurídica,
los cuales estima vulnerados por la mencionada autoridad judicial como
consecuencia de la demora alegada.

37. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa. En segundo
lugar, analizará los requisitos de procedibilidad de la mora y si ella se encuentra en
el presente caso justificada o injustificada.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

38. La Sala advierte, en primer lugar, que el señor Jorge Alfredo Silva Forero
manifestó actuar en calidad de representante legal de la Unión Temporal
Emprendiendo Atlántico 2022, condición que afirmó acreditar mediante el
documento de cambio de representante legal suscrito el 30 de septiembre de 2024
y reconocido ante notario. No obstante, al examinar dicho instrumento se constata
que no obra la firma de la representante legal de la sociedad Ardiko A&S
Suministros y Servicios S.A.S., integrante de la Unión Temporal. Para la
Subsección, esa circunstancia impide tener por demostrada la decisión unánime
requerida para la designación del representante legal y, por ende, no permite
reconocer válidamente la representación invocada por el señor Silva Forero, lo que
afecta la legitimidad por activa en dicha Unión Temporal.

39. Según la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-447 de 2011, las personas
jurídicas se encuentran legitimadas para interponer acciones de tutela cuando
consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.
Ello obedece a que, en virtud de su personalidad jurídica, estas entidades son
titulares de derechos fundamentales y, por tanto, pueden acudir al mecanismo de
amparo constitucional para obtener su protección inmediata, siempre que se
acrediten los presupuestos previstos en el artículo 86 de la Constitución Política,
esto es, la existencia de una vulneración o amenaza derivada de la acción u omisión
de una autoridad pública o de un particular en los casos establecidos por la ley. En
este sentido, la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela —como requisito
de procedibilidad— radica en la propia persona jurídica, quien puede promoverla
directamente o por conducto de su representante legal, de conformidad con las
reglas que rigen su organización y funcionamiento.

40. Paola Andrea Oviedo Bravo, en su calidad de apoderada judicial dentro del
proceso ordinario, acudió con carácter urgente para manifestar su inconformidad
frente al documento aportado para acreditar el nombramiento del señor Jorge
Alfredo Silva Forero como nuevo representante legal de la Unión Temporal. Señaló

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que dicho documento no cumple los requisitos exigidos, toda vez que carece de la
suscripción de Adriana Camargo Beltrán, representante legal de Ardiko A&S
Construcciones Suministros y Servicios S.A.S., sociedad titular del 30 % de
participación en la Unión Temporal. Afirmó que esta omisión impide configurar la
unanimidad requerida, por lo que el nombramiento carece de eficacia jurídica y de
oponibilidad frente a terceros y ante esta Corporación. En consecuencia, indicó que
el señor Silva Forero no se encuentra habilitado para revocar poderes ni para
conferir nuevos mandatos; por tanto, el poder otorgado y la revocatoria invocada
resultan inválidos y comprometen los derechos al debido proceso y a la defensa
técnica de los integrantes de la Unión Temporal.

41. Ahora bien, dado que la acción de tutela se rige por un trámite preferente y
sumario, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
decisión sobre la protección de los derechos fundamentales debe adoptarse con la
mayor celeridad posible, a fin de evitar que su vulneración o amenaza se prolongue
en el tiempo. En esa línea, el Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento
desprovisto de las formalidades propias de los procesos ordinarios, orientado a
privilegiar la eficacia material de la protección constitucional por encima de los
rigorismos procesales.

42. Los principios de informalidad y sumariedad que caracterizan la acción de tutela
impone al juez constitucional el deber de evitar exigencias formales
desproporcionadas que puedan obstaculizar el estudio del asunto sometido a su
conocimiento y, en su lugar, lo habilitan para flexibilizar el examen de los
presupuestos procesales cuando ello resulte necesario para garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales. En tal sentido, estos principios orientan
la actuación judicial hacia la prevalencia del acceso a la justicia constitucional y la
emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de amparo, en
consonancia con la naturaleza expedita y protectora de este mecanismo19.

43. En esta lógica, con el propósito de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud
de amparo, la Sala considera acreditada la legitimación en la causa por activa de
las sociedades Petrocomerce S.A.S. y Silfo Comercializadora S.A.S., en su
condición de integrantes de la Unión Temporal y titulares directas de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca. En efecto, los certificados aportados por
dichas sociedades identifican un interés en la acción de tutela de la referencia y su
deseo de que esta continúe en su cabeza. En consecuencia, se entiende satisfecho
el presupuesto de legitimación por activa respecto de Petrocomerce S.A.S. y Silfo
Comercializadora S.A.S, lo que habilita el estudio material de la solicitud de amparo,
sin que ello comporte reconocimiento alguno de la representación legal por el señor
Jorge Alfredo Silva Forero. Por el contrario, no se supera este requisito frente a
Ardiko A&S Suministros, Servicios S.A.S y la Unión Temporal Emprendimiento
Atlántico.

44. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección

19
Auto 097 de 2017 y sentencia T-010 de 2017.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial a la que se le
atribuye la trasgresión de los derechos invocados en la presente acción de amparo
constitucional.

45. Ahora bien, la Gobernación del Atlántico solicitó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que las resultas
del proceso son de su interés, razón por la cual se mantendrá vinculado en el
presente trámite constitucional, al tener un interés en el asunto.

Análisis de la mora judicial en el caso concreto

46. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable20.

47. En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.

48. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que las
empresas accionantes han mantenido una actuación activa, constante y
comprometida con la defensa de sus derechos, lo que ha permitido que el proceso
avance hasta su fase final.

49. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, los accionantes se hallaban en una situación de indefensión, al carecer de
un medio judicial idóneo y eficaz que les garantizara una decisión oportuna.

50. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.

51. Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la

20
En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.

52. En el caso concreto, la parte accionante afirmó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado número 08001-23-33-
000-2022-00350-01, ingresó al despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez
Navas el 22 de febrero de 2024, con el fin de que este profiriera sentencia de
segunda instancia. Además, indicó que, el 31 de julio de 2024, la Secretaría dejó
constancia reiterada de que el expediente continuaba al despacho para fallo, sin
que hasta la fecha la Subsección hubiera emitido la decisión correspondiente.
Sostuvo que el proceso ha permanecido en estado de fallo durante un término que
considera desproporcionado, pese a que no existen actuaciones pendientes a cargo
de las partes, ni se requieren pruebas adicionales o trámites previos que expliquen
o justifiquen la demora. En consecuencia, estimó que dicha situación vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al plazo razonable y a la seguridad jurídica.

53. A la luz de los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional para la
configuración de la mora judicial injustificada —esto es: (i) que la demora obedezca
al incumplimiento de los términos legales; (ii) que no exista una causa objetiva y
razonable que explique la dilación; y (iii) que la tardanza sea imputable a la omisión
de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales— la Sala
advierte que ninguno de estos presupuestos se configura en el asunto bajo examen.

54. En efecto, si bien se superó el término previsto en el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21 para proferir la
sentencia de segunda instancia, esta circunstancia no puede interpretarse, de
manera automática, como constitutiva de mora judicial injustificada. Por el contrario,
la dilación encuentra sustento en razones objetivas y verificables, tales como el
cambio de ponente derivado de la finalización del período constitucional del
magistrado inicialmente encargado y la consecuente reasignación del expediente a
otro despacho, lo cual implicó ajustes administrativos, redistribución de cargas
laborales y un nuevo estudio integral del proceso, asimismo la congestión judicial
que enfrenta el despacho.

55. La Sala constata que el trámite no ha permanecido estático ni en estado de
abandono. Tampoco se evidencia una conducta omisiva atribuible a la autoridad
judicial. En ese contexto, la superación del término legal no responde a una
desatención de los deberes funcionales del despacho, sino a circunstancias
institucionales propias del funcionamiento de la administración de justicia, que

21
Numeral 7: “La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará
devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

constituyen una justificación razonable de la duración del trámite en segunda
instancia y descartan la configuración de una mora judicial injustificada.

56. El artículo 26 del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
modificó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y establece como regla general que
los despachos judiciales deben tramitar y decidir los procesos con sujeción al orden
cronológico de turnos, es decir, en el mismo orden en que ingresan para decisión.
Este criterio ha sido avalado por la Corte Constitucional —entre otras, en la
sentencia C-248 de 1999— por considerarlo razonable y acorde con el derecho a la
igualdad, en tanto fija un parámetro objetivo que evita discriminaciones o
favoritismos en la priorización de los asuntos.

57. No obstante, la reforma prevé excepciones a dicha regla. En las altas cortes y
tribunales superiores se permitirá fallar sin sujeción al orden cronológico cuando
existan razones de seguridad nacional, se busque prevenir una afectación grave del
patrimonio público, se trate de graves violaciones de derechos humanos, asuntos
de especial trascendencia económica o social, casos de corrupción, decisiones que
involucren a niños, niñas y adolescentes o cuando deba aplicarse precedente
vinculante. Asimismo, el artículo 98 contempla prelación en procesos penales,
civiles y de familia en los que estén comprometidos derechos de niños, niñas y
adolescentes, sin que esta preferencia desplace las acciones de habeas corpus y
tutela22.

58. En el caso concreto no se advierte la configuración de ninguno de los supuestos
excepcionales23 que habilitan apartarse del orden cronológico de turnos para la
adopción de la decisión. En ese sentido, la observancia del turno correspondiente
constituye una manifestación del principio de igualdad y del deber de racionalización
en la gestión judicial, por lo que no puede interpretarse como un retraso indebido en
la administración de justicia. En consecuencia, al no concurrir circunstancias que
justifiquen la prelación del asunto no se configura una mora judicial injustificada,
sino el cumplimiento del orden legalmente establecido para la decisión de los
procesos.

22
Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2023.
23
“ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. Los despachos judiciales tramitarán
y fallarán los procesos sometidos a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de turnos. Sin
sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas,
secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Corte Constitucional o los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y fallar
preferentemente los procesos en los siguientes casos: 1. Cuando existan razones de seguridad
nacional;2. Para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; 3. Graves violaciones de los
derechos humanos o crímenes de lesa humanidad; 4. Cuando revista especial trascendencia
económica o social;5. Cuando se trate de asuntos relacionados con hechos de corrupción de
servidores públicos;6. Cuando la decisión concierne a niños, niñas y adolescentes. Los mismos
despachos previstos en el inciso segundo del presente artículo podrán determinar un orden de
carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto,
fijará periódicamente los temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante aviso, las fechas
en las que se asumirá el respectivo estudio. Así mismo, deberá dar prelación a aquellos procesos
en que debe dar aplicación al precedente vinculante”.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08008-00
Accionante: Union Temporal Emprendiendo Atlántico
Accionado: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

59. Bajo ese entendido, no se advierte el incumplimiento de los presupuestos fijados
por la jurisprudencia constitucional para predicar la existencia de mora judicial
injustificada, por lo que no es posible atribuir a la autoridad judicial una vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. La dilación se explica
en razones objetivas, verificables y ajenas a una conducta omisiva del despacho
judicial, relacionadas con el relevo del magistrado ponente, la reasignación del
expediente y la necesidad de realizar un nuevo estudio integral del asunto, propias
del funcionamiento institucional de la administración de justicia y la congestión
judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de Ardiko A&S
Suministros, Servicios S.A.S y Unión Temporal Emprendimiento Atlántico, por no
satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, plazo razonable y seguridad jurídica a Petrocomerce
S.A.S. y Silfo Comercializadora S.A.S, por las razones expuestas en la presente
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.