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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08008-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08008-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia impugnada de 27 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de legitimación en la causa por activa, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. MODIFICAR en el aplicativo Samai la parte actora de la presente acción de tutela, de manera que allí funja como actor el señor Jorge Alfredo Silva Forero. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08008-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-08008-01
Demandante JORGE ALFREDO SILVA FORERO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela. Mora judicial. Legitimación en la causa por activa.
Representante de unión temporal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jorge Alfredo Silva Forero
contra el fallo de tutela de 27 de febrero de 2026, proferido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de Ardiko A&S
Suministros, Servicios S.A.S y Unión Temporal Emprendimiento (sic) Atlántico, por no
satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa
SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, plazo razonable y seguridad jurídica a Petrocomerce S.A.S. y Silfo Comercializadora
S.A.S, por las razones expuestas en la presente providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 2025, el señor Jorge Alfredo Silva Forero en nombre de la
Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022 interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales vulnerados.
2. DECLARAR la existencia de mora judicial.
3. ORDENAR la expedición de la sentencia dentro de un término razonable que no exceda
de treinta (30) días.
4. ADVERTIR a la autoridad judicial sobre su deber constitucional».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. El 6 de octubre de 20221, la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022,
integrada por las sociedades Petrocomerce SAS, Silfo Comercializadora SAS
y Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS, interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Departamento del Atlántico.

1 Información obtenida de Samai, bajo el radicado 08001-23-33-000-2022-00350-00, índice 1.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08008-01
Demandante: Jorge Alfredo Silva Forero

Solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual «se
adjudicó el GRUPO No. 1 de la Licitación Pública No. LP-001-2022, cuyo objeto es
“SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES MATRICULADOS EN JORNADA REGULAR Y ÚNICA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 20 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS
Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR–PAE”».

Asimismo, pidió que se declare la nulidad del contrato de suministro resultante
de la Licitación Pública LP-001-2022; y que se declare que la Unión Temporal
Emprendiendo Atlántico 2022 fue privada injustamente del derecho a ser
adjudicataria del referido contrato. Consecuentemente, y como
restablecimiento del derecho, solicitó el pago de una indemnización por
concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante y de daño
emergente.

2.2. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023 (radicado 08001-23-33-000-
2022-00350-00), el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
C declaró la nulidad del acto administrativo demandado y del contrato de
suministro celebrado. Asimismo, condenó en abstracto al Departamento del
Atlántico a pagar a la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022 el 100%
de la utilidad esperada con la ejecución del contrato de suministro.
Finalmente, dispuso no condenar en costas.

2.3. Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.

2.4. El 1 de diciembre de 2023 el asunto fue repartido en segunda instancia al
despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas perteneciente al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; el 25 de enero de 2024
se profirió auto que admitió los recursos de apelación interpuestos; el 10 de
julio de 2024 se dictó providencia, en la que se admitió la renuncia de poder
del abogado del Departamento del Atlántico; el 31 de julio de 2024 el asunto
ingresó a despacho para fallo; y el 5 de febrero de 2025 se registró el cambio
de ponente, de modo que el asunto quedó a cargo de la consejera de Estado
Adriana Polidura Castillo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora reprochó que la autoridad judicial accionada aún no ha proferido
decisión de segunda instancia, pese a que ha transcurrido un término que considera
desproporcionado. Asimismo, aseguró que en el expediente no existe actuación
pendiente a cargo de las partes, ni se advierte requerimiento probatorio o trámite
previo que justifique la demora en la emisión de la sentencia. En su criterio, dicha
inactividad judicial ha ocasionado un escenario de incertidumbre jurídica grave que
afecta de manera directa sus derechos fundamentales.

Adicionalmente precisó que «La UNIÓN TEMPORAL EMPRENDIENDO ATLÁNTICO actúa
como ÚNICA ACCIONANTE, ostentando legitimación en la causa por activa, al ser parte procesal
debidamente reconocida dentro del proceso contencioso administrativo identificado con el radicado
08001233300020220035001, actualmente en segunda instancia y en estado de fallo, siendo
directamente afectada por la mora judicial prolongada y desproporcionada (…) Se aclara
expresamente que ninguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas actúa como
accionante individual, ni ostenta legitimación activa autónoma en esta acción constitucional».

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 19 de diciembre de 2025, se requirió al señor Jorge Alfredo
Silva Forero para que allegara el certificado de existencia y representación
legal de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico.

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Demandante: Jorge Alfredo Silva Forero

4.2. El señor Jorge Alfredo Silva Forero informó que la Unión Temporal
Emprendiendo Atlántico 2022 no es una persona jurídica, ni una sociedad
comercial o civil, sino una figura asociativa de naturaleza contractual. Por esa
razón, no cuenta con certificado de cámara de comercio, ni NIT o RUT, ya que
el proceso de licitación pública LP-001-2022 no fue adjudicado y no existió
celebración ni ejecución contractual.

Indicó que pese a la inexistencia del certificado solicitado, la representación se
encuentra plenamente acreditada mediante el documento denominado
«cambio de representante legal de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico
2022», suscrito el 30 de septiembre de 2024 y reconocido ante notaría. Informó
que en este último las sociedades integrantes de la Unión Temporal lo
designaron como representante legal, con amplias facultades para ejercer los
derechos y asumir las obligaciones de la Unión Temporal. Aseguró que dicho
documento constituye prueba idónea y suficiente de la representación,
conforme a los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial
y pro actione que rigen el trámite de la acción de tutela.

4.3. Mediante auto de 22 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jorge Alfredo Silva Forero en calidad de representante
legal de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Asimismo, se vinculó como terceros con interés en el asunto a las sociedades
que integran la Unión Temporal, esto es a Ardiko A&S Suministros y Servicios
SAS, Petrocomerce SAS y a Silfo Comercializadora SAS; al Departamento del
Atlántico; a Servicios de Alimentación NP SA; al Tribunal Administrativo del
Atlántico y al Ministerio Público. Se requirió a las tres sociedades que
conforman la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022, a fin de que
allegaran sus respectivos certificados de existencia y representación legal.
Finalmente, se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes,
incluyendo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.4. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó las
actuaciones surtidas en la segunda instancia del medio de control.

4.5. Tras un relato sobre las gestiones adelantadas, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C sostuvo que la segunda instancia ha sido
tramitada con sujeción estricta a los deberes funcionales judiciales y a los
principios de celeridad, eficacia y dirección judicial del proceso.

En efecto, cada una de las actuaciones que correspondía impulsar fue
atendida oportunamente: se verificó y decidió la admisión de los recursos
dentro de los parámetros legales, se surtieron las notificaciones de rigor, el
expediente ingresó a despacho para fallo una vez precluida la etapa
probatoria sin actividad de las partes y, durante ese lapso, se resolvieron con
diligencia las incidencias procesales relacionadas con la representación
judicial del ente territorial, a partir de lo cual se dispuso nuevamente su ingreso
para fallo.

El posterior cambio de magistrado sustanciador, derivado de la culminación
del período constitucional del anterior ponente, constituye una circunstancia
objetiva que incide en la dinámica interna del trámite del proceso. En este
contexto, afirmó que el tiempo transcurrido debe valorarse a la luz de las
cargas laborales estructurales que afronta la jurisdicción y de la necesidad de
atender simultáneamente múltiples procesos con ingreso para fallo en fechas
anteriores al presente.

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Resaltó que en el expediente no obra constancia de que el accionante hubiese
presentado memoriales de impulso procesal orientados a solicitar la
priorización o pronta decisión del asunto antes de acudir a la acción de tutela.
De manera que no se evidencia desatención, inactividad o mora injustificada
atribuible al despacho, sino el desarrollo ordinario del trámite dentro de las
limitaciones operativas propias de un despacho judicial.

Indicó que, según la jurisprudencia constitucional, la mora judicial puede darse
por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de
proferir las providencias, en ese evento la mora es injustificada; o por la
sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los
términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Teniendo en cuenta lo anterior, aseveró que en el caso no se configura una
mora judicial injustificada atribuible al despacho, ni puede sostenerse que
haya existido una alteración arbitraria del turno para fallo o dilaciones
imputables a la actuación del juez natural del proceso.

Por el contrario, la presunta tardanza en la emisión de la decisión obedece a
causas objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del despacho, asociadas
a la situación estructural de congestión judicial que afecta de manera
persistente a la Sección Tercera de la Corporación. Fenómeno ampliamente
reconocido en diversos informes institucionales y en pronunciamientos
reiterados de órganos de control y supervisión de la administración de justicia.

Dicha congestión no es atribuible a una negligencia funcional, sino a factores
exógenos que impactan el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional,
tales como el crecimiento sostenido en la formulación de demandas, la alta
complejidad técnica y jurídica de los asuntos que se someten al conocimiento
del juez contencioso administrativo y la limitada capacidad operativa derivada
del número reducido de funcionarios judiciales y auxiliares disponibles para
atender la carga procesal.

Estas circunstancias han exigido una gestión judicial racional y sujeta a
estrictos criterios de priorización, entre ellos el principio de orden cronológico
de ingreso para fallo, salvo las excepciones de prelación previamente
reconocidas.

Por lo tanto, aun cuando el expediente ingresó al despacho para fallo desde
el 22 de febrero de 2024, tal circunstancia por sí sola no permite estructurar
jurídicamente la existencia de una mora judicial injustificada en los términos
en que ha sido delineada por la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa. En efecto, la valoración del plazo razonable no puede
efectuarse a partir de un criterio meramente cronológico o aritmético, sino que
debe fundarse en un juicio integral que tenga en cuenta, entre otros factores,
la complejidad del asunto, la conducta procesal de las partes, la secuencia
real de las actuaciones surtidas y, de manera determinante, las condiciones
estructurales en que se desarrolla la función judicial.

Aseveró que el trámite del proceso se ha ajustado al orden regular de los
asuntos que ingresan al despacho para decisión, con observancia de los
turnos y de criterios objetivos de priorización, dentro de los límites materiales
que impone su capacidad operativa. Conforme a la información reportada en
el Sistema de Gestión Judicial Samai, el despacho de la suscrita magistrada
tiene a su cargo 517 procesos pendientes de decisión definitiva, circunstancia
que pone de presente una carga laboral significativa que incide directamente

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en la programación de los proyectos de sentencia y constituye un factor
objetivo que la jurisprudencia ha reconocido como relevante para descartar la
configuración de una mora judicial injustificada.

A lo anterior se suma que el expediente ha sido gestionado de manera
constante, sin periodos de inactividad atribuibles al despacho y con atención
oportuna de las actuaciones que le correspondía resolver. De modo que la
duración del trámite en sede de segunda instancia no puede analizarse de
manera aislada, sino en el marco de la realidad funcional del órgano judicial y
de la obligación de garantizar un tratamiento igualitario a los demás asuntos
que se encuentran en la misma fase procesal.

Finalmente, indicó que en el caso no se cumplen los requisitos para alterar el
turno de fallo, debido a que el asunto no involucra (i) amenazas a la seguridad
nacional; (ii) riesgo de afectación grave al patrimonio público; (iii) violaciones
de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad; (iv) relevancia social
extraordinaria; (v) naturaleza colectiva o interés público del litigio; (vi)
existencia de jurisprudencia consolidada sobre el tema; o (vii) calificación
como materia de atención prioritaria por parte de la Sección Tercera. A ello se
suma que no está demostrada la participación de personas en situación de
especial protección constitucional que se hallen en condiciones de
vulnerabilidad extrema.

Precisó que el turno para fallo no está definido únicamente por la fecha en la
que ingresó el expediente al despacho. Además de las circunstancias
establecidas en la ley y la jurisprudencia para alterar la posición del proceso,
por decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, los
asuntos relacionados con: (i) privación injusta de la libertad; (ii) conscriptos;
(iii) muerte de personas privadas de la libertad; (iv) controversias
contractuales; (v) procesos en los que hace parte una entidad en liquidación;
(vi) simple nulidad; (vii) repetición; (viii) grado jurisdiccional de consulta en
medio de control de reparación directa por masacres; (ix) recurso
extraordinario de revisión; (x) conciliación judicial improbada; y (xi) restitución
de inmueble, cuentan con prelación de fallo.

Concluyó que se han elaborado los proyectos de fallo con base en un criterio
objetivo de orden cronológico, determinado por la fecha de ingreso de los
expedientes para decisión, salvo en los casos en que se ha dado aplicación a
las prelaciones de fallo antes indicadas. Esta práctica obedece al principio de
igualdad en el acceso a la administración de justicia.

Por las razones expuestas solicitó se declare la improcedencia de la acción
de tutela, dado que no se evidencia la existencia de una mora judicial que
habilite la intervención excepcional del juez constitucional, así como tampoco
se configuran los presupuestos que permitirían justificar una prelación en el
turno de fallo, dado que el expediente ha sido impulsado de manera continua.
En suma, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

4.6. El Departamento del Atlántico manifestó que de los hechos narrados en el
escrito de tutela se deriva que la presunta vulneración de derechos
fundamentales de la parte actora proviene de la presunta mora de la autoridad
judicial accionada. De ahí que la omisión que dio origen al presente trámite de
tutela no proviene del Departamento del Atlántico ni guarda relación con su
ámbito funcional y de competencias.

Por lo tanto, solicitó que la tutela se declare improcedente en lo que a este le
concierne.

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4.7. El señor Jorge Alfredo Silva Forero allegó los respectivos certificados de
existencia y representación legal de las tres sociedades que integran la Unión
Temporal Emprendiendo Atlántico 2022.

4.8. La señora Paola Andrea Oviedo Bravo aseguró fungir como la apoderada
judicial reconocida de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022 y de
las sociedades que la integran, esto es Petrocomerce SAS, Silfo
Comercializadora SAS y Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios
SAS, en el medio de control.

Aquella sostuvo que el señor Jorge Alfredo Silva Forero fue admitido como
accionante en la acción de tutela bajo la premisa de ser el representante de la
Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022, calidad que pretendió acreditar
mediante un documento privado denominado cambio de representante legal
de 30 de septiembre de 2024.

Informó que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el señor Silva Forero radicó un memorial pretendiendo revocar el mandato
judicial conferido al abogado Francisco Fajardo, quién en uso de sus
facultades le sustituyó poder. Frente a dicha actuación, indicó que ella radicó
memorial de oposición demostrando que el señor Silva Forero carece de la
representación que invoca «debido a un vicio de ineficacia de pleno derecho en su
nombramiento».

Allí se le explicó al juez natural que la cláusula séptima del Acuerdo de
Conformación de la Unión Temporal exige que el cambio de representante se
realice por «decisión unánime de quienes lo integran».

El documento aportado por el accionante carece de la firma de la
representante legal de la sociedad Ardiko A&S, titular del 30% de la
participación de la Unión Temporal. Al faltar la voluntad de uno de los socios,
el acto de nombramiento es inexistente o ineficaz de pleno derecho y no tiene
la virtud de conferir la representación de la Unión Temporal. Por lo tanto,
aseguró que el señor Jorge Alfredo Silva Forero indujo a error al juez de tutela
al presentarse como representante legítimo de la Unión Temporal, ocultando
que su designación no cumplió con el requisito de unanimidad.

En consecuencia, dado que la legitimación en la causa por activa es un
presupuesto indispensable para la prosperidad de la acción de tutela y que
nadie puede agenciar derechos de una persona jurídica o figura asociativa sin
tener la representación legal válida, solicitó que se tenga como prueba el
memorial de oposición radicado en el medio de control, en el cual se detalla la
irregularidad del nombramiento. Asimismo, pidió que se analice la legitimación
al momento de dictar sentencia y se valore la ineficacia del documento de
representación aportado.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 27 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A negó el amparo solicitado.

Previo a abordar el asunto de la mora, el juez de tutela se refirió a la legitimación en
la causa por activa del señor Jorge Alfredo Silva Forero. Este último manifestó
actuar en calidad de representante legal de la Unión Temporal Emprendiendo
Atlántico 2022 y para soportar su afirmación aportó el documento de cambio de
representante legal suscrito el 30 de septiembre de 2024, reconocido ante notario.
No obstante, al examinar dicho instrumento el juez de tutela constató que no obraba
la firma de la representante legal de la sociedad Ardiko A&S Suministros y Servicios
SAS, integrante de la Unión Temporal. Con base en esta circunstancia, aseguró que

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no era posible tener por demostrada la decisión unánime requerida para la
designación del representante legal y, por ende, no podría reconocerse la
representación invocada por el señor Silva Forero.

No obstante lo anterior, el juez de tutela explicó que las sociedades Petrocomerce
SAS y Silfo Comercializadora SAS sí contaban con legitimación en la causa por
activa, en su condición de integrantes de la Unión Temporal y titulares directas de
los derechos fundamentales cuya protección se invoca. Lo anterior debido a que
«los certificados aportados por dichas sociedades identifican un interés en la acción de tutela de la
referencia y su deseo de que esta continúe en su cabeza». Así las cosas, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela
respecto de Ardiko A&S Suministros Servicios SAS (sociedad que no suscribió el
documento de cambio de representante) y de la Unión Temporal Emprendiendo
Atlántico, por no satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa.

Esclarecido tal aspecto, el juez de primera instancia procedió a estudiar el asunto
sobre la mora judicial. Sostuvo que la dilación existente en el caso obedece a
razones objetivas y verificables, tales como el cambio de ponente derivado de la
finalización del período constitucional del magistrado inicialmente encargado y la
consecuente reasignación del expediente a otro despacho. Esto implicó ajustes
administrativos, redistribución de cargas laborales y un nuevo estudio integral del
proceso. Circunstancias a las cuales se suma la congestión judicial que enfrenta el
despacho.

Además, advirtió que el trámite no ha permanecido estático ni en estado de
abandono. Tampoco se evidencia una conducta omisiva atribuible a la autoridad
judicial. Por lo tanto, consideró que la superación del término legal no responde a
una desatención de los deberes funcionales del despacho, sino a circunstancias
institucionales propias del funcionamiento de la administración de justicia, que
constituyen una justificación razonable de la duración del trámite en segunda
instancia y descartan la configuración de una mora judicial injustificada.

Finalmente, aseveró que en el caso no se advierte la configuración de ninguno de
los supuestos excepcionales que habilitan apartarse del orden cronológico de turnos
para la adopción de la decisión. En consecuencia, afirmó que no se configura una
mora judicial injustificada, sino el cumplimiento del orden legalmente establecido
para la decisión de los procesos.

Por las razones expuestas, concluyó que no se presentan los presupuestos fijados
por la jurisprudencia constitucional para predicar la existencia de mora judicial
injustificada. Por lo tanto, no es posible atribuir a la autoridad judicial una vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. La dilación se explica
en razones objetivas, verificables y ajenas a una conducta omisiva del despacho
judicial, relacionadas con el relevo del magistrado ponente, la reasignación del
expediente y la necesidad de realizar un nuevo estudio integral del asunto, propias
del funcionamiento institucional de la administración de justicia.

6. Impugnación

El señor Jorge Alfredo Silva Forero impugnó la sentencia de primera instancia,
pues consideró que el juez de primera instancia desconoció el contexto real del
proceso, omitió analizar adecuadamente el tiempo transcurrido desde que el
expediente quedó en estado de fallo y adoptó conclusiones que no se desprenden
del material reconocido en la sentencia.

Insistió en que el expediente ingresó a despacho para fallo el 22 de febrero de 2024
y que no se decretaron pruebas ni actuaciones adicionales dentro del trámite de
segunda instancia. No obstante, en la sentencia de tutela no se realizó un análisis

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real del tiempo transcurrido desde ese momento hasta la interposición de la acción
de tutela ni hasta la fecha de expedición de la sentencia de tutela.

También manifestó que el cambio de magistrado ponente no constituye una
justificación suficiente de la demora, pues el relevo de magistrados dentro de las
altas cortes constituye un fenómeno institucional previsible dentro del
funcionamiento ordinario de la administración de justicia. Asimismo, indicó que si
bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la congestión judicial
constituye una realidad estructural del sistema judicial, esto no significa que pueda
utilizarse de manera automática como justificación para cualquier retraso en la
adopción de decisiones judiciales.

Respecto a la legitimación en la causa, sostuvo que el documento mediante el cual
se modificó la representación de la Unión Temporal constituye un acto jurídico
adoptado por los integrantes de la asociación, cuya validez no puede ser
desconocida en sede de tutela, sin un análisis probatorio propio del juez natural
competente para conocer de las controversias derivadas del acuerdo asociativo.

En su criterio, el juez constitucional no está habilitado para declarar la invalidez de
dicho acto ni para resolver disputas internas sobre la organización de la Unión
Temporal, pues tales materias corresponden al ámbito del derecho contractual y
societario. Además, el hecho de que uno de los integrantes de la Unión Temporal
cuestione posteriormente el acto de designación no implica automáticamente la
inexistencia o invalidez jurídica de este último.

En consecuencia, aun en el evento de que existiera una controversia interna sobre
la representación de la Unión Temporal, esto no desdibuja la legitimación de las
sociedades integrantes que acudieron al juez constitucional para la protección de
sus derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de primera instancia al (i) declarar la improcedencia de la acción
de tutela respecto de la sociedad Ardiko A&S Suministros, Servicios SAS y la Unión
Temporal Emprendiendo Atlántico, por no satisfacer el requisito de legitimación en
la causa por activa; y (ii) negar el amparo de los derechos fundamentales, por
considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial
injustificada.

3. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten

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vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19912 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha
norma señala (v) que tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales.

Así, en sentencia T-403 de 1995 la Corte Constitucional precisó que «como quien pidió
la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados, la
jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a
sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación
de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona
distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió
en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como
si fueran suyos».

En la sentencia T-240 de 2004 la Corte Constitucional aclaró que, cuando se
demuestra que el juez natural de la causa incurrió en una vía de hecho se «vulnera el
derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en el respectivo proceso
judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él, carecen de
legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial. En tales circunstancias mal
puede una persona alegar que se conculcaron sus derechos al debido proceso, por cuanto la
violación de éstos necesariamente presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí
donde ha ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la actuación judicial, arbitraria e
irregular».

Asimismo, en la sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».
Finalmente, en la sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional fue enfática en
señalar que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «la legitimación para presentar
la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente
acreditada»3.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
3
En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006,
T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.

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Demandante: Jorge Alfredo Silva Forero

En suma, la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional no
supone la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación
en la causa por activa3.

Como lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia T-461 de 2021, la legitimación
en la causa por activa es un presupuesto esencial de procedencia de la acción de
tutela. Por esto corresponde al juez constitucional verificar quién es el titular del
derecho fundamental que se invoca desconocido y en qué calidad acude a la acción
de amparo. Dicho análisis es relevante porque «no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es sólo la persona capaz para hacerlo». Por lo tanto, so pretexto de ejercer la acción de
tutela no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de
otra persona.

4. Análisis del caso

4.1. A fin de dilucidar si el señor Jorge Alfredo Silva Forero cuenta con legitimación
en la causa por activa para interponer acción de tutela en nombre de la Unión
Temporal Emprendiendo Atlántico 2022, es preciso referirse a la naturaleza de
las uniones temporales. El artículo 7, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 establece
que estas últimas se conforman con el propósito de presentar conjuntamente
«una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato» con una
entidad estatal. Sin embargo, no constituyen una persona jurídica nueva,
diferente e independiente respecto de sus miembros individualmente
considerados4.

Pese a no formar una persona jurídica propiamente dicha, en la sentencia de
unificación de 25 de septiembre de 2013 la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado estableció que los consorcios y las uniones temporales
están facultados para concurrir a los procesos judiciales relacionados con
controversias de su interés. Así lo explicó dicha autoridad judicial:
«si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de
quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que
además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento
administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley cuentan con capacidad
suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los
procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos
estatales─, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que
pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo
de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo –
legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante. (…)
De acuerdo con la Sección Tercera de esta Corporación resultaría contradictorio e inadmisible
suponer que el representante de una unión temporal pueda celebrar el contrato, convenir su
liquidación y hacer salvedades acerca de su contenido o notificarse válidamente de los actos
administrativos contractuales e incluso recurrirlos en sede administrativa, pero que una vez
agotada la vía gubernativa no se le permita demandar esos actos o el contrato mismo ante el
juez competente o formular demandas en relación con las salvedades consignadas en el acta
de liquidación final»5.

Asimismo, en la sentencia T-150 de 2016 la Corte Constitucional sostuvo que
los consorcios están legitimados para ejercer la acción de tutela. Para arribar
a tal conclusión indicó que la personalidad jurídica no es exigida en el
ordenamiento jurídico colombiano como un requisito absoluto, sine qua non,
para el ejercicio de las acciones judiciales. Con base en esa premisa indicó
que «los Consorcios son titulares de derechos fundamentales como el debido proceso y, en
consecuencia, se encuentran legitimados para ejercer la acción de tutela en procura de su

4
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación de 25 de septiembre de 2013. Radicado:
25000-23-26-000-1997-03930-01(19933). Actor: Consorcio Glonmarex. M.P: Mauricio Fajardo Gómez.
5
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación de 25 de septiembre de 2013. Radicado:
25000-23-26-000-1997-03930-01(19933). Actor: Consorcio Glonmarex. M.P: Mauricio Fajardo Gómez.

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efectiva protección cuando resulte amenazado o conculcado frente a actuaciones judiciales o
administrativas».

4.2. Con base en lo anterior, en principio, podría entenderse cumplido el requisito
de legitimación en la causa por activa en el caso, debido a que (i) las uniones
temporales tienen capacidad para comparecer en procesos judiciales
relacionados con los asuntos de su interés y (ii) específicamente en materia
de acción de tutela, la Corte Constitucional ha admitido la comparecencia de
consorcios, y consecuentemente de uniones temporales, ante el juez
constitucional a través de la acción de tutela para la defensa de su derecho al
debido proceso.

Sin embargo, en el caso se considera que el señor Jorge Alfredo Silva Forero
carece de legitimación en la causa por activa, debido a que existe una
controversia sobre la representación de la Unión Temporal Emprendiendo
Atlántico 2022.

Como punto de partida, se precisa que la demanda interpuesta en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovida en
el año 2022 por la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022, mas no por
las tres sociedades que la conforman individualmente consideradas.

En el marco de la acción de tutela, el señor Jorge Alfredo Silva Forero afirmó
que la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022 cambió de representante
y que desde el año 2024 es él quien ostenta tal condición. Para sustentar su
afirmación, allegó documento denominado «cambio de representante legal de
la unión temporal» de 30 de septiembre de 2024. Allí se dispuso lo siguiente:
«6. El representante de la Unión Temporal es FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OSPINA
identificado con la cédula (…) quien está expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con
amplias y suficientes facultades"
En su lugar se designa como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL EMPRENDIENDO
ATLÁNTICO 2022, al señor Jorge Alfredo Silva Forero, ciudadano colombiano, mayor de
edad, identificado con (...) para que asuma a partir de la fecha de suscripción del presente,
quien queda revestido con amplias facultades y disposición de los derechos y obligaciones
que pueda llegar a adquirir dicha unión».

Como lo indicó la señora Paola Andrea Oviedo Bravo (a quien en auto de 3 de
agosto de 2023 se le reconoció personería como apoderada judicial sustituta
de la parte actora en el medio de control), tal documento únicamente fue
suscrito por los representantes de las sociedades Silfo Comercializadora SAS
y Petrocomerce SAS. De manera que faltó la rúbrica de la representante legal
de la sociedad Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS.

Esta situación no solo fue puesta de presente en la acción de tutela. En el
medio de control, el señor Jorge Alfredo Silva Forero presentó memorial de 30
de enero de 2026 mediante el cual informó al juez natural sobre la revocatoria
de poder a los abogados que hasta el momento ejercieron la representación
de la Unión Temporal y solicitó el reconocimiento de personería al abogado a
quien el señor Jorge Alfredo Silva Forero le confirió poder especial para ejercer
dicha representación judicial. Como soporte de tal solicitud, allegó el
mencionado documento denominado «cambio de representante legal de la
unión temporal» de 30 de septiembre de 2024, también remitido al expediente
de tutela.

En oposición a dicha intervención, la señora Paola Andrea Oviedo Bravo allegó
memorial al medio de control en el cual indicó que el acto de nombramiento

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del señor Silva Forero es ineficaz de pleno derecho y no oponible a terceros.
Veamos:
«el señor Jorge Alfredo Silva Forero carece de la capacidad jurídica para revocar poderes o
conferirlos en nombre de la UNIÓN TEMPORAL EMPRENDIENDO ATLÁNTICO 2022, toda
vez que su presunto nombramiento adolece de un vicio de ineficacia evidente que su
Despacho no puede pasar por alto: 1. El documento de constitución de la Unión Temporal
(que reposa en el expediente) establece en su CLÁUSULA SÉPTIMA – PARÁGRAFO
SEGUNDO lo siguiente:
"El representante legal de la UNIÓN TEMPORAL podrá ser designado o cambiado, por
decisión unánime de quienes lo integran, mediante documento suscrito por los integrantes de
éste...".
2. El señor Silva Forero aporta como prueba de su calidad un documento denominado
"Documento de Cambio de Representante Legal" fechado el 30 de septiembre de 2024. Sin
embargo, al examinar dicho documento, se evidencia que FALTA LA VOLUNTAD DE UNO
DE LOS SOCIOS. La integrante ADRIANA CAMARGO BELTRÁN, representante legal de la
sociedad ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. (quien
ostenta el 30% de participación en la UT), NO SUSCRIBIÓ dicho documento. Su Despacho
podrá verificar en el anexo radicado por el peticionario que:
o Aparecen las firmas y notas de autenticación notarial de los representantes de Petrocomerce
(Catalino Arteaga) y Silfo (Andrés Muñoz).
o NO EXISTE firma autógrafa, ni huella, ni nota de presentación personal notarial de la señora
ADRIANA CAMARGO BELTRÁN, a pesar de que su nombre fue incluido en el encabezado
del acta.
3. Al no existir la firma de la socia titular del 30% de la Unión Temporal, NO EXISTE LA
UNANIMIDAD exigida por el acuerdo consorcial para el cambio de representante. En
consecuencia, el acto de nombramiento del señor Silva Forero es INEFICAZ DE PLENO
DERECHO y no oponible a terceros, mucho menos a esta Corporación Judicial».

Ahora bien, se advierte que en la sentencia de unificación de 25 de septiembre
de 2013 la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso
que el representante de la unión temporal ejerce la representación de esta
última considerada como un conjunto y no como un representante de uno o
varios de los integrantes de la agrupación. Así lo explicó la mencionada
autoridad judicial:
«el representante de los consorcios y de las uniones temporales, concebido y exigido por
la ley para todos los efectos, es mucho más que un representante o mandatario de cada
uno de los integrantes de la agrupación, individualmente considerados, al cual cada
quien pudiere modificarle o revocarle su propio y particular mandato a través de actos
igualmente individuales, situación que llevaría a admitir entonces que cada integrante de la
agrupación podría iniciar, por su propia cuenta, gestiones ante la entidad contratante en
relación con el contrato estatal o designar otro representante diferente para que vele por sus
propios y respectivos intereses particulares, de suerte que la entidad estatal contratante, en
una situación que resultaría abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales
de economía, de eficacia y de eficiencia, tendría que entenderse, a propósito de un solo y
único contrato estatal, con tantos representantes o interesados como integrantes tuviese el
respectivo consorcio o unión temporal.
(...) el representante del consorcio o de la unión temporal, que por ley debe ser designado
para todos los efectos, lo es de la agrupación empresarial en su conjunto, del ente al cual
se refiere la ficción legal y no de cada uno de sus integrantes individualmente
considerados, cuestión que se condensa en la máxima que enseña que el todo es más que
la simple suma de sus partes» (Negrillas propias).

Lo anterior es de relevancia en el entendido que quien interpuso la demanda,
sobre la cual se reputa la presunta mora judicial, fue la Unión Temporal
Emprendiendo Atlántico 2022, entendida por su misma naturaleza como una
agrupación; y no las sociedades que la conforman individualmente
consideradas.

En consecuencia, la Sala se aparta de la conclusión a la cual se arribó en
primera instancia consistente en que las sociedades Petrocomerce SAS y Silfo
Comercializadora SAS sí contaban con legitimación en la causa por activa

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para la interposición de la tutela, mientras que la sociedad Ardiko A&S
Suministros, Servicios SAS y la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico no
cumplían con dicho requisito. Esto teniendo en cuenta que la Sala Plena de la
Sección Tercera ha entendido que el representante de una unión temporal lo
es de todo el conjunto de la agrupación.

Se resalta que, si bien en el documento denominado «cambio de
representante legal de la unión temporal» obran las firmas de los
representantes de las sociedades Petrocomerce SAS y Silfo Comercializadora
SAS, lo cierto es que no se advierte alguna manifestación individual en cabeza
de esas dos sociedades que evidencie su deseo de interponer la presente
acción de tutela.

Al respecto, el juez de tutela de primera instancia manifestó que «los certificados
aportados por dichas sociedades identifican un interés en la acción de tutela de la referencia
y su deseo de que esta continúe en su cabeza». Sin embargo, se advierte que esas
dos sociedades fueron vinculadas como terceros con interés, pero no
intervinieron en la acción de tutela y no allegaron ninguna documentación, fue
el señor Jorge Alfredo Silva Forero quien remitió al expediente de tutela los
certificados de existencia y representación de las sociedades Petrocomerce
SAS y Silfo Comercializadora SAS. Esto corrobora que en el curso de la tutela
no existió ninguna actuación de la cual se desprenda el deseo de estas dos
entidades de fungir como accionantes y como sujetos individualmente
consideradas e independientes de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico
2022.

No se pasa por alto que en el escrito de tutela se indicó lo siguiente: «La UNIÓN
TEMPORAL EMPRENDIENDO ATLÁNTICO actúa como ÚNICA ACCIONANTE, ostentando
legitimación en la causa por activa, al ser parte procesal debidamente reconocida dentro del
proceso contencioso administrativo identificado con el radicado 08001233300020220035001,
actualmente en segunda instancia y en estado de fallo, siendo directamente afectada por la
mora judicial prolongada y desproporcionada que se expone. (…) ninguna de las personas
naturales o jurídicas mencionadas [refiriéndose a las sociedades que la integran] actúa
como accionante individual, ni ostenta legitimación activa autónoma en esta acción
constitucional» (Negrillas propias y corchetes añadidos).

Así las cosas, la Sala considera que el señor Jorge Alfredo Silva Forero no
cuenta con legitimación en la causa por activa para la interposición de la
presente acción de tutela, dada la controversia que actualmente existe sobre
la representación de la Unión Temporal Emprendiendo Atlántico 2022 en el
medio de control, la cual aún no ha sido resuelta por el juez natural. Es este
último el llamado a esclarecer este asunto, teniendo en cuenta que el
documento allegado por el señor Jorge Alfredo Silva Forero denominado
«cambio de representante legal de la unión temporal» únicamente está
suscrito por dos de los representantes legales de las tres sociedades que
integran la referida Unión Temporal. Tal controversia es relevante a fin de
resolver la solicitud elevada por el señor Jorge Alfredo Silva Forero en el medio
de control, consistente en que se reconozca personería a un nuevo abogado
a quien él le confirió poder, amparado en su condición de presunto
representante de la unión temporal

Tampoco podría concluirse, como se hizo en primera instancia, que las
sociedades Petrocomerce SAS y Silfo Comercializadora SAS sí tienen
legitimación en la causa por activa para fungir como tutelantes, debido a que
(i) el medio de control y la tutela fueron interpuestos en nombre de la Unión
Temporal considerada como una agrupación; y (ii) dichas sociedades no
manifestaron su voluntad de fungir como tutelantes ni confirieron poder
especial algún abogado para actuar como accionantes individualmente
consideradas a la Unión Temporal.

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Demandante: Jorge Alfredo Silva Forero

5. Conclusión

Con base en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de legitimación
en la causa por activa. Asimismo, se modificará en Samai la parte actora de manera
que allí figure como actor el señor Jorge Alfredo Silva Forero.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia impugnada de 27 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de legitimación en
la causa por activa, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

2. MODIFICAR en el aplicativo Samai la parte actora de la presente acción de
tutela, de manera que allí funja como actor el señor Jorge Alfredo Silva Forero.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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