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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08017-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08017-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Edgar Orlando Velandia Prieto, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, de conformidad con las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 6 M.P.: Carlos Bernal Pulido. 7 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger. 8 M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15000-2025-08017-00 Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08017-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08017-00
Accionante: EDGAR ORLANDO VELANDIA PRIETO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Edgar Orlando Velandia Prieto, quien actúa por intermedio
de apoderada judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
seguridad social y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[sic a toda la cita] “1. Conceder el amparo de los derechos fundamentales del señor
EDGAR ORLANDO VELANDIA PRIETO al debido proceso, al trabajo, a la seguridad
social y a la prevalencia del derecho sustancial;

Que en sede de juez constitucional:

2. Ordene al Juzgado Doce (12) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá - Sección
Segunda dejar sin valor ni efecto la sentencia de primera instancia emitida el de 16 de
octubre de 2024 proferida dentro del expediente con radicado 11001-33-35-012-2023-
00117-00.

3. Ordene a la Sección Segunda -Subsección "A" del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dejar sin valor ni efecto la sentencia emitida el 16 de junio de 2025
dentro del expediente con radicado 11001-33-35-012-2023-00117-00.

4. Ordene al Juzgado Doce (12) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá - Sección
Segunda retrotraiga las actuaciones del proceso con radicado 11001-33-35-012-2023-
00117-00 al estado en el que se encontraba antes de que se emitiera el auto que
decidió cerrar la etapa de pruebas del proceso en la audiencia llevada a cabo el 19 de
septiembre de 2024.

Radicación: 11001-03-15000-2025-08017-00
Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto

Subsidiariamente a la petición consignada en el numeral 4:

4. Ordene al Juzgado Doce (12) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá - Sección
Segunda y/o a la Sección Segunda -Subsección "A" del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca emitir una nueva decisión frente a las súplicas de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que dio origen al proceso con radicado 11001-33-35-
012-2023-00117-00, dando correcta valoración de las pruebas obrantes en el
expediente y observando los lineamientos dictados en el precedente”.

2. Hechos

La parte accionante manifestó que prestó sus servicios profesionales a la Secretaría
de Integración Social del Distrito de Bogotá durante el período comprendido entre
el 21 de marzo de 2007 y el 31 de enero de 2020, sin que hubiese existido una
interrupción superior a treinta días entre la celebración de cada contrato de
prestación de servicios. Agregó que el objeto contractual consistía en la prestación
de servicios técnicos para el ingreso y la actualización permanente de información
en los sistemas de datos institucionales, así como en actividades de apoyo
administrativo y operativo en la dirección territorial.

Sostuvo que el 16 de mayo de 2017, mediante la Resolución SUB-65994, la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones le reconoció una pensión
de invalidez.

Indicó que, en virtud de las circunstancias que rodearon la prestación del servicio -
como horario, objeto contractual, rendición de informes periódicos, entre otros-, el 2
de diciembre de 2022 solicitó ante la Secretaría de Integración Social del Distrito de
Bogotá el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago de las
correspondientes acreencias laborales y de seguridad social.

Expuso que por medio de Oficio S2022181453 del 8 de diciembre de 2022, la
Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá negó la reclamación
administrativa. Por tal razón, promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con la pretensión de que se declarara la
nulidad del acto administrativo antes referido y, en consecuencia, se reconociera la
relación laboral por el período comprendido entre el 21 de marzo de 2007 y el 31 de
enero de 2020, así como el pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales
correspondientes.

Refirió que el asunto correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, bajo el radicado n.º 11001-33-35-012-2023-00117-00, que en
audiencia de pruebas llevada a cabo el 19 de septiembre de 2024, decidió cerrar el
debate probatorio, sin que la parte demandada -SDIS- hubiera aportado la totalidad
de la documentación requerida.

Mencionó que el 16 de octubre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Bogotá profirió sentencia por la cual negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, si bien el actor prestó sus servicios en la Dirección Territorial de la
SDIS y recibía una remuneración mensual, no se encontraba acreditada la
subordinación ni la imposición de horario como elementos configurativos de la
relación laboral.

Manifestó que contra dicha decisión presentó recurso de apelación, argumentando
que el debate probatorio se dio por terminado sin haberse recaudo la totalidad de
las pruebas documentales.

Finalmente, indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 16 de junio de 2025,
resolvió confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda, bajo el
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Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto

argumento de que no se acreditó de manera suficiente el elemento de la
subordinación. Dicha decisión contó con un salvamento de voto en el que se precisó
que no se valoró adecuadamente la duración de la relación y la prestación de
servicios durante un período tan extenso.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se configura un perjuicio irremediable derivado de la
negativa de la autoridad judicial de reconocer la existencia de una relación laboral,
decisión que impacta directamente sus ingresos y sus cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social. A ello le agregó que, en el caso se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y que la decisión cuestionada incurrió en los defectos procedimental,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto procedimental, señaló que el fallador de primera instancia
decretó una prueba idónea para demostrar la situación fáctica alegada; sin
embargo, cerró el periodo probatorio desconociendo el auto que ordenó la práctica
de pruebas y los deberes de lealtad procesal y colaboración. Adicionalmente,
manifestó que se configuró un exceso ritual al exigirse “la solicitud de la prueba en
la demanda primigenia por encima de la realidad litigiosa”.

Respecto del defecto fáctico, afirmó que este se configuró al minimizarse la
duración de la vinculación y la inserción funcional del actor dentro de la estructura
organizacional de la SDIS. A lo que agregó que no se resolvió la contradicción sobre
la continuidad entre el contrato 59 de 2015 -con prórrogas hasta el 30 de junio de
2016- y el contrato 9033 de 2016.

Agregó que en el expediente ordinario reposan pruebas relativas a las herramientas
de trabajo suministradas por la SDIS y a la supervisión de las bitácoras de
actividades, las cuales no fueron debidamente valoradas por las autoridades
judiciales accionadas.

En relación con el desconocimiento del precedente judicial, adujo que la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió un caso con contornos fácticos similares
en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021. En ese sentido, indicó
que las autoridades judiciales accionadas estaban obligadas a aplicar las reglas
fijadas en dicha decisión y a establecer, con base en los indicios, la existencia de la
relación laboral.

4. Trámite procesal

Por auto de 15 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales accionadas - Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Bogotá-, así como al Distrito Capital de Bogotá
– Secretaría Distrital de Integración Social, como tercero interesado en el resultado
del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 4193 y 4315 a 4318
de 16 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión y fijó
un aviso en la página web del Consejo de Estado con el fin de dar a conocer la
decisión que admitió el asunto a los terceros con interés.

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Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que señaló
que, en ambas instancias del proceso judicial, se realizó una interpretación
meramente formal de los contratos, certificados de cumplimiento, hojas de vida,
justificaciones, requerimientos y ofertas contractuales. Indicó que, de haberse
valorado junto con las pruebas faltantes mencionadas por el actor -a saber: (i)
bitácoras de actividades y sus evidencias; (ii) registros de control de entradas y
salidas, así como el uso de la tarjeta azul para el ingreso a las instalaciones de la
entidad; y (iii) controles de asignación de camionetas y vales de taxi- no habría sido
posible acreditar la ausencia de temporalidad y excepcionalidad en los servicios
prestados por el demandante, así como la naturaleza misional de sus actividades,
por lo que la negativa en acceder a las pretensiones no implica la configuración de
un perjuicio irremediable por impacto en los ingresos y cotizaciones.

Indicó que los argumentos de la acción de tutela se centraron en la actuación del
juez de primera instancia al cerrar el debate probatorio frente a la insistencia del
actor en la práctica de las pruebas documentales faltantes, aspecto que según
precisó fue decidido en la audiencia de pruebas del 19 de septiembre de 2024.

Respecto de la sentencia de segunda instancia, explicó que esta concluyó que
ninguna de las piezas procesales allegadas permitió acreditar las condiciones
materiales en las que el demandante desempeñó sus funciones en la Secretaría de
Integración Social. Añadió que dichas condiciones pudieron demostrarse mediante
otros medios de prueba, tales como memorandos, autorizaciones de ausencias,
llamados de atención, amonestaciones, planillas de turnos e incluso declaraciones
de ciudadanos que respaldaran los hechos expuestos en la demanda.

5.2. Respuesta de la Secretaría Distrital de Integración Social

La apoderada judicial de la SDIS rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, dado que se pretende reabrir un debate ya definido por el
juez natural.

5.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia del
expediente digital.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

La Sala precisa que efectuara el análisis de los cargos únicamente respecto de la
sentencia de 16 de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por tratarse de la última
providencia emitida en el trámite judicial que originó la controversia, y aquella que
resolvió la situación jurídica particular.

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Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto

En esos términos, le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo
constitucional cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial y, en caso afirmativo, si la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la seguridad social y al principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas con la decisión proferida el 16 de junio de 2025, en la
que se confirmó la decisión que negó las pretensiones en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, al incurrir en los defectos fáctico,
procedimental y por desconocimiento del precedente judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Edgar Orlando Velandia Prieto, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad
social y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
presuntamente vulnerado por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 16 de junio de 2025, que
resolvió el recurso de apelación presentado en el marco de una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho y en la que se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en los defectos fáctico,
procedimental y por desconocimiento del precedente judicial, al minimizar la
duración de la relación laboral, omitir resolver sobre la continuidad entre los
contratos 59 de 2015 y 9033 de 2016, no valorar adecuadamente las pruebas
obrantes en el expediente relativas a las herramientas de trabajo y la supervisión de
actividades, y abstenerse de aplicar la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021.

Del análisis de las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala advierte
que el demandante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría
Distrital de Integración Social. En dicha demanda solicitó que se declarara la nulidad
del Oficio S2022181453 de 8 de diciembre de 2022 y a título de restablecimiento
del derecho reconocer la relación laboral, así como el pago de acreencias laborales
y cotizaciones al sistema pensional.

El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que en la audiencia inicial de 3 de junio de 2024
dentro de la práctica de pruebas solicitada por la parte demandante solicitó requerir
a la representante de la SDIS para que aportara “los documentos que tenga en su
poder y que versen sobre los libros, archivos, kárdex, hoja de vida, expediente
administrativo, bitácoras, documentos que acrediten las funciones desplegadas por el actor

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incluyendo copia de los contratos de prestación de servicios celebrados, adiciones y
prórrogas, actas de inicio y liquidación, estudios previos de estos, y demás documentos del
señor Edgar Orlando Velandia Prieto”. Así como los informes de gestión, los cuadros
de turno o documentos que permitan establecer el cumplimiento de horario
verbigracia registros de entrada y salida de la entidad, certificación de pagos.

El 23 de agosto de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se indicó
que los documentos solicitados en la diligencia anterior habían sido aportados. En
consecuencia, se concedió a la parte demandante el término de tres días para su
revisión. No obstante, mediante memorial presentado el 28 del mismo mes y año,
la apoderada judicial del demandante manifestó que, antes de dar por cerrado el
debate probatorio, era necesario requerir nuevamente a la Secretaría demandada
para que aportara las documentales restantes.

Con posterioridad, el 19 de septiembre de 2024 el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá dio continuidad a la audiencia de pruebas en la que
precisó que la apoderada judicial del demandante había solicitado una serie de
documentales con posterioridad a la demanda, sin que fuera factible verificar la
totalidad de las pruebas obrantes porque ello conllevaría mantener el decreto de
pruebas de manera indefinida. Dicha decisión no fue objeto de recurso alguno por
ninguna de las partes.

El 16 de octubre de 2024, se realizó audiencia de juzgamiento por parte del Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que se resolvió negar las
pretensiones de la demanda por considerar que:

“Para el Despacho, aunque la celebración de contratos de prestación de
servicios en forma sucesiva y continua puede considerarse en principio como un
indicio de la relación laboral subyacente, este criterio se torna relevante cuando
se demuestran todos los elementos constitutivos de la Subordinación.

El Despacho, no cuenta con argumentos probatorios suficientes que le permitan
conocer la verdadera forma en que se desarrolló la relación contractual, para
poder concluir que hubo una relación laboral subyacente entre las partes. Se
echa de menos la actividad probatoria, especialmente la prueba testimonial.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, este despacho no accederá a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, el acto administrativo acusado
conserva su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de
legalidad que lo ampara”.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación bajo los
siguientes argumentos5:

“Señaló que la prueba documental obrante en el expediente demuestra que la
prestación del servicio se desarrolló bajo condiciones de dependencia técnica,
administrativa y operativa frente a la entidad contratante.

Afirmó que se evidenció una ausencia de temporalidad en la vinculación
contractual y un claro ánimo de permanencia, lo que contraviene el carácter
excepcional y transitorio exigido por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993. Como sustento de ello, hizo referencia a las sucesivas prórrogas y
adiciones contractuales, visibles en los documentos aportados, los cuales
reflejan la continuidad y permanencia en la ejecución de los servicios por parte
del actor.

Sostuvo que se logró acreditar la concurrencia de los tres elementos propios del
contrato de trabajo, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
haciendo énfasis en que la subordinación sí se configuró, y que la entidad
5 Resumen incluido en la sentencia de 16 de junio de 2025.

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demandada no logró desvirtuar tal situación. En apoyo de esta tesis, expuso los
siguientes aspectos relevantes:

• - El cargo desempeñado por el demandante se encontraba estrechamente
vinculado con la misión institucional de la SDIS, pues actuó como Técnico de
Apoyo Administrativo en diversos proyectos que, aunque diferentes, estaban
orientados a la función misional de la entidad.
• - El actor prestó sus servicios dentro de las instalaciones físicas de la entidad,
lo que refuerza el elemento de subordinación.
• - La entidad proporcionó los medios y herramientas de trabajo, incluyendo un
computador y cables, lo que demuestra asimilación funcional al personal de
planta.
• - Se encontraba obligado a presentar informes mensuales, lo que revela un
seguimiento y control constante de sus actividades por parte de la
administración.
• - El supervisor del contrato elaboraba informes de evaluación sobre el
desempeño del demandante, los cuales, según la apelante, deben ser
considerados equivalentes a las evaluaciones de desempeño realizadas a los
funcionarios de planta.
• - El actor debía llenar bitácoras diarias de actividades, requisito indispensable
para el pago de sus honorarios. La revisión de los informes de ejecución estaba
supeditada a la entrega de dichas bitácoras y de las evidencias de ejecución.
Incluso, la misma entidad aportó estas bitácoras en el proceso, lo que refuerza
la existencia de una relación jerárquica y de control, indicativa de subordinación.

Con base en estos elementos, citó la Sentencia SUJ-025 del 9 de septiembre de
2021 del Consejo de Estado, para destacar que tales circunstancias han sido
consideradas indicios válidos para reconocer la existencia de una relación laboral
encubierta bajo la forma de contratos de prestación de servicios.

La recurrente también invocó el principio del debido proceso, resaltando que, de
acuerdo con la Sentencia C-163 de 2019 de la Corte Constitucional, este derecho
implica la garantía de que el juez pueda decretar y practicar pruebas de oficio,
cuando sea necesario para esclarecer los hechos y proteger los derechos de las
partes.

Sostuvo que, aunque se ordenó a la entidad demandada allegar documentación
relevante, no se aportó de forma completa, y que la simple manifestación de la
entidad sobre la inexistencia de dichos documentos, por estar en otra
dependencia, no justificaba la clausura del debate probatorio. A juicio de la
apelante, la entidad debió hacer gestiones para obtener la documentación
requerida, en cumplimiento de los principios de lealtad procesal y colaboración
con la administración de justicia.

Finalmente, la apelante enfatizó que no existió interrupción alguna superior a 30
días hábiles entre los contratos celebrados. Como ejemplo, mencionó el Contrato
2015-59, respecto del cual la demandada aportó documento de modificación
contractual, en el que se consigna que el contrato, inicialmente pactado por doce
meses (del 5 de febrero de 2015 al 4 de febrero de 2016), fue ampliado en plazo
y valor, extendiéndose su ejecución hasta el 30 de junio de 2016, lo que reafirma
la continuidad de la relación contractual”.

El recurso de alzada fue desatado por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 16 de junio de
2025, por la que resolvió confirmar la decisión desfavorable. En esa oportunidad, la
autoridad judicial accionada sostuvo que estaba demostrado que el actor recibió una
contraprestación económica a título de honorarios, según los contratos de prestación
de servicios. Sin embargo, que no se demostraron los elementos para declarar la
relación laboral. Al respecto, mencionó que:

“Una vez valoradas las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
evidencia que estas permitan esclarecer las condiciones reales en las que se
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prestaron los servicios, con miras a establecer si, en el marco de la ejecución
contractual, se configuraron elementos propios de una relación laboral
subordinada y dependiente. En otras palabras, no se superó el juicio de simple
formalidad que exige este tipo de análisis, ni se demostró́ , en la práctica, la
existencia de subordinación laboral; por el contrario, lo que se advierte es una
dinámica propia de una coordinación administrativa.

Cabe recordar que, conforme a los principios de justicia rogada —reconocidos
por la jurisprudencia como una carga procesal del demandante cuando se
cuestiona la legalidad de un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad—, la entidad demandada allegó, a solicitud del actor, diversa
documentación relacionada con los contratos suscritos. Esta incluye copias de
los contratos, certificados de cumplimiento y disponibilidad presupuestal,
formatos de hojas de vida con sus respectivos soportes, justificaciones,
requerimientos y ofertas contractuales.

No obstante, lo cierto es que ninguno de estos documentos permite establecer
las condiciones materiales en las que el demandante prestó sus servicios para
la Secretaría Distrital, en particular, si dicha prestación se desarrolló bajo un
esquema de dependencia y subordinación continuas. En efecto, no se acreditó
la existencia de elementos característicos de una relación laboral, como la
sujeción a un horario, la asignación de turnos o la ejecución de planes de trabajo
previamente establecidos por el contratante, ni el cumplimiento de órdenes que
excedieran los límites propios de una relación contractual de coordinación.
Tampoco se evidenció la existencia de situaciones propias de un vínculo laboral.

En efecto, se echan de menos elementos de juicio que permitieran verificar las
condiciones reales en las que se ejecutaron las actividades contratadas, las
cuales podían acreditarse mediante instrumentos como memorandos,
autorizaciones de ausencias, llamados de atención, amonestaciones, planillas
de turnos y, de manera complementaria que, bajo ningún motivo puede
entenderse como una tarifa legal; testimonios de ciudadanos que respaldaran lo
afirmado en la demanda, en punto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se desarrollaron los servicios por cuenta del demandante, como quiera
que las pruebas documentales resultaron insuficientes para tal finalidad y, con
ello, determinar —al menos como un indicio— si efectivamente existieron
manifestaciones de subordinación o si, por el contrario, la relación se mantuvo
dentro de los márgenes de una coordinación contractual con plena autonomía.

En ese orden de ideas, las copias de los contratos de prestación de servicios,
así como los documentos asociados a estos, por sí solos no dan cuenta de la
existencia de la subordinación entendida como la ausencia de independencia y
autonomía por parte del demandante en su gestión”.

Además, indicó que no se demostró el cumplimiento de un cronograma, ni la
ejecución de actividades en un horario comprendido entre las 6:30 a.m. y las 11:00
p.m., ni la existencia de un superior jerárquico que impartiera órdenes directas y
ejerciera control permanente sobre la ejecución de las labores contratadas.

Es decir, la autoridad judicial accionada concluyó que, con base en las pruebas
obrantes en el proceso, no era posible establecer la existencia de una relación
laboral entre el actor y la SDIS derivada de la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, aun cuando estos se desarrollaron de manera continua.

En este punto, cabe destacar que, si bien la parte demandante afirmó que los
defectos también se configuraron por parte del juez de primera instancia al cerrar el
debate probatorio sin contar con la totalidad de los elementos necesarios para
resolver el asunto, dicho cuestionamiento -como se observó- fue planteado en el
recurso de apelación contra la sentencia del 16 de octubre de 2024, constituyendo
una situación propia del trámite procesal.

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Adicionalmente, lo relativo a la falta de pronunciamiento sobre la continuidad entre
los contratos 59 de 2015 y 9033 de 2016 no fue objeto de solicitud de adición por
parte de la actora. Por tanto, si consideraba que el Tribunal accionado omitió
pronunciarse sobre ese aspecto, debió requerirlo ante el juez natural.

En ese contexto, para la Sala el asunto carece del requisito de relevancia
constitucional, dado que la parte accionante acude a la tutela con el propósito de
reabrir el debate ya planteado en la apelación, respecto del cierre del periodo
probatorio, la valoración de las pruebas y la aplicación de la sentencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 sobre el uso de indicios para determinar la existencia
de una relación laboral. En consecuencia, la vulneración alegada pretende dar
continuidad sobre el debate propuesto en el proceso ordinario y que fue absuelto
por el juez natural, ante la decisión desfavorable a sus intereses.

Sobre el presupuesto de la relevancia constitucional la Corte Constitucional en
sentencia SU-573 de 20196, estableció que tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”7.

En la sentencia SU-451 de 20248, la Corte Constitucional enfatizó que la “tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Lo expuesto permite concluir que la parte actora acudió a la acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo constitucional de su derecho fundamental al debido
proceso, se reitera con el fin de dar continuidad al debate planteado en el recurso
de apelación en el proceso ordinario. Así, de los argumentos expuestos en la
demanda no se desprende la existencia de un escenario con relevancia
constitucional que justifique realizar un estudio de fondo.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Edgar
Orlando Velandia Prieto, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, de
conformidad con las razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8 M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-08017-00
Accionante: Edgar Orlando Velandia Prieto

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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