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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08020-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08020-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08020-01
Accionante: Jhon Jairo Suaza Arcila
Accionados: Tribunal Administrativo de Pereira

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirma la negativa del amparo por no configurarse el defecto
alegado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Jhon Jairo Suaza Arcila contra la sentencia
proferida el 2 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo al no encontrar configurado
el defecto procedimental.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Jhon Jairo Suaza Arcila, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, a través de apoderado judicial, interpuso demanda
contra el municipio de Pereira, con la finalidad de que se declarara la nulidad de la
Resolución 142323 del 27 de marzo de 20231 y a título de restablecimiento del
derecho se le ordenara el reconocimiento de una relación de carácter laboral, el
pago de reajuste salarial, prestaciones sociales y económicas correspondientes.

3. En audiencia celebrada el 13 de mayo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Pereira, negó el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas. En
contra de esta decisión el señor Suaza Arcila interpuso el recurso de reposición y,
en subsidio, apelación. Por consiguiente, la autoridad judicial resolvió no reponer su
decisión y concedió el recurso de apelación.

4. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través del auto del 19 de septiembre de
2025 confirmó la decisión judicial anterior.

1
Por medio del cual se negó la declaración de existencia de la relación de carácter laboral entre las partes,
así como el reconocimiento y pago de reajuste salarial y de prestaciones sociales y económicas a favor del
demandante.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08020-01
Accionante: Jhon Jairo Suaza Arcila

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Risaralda y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira incurrieron en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al negar el decreto de las pruebas
testimoniales con fundamento en una interpretación estricta del artículo 212 del
Código General del Proceso, situación que, a su juicio, también ocasionó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y al principio de primacía de la realidad sobre las formas.

2.3. Pretensiones

6. La parte accionante solicitó:

«1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, debido proceso, derecho de defensa y contradicción, derecho de la
primacía de la realidad, del señor Jhon Jairo Suaza Arcila, identificado con
cédula de ciudadanía número 10.136.132.

2. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pereira,
Risaralda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento identificado bajo el
radicado número 66001333300120230033400 reponer el auto del 13 de mayo
de 2025 decreto de pruebas, para en su lugar aprobar las pruebas testimonial
en protección de los derechos fundamentales del señor Jhon Jairo Suaza
Arcila. y

3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda dentro del
proceso de nulidad restablecimiento identificado bajo el radicado número
66001333300120230033401 reponer el auto del 19 de septiembre de 2025
decreto de pruebas, para en su lugar aprobar las pruebas testimonial en
protección de los derechos fundamentales del señor Jhon Jairo Suaza Arcila».
(Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

7. Por medio del auto del 19 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Primero Administrativo de Pereira y al Tribunal Administrativo de
Risaralda como accionados y al municipio de Pereira como tercero interesado.

8. El Tribunal Administrativo de Risaralda indicó que el señor Suaza Arcila en
ningún momento adujo participación alguna de los señores Gonzalo Giraldo
Valencia, Mauricio Ríos Cardona o Frankin Lorenzo Rentería Machado con alguno
de los hechos referenciados en la demanda, por lo que no consideró pertinentes,
conducentes y útiles sus declaraciones.

9. En relación con la procedencia de la acción de tutela, estimó que no se cumple
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la parte accionante
está “utilizando” el mecanismo como un recurso o instancia adicional, a fin de
debatir aspectos que se resolvieron oportunamente al interior del medio de control
en cuestión, sin que se advierta vulneración alguna de derechos fundamentales.
En consecuencia, concluyó que existe una flagrante improcedencia de la acción de
tutela y remitió link del expediente del proceso ordinario.

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Accionante: Jhon Jairo Suaza Arcila

No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de febrero de 2026 negó el amparo al no encontrar acreditado el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En su criterio, la autoridad
judicial accionada negó acertadamente el decreto de los testimonios de los señores
Gonzalo Giraldo Valencia, Mauricio Ríos Cardona y Frankin Lorenzo Rentería
Machado, pues la parte demandante no realizó, siquiera de manera sucinta, una
enunciación de los hechos que se pretendían demostrar con tales declaraciones,
ni se precisó la relación de los mencionados testigos con los supuestos fácticos
relevantes del litigio, motivo por el cual, incumplió el artículo 212 del Código
General del Proceso.

2.6. Impugnación

11. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior,
para lo cual reiteró los argumentos desarrollados en la acción de tutela, en
particular, la existencia de un presunto defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto en los mismos términos expuestos previamente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

13. Si bien la parte accionante dirigió la acción de tutela contra el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, con
ocasión de la expedición de las providencias del 13 de mayo y 19 de septiembre
de 2025, respectivamente, lo cierto es que esta última fue la decisión que resolvió
en definitiva el asunto objeto de controversia. En consecuencia, esta Subsección
únicamente se pronunciará sobre el auto del 19 de septiembre de 2025.

14. Teniendo en cuenta que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación encontró acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela objeto de análisis, esta Subsección no advierte mérito suficiente
para pronunciarse respecto de estos. Por ende, se analizarán directamente los
argumentos expuestos por el señor Suaza Arcila.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.3. Problema jurídico

15. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al confirmar la decisión de negar el
decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-
33-33-001-2023-00334-00/01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

16. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos.

17. En ese sentido, la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, pues
solo opera en ausencia de otros mecanismos judiciales, salvo cuando se
interpone como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección
material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales.

18. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.

19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

20. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró
cumplidos los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir

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providencias judiciales, a saber: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez;
iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

22. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido3. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto4.

23. En lo que refiere al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado
por la parte accionante, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos:

«[E]l exceso ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario judicial, por
una aplicación mecánica de las formas renuncia a la verdad jurídica objetiva
patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la
justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial.
(…)
[A]lgunos escenarios en los que puede configurarse el defecto procedimental
[son]: (i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de manera irreflexiva y que en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las
partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir
en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas»5.

24. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales6.

3 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-455 de 2020 M.P. Antonio José Lizarazo.
6 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-

770 de 2014.

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25. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subsección procederá a analizar si en el
caso concreto se configuró el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

3.4.1.1. Análisis del presunto defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto

26. La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Risaralda
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negar el decreto
de las pruebas testimoniales con fundamento en una interpretación estricta del
artículo 212 del Código General del Proceso, situación que, a su juicio, también
ocasionó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y al principio de primacía de la realidad sobre las
formas.

27. Con la finalidad de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto alegado, se analizarán los argumentos desarrollados en la providencia del
19 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Por
consiguiente, se cita in extenso:

«Con el libelo petitorio, la parte demandante solicitó se decrete, entre otras,
el testimonio de los señores Gonzalo Giraldo Valencia, Mauricio Ríos
Cardona y Frankin Lorenzo Rentería Machado, así:

“TESTIGOS

Declaración del señor Gonzálo Giraldo Valencia (…) A efecto que absuelva
interrogatorio que le formulare personalmente.

Declaración del señor Mauricio Rios Cardona (…) A efecto que absuelva
interrogatorio.

Declaración del señor Franklin Lorenzo Renteria Machado (…) A efecto que
absuelva interrogatorio que le formulare personalmente”.
(…)
En punto al tema, es menester recordar que las declaraciones se deben
circunscribir a los hechos aprehendidos por sus propios sentidos, y al
momento de elevar la solicitud probatoria en ningún momento se adujo por
la parte interesada participación alguna de la declaración de los señores
Gonzalo Giraldo Valencia, Mauricio Ríos Cardona o Frankin Lorenzo
Rentería Machado con alguno de los hechos referenciados en la demanda;
sin que sea posible extraer dicha conclusión de la naturaleza del asunto,
como erróneamente lo indica el libelista.
(…)
Así, este Tribunal al cotejar dicha petición probatoria con la congruencia que
puede tener ésta con todos los hechos de la demanda y las pretensiones, no
se puede concluir que las personas referenciadas como testigos tengan la
aptitud de declarar sobre los hechos en que se funda la defensa y que en
razón de ello, debe ser decretada dada su relevancia o la claridad que
aportará al proceso, toda vez que con ello no se suple la falencia avizorada
por la Juez, relativa a que la exigencia del objeto materia de prueba, en
consideración a que no se establece con claridad los hechos que
aparentemente éstos conocieron o percibieron por sus sentidos, y, además,
esa es una percepción subjetiva que no puede constituirse en un parámetro
para obviar los requisitos impuestos en las normas adjetivas.

Bajo esa égida, resulta claro para esta magistratura que para la procedencia
de una prueba testimonial no sólo se debe relacionar nombre, domicilio o
lugar donde pueden ser citados los testigos, también debe enunciarse

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concretamente los hechos objeto de la prueba, o al menos expresar que
declarará sobre los hechos de la demanda, lo que ni siquiera ocurre en el
caso concreto, carga procesal que le corresponde cumplir a la parte
interesada, en la etapa procesal determinada en la Ley para tal efecto, en la
medida en que la ley de manera expresa lo estatuye como requisitos sine
qua non para efectos de su decreto, presupuesto que en el presente asunto
no se cumple al no indicarse especialmente el objeto materia de la prueba,
para luego ser valorada dentro de la sana critica.

En ese orden, resulta ineludible concluir que la decisión adoptada por la A
quo, para el caso concreto, se ajusta a las reglas procedimentales que rigen
los litigios contenciosos administrativos, al negar la práctica de la prueba
solicitada, por cuanto dicha norma es clara, al exigir que en la solicitud debe
expresarse, así sea de forma sucinta lo que se pretende con el recaudo de
la misma, sin que sea viable trasladar dicha carga al Juez de primera
instancia a efectos de haga uso de la facultad oficiosa contenida en el artículo
213 de la Ley 1437 de 2011, ya que no se trata de un asunto que se considere
necesario para el esclarecimiento de la verdad, sino que le corresponde a la
parte interesada informar lo que pretende con la consecución de la misma,
para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de la contraparte.

En consecuencia, considera el Despacho que razón le asiste a la a quo sobre
este punto, por cuanto la parte demandante no exhibió el objeto de la prueba
dentro de la oportunidad procesal para hacerlo; esto es, la demanda, pues
no se cumplió el requisito mínimo legal descrito en el artículo 212 ídem, que
indica: “enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”, para
haber accedido a su decreto. Ello, por cuanto se torna indispensable para
garantizar a los demás sujetos procesales un debido proceso y un derecho
de defensa, tal y como se encuentra respaldado por jurisprudencia del
Consejo de Estado».

28. En efecto, la autoridad judicial accionada efectuó un análisis integral de los
elementos que conforman el proceso objeto de cuestionamiento, en particular de
los hechos, las pretensiones de la demanda y la solicitud de pruebas
testimoniales presentada por la parte demandante. Lo anterior, con el propósito
de establecer si dicha petición cumplía los requisitos previstos en el artículo 212
de la Ley 1564 de 2012, a saber: la indicación del nombre, domicilio, residencia
o lugar donde pueden ser citados los testigos, así como la enunciación concreta
de los hechos objeto de prueba.

29. No obstante, concluyó que este último requisito no se encontraba satisfecho,
razón por la cual confirmó la decisión de negar la solicitud probatoria. Al respecto,
esta Subsección no advierte la configuración de ninguna irregularidad procesal
que amerite la intervención del juez constitucional en el proceso ordinario, tal y
como lo indicó la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación en
primera instancia, como se expone a continuación:

30. La decisión de negar la solicitud probatoria testimonial obedeció al
incumplimiento de la parte demandante del artículo 212 del Código General del
Proceso, en particular, la enunciación concreta de los hechos que pretendía
probar por medio del testimonio de los señores Gonzalo Giraldo Valencia,
Mauricio Ríos Cardona o Frankin Lorenzo Rentería Machado.

31. Sobreeste punto, se le recuerda al accionante que la exigencia de
cumplimiento de requisitos formales no configura, per se, un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que dicho requerimiento debe

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tornarse irreflexivo e imposible de acatar, condiciones que no se demostraron en
el caso concreto, pues la exigencia de la autoridad judicial accionada es necesaria
para garantizar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba.

32. En ese sentido, no es de recibo para esta Sala que la parte accionante atribuya
el resultado de su desatención a la autoridad judicial accionada, pues no le
corresponde a ella enunciar de manera concreta los hechos sobre los cuales
pretenden declarar los testigos de las partes procesales, ni mucho menos decretar
pruebas de oficio para subsanar sus errores.

33. Teniendo en cuenta que la inconformidad objeto de análisis resulta imputable a
la propia parte accionante, no se advierte vulneración alguna de sus derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ende,
esta Subsección confirmará la decisión de negar las pretensiones de la acción de
tutela presentada por el señor Jhon Jairo Suaza Arcila.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual
negó el amparo, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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