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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08043-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08043-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08043-01 Actora: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS (ANDEG)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-08043-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08043-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS
GENERADORAS (ANDEG)

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS GIRAN EN TORNO A UN
DEBATE MERAMENTE LEGAL, ADEMÁS DE QUE FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida en primera instancia

por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró

improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito

general de la relevancia constitucional.

1
En adelante la SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08043-01
Actora: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS (ANDEG)

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS -

(ANDEG), actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de

la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la

igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia

y a la tutela judicial efectiva, los cuales estima vulnerados por la

sociedad XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.2 y la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido

esta última la providencia de 25 de septiembre de 2025, dentro del

medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de

ley o actos administrativos identificado con el número único de

radicación 2025-01019-01.

I.2.- Hechos

Indicó que la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., empresa de servicios

públicos domiciliarios encargada de la generación, distribución y

comercialización de energía eléctrica y actividades relacionadas, fue

2
En adelante XM.
3
En adelante Sección Quinta.

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3

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intervenida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS4 mediante Resolución núm.

20241000531665 de 12 de septiembre de 2024, y en una posterior,

esto es, la núm. 20251000004725 de 9 de enero de 2025, se ordenó

su liquidación.

Anotó que, con posterioridad a la intervención, AIR-E S.A.S. E.S.P.

incumplió las obligaciones financieras dentro del mercado de energía

mayorista, por lo que se configuraron las causales para ordenar la

limitación del suministro previstas en el artículo 5º de la Resolución

num. CREG 116 de 1998.

Sostuvo que a pesar de que correspondía a la sociedad XM aplicar

de oficio los programas de limitación del suministro de electricidad y

que el 15 de mayo de 2025 la requirió para que diera cumplimiento

a la Resolución núm. CREG 116 de 1998, la misma se abstuvo de

iniciarlos, con fundamento en la Circular Externa núm.

20241000001314 de 13 de diciembre de 2024, expedida por la

SUPERINTENDENCIA y que se trataba de una empresa intervenida.

Señaló que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio

4
En adelante Superintendencia.

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de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley

o actos administrativos contra la sociedad XM, con el fin de que se

le ordenara cumplir con las obligaciones y deberes contenidos en la

Resolución núm. CREG 116 de 1998, a la cual le fue asignado el

número único de radicación 2025-01019-00.

Sostuvo que el proceso correspondió en primera instancia a la

SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA5 que, en sentencia de 8

de agosto de 2025, declaró su improcedencia para zanjar el debate

interpretativo de aplicación de los artículos 5 y literales b) y c), del

artículo 9 de la Resolución núm. CREG 116 de 1998, artículo 10 de

la Resolución núm. CREG 19 de 2006, y artículo 20 del anexo de la

Resolución núm. CREG 19 de 2006, respecto a una circular externa

proferida por la SUPERINTENDENCIA.

Adujo que inconforme con ello, impugnó la decisión del a quo,

disenso desatado por la SECCIÓN QUINTA en providencia de 25 de

septiembre de 2025, a través de la cual confirmó la improcedencia

del medio de control al considerar que aun cuando la actora invocó

una serie de normas como supuestamente incumplidas, el problema

5
En adelante TRIBUNAL.

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giró en torno a que la sociedad XM no había adelantado el

procedimiento para la imposición de programas de limitación de

suministro para agentes morosos, como fue el caso de AIR-E S.A.S.

E.S.P., como consecuencia de la aplicación de una circular con la cual

no estaba de acuerdo; sumado a que lo pretendido era la consecución

de un interés particular y objetivo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en violación

directa de la Constitución al desconocer los artículos 8, 25, 29 y

229 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el

principio constitucional de jerarquía normativa, pues se desconoció y

excedió el alcance de la circular emitida por la

SUPERINTENDENCIA, comoquiera que ello no suspende

expresamente la regulación de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

ENERGÍA Y GAS (CREG).

Agregó que, además, la SECCIÓN QUINTA le atribuyó a la circular

un efecto que el ordenamiento jurídico no le otorga, tanto por su

contenido como por su naturaleza jurídica, pues la misma intenta

modelar preceptos regulatorios cuya expedición es competencia

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exclusiva de la CREG, de tal forma que dicho acto tiene mejor

jerarquía y se encuentra supeditada a las disposiciones que pretende

desarrollar la normatividad de esta.

Insistió en que la autoridad judicial accionada carece de fuerza

normativa para derogar, suspender o modificar disposiciones

provenientes de la CREG, de tal forma que lo considerado en la

sentencia cuestionada resulta totalmente desatinado y atenta contra

los principios estructurales del estado social de derecho.

Refirió que no es de tal acierto que haya planteado un debate de

interpretación normativa, pues el medio de control de cumplimiento

fue claro y se circunscribe en el reclamo a la sociedad XM en el

cumplimiento de deberes contenidos en la normatividad CREG.

Destacó que la SECCIÓN QUINTA incurrió en un defecto

sustantivo al aplicar las resoluciones núms. 40307 de 5, 40359 de

30 de agosto y 40409 de 30 de septiembre de 2024, del

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA6, que no se encontraban

vigentes ni tenían la capacidad jurídica de suspender la normativa

CREG, pues habían expirado meses atrás y, además, fueron

6
En adelante Ministerio.

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declaradas nulas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA en sentencia de 14 de octubre de 2025.

Puso de presente que la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial al apartarse del

contenido de la sentencia de 27 de marzo de 2025 proferida por el

Consejo de Estado dentro del expediente número 2024-02089-01,

en el cual, en un caso similar, se ordenó a la sociedad XM cumplir

con las obligaciones establecidas en la regulación vigente de la

CREG, pese a la existencia de la circular de la SUPERINTENDENCIA

que contradecía la normativa, pues concluyó que la obligación de la

mencionada empresa se derivaba directamente de las resoluciones

de la CREG y la circular no podía sustituir ni suspender la norma de

mayor jerarquía.

Refirió que también incurrió en decisión sin motivación,

comoquiera que se limitó a realizar afirmaciones genéricas, sin

explicar por qué la normatividad CREG se encuentra suspendida ni

por que el medio de control de cumplimiento planteaba un debate en

torno a la legalidad de los actos administrativos, así como tampoco

se explicó de qué forma se buscaba la consecución de un interés

particular y objetivo.

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Finalmente, agregó que la circular de la SUPERINTENDENCIA no

tiene la eficacia de impedir que la sociedad XM cumpla sus

obligaciones ni le resta eficacia jurídica a las resoluciones núms.

CREG 116 de 1998 y 19 de 2006, las cuales disponen la posibilidad

de iniciar los programas de limitación de suministro frente a

empresas intervenidas, sin que la toma de posesión pueda

interpretarse como una causal de suspensión de la aplicación de la

regulación vigente.

I.4.- Pretensiones

La actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Primera Pretensión Consecuencial: Que como
consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las pretensiones
del numeral 6.1 y de la violación sistemática de derechos
fundamentales, se le ordene a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, revocar o dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia del 25 de septiembre de 2025 dictada dentro del proceso
de acción de cumplimiento identificado con número de radicado
25000-23-41-000-2025-01019-01.

7.2.2. Segunda Pretensión Consecuencial: Que como
consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las pretensiones
del numeral 6.1 y de la violación sistemática de derechos
fundamentales, se le ordene a XM:

▪ Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el literal
c) del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998 y en
consecuencia, inicie el programa de limitación de suministro en
contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las
obligaciones que tiene con el MEM causadas con posterioridad a la

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toma de posesión ejecutada por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, especialmente el pago de las obligaciones
por transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.

Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento
establecido en la Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece
con absoluta claridad, como un deber y una obligación de XM,
iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas de
limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente
cuando, como sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una
de las causales dispuestas por la CREG en el artículo 5 de la
resolución en cita para la aplicación de la limitación de suministro
contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.

▪ Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el literal
b) del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998 y en
consecuencia, haga efectivas las garantías entregadas por AIRE
S.A.S. E.S.P., e informar de la efectiva ejecución de garantías a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a todos los
agentes del mercado de energía mayorista.

▪ Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el
artículo 10 de la Resolución CREG 19 de 2006 y en consecuencia,
inicie el programa de limitación de suministro en contra AIR-E
S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que tiene
con el MEM, causadas con posterioridad a la toma de posesión
ejecutada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, especialmente el pago de las obligaciones por
transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.

Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento
establecido en la Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece
con absoluta claridad, como un deber y una obligación de XM,
iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas de
limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente
cuando, como sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una
de las causales dispuestas por la CREG en el artículo 5 de la
resolución en cita para la aplicación de la limitación de suministro
contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.

▪ Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el
artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006 y en
consecuencia, inicie el programa de limitación de suministro en
contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las
obligaciones que tiene con el MEM, causadas con posterioridad a la
toma de posesión ejecutada por la Superintendencia de Servicios

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Públicos Domiciliarios, especialmente el pago de las obligaciones
por transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.

Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento
establecido en la Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece
con absoluta claridad, como un deber y una obligación de XM,
iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas de
limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente
cuando, como sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una
de las causales dispuestas por la CREG en el artículo 5 de la
resolución en cita para la aplicación de la limitación de suministro
contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.

▪ Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el
artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006 y en
consecuencia, haga efectivas las garantías entregadas por AIR-E
S.A.S. E.S.P., e informar de la efectiva ejecución de garantías a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a todos los
agentes del MEM.

7.2.3. Tercera Pretensión Consecuencial: Que se adopte
cualquier otra medida que el juez constitucional considere
necesaria para proteger los derechos fundamentales vulnerados de
ANDEG […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA informó que la decisión cuestionada

no adolece de defecto alguno, comoquiera que cuenta con una

estructura clara y con fundamento en el material probatorio allegado,

a partir del cual se explicó que, para la prosperidad del medio de

control de cumplimiento, se debe cumplir, entre otros requisitos, que

lo pretendido no tenga como fin último que el juez de conocimiento

realice de forma tácita un juicio de legalidad y preponderancia

normativa, como sucedió en el caso concreto.

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En cuanto al alegado desconocimiento del precedente, destacó que

la sentencia que se discute como desconocida no guarda similitud

fáctica ni jurídica con el caso bajo examen, pues en esa oportunidad

se trató de la solicitud de cumplimiento de lo establecido en los

artículos 16 y 20 de la Resolución núm. 157 de 2011 y 18 de la

Resolución 24 de 1995 de la CREG y cuya pretensión consistía en

que se registrara la terminación del contrato suscrito entre VIENTOS

DEL NORTE S.A.S. E.S.P. y AIR-E S.A.S. E.S.P.

Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela

de la referencia o, en su lugar, se deniegue el amparo, comoquiera

que no se cumple con los requisitos para cuestionar una providencia

judicial.

I.5.2.- La sociedad XM solicitó que se declare la falta de legitimación

en la causa por pasiva, comoquiera que no es quien profirió la

sentencia objeto de tutela.

Destacó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados

ni ha sido renuente en el cumplimiento de sus deberes, toda vez que

ha acatado las resoluciones expedidas por el MINISTERIO y la

SUPERINTENDENCIA.

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I.6.- Interviniente

I.6.1.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, adujo que lo pretendido es crear

una tercera instancia dentro del medio de control de cumplimiento,

lo que hace improcedente la solicitud de amparo.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación, mediante sentencia de

5 de febrero de 2026, declaró improcedente el amparo solicitado al

considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de la

relevancia constitucional.

Señaló que los argumentos expuestos por la parte actora están

encaminados a realizar un análisis estrictamente normativo sobre

jerarquía de normas, competencia regulatoria y vigencia de los actos

administrativos invocados, lo cual, por demás, involucra intereses de

carácter legal, ámbito que desborda la finalidad de la acción de

tutela.

Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente

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alegado, sostuvo que la sentencia puesta de presente por la parte

actora no guarda identidad fáctica ni jurídica con el asunto bajo

examen.

Sumado a lo anterior, en lo referente al argumento relacionado con

la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 40307, 40359 y

40409 de 2024 del MINISTERIO por parte del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, advirtió que ello fue posterior

a la sentencia cuestionada, por lo que no podía ser tenida en cuenta

por la SECCIÓN QUINTA.

Finalmente, indicó que en la acción de tutela de la referencia no se

acreditó la existencia de un asunto de relevancia constitucional,

máxime cuando la controversia planteada gira en torno a una

discusión de naturaleza legal.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,

insistiendo en que la solicitud de amparo sí goza de relevancia

constitucional, por cuanto demuestra la vulneración de sus derechos

fundamentales y la ocurrencia de las vías de hecho alegadas.

Resaltó que la SECCIÓN CUARTA realizó un análisis superficial del

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asunto puesto a consideración, sin estudiar de fondo que las

resoluciones del MINISTERIO en las cuales se fundamentó la

decisión cuestionada solo tenían vigencia hasta el 31 de diciembre

de 2024, lo que constituye un defecto sustantivo; además de que le

otorgó a la circular de la SUPERINTENDENCIA el efecto de

suspender normas de mayor jerarquía.

Sumado a ello, la autoridad judicial accionada le impuso el deber de

acudir previamente a un medio de control de nulidad contra actos

administrativos, requisito que no exige la ley 393 de 1997 y vulnera

sus derechos de acceso a la administración de justicia, debido

proceso y tutela judicial efectiva.

Por último, aseguró que la providencia cuestionada no explicó

adecuadamente las razones de la improcedencia y desconoció el

precedente judicial fijado en la mencionada sentencia de 27 de marzo

de 2025.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial

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es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto la providencia de 25 de septiembre de 2025,

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proferida por la SECCIÓN QUINTA, dentro del medio de control de

cumplimiento identificado con el número único de radicación 2025-

01019-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, habida cuenta

que, a juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al fundamentarse en las resoluciones expedidas

por el MINISTERIO que no se encontraban vigentes.

Aunado a lo anterior, a juicio de la actora, la SECCIÓN QUINTA

también incurrió en violación directa de la Constitución por omitir

la aplicación de los artículos 8, 25, 29 y 229 de la Convención

Americana de Derechos Humanos y el principio constitucional de

jerarquía normativa, pues le atribuyó a la circular de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios efectos que el

ordenamiento jurídico no le reconocía.

Alegó que también incurrió en desconocimiento del precedente

judicial de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 27 de

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marzo de 2025 y, en decisión sin motivación, pues no explicó los

puntos de improcedencia del medio de control de cumplimiento.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que declaró improcedente la solicitud de amparo

al estimar que no se cumplió con el requisito de la relevancia

constitucional, toda vez que la controversia planteada gira en torno

a una discusión de naturaleza legal.

La actora en su impugnación insistió en que la autoridad judicial

accionada sí incurrió en los defectos invocados, por lo que se

encontraba superado el requisito de la relevancia constitucional,

comoquiera que la decisión cuestionada se fundamentó en normas

que no se encontraban vigentes, le dio valor superior a la circular de

la SUPERINTENDENCIA sobre las resoluciones regulatorias de la

CREG, impuso una carga procesal de promover previamente un

medio de control de nulidad contra actos administrativos, no explicó

adecuadamente las razones de la improcedencia y desconoció el

precedente judicial dispuesto en la sentencia de 27 de marzo de

2025.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

QUINTA vulneró los derechos deprecados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)

[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es

que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión meramente legal que gira en

torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural

del asunto, quien fundamentó su decisión con suficiencia, explicando

las razones por las cuales no procedía el medio de control de

cumplimiento presentado.

En efecto, la SECCIÓN QUINTA al conocer en segunda instancia del

medio de control de cumplimiento, objeto del presente estudio,

consideró lo siguiente:

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“[…] Este mecanismo vela por hacer efectivo el acatamiento de
normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión de la respectiva autoridad;
por tanto, su finalidad es la observancia del ordenamiento jurídico
vigente.

45. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393
de 1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr
la efectiva materialización de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente
para el accionante.

[…]

En el sub lite, la accionante pretende el acatamiento los artículos 5
de la Resolución CREG 116 de 1998, el literal c) del artículo 9 de la
Resolución CREG 116 de 1998 (modificado por el artículo 2 de la
Resolución 39 de 2010), el artículo 10 de la Resolución CREG 19 de
2006 y el artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006,
frente a lo cual no se advierte que el acatamiento de lo pretendido
por el actor establezca gastos a la Administración, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

[…]

Al verificar la respuesta otorgada por las entidades demandada y
vinculada como tercero con interés, se advierte que las normas
demandadas como incumplidas se encuentran suspendidas, como
consecuencia de la expedición de la Resolución MME 40307 del 5 de
agosto de 202417, por medio de la cual se adoptaron medidas
transitorias para garantizar la prestación del servicio público y se
dispuso la suspensión de los programas de limitación de suministro
de energía; las Resoluciones MME 40359 del 30 de agosto de 2024
y, MME 40409 del 30 de septiembre de 2024, que prorrogaron la
medida; además, en aplicación de lo establecido en la circular
externa 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024.

49. En todo caso, a pesar de que la accionante invocó una serie de
normas como supuestamente incumplidas, lo cierto es que, para la
Sala, el problema gira en torno a que la demandada no ha
adelantado el procedimiento para la imposición de programas de
limitación de suministro para agentes morosos, específicamente en
el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P., como consecuencia de la aplicación

17 Por la cual se adoptan medidas transitorias para garantizar la continuidad en la prestación del

servicio público domiciliario de energía eléctrica en áreas especiales

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de una circular con la cual la actora no está de acuerdo.

50. En efecto, este caso implica un debate jurídico para controvertir
la legalidad y la aplicación o no de la circular externa
20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, que estableció
lineamientos básicos en relación con los procesos de limitación de
suministro en prestadores de servicios públicos de energía eléctrica
en toma de posesión y la posibilidad de ser aplicada o no en el caso
concreto, así como lo establecido en la Resolución MME 40307 del 5
de agosto de 2024; además, busca la consecución de un interés
particular y subjetivo.

51. Como consecuencia, la sentencia de primera instancia será
confirmada ante la improcedencia de la acción por vigencia y
subsidiariedad, de conformidad con la parte motiva de esta
sentencia […]”.

De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN

QUINTA, dentro de la órbita de su competencia, estudio los

requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento

objeto del presente estudio y concluyó que el debate planteado

implicaba analizar la legalidad y aplicación o no de la circular externa

núm. 20241000001314 de 13 de diciembre de 2024 de la

SUPERINTENDENCIA, así como la Resolución del MINISTERIO

núm. 40307 de 5 de agosto de 2024, de tal forma que lo pretendido

era la consecuencia de un interés particular y subjetivo.

De tal forma que resultaba del caso confirmar la decisión del

TRIBUNAL de declarar improcedente el proceso cuestionado por

vigencia y subsidiariedad, pues el problema planteado giró en torno

a que si era de obligatorio cumplimiento la mencionada circular, lo

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que desnaturalizaba dicho medio de control.

Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el medio de control de cumplimiento, con la finalidad

de que se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad

judicial accionada y se acoja la interpretación que propone, como si

el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a

los previstos en el trámite ordinario.

En efecto, la actora insiste en que la decisión cuestionada se

fundamentó en que las resoluciones expedidas por el MINISTERIO

no se encontraban vigentes, cuando lo cierto es que las mismas

fueron declaradas nulas hasta la providencia de 14 de octubre de

202518, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA, esto es, posterior a la sentencia controvertida de 25

de septiembre de ese año.

En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial no actuó de

forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio

18
La cual fue objeto de recurso de apelación que se encuentra actualmente en trámite para ser decidido
en la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado bajo el número único de radicación 2025-
00146-01.

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de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Además, en lo que refiere al desconocimiento del precedente

alegado, es del caso destacar que la sentencia de 27 de marzo de

202519, proferida por esta Corporación, difiere en cuanto a los hechos

y fundamentos jurídicos del caso sub examine, pues en esa

oportunidad se discutió el cumplimiento de los artículos 16 y 20 de

la Resolución núm. 157 de 2011 y 18 de la Resolución núm. 24 de

1995 de la CREG, cuya pretensión consistía en que se registrara la

terminación de un contrato suscrito por otra sociedad, situación que

no guarda similitud con la puesta de presente por la actora.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas

19
con radicación 2024-02089-01.

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y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas, en el cual el juez de

tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela

el carácter de un recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del

juez ordinario.

Igualmente, se destaca que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado,

máxime cuando se advierte que la sentencia proferida por la

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SECCIÓN QUINTA se encuentra suficientemente motivada,

contrario a lo advertido por la sociedad actora.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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