Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08048-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08048-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08048-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-08048-00
Demandante EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA SA ESP
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Acción de
cumplimiento. Deber de publicación en el SECOP II.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la Empresa de Energía de Pereira SA
ESP, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 2025, la Empresa de Energía de Pereira SA ESP interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión y el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, por considerar vulnerado
su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las sentencias de 4 de
septiembre de 2025 y 8 de octubre de 2025 proferidas en la acción de cumplimiento
66001-33-33-002-2025-00161-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas que se expondrán,
respetuosamente me permito solicitar al CONSEJO DE ESTADO, se sirva TUTELAR los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C. Pol.), ACATAMIENTO AL
PRECEDENTE y el RÉGIMEN CONSTITUCIONAL, LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL, LA SEGURIDAD JURIDICA y CONFIANZA LEGITIMA (ART. 83 C. Pol.),
vulnerados a la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP, por las autoridades aquí
accionadas, por lo que pido se dispongan algunas o similares de las siguientes órdenes:
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la supremacía de la
Constitución, al acatamiento del precedente constitucional y judicial, la seguridad jurídica, la
confianza legitima y a la cosa juzgada constitucional, vulnerados a la Empresa de Energía de
Pereira S.A. E.S.P., como consecuencia de las providencias proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, el 4 de septiembre de 2025, y por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el 8 de octubre de 2025, dentro de la acción de cumplimiento con
radicado No. 66001-33-33-002-2025-00161-01.
SEGUNDA. Dejar sin efectos jurídicos, por vulneración directa de la Constitución, las
providencias judiciales antes referidas, exclusivamente en cuanto declararon el
incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022) y ordenaron a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. la publicación
integral de su actividad contractual en la plataforma SECOP II.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Risaralda que, dentro del término que el
despacho constitucional estime razonable, restablezca los derechos conculcados y
vulnerados a la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., y profiera una nueva
decisión, en la cual se resuelva la acción de cumplimiento respetando el régimen
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Demandante: Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
constitucional y legal especial de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994, la
Ley estatutaria 1712 de 2014, y el precedente constitucional y judicial aplicable, que disponga
la no obligación de la publicación de su actividad contractual en el Secop II, absteniéndose
de extender de manera inconstitucional el ámbito de aplicación del artículo 53 de la Ley 2195
de 2022 a entidades sometidas a un régimen constitucional especial.
CUARTA. Disponer que, en la nueva decisión que se adopte, se garantice la aplicación del
principio de especialidad normativa, la prohibición de interpretación extensiva en perjuicio de
la actora, y el respeto por la autonomía constitucional del régimen jurídico de los servicios
públicos domiciliarios, conforme a los artículos 365 y 367 de la Constitución Política.
QUINTA. Ordenar las demás medidas que el juez constitucional considere necesarias para el
restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados, sin que ello implique
sustituir al juez natural ni reabrir el debate propio de las instancias ordinarias. Otras peticiones
subsidiarias:
SEXTO. Que se declare el desconocimiento del régimen constitucional especial de los
servicios públicos por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira.
SÉPTIMO. Que se declare el desconocimiento del régimen contractual y de actos privados
de las ESP por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira.
OCTAVO. Que se declare que existió confusión entre «régimen exceptuado» y «régimen
especial» por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira.
NOVENO. Que se declare que existió desconocimiento de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y
desconocimiento del precedente nacional por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda
y del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. Un ciudadano interpuso acción de cumplimiento contra la Empresa de Energía
de Pereira SA ESP, a fin de que esta última acatara lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 2195 de 2022, que consagra
lo siguiente:
«PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO
SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y
267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el
siguiente:> En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este
artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa
precontractual, como en la contractual y la poscontractual.
<Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> A
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se establecerá un periodo de transición de
seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido».
En criterio del demandante, la autoridad demandada incumplió con el deber
legal de publicación dispuesto en la norma transcrita, dado que en el SECOP
II y en la página web institucional de la entidad no se encuentran cargados los
documentos relacionados con su actividad contractual.
2.2. En sentencia de 4 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
de Pereira (expediente 66001-33-33-002-2025-00161-00) declaró que la Empresa
de Energía de Pereira SA ESP incumplió el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
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Demandante: Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
De entrada, el Juzgado desestimó la excepción propuesta por la Empresa de
Energía de Pereira SA ESP sobre su presunta falta de legitimación en la causa
por pasiva. Esta última argumentó que no es una autoridad pública ni un
particular que ejerza funciones públicas, sino una empresa de servicios
públicos mixta regida por derecho privado.
Al respecto, el juzgador de primera instancia consideró que la demandada no
es un particular, sino una empresa de servicios públicos mixta, debido a que
el capital público aportado por el municipio de Pereira y el Instituto de
Movilidad de Pereira supera el 50% del total de los aportes. Por ende, se
encuentra sometida al régimen jurídico especial de los servicios públicos
domiciliarios, y consecuentemente, debe entenderse que aquella es una
entidad del sector descentralizado por servicios.
Seguido, consideró que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 consagra un
mandato imperativo, claro, inexcusable e inobjetable. No se trata, entonces,
de una obligación meramente facultativa. Por lo tanto, las entidades estatales
exceptuadas del régimen de la contratación pública deben publicar los
documentos relacionados con su actividad contractual en el SECOP II, en
desarrollo de los principios de la función administrativa. Concluyó, entonces,
que a la Empresa de Energía de Pereira SA ESP le es aplicable tal norma.
Por las razones expuestas, el Juzgado declaró que la demandada incumplió
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y le ordenó publicar en la plataforma
SECOP II la totalidad de la actividad contractual adelantada desde el 18 de
julio de 2022, así como la actividad contractual que se vaya generando en lo
sucesivo.
2.3. La anterior decisión fue apelada por la Empresa de Energía de Pereira SA
ESP.
2.4. Mediante sentencia de 8 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión confirmó la decisión apelada.
La autoridad judicial explicó que el ordenamiento jurídico colombiano
contempla como categoría única la noción de contratos estatales con
regímenes jurídicos diferenciados. Por una parte, los contratos estatales
sometidos al régimen general de contratación pública, compuesto por las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y otras disposiciones complementarias. Por
otra parte, el régimen exceptuado relativo a aquellos contratos estatales
exceptuados por la misma ley y sometidos a reglas específicas, usualmente al
derecho privado. Lo anterior denota que de manera excepcional la propia ley
ha excluido del Estatuto General de Contratación a algunas entidades
estatales, las cuales han quedado facultadas para aplicar en su actividad
contractual unas reglas especiales.
Aseguró que cuando la ley somete a determinadas entidades a un régimen
especial de contratación las libera de las formalidades y estructuras propias
de la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifican. Sin embargo, los contratos
celebrados por estas entidades mantienen su calificación de contratos
estatales, tanto así que las controversias surgidas de estos deben ser
conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Indicó que las empresas de servicios públicos mixtas son una tipología
especial de entidades públicas, que tienen un régimen y naturaleza jurídica
propios. La Empresa de Energía de Pereira SA ESP, sostuvo el Tribunal, es
una sociedad anónima de naturaleza mixta, constituida por capital público al
menos en un 51% de sus acciones y al mismo tiempo por capital privado. De
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ahí que estas, incluyendo a la entidad accionada, sí integran la estructura de
la Administración.
En consecuencia, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, va dirigido a las empresas de servicios
públicos, pues allí mismo se establece que la obligación de publicación está a
cargo de entidades estatales que por disposición legal estén sujetas a un
régimen contractual excepcional diferente del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. Además, precisó que la
modificación introducida por la Ley 2195 de 2022 no hizo salvedades ni entre
entidades exceptuadas o especiales, ni atendiendo el régimen o naturaleza de
los recursos. El deber de publicación de la información contractual hace parte
del conjunto de reglas generales dirigidas a las entidades. Por lo tanto,
concluyó lo siguiente:
«De conformidad con lo expuesto, existe una obligación para las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, de publicar su actividad contractual en la plataforma
SECOP II; y de acuerdo al marco jurisprudencial referido, el artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, extiende un mandato dirigido a las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios mixtas, entidades descentralizadas que prestan
servicios públicos. En tal virtud, a juicio de la Sala es procedente ordenar lo pretendido por el
actor en cuanto de la lectura de la norma es posible establecer la existencia de en un mandato
imperativo frente a la Empresa de Energía de Pereira S.A.S. E.S.P., como entidad pública de
régimen especial».
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la Empresa de Energía de Pereira SA ESP es una
sociedad por acciones de naturaleza mixta, constituida conforme a la Ley 142 de
1994, cuyo capital es mayoritariamente público y cuyo objeto consiste en la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el municipio de
Pereira. Su actividad contractual se rige bajo un régimen especial de derecho
privado, conforme lo establecen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y su
Manual de Contratación adoptado mediante resolución empresarial 0003.
Con base en esta premisa, y tras considerar que se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, argumentó
que las autoridades judiciales contra las cuales se interpuso la acción de tutela
incurrieron en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución Política, por las razones que a continuación
se expondrán.
3.1. Defecto sustantivo: una de las razones por las que la parte actora consideró
que se incurrió en tal defecto es que los jueces que resolvieron el asunto
incurrieron en una confusión entre el régimen contractual exceptuado y el
régimen especial, pese a que se trata de dos sistemas diferentes. Explicó que
las entidades que prestan servicios públicos, como lo es la Empresa de
Energía de Pereira SA ESP, están sometidas a un régimen jurídico especial,
originado en los artículos 365 y 367 de la Constitución y contenido en la Ley
142 de 1994.
Las autoridades judiciales accionadas confundieron esos dos regímenes, pues
equipararon empresas de servicios públicos mixtas, regidas por la Ley 142 de
1994 y pertenecientes al régimen especial, con sociedades de economía mixta
del régimen exceptuado establecido en la Ley 489 de 1998. Por ende, la parte
actora consideró que se configuró el defecto sustantivo, pues se extendió el
ámbito de aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que solo es
aplicable a las entidades del régimen contractual excepcional, a entidades que
se encuentran sometidas al régimen especial.
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Aseguró que dicho régimen especial no tendría razón de ser si no tuviera
prerrogativas especiales para proteger su información y los documentos del
comerciante frente a la competencia. Publicar su actividad contractual podría
afectar su competitividad y la libertad empresarial protegida
constitucionalmente. Por ese motivo, la empresa mantiene sus contratos en
reserva para proteger su competitividad y autonomía. Resaltó, además, que la
Empresa de Energía de Pereira SA ESP «no hace uso de dineros públicos, sus
contratos no son financiados con recursos estatales, como impuestos o contribuciones, sino
con ingresos propios». Por lo tanto, consideró que está eximida de la obligación
de publicación en el SECOP II.
Añadió que en la exposición de motivos de la Ley 2195 de 2022 se explicó que
la obligación de publicidad busca controlar entidades privadas que manejan
recursos públicos, especialmente fiducias y empresas privadas que ejecutan
recursos públicos, entidades no públicas que manejan fondos del Estado,
fundaciones y otras. De ahí que la exposición de motivos fue sacada de
contexto, pues con base en esta se concluyó erróneamente que el artículo 13
de la Ley 1150 de 2007 aplica a la Empresa de Energía de Pereira SA ESP.
Tal conclusión es falsa pues, insistió, esa norma no aplica a todas las
entidades estatales, sino únicamente a las que pertenezcan a un régimen
contractual excepcional.
Por otra parte, consideró que las autoridades judiciales desconocieron el
régimen contractual y de actos privados de las empresas de servicios públicos.
Indicó que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 ordena que los contratos
celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos no
están regidos por el Estatuto General de la Contratación Pública, salvo las
excepciones allí previstas. Por lo tanto, ni la Ley 80 de 1993 ni la Ley 1150 de
2007 aplican al sector de los servicios públicos domiciliarios, en tanto que
estas hacen parte del Estatuto General de Contratación Pública. Asimismo, el
artículo 32 de la misma Ley establece que las empresas de servicios públicos
se rigen por las reglas del derecho privado. Por ende, al concluir que a la
Empresa de Energía de Pereira SA ESP le era aplicable la Ley 1150 de 2007,
los jueces se apartaron del régimen contractual aplicable en la materia.
De otro lado, manifestó que se desconoció la Ley Estatutaria 1712 de 2014,
cuyo artículo 5º literal c) consagra el deber de publicación a cargo de las
empresas de servicios públicos. Allí se dispone que estas únicamente tienen
la obligación de publicar la información relacionada en forma directa con los
servicios públicos prestados. Agregó que las leyes ordinarias como la 2195 de
2022 «no pueden modificar las estatutarias».
Además, indicó que las leyes especiales no son modificables por leyes
generales y que en caso de conflicto entre dos leyes especiales se prefiere la
de más especialidad. Justamente, con el fin de preservar el régimen jurídico
especial de los servicios públicos y las entidades que los prestan, el artículo
186 de la Ley 142 de 1994 establece que esta última no admite derogatorias
tácitas y que como ley especial ella no es derogable por leyes generales,
incluso las que entraron en vigencia después de su expedición.
3.2. Desconocimiento del precedente: sostuvo que las autoridades judiciales se
apartaron de las sentencias C-005 de 1996 y C-439 de 2016, en relación con
el principio de especialidad en la interpretación normativa y la aplicación
preferente de las leyes estatutarias sobre las ordinarias. También se
desconoció la sentencia C-472 de 2013, en la que se estableció que las
empresas del Estado en competencia no están obligadas a hacer pública
información que sus competidores, a su vez, no tienen el deber legal de
publicar.
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Demandante: Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
Sostuvo que se pasaron por alto providencias judiciales que versan sobre el
régimen especial de los servicios públicos y las entidades que los prestan.
Entre las decisiones desconocidas mencionó las siguientes sentencias: C-736
de 2007, C-483 de 1996, C-338 de 2011, C-263 de 2013, C-179 de 2005, T-
181 de 2014, C-037 de 2003 y C-066 de 1997 de la Corte Constitucional; y 5
de marzo de 2008 radicado 11001-03-26-000-2001-0029-01, 3 de abril de
2014 radicado 73001-23-31-000-2010-00348-02 y sentencia de unificación de
29 de mayo de 2024 radicado 76001-23-31-000-2006-03320-03 de las
Secciones Tercera y Primera del Consejo de Estado.
3.3. Violación directa de la Constitución: consideró que varios preceptos
constitucionales fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
A su juicio, se vulneró el artículo 87 de la Constitución, pues la acción de
cumplimiento fue consagrada como un mecanismo para acudir ante
autoridades, categoría jurídica que no incluye a las empresas estatales que se
rigen por el derecho privado y no ejercen funciones públicas.
También se violaron los artículos 365 y 367 de la Constitución que ordenan
que los servicios públicos y las entidades que los prestan se sometan a un
régimen legal especial.
A su vez, se transgredió el artículo 29 de la Constitución, relativo al ejercicio
del debido proceso, al apartarse de los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994;
y en cambio sí aplicar el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 desconociendo
que una norma general no prevalece sobre normas especiales. La
transgresión al debido proceso también se generó, dada la inaplicación del
literal c), artículo 5 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, y en preferencia de los
mandatos de una ley ordinaria que es de menor jerarquía.
Por último, sostuvo que se aplicó indebidamente el artículo 209 de la
Constitución que consagra los principios de la función administrativa, pues
estos se hicieron extensivos a la actividad contractual de la Empresa de
Energía de Pereira SA ESP, pese a que esta no actúa en ejercicio de función
administrativa alguna. Por el contrario, reiteró, aquella se rige por normas de
derecho privado, razón por la cual no le son aplicables tales principios.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante providencia de 19 de diciembre de 2025, se requirió a la parte actora
para que allegara copia del mensaje de datos por medio del cual se otorgó
poder especial.
4.2. Aportado al expediente de tutela lo requerido en el numeral anterior, en auto
de 2 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela interpuesta por la
Empresa de Energía de Pereira SA ESP contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda. Asimismo, se ordenó notificar como terceros con interés al
ciudadano que instauró la acción de cumplimiento, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y al Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira; se reconoció al abogado de la parte actora como su
apoderado judicial; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira allegó la constancia de
notificación del ciudadano que presentó la acción de cumplimiento.
4.4. El Tribunal Administrativo de Risaralda manifestó que la tutela es
improcedente, pues no se satisface el requisito general de relevancia
constitucional. Esto obedece a que el asunto no tiene una relación directa con
la presunta afectación de derechos fundamentales; por el contrario, se trata de
un debate de mera interpretación legal. También sostuvo que lo pretendido es
una tercera instancia frente a una interpretación normativa y que el juez
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constitucional se aleje del entendimiento reiterado que el Consejo de Estado
ya ha dado sobre el asunto.
Agregó que la parte actora debía demostrar la configuración de un perjuicio
irremediable y que no lo hizo.
Por otra parte, manifestó que el defecto sustantivo solo se configura cuando
es posible verificar que la providencia judicial controvertida contiene una
falencia transcendental en la interpretación o aplicación de las normas
jurídicas. Aseguró que esto no se presenta en el caso, debido a que la
sentencia cuestionada tiene los fundamentos de hecho, de derecho y
jurisprudenciales que soportan la decisión. Distinto es que no sea favorable a
los intereses de la parte aquí accionante.
En la providencia se explicó que existe un mandato claro y expreso para la
Empresa de Energía de Pereira SA ESP mixta, consistente en el deber de
publicar la información contractual en la plataforma SECOP ll. La norma en la
que se consagra tal deber legal no hace salvedades entre entidades
exceptuadas y especiales, tampoco hace excepciones atendiendo a su
régimen o a la naturaleza de los recursos.
De otro lado, frente al desconocimiento de un precedente de unificación del
Consejo de Estado citado en la tutela, sostuvo que este no es aplicable al caso.
A su vez, mencionó que la Ley 142 de 1994 no es jerárquicamente superior a
otra ley ordinaria. Por ende, no puede imponerse a futuro frente a otra ley que
la modifique o adicione y «en razón a que la ley 2591 de 2022 es posterior y no hace tal
distinción, resulta aplicable a la accionada; salvo, que sea expulsada del ordenamiento
jurídico».
Dadas las razones expuestas, solicitó se declare improcedente la tutela
impetrada o en su defecto se niegue el amparo constitucional solicitado.
4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público
guardaron silencio en el curso de la presente acción de tutela1.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
1
A índice 18 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y el Ministerio Público fueron notificados a los siguientes buzones electrónicos:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
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y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir la sentencia de 8 de octubre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión incurrió en alguno de los
defectos alegados por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores6.
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Para la verificación de este requisito, le corresponde al juez constitucional verificar
que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso
en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde
estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron
resueltos integralmente por el juez natural.
5. Análisis del caso
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos, se requiere que la acción constitucional
no se esté empleando como una tercera instancia para reabrir el mismo debate
ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con una carga argumentativa
suficiente, entre otras condiciones.
Justamente, la Sala encuentra que la acción constitucional se está empleando
como una instancia adicional, en tanto que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela ya fueron objeto de debate ante el juez natural. En el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia también se
alegaron los siguientes argumentos:
• Que las empresas de servicios públicos mixtas, como la Empresa de Energía
de Pereira SA ESP, no tienen la calidad de autoridad pública, dado su régimen
privado. Por ende, no pueden ser demandadas en el curso de la acción de
cumplimiento, en consideración a que la finalidad de esta última es exigir el
cumplimiento de un deber que surge de la ley o acto administrativo omitido,
precisamente, por parte de una autoridad.
• Que se desconoció el precedente sobre el régimen especial de las empresas
de servicios públicos, contenido en las sentencias C-736 de 2007 y C-066 de
1997 de la Corte Constitucional; y sentencia de unificación de 29 de mayo de
2024, radicado 76001-23-31-000-2006-03320-03 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
• Que la Empresa de Energía de Pereira SA ESP es una empresa de servicios
públicos mixta sujeta a un régimen jurídico especial, consagrado en los artículos
31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el cual excluye la aplicación del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública.
• Que la obligación de publicación de información consagrada en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007 no le es aplicable a la Empresa de Energía de Pereira SA
ESP, debido a que tal precepto únicamente está dirigido a las entidades
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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pertenecientes a regímenes contractuales excepcionales y no a aquellas que
hacen parte de un régimen especial.
• Que el deber de publicidad de las empresas de servicios públicos está regulado
en el artículo 5, literal c) de la Ley Estatutaria 1712 de 2014. Allí se establece
que estas últimas solo tienen la obligación de publicar la información
directamente relacionada con los servicios que prestan.
• Que las leyes ordinarias no pueden modificar ni contradecir el contenido de las
leyes estatutarias. En este sentido, cualquier disposición de la Ley 2195 de 2022
que pretenda ampliar o restringir el alcance de las obligaciones de publicidad
para las empresas de servicios públicos deberá interpretarse de manera que no
contraríe lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1712 de 2014. Además, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, ninguna norma posterior
puede derogar o modificar la Ley 142 salvo que se haga de manera expresa.
• Que obligar a la Empresa de Energía de Pereira SA ESP a publicar su
información contractual en el SECOP II supone una desventaja, teniendo en
cuenta que sus competidores mayoritariamente privados no tienen dicho deber
de publicación.
Se observa, entonces, que los reparos expuestos en el medio de control son
una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos mencionados ya fueron resueltos
por parte del juez natural. Así se desprende del contenido de la sentencia de
8 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión, en la cual tales cargos fueron resueltos.
Asimismo, se advierte que, si bien la parte actora invocó en el escrito de tutela
una serie de sentencias que en su criterio fueron desconocidas, lo cierto es
que estas aluden al régimen especial de las empresas de servicios públicos.
En esa medida, aunque en la tutela se mencionaron algunos fallos que no
fueron invocados en el recurso de apelación, estas buscaban ilustrar un mismo
punto, que no es otro que exponer las características del mencionado régimen
especial.
Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad de los cargos
expuestos, la Sala considera que la tutela se está utilizando como si fuera un
recurso más propio del debate ante el juez de la causa. De ahí que la acción
interpuesta carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está
empleando como si esta fuera una instancia adicional de la acción de
cumplimiento.
5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades accionadas. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
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Asimismo, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por
un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción, por
considerar que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Empresa de
Energía de Pereira SA ESP, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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