Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08048-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08048-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08048-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08048-01
Demandante: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
no cumplir requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta declaró la improcedencia del mecanismo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., actuando a través de apoderado1,
promovió acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira, en la que solicitó la protección de sus garantías constitucionales al debido
proceso, «acatamiento al precedente y el régimen constitucional, la cosa juzgada
constitucional, la seguridad jurídica y confianza legitima».
Lo anterior, con ocasión a la sentencia del 8 de octubre de 2025 dictada por la
autoridad judicial accionada, que confirmó la decisión proferida el 4 de septiembre de
2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira dentro de
la acción de cumplimiento identificada con radicado 66001-33-33-002-2025-00161-
00/01.
1 Índice 002 de Samai, expediente de tutela de primera instancia. Poder conferido mediante mensaje
de datos al abogado Jesús Marino Ospina Mena.
2 Índice 002 de Samai. Tutela interpuesta el 16 de diciembre de 2025.
1
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Demandante: Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.
Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08048-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:
[…]
SEGUNDA. Dejar sin efectos jurídicos, por vulneración directa de la Constitución, las
providencias judiciales antes referidas, exclusivamente en cuanto declararon el
incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022) y ordenaron a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. la
publicación integral de su actividad contractual en la plataforma SECOP II.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Risaralda que, dentro del término que
el despacho constitucional estime razonable, restablezca los derechos conculcados y
vulnerados a la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., y profiera una nueva
decisión, en la cual se resuelva la acción de cumplimiento respetando el régimen
constitucional y legal especial de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994,
la Ley estatutaria 1712 de 2014, y el precedente constitucional y judicial aplicable, que
disponga la no obligación de la publicación de su actividad contractual en el Secop II,
absteniéndose de extender de manera inconstitucional el ámbito de aplicación del artículo
53 de la Ley 2195 de 2022 a entidades sometidas a un régimen constitucional especial.
CUARTA. Disponer que, en la nueva decisión que se adopte, se garantice la aplicación
del principio de especialidad normativa, la prohibición de interpretación extensiva en
perjuicio de la actora, y el respeto por la autonomía constitucional del régimen jurídico de
los servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 365 y 367 de la Constitución
Política.
QUINTA. Ordenar las demás medidas que el juez constitucional considere necesarias
para el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados, sin que ello
implique sustituir al juez natural ni reabrir el debate propio de las instancias ordinarias.
Otras peticiones subsidiarias:
SEXTO. Que se declare el desconocimiento del régimen constitucional especial de los
servicios públicos por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pereira.
SÉPTIMO. Que se declare el desconocimiento del régimen contractual y de actos
privados de las ESP por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pereira.
OCTAVO. Que se declare que existió confusión entre «régimen exceptuado» y «régimen
especial» por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira. NOVENO. Que se declare que existió
desconocimiento de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y desconocimiento del precedente
nacional por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira.3
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
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1.3. Hechos
El ciudadano Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro instauró acción de cumplimiento en
contra de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. para que se acatara lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022 que regula la publicidad de la actividad contractual de aquellas
entidades que tengan un régimen contractual excepcional al Estatuto General de la
Administración Pública, y ordena la publicación de la actividad contractual en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma
transaccional que haga sus veces.
Dicho mecanismo fue conocido bajo radicado 66001-33-33-002-2025-00161-00 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira que, en sentencia del
4 de septiembre de 2025, declaró el incumplimiento de la demandada a la norma en
comento y le ordenó que:
[…]dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique en la
plataforma SECOP II la totalidad de la actividad contractual adelantada desde el 18 de
julio de 2022 (data en que vence el periodo de transición establecido en la ley),
inclusive, incluyendo todos los documentos, contratos, actos e información generada
por oferentes, contratistas, contratantes, supervisores o interventores,
correspondientes a las etapas pre contractual, contractual y pos contractual; así como
la actividad contractual que se vaya generando en lo sucesivo.
Inconforme con la decisión, la Empresa de Energía formuló impugnación que sustentó
en la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad al no tener la calidad
de autoridad ni de particular que ejerza funciones públicas, de tal manera que no
podría ser sujeto de la orden de cumplimiento. Situación por la que tampoco se le
podrían extender los efectos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 para lo cual
desarrolló régimen jurídico de contratación que considera le era aplicable.
Adujo que acatar el cumplimiento de la norma invocada y, por lo tanto, publicar
información estratégica en el SECOP II podría vulnerar el régimen especial de las
empresas de servicios públicos oficiales y mixtas, colocándolas en una posición
desventajosa frente a sus competidores privados y afectando su sostenibilidad en el
mercado.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión en sentencia del 8
de octubre de 2025 desató la alzada y confirmó la decisión adoptada por el a quo.
Como sustento, señaló que se superaban los requisitos para la procedencia de la
acción por cuanto de una parte el deber jurídico, cuyo cumplimiento se exige está
consignado en una norma con fuerza de ley que es aplicable, vinculante y se
encuentra vigente. Asimismo, porque el cumplimiento requerido parte de la existencia
de una obligación, un mandato imperativo que surge de manera directa de la norma
que se reclama, que no requiere ser interpretada o contrastada con el resto del
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ordenamiento jurídico, pues en dicho asunto el accionante pretendió que se ordenara
a la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, dar aplicación al artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en el sentido de
publicar lo correspondiente a las etapas precontractual, contractual y poscontractual,
en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia establecido por la norma.
Norma que está dirigida a las entidades estatales y que le sería aplicable a la pasiva,
por ser una sociedad anónima, de naturaleza mixta, que está constituida por capital
público al menos en un 51% de sus acciones y al mismo tiempo por capital privado,
siendo esta una tipología especial de entidades públicas, conforme al artículo 14.6 de
la Ley 142 de 1994 y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 23 de
noviembre de 2023 identificado con número 11001-03-06-000-2020-00204-00 [2454].
Siendo así, consideró que «existe una obligación para las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, de publicar su actividad
contractual en la plataforma SECOP II; y de acuerdo al marco jurisprudencial referido,
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022, extiende un mandato dirigido a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
mixtas, entidades descentralizas que prestan servicios públicos».
La decisión anterior contó con aclaración de voto del magistrado Andrés Medina
Pineda que se centró en advertir que «aun en el escenario en que se concluyese que
efectivamente existe un régimen jurídico especial que regula las empresas de
servicios públicos domiciliarios como se deduce de la sentencia de unificación del 09
de mayo de 2025 y que aquel no pueda entenderse como simplemente exceptuado
en los términos de la ley 80 de 1993; de conformidad con la exposición de motivos de
la ley 2591 de 2022», para este magistrado resultó evidente, que la voluntad del
legislador estaba dirigida a que «todas las entidades públicas, categoría que incluye
a las empresa de servicios públicos domiciliarios mixtas publicasen su actividad
contractual en el SECOP».
El proveído cuestionado fue notificado de manera personal a las partes el 8 de octubre
de 20254.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la providencia enjuiciada:
I. Defecto sustantivo: por errónea interpretación de la Ley 2195 de 2022. Ello,
al extender el ámbito de aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a
4 Índice 008 de Samai en el proceso 66001-33-33-002-2025-00161-01.
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entidades que se encuentran sometidas a un régimen especial y no a un
régimen excepcional, desconociendo la naturaleza autónoma del régimen de
servicios públicos domiciliarios, así como la finalidad y delimitación contenida
en la exposición de motivos del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 y del
artículo 1° de la Ley 2295 de 2023.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas desconocieron la condición
especial que tiene la Ley 142 de 1994 por su origen constitucional, en
particular a los artículos 31, 32 y 186 y entendieron que tal normativa, puede
ser modificada por ley general. En tal sentido, estimó que la interpretación
realizada a la norma objeto de cumplimiento es inconstitucional porque la
misma «no está haciendo referencia a “entidades con régimen constitucional
especial” como es el caso de las Empresas de Servicios Públicos, sino a
entidades con régimen “legal exceptuado”, como es el caso general de las
empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de
Economía Mixta, como serían a manera de ejemplo ECOPETROL y
SATENA».
Respecto a la aclaración de voto que tuvo la sentencia de segundo grado,
señaló que, si bien la exposición de motivos es un criterio auxiliar de
interpretación, útil para esclarecer el sentido de una norma ambigua, lo cierto
es que en este asunto se sacó de contexto al equiparar categorías jurídicas
distintas y alterar el régimen legal expreso previsto por el legislador en leyes
especiales.
Cuestionó que la Ley 142 de 1994 establece expresamente que el régimen
de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios
se rige bajo el derecho privado, salvo disposición legal expresa en contrario,
y en caso de conflicto interpretativo, prevalecen los principios y reglas del
propio régimen especial. Por lo que estimó que ni el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022 ni su exposición de motivos contienen una manifestación inequívoca
de voluntad legislativa orientada a modificar el artículo 32 de la Ley 142 de
1994, o equiparar su régimen jurídico al de los particulares contratistas del
Estado, como lo entendieron las accionadas.
Finalmente, refirió que el «eje de la Ley 2195 no es «publicarlo todo», sino
garantizar la trazabilidad, control y transparencia del recurso público». Por lo
que concluyó que las decisiones acusadas «se apoyan en la exposición de
motivos, pero omiten este criterio central y convierte la obligación de
publicidad en un mandato absoluto, desconectado del análisis material del
origen y destinación de los recursos involucrados en cada operación
contractual».
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II. Desconocimiento del precedente: al atribuir al artículo 53 de la Ley 2195 de
2022 un alcance que contradice abiertamente la doctrina reiterada de la Corte
Constitucional sobre: (i) la naturaleza jurídica de las empresas de servicios
públicos domiciliarios; (ii) la autonomía y especialidad de su régimen legal y,
(iii) los límites constitucionales de la interpretación judicial frente a regímenes
especiales diseñados por el legislador.
Consideró que al asimilar a las empresas de servicios públicos domiciliarios
que, son entidades estatales de régimen especial, con empresas privadas
ejecutoras de recursos públicos, no solo se desconoció la distinción
constitucional entre servicio público y función pública, sino que se desatendió
el precedente constitucional que prohíbe equiparar regímenes jurídicos
diferenciados bajo argumentos de finalidad o conveniencia. Para el efecto,
aludió a las sentencias C-736 de 2007, C-483 de 1996, C-338 de 2011, C-263
de 2013, C-179 de 2005 y T-181 de 2014 de las que transcribió apartes.
III. Violación directa a la Constitución Política: invocó como transgredidos los
artículos 87, 365, 367, 29 y 209 de la Carta, toda vez que la acción de
cumplimiento no fue consagrada como un mecanismo para acudir a las
empresas estatales que se rigen por el derecho privado y no ejercen funciones
públicas. Asimismo, porque las entidades que prestan servicios públicos se
someten a un régimen legal especial, como es el caso de la Ley 142 de 1994;
pero no el de la Ley 2195 de 2022 que es una ley ordinaria de la cual se exigió
su cumplimiento.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 2 de febrero de 2026, el Magistrado Ponente del Consejo de Estado,
Sección Cuarta, admitió la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión.
Igualmente, dispuso la vinculación de Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro [que actuó en
calidad de demandante, en el proceso de acción de cumplimiento]; a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público, [vinculados al proceso
objeto de tutela]; y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
[autoridad que conoció en primera instancia del expediente 66001-33-33 002-2025-
00161-00/01], para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes.
Cabe señalar que si bien el juzgado en mención fue accionado directamente por la
entidad tutelante y su llamado a este asunto se realizó por el a quo en calidad de
vinculado, lo cierto es que la notificación de este trámite se surtió en debida forma
para garantizarle el derecho a la defensa.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda 5
El Magistrado Ponente que realizó aclaración de voto de la decisión acusada, luego
exponer el desarrollo jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales manifestó que la providencia en mención tiene los
fundamentos de hecho, de derecho y jurisprudenciales que la soportan con
independencia a que sus efectos no le sean favorable a los intereses de la parte aquí
accionante.
Estimó que la actora pretende acceder a una instancia adicional por medio de este
mecanismo constitucional para que se aplique una interpretación normativa diferente
a la del juez natural.
Advirtió que «para el juez colegiado con la Ley 2195 de 2022 se estableció el deber
de las entidades exceptuadas de publicar su información contractual, sin hacer
salvedades entre exceptuadas y/o especiales, o por su régimen o naturaleza de los
recursos, en la medida que corresponden a reglas generales dirigidas a las entidades
obligadas a publicar en el SECOP y, los sujetos obligados, aun sin la circular, están
compelidos a publicar la información pertinente en los términos del artículo
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, al que justamente remite el numeral 1.3. del
acto demandado, sin que dicha pauta general aluda puntualmente a las ESPD».
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional o en su defecto se nieguen las pretensiones al no estar
configurada vulneración alguna.
1.6.2. Las demás accionadas y vinculadas guardaron silencio, pese a encontrarse
debidamente notificadas de este asunto.
1.7. Sentencia de primera instancia6
El Consejo de Estado, Sección Cuarta profirió fallo el 26 de febrero de 2026 en el que
declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Como fundamento, señaló que, el debate planteado vía tutela ya fue resuelto en sede
ordinaria por lo que se pretende constituir una instancia adicional.
5 Ver índice 024 de Samai. Expediente de tutela de primera instancia.
6 Ver índice 013 de Samai.
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Refirió que lo cuestionado por la actora corresponde a los mismos planteamientos que
se formularon en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de
los cuales destaca:
I. que las empresas de servicios públicos mixtas, como la Empresa de Energía de
Pereira S.A. E.S.P., no tienen la calidad de autoridad pública, dado su régimen
privado;
II. que se desconoció el precedente sobre el régimen especial de las empresas de
servicios públicos, contenido en las sentencias C-736 de 2007 y C-066 de 1997
de la Corte Constitucional; y la sentencia de unificación de 29 de mayo de 2024,
radicado 76001-23-31-000-2006-03320-03 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado;
III. que la actora es una empresa de servicios públicos mixta sujeta a un régimen
jurídico especial, consagrado en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el
cual excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública;
IV. que la obligación de publicación de información consagrada en el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007 no le es aplicable;
V. que el deber de publicidad de las empresas de servicios públicos está regulado
en el artículo 5, literal c) de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 donde solo se
contempla la información directamente relacionada con los servicios que prestan;
VI. que las leyes ordinarias no pueden modificar ni contradecir el contenido de las
leyes estatutarias;
VII. obligar a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a publicar su información
contractual en el SECOP II, la pone en desventaja frente a sus competidores
mayoritariamente privados quienes no tienen dicho deber de publicación.
Señaló que las sentencias invocadas por la actora como desconocidas en las
sentencias acusadas aluden al régimen especial de las empresas de servicios
públicos y aunque en la tutela se mencionaron algunos fallos que no fueron invocados
en el recurso de apelación, estos buscaban ilustrar un mismo punto, que no es otro
que exponer las características del mencionado régimen especial.
Por lo anterior concluyó que la acción interpuesta carece de la relevancia
constitucional necesaria pues la simple disparidad de criterio no constituye en sí
misma una vulneración de derechos fundamentales.
1.8. Impugnación7
La parte accionante manifestó que la decisión del a quo incurre en un error de
apreciación, pues el asunto planteado en la tutela sí reviste de relevancia, por cuanto
7 Ver índice 034 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 6 de marzo de 2026. Sentencia de
primera instancia notificada el 3 del mismo mes y año.
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involucra una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, así
como al principio de especialidad normativa, el régimen constitucional de los servicios
públicos domiciliarios, y la igualdad en la competencia económica.
Consideró que lo expuesto en este asunto no se centra en la resolución de un conflicto
interpretativo aislado, sino que comprende «un problema de alcance estructural
relacionado con la delimitación entre el régimen constitucional especial de los
servicios públicos domiciliarios y la extensión de obligaciones propias del sistema
general de contratación estatal».
Precisó que el problema planteado en la tutela trasciende el debate meramente legal
y plantea una cuestión de orden constitucional estructural, encaminada a determinar
si es posible extender el deber de publicación de la actividad contractual en SECOP
II a empresas de servicios públicos domiciliarios sometidas a un régimen
constitucional especial y que desarrollan su actividad en mercados competitivos bajo
reglas de derecho privado, como lo entendió el juez natural.
Indicó que la interpretación cuestionada no solo afecta la situación jurídica de la
empresa accionante, sino que incide estructuralmente en el régimen jurídico aplicable
a las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia, particularmente en lo
que respecta a la delimitación entre el régimen constitucional especial de los servicios
públicos, el régimen general de contratación estatal, y las obligaciones de publicidad
contractual derivadas de la legislación anticorrupción.
Insistió en que las accionadas erraron al confundir el régimen contractual exceptuado
y el régimen constitucional especial de las empresas de servicios públicos
domiciliarios lo que desdibuja la naturaleza empresarial de dichas entidades y les
impone cargas regulatorias propias de estructuras administrativas que no
corresponden a su diseño constitucional.
En igual sentido, trajo nuevamente a estudio los argumentos que desarrollan el
régimen que considera se debió aplicar al momento de proferir el fallo de acción de
cumplimiento y concluyó que negar el análisis de fondo solicitado bajo el argumento
de improcedencia impide el control constitucional de providencias judiciales que
podrían afectar derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
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2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20198.
2.2. Problema jurídico
En el caso bajo examen, si bien se alude en la tutela a las providencias de primera y
segunda instancia mediante las cuales se clausuró la acción de cumplimiento
identificada con radicado 66001-33-33-002-2025-00161-00/01, el análisis de este
mecanismo se circunscribirá únicamente a la decisión adoptada por el tribunal
accionado, al ser la que puso fin a la discusión planteada.
Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia del 26 de febrero de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Cuarta declaró la improcedencia de la acción. Para tal efecto, es necesario abordar el
siguiente interrogante:
• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad
tutelante con ocasión de la providencia del 8 de octubre de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión
confirmó la sentencia del 4 de septiembre de 2025 dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira dentro de la acción de cumplimiento
identificada con radicado 66001-33-33-002-2025-00161-00/01?
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el criterio
de relevancia constitucional y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
10
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siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
11
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de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional14.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal15”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales16”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal18. (Resaltado de la
Sala)
2.5. Caso concreto
De la revisión del expediente correspondiente a la acción de cumplimiento, los cargos
planteados por la parte accionante, el fallo de primera instancia y la impugnación, la
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-128 de 2021.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Ibid.
12
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Sala estima que el asunto no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe
confirmar la decisión del 26 de febrero de 2026 que declaró su improcedencia.
La parte actora pretende que por medio de este mecanismo constitucional se deje sin
efectos la sentencia proferida por el tribunal accionado, que confirmó la decisión del a
quo y, por tanto, la orden de cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007.
Consideró que el operador judicial incurrió en defecto sustantivo, violación directa a la
Constitución y desconocimiento del precedente al extenderle los efectos de la norma
aludida pese a que, en su sentir, ello no era constitucionalmente válido por tratarse de
una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por un régimen jurídico
especial de naturaleza constitucional, previsto en los artículos 365 y 367 de la
Constitución Política y desarrollado por la Ley 142 de 1994.
Invocó un desconocimiento del precedente en cuanto a las sentencias C-736 de 2007,
C-483 de 1996, C-338 de 2011, C-263 de 2013, C-179 de 2005 y T-181 de 2014 que
trajo a colación para señalar que el tribunal accionado erradamente equiparó
regímenes jurídicos diferenciados bajo argumentos de finalidad o conveniencia.
Con base en el anterior panorama, se advierte que los reparos expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen
la intromisión del juez constitucional. Máxime, cuando no se evidencia, prima facie,
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.
Se observa que la decisión acusada estuvo sustentada en las normas y jurisprudencia
que regulan tanto la acción constitucional de cumplimiento como aquellas sobre la
naturaleza jurídica de las de las empresas de servicios públicos mixtas que tienen un
régimen propio para concluir que:
[…] independientemente del régimen contractual aplicable y la exigencia de proteger
el patrimonio público que estas administran, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2011
positivizó una regla que se venía decantando por vía doctrinal y jurisprudencial, esto
es: que la actividad contractual de las entidades sometidas a un régimen exceptuado
de derecho privado u otro régimen especial previsto en la respectiva ley, por regla
general, está sujeta a los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, así
como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en el Estatuto General
de la Administración Pública.
Así, sin entrar a realizar un estudio a profundidad sobre la materia en este escenario,
pues como se indica, la tutela no es procedente para tal fin, se coincide con la postura
del a quo consistente en que la empresa actora basa sus reproches en los mismos
argumentos que ya se estudiaron en las dos instancias del proceso judicial,
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pretendiendo que a través de este mecanismo se efectúe un análisis distinto al que
realizó el juez natural y que se ajuste a su criterio.
Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo
cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es viable su
reproche en este escenario constitucional.
De otra parte, sobre el cargo de desconocimiento de precedente concretamente esta
Sección ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia, lo que no se cumplió por la tutelante, quien solamente hizo mención general
a las sentencias invocadas transcribiendo apartes de las mismas.
Así, la Sala advierte que la tutela en cuestión viene a reiterar los argumentos que
fueron estudiados a lo largo de la acción de cumplimiento, lo cual, conforme quedó
consignado en precedencia, desnaturaliza el mecanismo de amparo al pretender que
éste se constituya en una instancia adicional.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por el extremo
accionante busca mutar el amparo constitucional en un nuevo escenario de discusión
judicial.
Aunado a lo que antecede, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Por lo anterior, se concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó
el requisito de relevancia constitucional y en tal sentido se impone confirmar la
decisión de primera instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
14
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la presente
acción.
SEGUNDO: NOTIFICAR la esta decisión a las partes e intervinientes.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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