República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08052-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP)
Tema: tutela para obtener pago de intereses moratorios. Subtema 1: proceso
ejecutivo. Subtema 2: subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
las solicitudes de amparo interpuestas por el señor José de Jesús Mercado Herrera
en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
1. Síntesis del caso
El señor José de Jesús Mercado Herrera presentó escritos de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social, los cuales consideró vulnerados por la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), debido a
que no ha efectuado el pago de los intereses moratorios reconocidos mediante
resoluciones núm. RDP 014392 del 25 de septiembre de 2025 y SFO-001231 del
20 de noviembre de 2025, expedidas por dicha entidad en cumplimiento de la
providencia del 19 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 08001-23-33-000-2013-
00621-00.
Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor José de Jesús Mercado Herrera solicitó ante el Tribunal Administrativo
del Atlántico que se librara mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, con fundamento en la sentencia del 7 de
noviembre de 2019, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la decisión de ese tribunal y, en su lugar, accedió al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del actor.
3. Mediante auto del 18 de abril de 2022, el Tribunal libró mandamiento de pago
y, en consecuencia, ordenó a la UGPP pagar a favor del ejecutante la suma de
$1.024.371.902,32, en los términos ordenados en la sentencia que servía de título
ejecutivo.
4. En sentencia del 28 de mayo de 2024, la autoridad judicial ordenó seguir
adelante con la ejecución en favor del señor Mercado Herrera y contra la UGPP.
5. Por auto del 19 de mayo de 2025, el despacho sustanciador del tribunal rechazó
las objeciones formuladas por la UGPP y modificó la liquidación del crédito
presentada por el señor José de Jesús Mercado Herrera, fijando como saldo
insoluto de la obligación, con corte al 30 de abril de 2025, la suma de $326.895.334.
6. La UGPP, mediante Resolución núm. RDP014392 del 25 de septiembre de
2025, ordenó el pago de los intereses moratorios del crédito pensional por el monto
de $305.479.148,62, previa deducción de los montos ya pagados. Ese acto
administrativo fue notificado al actor el 2 de octubre de 2025.
7. A través de Resolución núm. SFO-001231 del 20 de noviembre de 2025, la
UGPP ordenó el gasto y dispuso el pago, a favor del señor José de Jesús Mercado,
de la suma de $305.479.148,62, por concepto de intereses moratorios y/o costas
procesales y/o agencias en derecho.
2.2. Pretensiones y argumentos de las tutelas
2.2.1. Del expediente radicado núm. 2025-08052-00
8. El señor José de Jesús Mercado Herrera solicitó, en escritos de tutela lo
siguiente:
1 Samai, índice 2.
2
Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
1. Se TUTELE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO –PLAZO RAZONABLE- Y LA
SEGURIDAD SOCIAL, para que, en el improrrogable término de 48 horas, se
CONCEDA la tutela impetrada.
2. Se TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL MENCIONADO ordenándose a la
parte accionada resolver sobre el pago efectivo mediante desembolso de la resolución
No. RDP014392 del 25/09/2025. y la SFO 001231 DEL 20/11/2025 - NOT_PD
1172812el 27.12.25, mediante la cual se había ordenado el pago de los intereses
moratorios en el siguiente proceso laboral pensional:
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, DESPACHO No 5.
REFERENCIA EXPEDIENTE No. 08-001-23-33-000-2013-00621-CH. PROCESO DE
NULIDAD Y R. DEL DERECHO DE JOSE DE JESUS MERCADO HERRERA vs UGPP.
2.2.2. Del expediente radicado núm. 2026-00072-00
9. El actor, en la solicitud de amparo pidió lo siguiente
1. Se TUTELE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO –PLAZO RAZONABLE- Y LA
SEGURIDAD SOCIAL, para que, en el improrrogable término de 48 horas, se
CONCEDA la tutela impetrada.
2. Se TUTELE EL DERECHO FUNDAMENTAL MENCIONADO ordenándose a la
parte accionada resolver sobre el pago efectivo mediante desembolso de la resolución
No. RDP014392 del 25/09/2025. y la SFO 001231 DEL 20/11/2025 - NOT_PD
1172812el 27.12.25, mediante la cual se había ordenado el pago de los intereses
moratorios en el siguiente proceso laboral pensional:
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, DESPACHO No 5.
REFERENCIA EXPEDIENTE No. 08-001-23-33-000-2013-00621-CH. PROCESO DE
NULIDAD Y R. DEL DERECHO DE JOSE DE JESUS MERCADO HERRERA vs UGPP.
10. Como fundamento de las pretensiones de sus escritos de tutela, la parte
accionante consideró que han transcurrido más de seis meses sin que la UGPP
realice el pago correspondiente a los intereses moratorios. Sostuvo que si bien dicha
entidad emitió el acto administrativo dentro del plazo legal de cuatro meses, el cual
le fue notificado el 2 de octubre de 2025, contaba con un término adicional de dos
meses para hacerlo efectivo, esto es, hasta el 2 de diciembre de 2025. No obstante,
afirmó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, dicho pago aún no se
había realizado.
2.3. Trámite procesal
11. El primer escrito de tutela fue radicado a través de ventanilla virtual, el cual fue
asignado al Juzgado Once Administrativo de Barranquilla que, mediante auto del 3
de diciembre de 2025, lo admitió respecto de la UGPP y, posteriormente, por auto
del 12 de diciembre de 2025, vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico y lo
remitió a esta corporación conforme a las reglas de reparto. El asunto fue radicado
al núm. 11001-03-15-000-2025-08052-00, respecto del cual el despacho ponente
avocó conocimiento mediante auto del 19 de diciembre de 2025.
3
Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
12. El segundo escrito de tutela fue radicado ante el Centro de Servicios de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, autoridad que lo remitió a
esta corporación y se radicó bajo el núm. 11001-03-15-000-2026-00072-00. Por
reparto correspondió al despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón,
integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado, quien, mediante auto del
15 de enero de 2026, ordenó remitirlo al despacho ponente para su posible
acumulación a la tutela identificada con radicado núm. 2025-08052-00.
13. Por auto del 29 de enero de 2026, el despacho decretó la acumulación de la
acción de tutela identificada bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00072-
00, al expediente de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-08052-00 y
admitió la primera.
2.4. Intervenciones
14. La UGPP2 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, al considerar que la inconformidad del actor
recaía en el incumplimiento de un fallo judicial, el cual, además de haber sido
acatado en su integridad por esa entidad, estaba siendo objeto de pronunciamiento
en el curso del proceso ejecutivo que se tramita en el Tribunal Administrativo del
Atlántico. En ese sentido, sostuvo que la parte interesada tenía a su disposición
dicho proceso, en el cual, por la naturaleza de la causa, contaba con los
mecanismos idóneos para obtener el pago de lo adeudado.
15. Adicionalmente, señaló que las pretensiones del actor eran de carácter
económico y que no evidenciaba un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional para ordenar el pago de intereses moratorios
que se encuentran en trámite de gestión presupuestal ante el Ministerio de
Hacienda. Informó que el tutelante se encuentra activo en el sistema de salud y
recibe mensualmente su pensión, circunstancia que no lo limita a esperar el
resultado de los trámites internos interadministrativos adelantados para la
obtención de recursos ya reconocidos por la UGPP.
16. El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por José de Jesús Mercado Herrera contra
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
2
Samai, índice 17.
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Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa del señor José de Jesús Mercado se
encuentra acreditada en tanto es parte en el proceso ejecutivo dentro del cual se
liquidó el crédito que dio lugar a la expedición de las resoluciones mediante las
cuales la UGPP reconoció intereses moratorios, cuyo pago afirmó no se ha
efectuado, circunstancia que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales.
19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la UGPP, pues
es la entidad a la que se atribuye la vulneración invocada.
20. Ahora bien, pese a que en el presente asunto figura como parte accionada el
Tribunal Administrativo del Atlántico, del análisis de fondo de la acción de tutela se
advierte que las pretensiones y cuestionamientos se dirigen exclusivamente contra la
UGPP.
21. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico no tiene la calidad de
parte demandada, sino de tercero con interés, dado que es la autoridad que conoce
del proceso ejecutivo con radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00621-00,
relacionado con el crédito que originó los actos administrativos cuyo pago reclama
el actor.
22. Por lo anterior, se ordenará a la Secretaría efectuar la correspondiente
corrección en el sistema de gestión judicial SAMAI, para registrar al Tribunal
Administrativo del Atlántico como tercero interesado y no como accionado.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez3.
24. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable4; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»5.
3 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
4 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
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Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
3.4. Problema jurídico
25.¿Es procedente la acción de tutela promovida por el señor José de Jesús
Mercado Herrera para obtener el pago de intereses moratorios reconocidos por la
UGPP?
3.5. Caso concreto
26. El señor José de Jesús Mercado Herrera promovió acciones de tutela con el fin
de que la UGPP proceda al pago de las sumas reconocidas en las resoluciones
núm. RDP014392 del 25 de septiembre de 2025 y SFO-001231 del 20 de noviembre
de 2025, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento de intereses moratorios
a su favor.
27. A su turno, la UGPP sostuvo que el pago se encuentra en trámite de aprobación
presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y que, en todo caso, es en el
proceso ejecutivo donde el actor cuenta los mecanismos judiciales idóneos para
exigir el cumplimiento de la obligación.
28. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 19916,
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso7.
29. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables8.
30. En el caso bajo estudio, la Sala observa que lo solicitado por el actor supone
ordenar el pago de unos actos administrativos que fueron expedidos en
cumplimiento de una liquidación aprobada dentro del proceso ejecutivo con radicado
núm. 08001-23-33-000-2013-00621-00, que actualmente se encuentra en trámite
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Ese proceso, fue iniciado por el
accionante para obtener el cumplimiento de una sentencia judicial que accedió al
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
6
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
7 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
8 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
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Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
31. En consecuencia, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional ha
indicado que «bajo esta pauta jurisprudencial, debería entenderse que, en principio,
cualquier pretensión relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá
que declararse improcedente por parte del juez constitucional, pues la persona que
estime afectados sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con el
proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 422 al 445 del Código General del Proceso, como en el artículo 297 y
subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo»9.
32. De manera que el proceso ejecutivo constituye el espacio adecuado para resolver
lo solicitado por la parte actora en vía de tutela, en la medida en que su pretensión
se orienta a obtener el pago de unos intereses moratorios reconocidos mediante
actos administrativos expedidos por la UGPP, en cumplimiento de la liquidación del
crédito efectuada por el Tribunal Administrativo del Atlántico en auto del 19 de mayo
de 2025. En ese contexto, el accionante dispone, dentro de dicho trámite, de
mecanismos eficaces para hacer efectivo el crédito, tales como la solicitud de
medidas cautelares, entre ellas el embargo y secuestro de bienes, conforme a lo
previsto en los artículos 599 y siguientes del CGP.
33. Así las cosas, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene
la competencia suficiente para conocer y decidir las actuaciones relacionadas con
el cumplimiento del título contenido en la sentencia judicial y adoptar las medidas
necesarias encaminadas a obtener el cumplimiento efectivo de la obligación allí
reconocida.
34. En este orden de ideas, la Sala advierte que de los argumentos planteados por
el accionante no se evidencia un riesgo de tal magnitud que amerite la intervención
del juez constitucional. En este punto de la providencia, conviene destacar que el
principio de subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional, lo cual en el presente asunto no se acreditó.
35. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es improcedente
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa
judicial, no solo son un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus
propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la
tutela como mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida como un
mecanismo para subsanar la falta de actividad de la parte tutelante ni tampoco para
intervenir en un trámite judicial que como se vio, se ha adelantado con el respeto
debido de los derechos y garantías de las partes que en él intervienen.
36.
9 Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2018.
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Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
4. Conclusión
37. Las solicitudes de amparo promovidas por el señor José de Jesús Mercado
Herrera no superaron el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se
declararán improcedentes.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedentes las acciones de tutela presentadas por el señor
José de Jesús Mercado Herrera en contra de la UGPP, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Por Secretaría, realizar la corrección en el sistema de gestión judicial
SAMAI, en el sentido de registrar al Tribunal Administrativo del Atlántico como
tercero con interés y no como parte accionada, conforme a lo expuesto en esta
providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
8
Radicados: 11001-03-15-000-2025-08052-00 (12755) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00072-00 (93) [Acumulado]
Accionante: José de Jesús Mercado Herrera
Accionado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
9
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