Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08053-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08053-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08053-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Daños
por cremación de semovientes de propiedad del demandante /
Defecto sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de
la Constitución Política
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Gerson Manuel Anaya Heredia, en
contra de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo
de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Gerson Manuel Anaya Heredia promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas el
20 de septiembre de 2022 y el 5 de junio de 2025 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
68001-33-33-004-2020-00148-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante adquirió de buena fe y con los requisitos legales unos
1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
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Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
semovientes en el centro de acopio Frigorífico Vijagual S.A. Sin embargo, en el
marco de actuaciones adelantadas por las entidades demandadas relacionadas con
la verificación de la procedencia del ganado, estos fueron objeto de cremación sin
que se le permitiera demostrar la legalidad del negocio realizado, lo que derivó en
la pérdida total del ganado y un daño patrimonial.
2.2. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda
contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN2, el Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA3 y la sociedad Frigorífico Vijagual S.A., con el fin
de obtener la indemnización de los daños antijurídicos ocasionados por la
cremación de semovientes de su propiedad.
2.3. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual en sentencia del 20 de septiembre de
2022 negó las pretensiones y reconoció que el medio de control ejercido
correspondía al de reparación directa. La parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión judicial.
2.4. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la sentencia del 5 de junio de
2025 con la que declaró la caducidad de la acción y dio por terminado el proceso,
pues modificó la naturaleza del medio de control al considerar que el asunto debía
tramitarse como nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes defectos
especiales:
2.4.1. Defecto sustantivo y fáctico, en tanto el juez de primera instancia vulneró la
presunción constitucional de buena fe al exigir al demandante probarla, lo cual
invirtió la carga probatoria y desconoció el artículo 83 de la Constitución, de manera
que se afectó el debido proceso.
2.4.2. Defecto procedimental absoluto y sustantivo, ya que el Tribunal
Administrativo de Santander cambió el medio de control a nulidad y restablecimiento
del derecho y declaró la caducidad, pese a tratarse de un daño antijurídico
indemnizable por reparación directa, lo cual le impidió el acceso a la justicia sin
decisión de fondo.
2.4.3. Violación directa de la Constitución, en la medida en que ambas providencias
desconocieron principios constitucionales de legalidad, responsabilidad estatal y
eficacia de la función pública, al no analizar adecuadamente la omisión
administrativa que dio lugar al daño antijurídico.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
2
En adelante DIAN.
3
En adelante ICA.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
«[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.N.), Acceso
a la Justicia (Art. 229 C.N.) y Presunción de Buena Fe (Art. 83 C.N.) del sucrito GERSON
MANUEL ANAYA HEREDIA, y que están siendo vulnerados por los entes accionados.
2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida por
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga del 20 de septiembre
de 2022 y Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander del 05 de junio
de 2025.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, profiera una nueva sentencia en la que:
o Ratifique que el medio de control idóneo es el de Reparación Directa.
o Revoque la declaratoria de Caducidad.
o Aplique la Presunción de Buena Fe a favor del señor Gerson Manuel Anaya Heredia
(Art. 83 C.N.) y resuelva la controversia de fondo sobre la reparación directa, sin invertir
la carga de la prueba. […]» (sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga4 manifestó que la solicitud de tutela era improcedente al pretender
reabrir un debate probatorio resuelto en las 2 instancias del proceso ordinario, de
tal manera afirmó que la sentencia de primera instancia se fundamentó en la
valoración integral del material probatorio, del cual se estableció la procedencia
extranjera del ganado, la existencia de inconsistencias relevantes en la
documentación aportada y la configuración de causales legales de aprehensión y
destrucción, conforme a la normativa aduanera y sanitaria aplicable. Señaló que no
se invirtió la carga de la prueba ni se desconoció la presunción de buena fe, sino
que, tras el análisis de pruebas documentales, testimoniales y técnicas, se concluyó
que el demandante no acreditó la legalidad de la procedencia del ganado ni la
diligencia mínima exigible en la transacción.
5. El Tribunal Administrativo de Santander5 afirmó que la solicitud de tutela
carece de relevancia constitucional, en tanto los reproches formulados por el
demandante se limitaban a expresar una discrepancia con la decisión judicial que
declaró la caducidad del medio de control, sin demostrar una afectación directa y
desproporcionada de derechos fundamentales. Sostuvo que en la sentencia de
segunda instancia no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la buena fe del
demandante, pues el análisis se circunscribió exclusivamente a determinar la
idoneidad del medio de control ejercido y la configuración de la caducidad, a partir
del origen del daño alegado.
5.1. Explicó que el perjuicio invocado se derivó de un acto administrativo particular
que autorizó la destrucción de los semovientes, razón por la cual el medio de control
procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, y no el de reparación
directa, lo que imponía la adecuación del trámite y no conducía necesariamente a
la declaratoria de caducidad.
4
Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
5
Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
6. La DIAN6 solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, en la medida
en que se dirigía a controvertir la interpretación jurídica y la valoración probatoria
realizada por los jueces naturales dentro de un proceso contencioso tramitado en
doble instancia, por lo que no se configuró un defecto que habilitara la intervención
del juez constitucional.
6.1. Indicó que los reproches del demandante se circunscribieron a cuestionar la
adecuación del medio de control que se efectuó en segunda instancia y la
declaratoria de caducidad, aspectos que hacían parte del ámbito de autonomía
judicial y no comportaban, por sí mismos, una vulneración directa de derechos
fundamentales. Así mismo, sostuvo que no se satisfacía el requisito de
subsidiariedad, pues el ordenamiento jurídico prevé mecanismos ordinarios y
extraordinarios para controvertir las providencias judiciales cuestionadas y que la
tutela pretendía convertirse en una tercera instancia para obtener una nueva
valoración del litigio.
7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia7
8. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 26 de febrero de
2026 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se acreditó
relevancia constitucional pues la solicitud de amparo no puede usarse como tercera
instancia. Así estableció que el demandante pretendía reabrir discusiones resueltas
por el juez natural. Además, que no se demostró la transgresión de los derechos
fundamentales invocados en la providencia cuestionada.
1.4. Escrito de impugnación8
9. La parte demandante impugnó la sentencia proferida en primera instancia, al
considerar que la solicitud de tutela sí tiene relevancia constitucional, además reiteró
los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela y
marco jurídico aplicable; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
6
Archivo obrante en el índice 16 del Samai.
7
Ver índice 20 de Samai.
8
Ver índice 25 de Samai.
9
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Manifestación de impedimento de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo
12. La consejera Elizabeth Becerra Cornejo a través de oficio del 8 de mayo de
2026 manifestó impedimento para conocer del asunto al considerarse incursa en la
11
causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que «la
providencia del 19 de enero de 2026 fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño
Gómez, con quien me une una relación de amistad íntima derivada de haber compartido
actividades personales, académicas y profesionales por más de treinta años […]». Normativa
que dispone:
«[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]»
13. Como se observa, se satisfacen los presupuestos para aceptar el impedimento
manifestado, en razón a que la magistrada María Eugenia Carreño Gómez es parte
en el asunto de la referencia como integrante del Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad judicial hoy demandada.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema13. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
11
Ver ítem 20 de Samai en el expediente 11001031500020260085900. Archivo denominado
«29Manifestaciond_20260085900Manifesta(.pdf) NroActua 20».
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14
16. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
17. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos16, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.
19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema Jurídico
20. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de
Gerson Manuel Anaya Heredia con ocasión de la sentencia del 5 de junio de 2025,
mediante la cual declaró la caducidad del medio de control, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de
la Constitución Política?
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
16
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
21. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
pueden llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
22. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
23. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración
de los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, así como de violación directa de
la Constitución Política, lo cierto es que la argumentación expuesta respecto de este
último se subsume en los inicialmente mencionados, por lo que el estudio se dirigirá
únicamente en cuanto a aquellos.
2.4.2. Del defecto sustantivo
24. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto18. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta19, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.
25. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
26. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
18
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
19
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
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caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales20.
2.4.3. Del defecto procedimental
27. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el juez
ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
28. A partir de la Sentencia T-1306 de 2001, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales.
29. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales.
2.4.4. Del defecto fáctico
30. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional21, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.
31. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»22, «o cuando sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»23. La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»24.
32. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
20
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
21
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
23
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
24
Sentencia T-538 de 1994.
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2.4.5. Sobre el caso concreto
33. Gerson Manuel Anaya Heredia acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2022 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el 22 de octubre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Santander con las que, en principio, se negaron las
súplicas de la demanda, pero, en segunda instancia, se declaró la caducidad de la
acción.
34. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defectos
sustantivo, fáctico y procedimental, en tanto el juez de primera instancia vulneró la
presunción constitucional de buena fe al exigir al demandante probarla, lo cual
invirtió la carga probatoria y desconoció el artículo 83 de la Constitución, de manera
que se afectó el debido proceso.
35. El Tribunal Administrativo de Santander cambió el medio de control a nulidad
y restablecimiento del derecho y declaró la caducidad, pese a tratarse de un daño
antijurídico indemnizable por reparación directa, lo cual le impidió el acceso a la
justicia sin decisión de fondo.
36. Previo al estudio de las inconformidades formuladas por la parte demandante
en el presente asunto se aclara que, aun cuando en asuntos de contornos similares,
esta Sala de decisión enfoca el estudio de las pretensiones a lo decidido en la
providencia segunda instancia, así se ha hecho cuando aquellas son las mismas
respecto de las decisiones judiciales proferidas, no obstante, esto no sucede en el
presente asunto, razón por la cual se efectuarán algunas precisiones respecto al
pronunciamiento de primer grado previo a hacer lo propio respecto de aquella que
cobró efecto de cosa juzgada.
37. Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en la providencia del 22 de
septiembre de 2022, consideró que el medio de control de reparación directa sí
resultaba procedente para abordar el juicio de imputación en contra de las
demandadas, porque la parte demandante no cuestionó la legalidad de la
Resolución 001013 del 27 de agosto de 2019 con la que la Dian autorizó la
destrucción de 39 reses propiedad de Gerson Manuel Anaya Heredia, ubicadas en
el Frigorífico Vijagual SA.
38. De tal manera, para el a quo no se demostró un rompimiento de las cargas
públicas, pues la causa eficiente del daño derivó de la falta de diligencia e incuria
del comerciante y no la actuación administrativa adelantada por la DIAN, la cual
consideró ajustada a derecho, conclusión frente a la cual no se evidencia la
configuración de un defecto sustantivo o fáctico, pues aquel actuó bajo el principio
de autonomía e independencia judicial frente al cual no puede incidir el juez de
tutela, so pretexto de presumir la buena fe.
39. Distinto es que el Tribunal Administrativo de Santander considerara: «[…] con el
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Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
propósito de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia y de evitar
fallos inhibitorios, antes de abordar los reproches ofrecidos en las impugnaciones, se
centrará en determinar la idoneidad en torno a la escogencia del medio de control, por
cuanto este debe ajustarse a las pretensiones formuladas en la demanda con el propósito
de que la sentencia se acerque en grado sumo a la verdad real […]». (sic)
40. En consecuencia, al analizar las pretensiones de la demanda efectúo un
estudio del asunto desde la normatividad y jurisprudencia aplicables a las facultades
del juez para adecuar el trámite contencioso-administrativo, para concluir:
«[…] Sentado lo anterior y en orden a dar respuesta al primer problema jurídico
planteado, parte la Sala por señalar que en el escrito inicial el demandante cuestionó en
repetidas ocasiones el procedimiento administrativo impartido por la DIAN y su desapego
al contenido del Decreto 1165 de 2019, lo cual, desde su perspectiva, vulneró preceptos
legales y el derecho al debido proceso del administrado.
De la demanda se destacan los siguientes fragmentos:
Los apartes que la Sala trae a cuento revelan, sin lugar a dudas, la confección de
argumentos para controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó la destrucción
de la mercancía y presuntas falencias en el trámite que dio lugar al acto definitivo.
Y si bien es cierto la parte demandante enfiló sus esfuerzos a resaltar que el daño
antijurídico tuvo lugar por una operación administrativa, no lo es menos que el daño
antijurídico fue atribuido a la expedición de la Resolución núm. 001013 del 27 de agosto
de 2019, pues no se aplicaron las disposiciones sustantivas invocadas y no garantizó el
derecho de defensa y contradicción del afectado (concepto de violación).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08053-01
Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
En síntesis, como se puede apreciar, la fuente del daño cuya reparación reclama la parte
demandante se constituyó con la expedición del acto administrativo descrito; por ende, le
correspondía atacar su legalidad en plena jurisdicción y de considerarlo pertinente,
procurar la indemnización de los perjuicios causados con su emisión, pero en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en la acumulación de
pretensiones permitida por el inciso primero del artículo 138 del CPACA.
En consecuencia, la Sala encuentra que el medio de control de reparación directa no es
idóneo y procedente para procurar la indemnización del daño antijurídico ocasionado por
la expedición del acto administrativo mediante el cual la DIAN autorizó la destrucción de
34 bovinos en los siguientes términos:
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye, para dar respuesta al
segundo problema jurídico planteado, que el medio de control procedente para encauzar
las pretensiones de la demanda era el de nulidad y restablecimiento del derecho, que para
la fecha de presentación de la demanda (31 de julio de 2020), había caducado, por lo cual
no le resulta posible a esta Sala adecuar el cauce procesal al que corresponde.
Esto es así, porque la DIAN mediante oficio núm. 1042384-15-2066 del 2 de septiembre
de 2019 le informó al señor Gerson Manuel Anaya Heredia que «el titular de derechos o
responsable de la mercancía aprehendida podr[í]a presentar documento de objeción a la
aprehensión, donde expondrá sus argumentos y aportará las pruebas que considere
pertinentes para acreditar la legal introducción de la mercancía aprehendida al TAN,
conforme al artículo 664 del Decreto 1165 de 2019».
Lo anterior también se corrobora con la acción de tutela que el señor Anaya Heredia
instauró en contra de la DIAN para evitar la destrucción de los bovinos. Esta fue conocida
por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga bajo el radicado núm. 68001-31-
03-008-2019-0037-00 y fallada el 5 de septiembre de 2019. En la decisión se declaró la
improcedencia del amparo pretendido, con base en los siguientes argumentos:
Nótese que el juez constitucional ya había precisado cuál era el medio de control
procedente para controvertir la decisión adoptada por la DIAN. Por ello, frente a los
evidentes reproches de legalidad formulados en la demanda contra un acto administrativo
de contenido particular y concreto, que produjo efectos jurídicos frente al propietario de la
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Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
mercancía, resulta desconcertante que el juez de primera instancia haya insistido, de
manera errónea, en que el medio de control adecuado era el de reparación directa.
Lo cierto es que lo anterior permite concluir, a su vez, que los cuatro meses contemplados
en el numeral 2, literal «d» del artículo 164 del CPACA para demandar el acto
administrativo, para la fecha de presentación de la demanda ya habían vencido, porque el
medio de control se presentó diez meses después del fallo de tutela.
En estos términos, se concluye que las pretensiones de la demanda, encaminadas a que
se declare la responsabilidad de las entidades por causa de la destrucción de los 34
bovinos propiedad del demandante, debieron intentarse a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que el daño reclamado se derivó de
un acto administrativo acusado de ilegal, sobre lo cual la Sala no puede pronunciarse de
fondo por cuenta de que el medio de control que en derecho correspondía se encuentra
caducado. […]». (sic)
41. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por el demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo, fáctico, procedimental
o alguna interpretación irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las
consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se
realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
42. Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada partió de
la posibilidad que tiene el juez para aplicar las facultades que ostenta para adecuar
el trámite y encauzarlo según lo establece el artículo 171 del CPACA y la
jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso-administrativa, según la cual la adecuación del medio de control a las
pretensiones de la demanda se debe hacer de acuerdo con criterios objetivos fijados
por la Ley, conservando la seguridad jurídica, sin que se permita a los demandantes
optar por el que más les convenga para esquivar cargas procesales o el término de
caducidad25.
43. En ese orden de ideas, resultaba razonable que el tribunal demandado
concluyera que, si el quebranto tiene origen en un acto administrativo que se
considera ilegal, la pretensión procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho; pero si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación administrativa
e inclusive un acto administrativo legal, la indemnización de los perjuicios se debe
perseguir a través de la pretensión de reparación directa.
44. Así, después de precisar que, tanto los supuestos fácticos como los jurídicos,
daban cuenta que el motivo de inconformidad del demandante derivaba de las
falencias en las que incurrió la DIAN al expedir el acto administrativo con el que
ordenó la cremación de los semovientes, pues se desconocieron las normas en las
que debía fundarse para adelantar el referido procedimiento, resulta coherente la
providencia cuestionada al concluir que el medio de control estaba caducado, según
lo preceptuado en el literal d, numeral 2 del artículo 164 del CPACA26.
25
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Providencia del 21 de noviembre de 2018.
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). Rad. 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117).
26
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
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Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
45. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
46. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en los
defectos especiales alegados, debido a que fue proferida de conformidad con las
normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado
al medio de control adecuado.
47. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
48. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia para, en su lugar, negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por Gerson Manuel Anaya Heredia,
en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander y
otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por la consejera Elizabeth
Becerra Cornejo. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto de la
referencia.
Segundo. Revocar la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Gerson Manuel Anaya Heredia, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales
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Demandante: Gerson Manuel Anaya Heredia
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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