Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08055-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08055-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08055-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08055-00
Accionante: LIZETH MAGALY HERNÁNDEZ BOBADILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Trámite de una acción de tutela en
el que no se concedió la impugnación. Carencia actual de objeto por
hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, quien actúa en nombre
propio, contra la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, defensa, debido proceso
y a la doble instancia, supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente ruego de los Honorables Magistrados del Consejo de Estado,
CONCEDER el amparo deprecado, en consecuencia, TUTELAR a mi favor los
derechos fundamentales constitucionales invocados, ORDENANDOLE a los
extremos demandados:
PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales
constitucionales a la igualdad, derecho de defensa y contradicción, debido
proceso y doble instancia, previsto en los artículos 13, 29 y 31 de la
Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá, se sirva REMITIR completo el expediente de apelación de tutela No.
2025-00377-02 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que contiene
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08055-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadillas
el Recurso de impugnación de fecha jueves 20 de noviembre de 2025 que
interpuse contra la decisión judicial de primera instancia de fecha miércoles 19
de noviembre de 2025.
TERCERO: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se sirva ADMITIR y DECIDIR en segunda instancia el recurso de impugnación
de fecha jueves 20 de noviembre de 2025 que interpuse contra la decisión
judicial de primera instancia de fecha miércoles 19 de noviembre de 2025
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bogotá”.
2. Hechos
La accionante relató que presentó acción de tutela contra la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante Adres),
Sanitas EPS y la Secretaría de Movilidad de Santa Marta (tercero con interés), en
la que solicitó la protección de su derecho fundamental a la salud y que se ordenara
a la Adres abstenerse de proceder con el cobro de servicios médicos asistenciales
que recibió luego de un accidente de tránsito1.
Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, en auto de
16 de septiembre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la
Adres y vinculó a Sanitas EPS.
Indicó que en sentencia de 29 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por contar con otro mecanismo de defensa judicial para cuestionar las
decisiones que se profieran en el proceso de cobro coactivo.
Sostuvo que impugnó la anterior decisión y el precitado despacho judicial en
proveído de 2 de octubre de 2025, lo concedió.
Aseguró que la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en auto de 30 de octubre de 2025, declaró la nulidad de lo actuado
a partir de la sentencia de 29 de septiembre de 2025 y ordenó vincular a la
Secretaría de Movilidad de Santa Marta.
Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá en proveído
de 31 de octubre de 2025, en cumplimiento de lo resuelto por el ad quem, notificó
a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta, a quien le otorgó el término de dos
días para allegar su respectivo informe.
Mencionó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo
de 19 de noviembre de 2025, nuevamente declaró la improcedencia de la acción
de tutela, decisión que fue impugnada por la accionante y en auto de 20 de
noviembre de 2025 fue concedida.
Finalmente, manifestó que, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo en auto de 12 de diciembre de 2025, declaró inadmisible la
impugnación concedida, al considerar que el documento radicado por la
demandante no contiene argumentos orientados a controvertir la decisión del a quo.
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Radicado núm. 11001-33-34-002-2025-00377-00.
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadillas
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que las autoridades judiciales accionadas al declarar
inadmisible la impugnación vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y a la doble instancia, para lo cual limitó su argumento a lo
desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-715 de 2017.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de enero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante, a las autoridades judiciales accionadas, a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
y a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta. De igual modo, se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 4280 a 4285 de 16
de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El magistrado sustanciador de la providencia objetada solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto por auto de 20 de enero de
2026 se dejó sin efecto el proveído de 12 de diciembre de 2025 que había declarado
inadmisible la impugnación y se ordenó a la Secretaría de la Sección Cuarta
ingresar el expediente al despacho para tramitar la impugnación radicada por la
señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla.
5.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá
La titular del despacho informó que conforme a lo que consta en las actuaciones
registradas en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, puede inferirse que,
contrario a lo afirmado por la accionante, i) sí vinculó y notificó la admisión de la
misma a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta el 31 de octubre de 2025, a las
17:44 al correo: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co y ii) tampoco
resulta cierto que se hubiera enviado el expediente incompleto para surtir la
impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues a pesar de que
la accionante no registró en debida forma la impugnación en Samai, sino en el
correo institucional del juzgado, se procedió a incorporar al expediente virtual el 21
de noviembre de 2025.
5.3. Respuesta de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Adres
El apoderado de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de
amparo porque no se cumplieron con los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Asimismo, solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no tener incidencia
alguna ni competencia para realizar alguna gestión relacionada con la impugnación
presentada por la demandante.
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadillas
5.4. Respuesta de la Secretaría de Movilidad, Multimodal y Sostenible de
Santa Marta
El secretario de movilidad de la entidad territorial pidió que se declare el hecho
superado, en tanto el 25 de septiembre de 2025 emitió respuesta a la petición
elevada por la demandante, en la que se le informó que no reposa en la base de
datos información relacionada con el accidente de tránsito de 5 de noviembre de
2022 en el distrito de Santa Marta y que conllevó la atención en salud que es objeto
de recobro por la Adres.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Adres solicitó que se desvincularan de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que no tiene incidencia alguna ni competencia
para realizar alguna gestión relacionada con el escrito de impugnación presentado
por la demandante en el marco de una acción de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”2, la Sala negará la solicitud de desvinculación, porque ostenta interés
directo en el asunto, pues fue la accionada en la solicitud de amparo en la que se
dictó la providencia objeto de reproche constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la
defensa, al debido proceso y a la doble instancia de la accionante.
De manera previa, atendiendo los argumentos del informe rendido por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se verificará si en el
presente caso se configura la carencia actual de objeto por el acaecimiento de un
hecho superado.
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Sentencia T-005 de 2022.
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadillas
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla considera que la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá, vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, defensa, debido proceso y a la doble instancia, al declarar inadmisible la
impugnación que presentó contra el fallo de tutela de 19 de noviembre de 2025,
proferido por el segundo despacho judicial.
De conformidad con las pruebas allegadas por la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se evidencia que el auto de 12 de
diciembre de 2025, por medio del cual declaró inadmisible la impugnación
concedida por la actora, fue anulado por la misma autoridad judicial mediante
proveído de 20 de enero de 20263, con sustento en lo siguiente:
“Al revisar nuevamente el expediente, se advierte que existe un memorial
presentado el 20 de noviembre de 2025 por la accionante, el cual no fue valorado
en el auto de 12 de diciembre de 2025 proferido por este Despacho y que su
contenido tiene alcance de recurso de impugnación contra la sentencia de
primera instancia del 19 de noviembre de 2025.
En efecto, a diferencia del memorial radicado el 19 de noviembre de 2025 a las
11:11 a.m., cuyo propósito era aportar prueba documental y solicitar la
vinculación de la Secretaría de Movilidad de Santa Marta, el escrito del 20 de
noviembre de 2025 contiene la manifestación expresa de inconformidad con la
decisión judicial y cumple con los requisitos mínimos para ser considerado como
3
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013334002202500377022500023.
Índice núm. 00010.
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recurso de impugnación en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
Con base en lo anteriormente expuesto y en aras de garantizar el derecho al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, procede dejar sin
efectos el auto de 12 de diciembre de 2025 y dar trámite a la segunda instancia
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del Decreto 2591 de
1991”.
Esa decisión judicial fue notificada a las partes y vinculados por medio electrónicos
el 20 de enero de 2026, tal como se observa en el índice núm. 00012 del Sistema
para la Gestión Judicial Samai. Igualmente, la Sala pone de presente que el Tribunal
profirió la sentencia de tutela de segunda instancia el 29 de enero de 20264, en la
que se confirmó la de 19 de noviembre de 2025 emanada del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente la solicitud de
amparo de la accionante, cuya notificación se surtió a las partes el 30 de enero de
20265.
Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por la actora encaminada
a que se concediera (tramitara) la impugnación que radicó contra el fallo de tutela
de 19 de noviembre de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá se encuentra satisfecha, debido a que la autoridad accionada
dejó sin efecto el auto que la declaró inadmisible y retomó el trámite de la acción de
tutela que adelanta la accionante contra la Adres, trámite constitucional en el que,
además, se dictó sentencia de segunda instancia. De este modo, la orden del juez
de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto,
pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20196, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.
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Índice núm. 14.
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Índice núm. 16.
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”7.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”8.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”9.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado, respecto de lo pretendido
por la accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.
Tercero.- Reconocer personería al abogado Julio Eduardo Rodríguez Alvarado
como apoderado de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en los términos del poder allegado y de conformidad con
el artículo 75 del Código General del Proceso.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
9
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadillas
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, Remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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