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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08058-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08058-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado por las razones contenidas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08058-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: IRIS ARELIS ALEZONES NIEVES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra auto interlocutorio. Se confirma improcedencia por no
satisfacer requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado, Iris Arelis Alezones Nieves “y demás demandantes
debidamente identificados dentro del procesos de reparación directa de la
referencia” presentaron acción de tutela contra el auto de ponente de 9 de diciembre
de 2025 del Tribunal Administrativo de Arauca, proferido dentro del proceso de
reparación directa identificado con radicado 81001-33-33-002-2015-00229-01. Con
el fin de facilitar la explicación de los antecedentes, se mencionan los del proceso
ordinario, y posteriormente los del proceso de tutela.

Proceso de reparación directa rad. 81001-33-33-002-2015-00229-01

2. El abogado indicó que su poderdante sufrió un accidente de tránsito, por lo que
los servicios médicos la remitieron al Hospital San Vicente de Arauca. Minutos antes
de ser atendida, la actora informó a los médicos que creía estar embarazada. Ellos
le indicaron que comprara una prueba de embarazo, la cual no es concluyente en
etapas tempranas. Le inyectaron diclofenaco, medicamento contraindicado en
embarazo y la remitieron a su domicilio. A los pocos días regresó al hospital y le
practicaron un legrado.

3. Afirmó que existe responsabilidad del hospital, pues encaja jurídicamente en un
escenario de posible falla en el servicio por mala praxis médica por omisión en el
deber de diagnóstico como por desconocimiento del principio de precaución en
paciente frente a la sospecha de embarazo.

4. Según la narración del escrito de amparo, mediante sentencia de 22 de abril de
2025, el Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito de Arauca negó las
pretensiones. Contra esa providencia, se ejerció recurso de apelación en la que se
solicitó el decreto de pruebas documentales relacionadas con protocolos médicos,
manuales de administración de medicamentos y solicitud formal de la historia de
administración del fármaco suministrado a la paciente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

5. A través de auto de ponente, “de fecha reciente”1 en sede de segunda instancia,
se negó la totalidad de la solicitud probatoria. El tutelante afirmó: “El despacho
sostuvo que las pruebas no encuadran en ninguno de los supuestos del artículo 212
del CPACA y que no existen puntos oscuros que ameritaran pruebas de oficio. Adujo
que, la decisión deja sin prueba técnica indispensable para demostrar la falla del
servicio médico, afectando gravemente el derecho de defensa.

6. El auto cuestionado se profirió el 9 de diciembre de 2025 y la magistrada
sustanciadora resolvió negar la petición probatoria en segunda instancia, pues si
bien la misma se presentó dentro del término, no se precisó el propósito que
justificaba su interés en ella, y no lo encuadró dentro de los supuestos que habilitan
su procedencia en sede de segunda instancia.

Fundamento de la acción de tutela

7. El apoderado explicó que la decisión de negar la práctica de pruebas implica un
defecto fáctico, al omitir la valoración integral y razonable de pruebas determinantes
para la resolución de la demanda. Igualmente, consideró que la autoridad judicial
impugnada había incurrido en un defecto sustantivo por la aplicación a
interpretación irrazonable de normas legales. Además, desconocieron el bloque de
constitucionalidad y el precedente constitucional, al apartarse sin justificación de
criterios obligatorios fijados por la corte Constitucional. Adicionalmente, afirmó que
se produjo un exceso ritual manifiesto, pues en su criterio el tribunal accionado
privilegió el rigorismo formal extremo sobre la búsqueda de la verdad material,
desconociendo los principios constitucionales de supremacía del derecho
sustancial. Indicó que se desconoció el contenido del artículo 213 del CPACA. En
consecuencia, solicitó que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, y como consecuencia se deje sin
efectos el auto que negó la práctica de pruebas en segunda instancia.

Trámite de la demanda

8. La petición de amparo fue repartida a la Sección Quinta de la Corporación. El 19
de diciembre de 2025, la autoridad judicial admitió la tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Arauca en calidad de demandado. A su vez, vinculó como
terceros al Juzgado Tercero Administrativo de Arauca, al señor Carlos Gregorio
Rodríguez Castillo quien actuó en nombre propio y representación de sus hijos
menores de edad Carlos Gregorio, Yuliana Alexandra y Dayana Karina Rodríguez
Alezones, y a las señoras María Lexandra y María Teresa Rodríguez Alezones,
quienes actuaron como demandantes dentro del proceso de reparación directa.
Asimismo, convocó al proceso a la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca y a la
previsora S.A. compañía de seguros, llamada en garantía dentro del proceso.

9. La magistrada ponente de la decisión cuestionada intervino con el fin de
solicitar que se declarara improcedente la demanda, pues el tutelante no atacó el
auto que negó la práctica de pruebas a través de los recursos ordinarios,
concretamente de reposición o queja, conforme los términos del artículo 242 y 246

1
Folio 6 del escrito de amparo

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

de la ley 1437 de 2011. Además, indicó que el auto atacado fue proferido conforme
las previsiones normativas y jurisprudenciales relacionadas con la excepcionalidad
del decreto de pruebas en sede de segunda instancia. Agregó que el asunto carece
de relevancia constitucional.

10. La Previsora S.A. Compañía de Seguros argumentó que el auto atacado fue
correctamente proferido, motivo por el cual, no resulta posible que en sede de tutela
se reabran etapas probatorias precluidas. Indicó que el Código General del Proceso
y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
exigía al demandante solicitar las pruebas necesarias con la demanda de reparación
o en su corrección y no al final del proceso judicial, en sede de segunda instancia.

11. La E.S.E Hospital San Vicente de Arauca reprocha que el actor no atacó a
través de los medios ordinarios, el auto censurado, conforme al cual, procedía el
recurso de reposición conforme el artículo 243 del CPACA. Indicó que no existe una
obligación de decretar pruebas de oficio en sede de segunda instancia,
especialmente, cuando reemplazan la obligación probatoria de la parte actora.

12. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Arauca y
los sujetos que actuaron como demandantes en el proceso ordinario no
intervinieron, pese a estar notificados.

Sentencia de primera instancia

13. En sentencia de 12 febrero de 2026, la Sección Quinta de la Corporación declaró
improcedente el amparo, pues no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, al no
haber agotado los recursos ordinarios contra la providencia cuestionada. Concluyó
que contra el auto cuestionado procedía el recurso de reposición en los términos
del artículo 242 y el de súplica, en los términos del artículo 243, ambos de la Ley
1437 de 2011. En efecto, conforme las disposiciones normativas mencionadas,
resultaba necesario agotar esos dos recursos judiciales.

Recurso de impugnación2

14. El apoderado sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en un error
al aplicar el principio de subsidiariedad. Indicó que, en el caso concreto, los
mecanismos judiciales que se mencionaron no eran idóneos y eficaces, ya que se
trataría de revisar la decisión ante la misma autoridad que negó las pruebas, la cual
ya habían manifestado su criterio sobre su inadmisibilidad.

15. Agregó que en el sub lite se presenta un perjuicio irremediable, pues, en su
criterio, si no se decretan y practican las pruebas solicitadas, el proceso concluirá
sin esclarecer los hechos relevantes, haciendo irreversible la negativa de la
demanda de reparación directa imposibilitando la demostración de la
responsabilidad del hospital. Adujo que, dado que el legrado fue realizado por el
propio centro asistencial, el paso del tiempo podría dificultar aún más la obtención

2
Índice samai 37

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

de evidencias sobre la relación entre el tratamiento y la pérdida de la vida en
gestación.

16. Agregó que el fallo de primera instancia desconoció los derechos fundamentales
de la impugnante y de la vida en gestación. Recordó que la petición de pruebas se
refería a manuales de enfermería, protocolos de administración de medicamentos y
documentos oficiales que señalan riesgos de la gestante del diclofenaco. Mencionó
que el artículo 11 de la constitución protege la vida desde su concepción y que el
código penal contiene la conducta de aborto sin consentimiento. Reitero que se
presentó negligencia manifiesta del hospital en el cuidado no protegió al feto.

17. Agregó que se produjo una interpretación y aplicación equivocada de las normas
procesales sobre el decreto de pruebas en casos en los que se discute la “protección
fetal”, así como la prevalencia del derecho sustantivo y protección de la vida y los
derechos conexos. Por lo anterior, solicitó decretar “nulidad de la sentencia de 12
de febrero de 2026 del Consejo de Estado”, declarar la procedencia de la tutela, y
ordenar al Tribunal Administrativo de Arauca que decrete y practique las pruebas
solicitadas.

CONSIDERACIONES
Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

19. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de la tutela contra
providencia. Esto, en atención a que se trata de una acción de tutela contra un auto
que negó el decreto de pruebas en segunda instancia, y no se ejerció los recursos
de reposición y súplica contra la providencia. El impugnante sostiene en el recurso
de alzada que, se están ante un perjuicio irremediable.

20. Con el fin de resolver el primer problema jurídico se reiterará el precedente sobre
causales de procedencia generales de tutela contra providencia, puntualmente
contra autos interlocutorios y el concepto de perjuicio irremediable. En caso de
responder afirmativamente al primer problema jurídico, se formulará un problema
jurídico de fondo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.

21. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20053,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

22. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de subsidiariedad contra autos interlocutorios

23. En virtud del principio de subsidiariedad previsto en el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional 10 ha señalado
que, la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas
la etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en principio resulta
improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un

3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10
Cfr. T-511 de 2020.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar su
avance.

24. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios
que imponen medidas cautelares, toda vez que: “i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para
controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y,
además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.” Sin embargo, se ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable. La T-511 de 2020 reiterando la SU-659 de 2015,
precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios:

“ En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia
del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o
interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”

25. En Sentencia T-514 de 2025, la Corte reiteró las reglas jurisprudenciales
descritas. En particular precisó que la tutela resulta improcedente cuando el asunto
aún se encuentra en trámite.

26. En relación con el concepto de perjuicio irremediable, el artículo 8° del Decreto
precisa que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario o extraordinario
pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante está ante el
riesgo de la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como un hecho
urgente, cierto, grave e inminente. Este se entiende como un riesgo 11 grave, el cual
supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material)”. Además, debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar
el daño, comprendidas “como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso”.
Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referidas a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable”.

27. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

11
Cfr. SU-179 de 2021

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Análisis del caso concreto

28. En el caso concreto se confirmará la decisión de primera instancia, puesto que
el proceso se encuentra en curso y no ha concluido. Además, el accionante no agotó
el recurso de reposición y de súplica para controvertir la decisión cuestionada.

29. Conjuntamente, la parte tutelante no presenta argumentos relacionados con la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en los términos de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. En efecto, el apoderado de la parte actora, en su escrito de
impugnación, sostiene que la petición de amparo es procedente y satisface el
requisito de subsidiariedad, puesto que se está ante un perjuicio irremediable, y
argumenta que, en caso de no acceder al amparo, lo más posible es que obtenga
una sentencia desfavorable a sus pretensiones, afectando negativamente los
derechos del no nacido y de la mamá, señora, Iris Arelis Alezones Nieves.

30. No obstante, el concepto de perjuicio irremediable hace referencia a una
amenaza grave, cierta, urgente e inminente a los derechos fundamentales de la
parte actora. La justificación propuesta por el tutelante es una simple especulación
relacionada con el sentido de una providencia judicial pendiente de proferir. Se trata
de una eventualidad, es decir, no es una amenaza cierta e inminente. En el mismo
sentido, resulta relevante que el eventual sentido de una providencia judicial, en el
caso concreto, sería el resultado de la omisión en la presentación de las pruebas en
sede de primera instancia. Para este juez constitucional resulta relevante que, la
parte actora presentó la solicitud de pruebas en sede de segunda instancia, sin
indicar las razones por las cuales no lo realizó al momento de presentar la demanda,
etapa procesal natural para la presentación de pruebas.

31. La parte actora no ofreció razones para justificar la omisión de no haber hecho
la petición probatoria en sede de primera instancia, cuando presentó la demanda de
reparación directa. En el mismo sentido, el impugnante sostuvo que, no agotó los
recursos de reposición y súplica, pues anticipa que obtendría la misma respuesta,
por ser resuelta por la misma corporación judicial, esto es, el Tribunal Administrativo
de Arauca. Dicho argumento no es de recibo para esta Sala, pues la falta de
idoneidad o eficacia del mecanismo judicial pendiente de agotar, hace referencia a
que el argumento constitucional no pueda ser presentado a través del medio judicial
ordinario, y en el caso concreto, los recursos judiciales de reposición y súplica no
prevén causales taxativas para ejercer el medio judicial. Por otro lado, la eficacia
del medio judicial hace referencia a que se obtenga respuesta judicial oportuna,
quiere decir esto que sea pronta en el tiempo.

32. En el caso concreto, se verifica, que los recursos de reposición y súplica para
atacar el auto de 9 de diciembre de 2025 son mecanismos judiciales ordinarios
idóneos y eficaces, pues además que de permiten presentar el debate constitucional
que se propuso en la acción de tutela, y no se verifica que vaya a tardar más allá
del tiempo que prevén los términos procesales.

33. En conclusión, a juicio de esta Sala no se presenta un perjuicio irremediable que
justifique la procedencia de la acción de tutela, y se observa que los medios
judiciales que no fueron agotados eran medios judiciales idóneos y eficaces.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08058-01
Accionante: Iris Arelis Alezonez Nieves
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Adicionalmente se observa que, la petición probatoria que realizó el apoderado
dentro del proceso judicial ordinario tenía un lugar principal para realizarse y era al
momento de presentar la demanda de reparación directa. Respecto a esta situación
no ofreció razones que justificaran su inacción durante la presentación de la
demanda del medio de control.

34. Por lo anterior se confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto declaró
la improcedencia por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado por las razones contenidas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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