Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08066-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08066-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08066-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 111001-03-15-000-2025-08066-01
Demandantes: Noelba Cumber Sánchez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08066-01
Accionantes: Noelba Cumber Sánchez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 27 de febrero de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Los señores Noelba, Gerlyz, Lyda, Stellia, Édgar, Ninso y Erlidia Cumber Sánchez, esta
última en nombre propio y en representación de su hija María Alejandra Cano Cumber;
Yina Paola Riveros Parra, en nombre propio y en representación de su hijo Kevin
Alejandro Cumber Riveros; Camilo Alexander Murillo Cumber; Elin Yined Cumber
Camacho; Yerley, Clara Inés y Milton Pérez Cumber; Niny Dixneyda Enciso Cumber;
Duván Cumber Cardozo; Daniela Figueroa Cumber; Yeimi Paola y Jhosney Rojas
Cumber; Kennia Loreiny Ríos Cumber; y Mayely y Ledis Cumber Vargas, por conducto
de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la reparación integral, que
estiman vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
La alegada vulneración se atribuye a la sentencia del 24 de abril de 2025, mediante la
cual dicha autoridad judicial confirmó la providencia del 29 de septiembre de 2023,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que negó las pretensiones
de la demanda de reparación directa identificada con el radicado núm. 18001-33-33-002-
2022-00054-00/01.
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Radicado: 111001-03-15-000-2025-08066-01
Demandantes: Noelba Cumber Sánchez y otros
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
2.1. Los accionantes señalaron que el señor Arnulfo Cumber Sánchez residía en la
vereda San José Alto San Pedro, jurisdicción del municipio de Florencia, Caquetá, y se
dedicaba a labores agrícolas, actividad con la que procuraba su sustento y el de su
núcleo familiar.
2.2. Indicaron que el 23 de septiembre de 2019, en horas de la mañana, el señor Cumber
Sánchez salió de su vivienda e informó a sus familiares que se dirigiría a realizar labores
de caza en inmediaciones de la vereda El Tovar Zambrano, ubicada en el municipio de
Florencia, Caquetá.
2.3. Manifestaron que, al día siguiente, ante la ausencia de noticias sobre su paradero,
sus familiares iniciaron labores de búsqueda en el sector y encontraron su cuerpo sin
vida. Según la inspección técnica practicada por miembros de la Policía Nacional, la
muerte se produjo por la activación de una mina antipersonal.
2.4. Con ocasión de dichos hechos, Yina Paola Riveros Parra, en nombre propio y en
representación de su hijo Kevin Alejandro Cumber Riveros; Noelba Cumber Sánchez, en
nombre propio y en representación de su hijo Audy Steban Orozco Cumber; Gerlyz, Lyda,
Stellia, Erlidia, Édgar y Ninso Cumber Sánchez; Camilo Alexander Murillo Cumber; Elin
Yined Cumber Camacho; Yerley, Clara Inés y Milton Pérez Cumber; Niny Dixneyda
Enciso Cumber; Duván Cumber Cardozo; Daniela Figueroa Cumber; Yeimi Paola y
Jhosney Rojas Cumber; Kennia Loreiny Ríos Cumber; Mayely y Ledis Cumber Vargas,
por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional,
con el fin de que se declarara su responsabilidad por el fallecimiento del señor Arnulfo
Cumber Sánchez y se ordenara el pago de los perjuicios materiales e inmateriales
causados.
2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia, bajo el radicado núm. 18001-33-33-002-2022-00054-00/01, despacho que,
mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que, si bien se acreditó el daño antijurídico, no se demostró su imputación
a la entidad demandada. Señaló que el artefacto explosivo habría sido instalado por
grupos armados ilegales, sin que existiera prueba de participación del Ejército Nacional
en su instalación o abandono.
2.6. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
en el que cuestionó la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia y
alegó la configuración de una falla en el servicio.
1 Proceso de tutela de primera instancia identificado bajo radicado núm. 111001-03-15-000-2025-08066-00, visible en
Samai, ver el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202508066011100103
Proceso de reparación directa identificado bajo radicado núm. 18001-33-33-002-2022-00054-00/01, visible en Samai,
ver el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=180013333002202200054011800123
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Demandantes: Noelba Cumber Sánchez y otros
2.7. Mediante sentencia del 24 de abril de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá confirmó la decisión de primera instancia, al concluir que no
se acreditó la falla en el servicio alegada por la parte actora.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
reparación integral, presuntamente vulnerados por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá.
En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia del 24 de abril de 2025, mediante
la cual dicha autoridad confirmó la decisión proferida el 29 de septiembre de 2023 por el
Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, y ordenar la expedición de una sentencia
de reemplazo en la que se valoren integralmente los medios de prueba documentales y
testimoniales allegados al proceso, en especial los recortes de prensa relacionados con
antecedentes de minas antipersonal en la vereda Tovar Zambrano.
3.2. La parte accionante sostuvo que la acción de tutela cumplía los requisitos generales
de procedibilidad, en tanto las decisiones cuestionadas afectaron derechos
fundamentales y le impusieron cargas probatorias desproporcionadas, sin valorar
integralmente el material probatorio allegado al proceso.
Indicó que la solicitud reviste relevancia constitucional, debido a que los demandantes
ostentan la condición de víctimas del conflicto armado y sujetos de especial protección
constitucional, circunstancia que exigía a las autoridades judiciales aplicar criterios de
flexibilización probatoria y garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.
Así mismo, señaló que agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial mediante la
interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y que la
acción de tutela fue presentada dentro de un término razonable contado desde la
notificación de la providencia cuestionada.
3.3. En cuanto al fondo del asunto, adujo que las autoridades judiciales incurrieron en
defecto fáctico, en sus dimensiones positiva y negativa, al omitir la valoración conjunta
de las pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso, particularmente
aquellas relacionadas con antecedentes de minas antipersonal en la vereda Tovar
Zambrano y con la presencia del Ejército Nacional en la zona.
Sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron elementos probatorios que, a
su juicio, permitían inferir que la entidad demandada tenía conocimiento de la existencia
de artefactos explosivos en el sector y de los riesgos para la población civil, así como de
la necesidad de adelantar labores de desminado y prevención.
3.4. Agregó que se configuró un defecto fáctico en su dimensión negativa, debido a que
las autoridades judiciales no decretaron pruebas de oficio encaminadas a esclarecer las
circunstancias de los hechos, pese a las dudas existentes sobre antecedentes de
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incidentes con minas antipersonal en la zona y a que el Estado se encontraba en mejor
posición para aportar dicha información.
3.5. De igual forma, afirmó que se configuró un defecto sustantivo, en tanto no se aplicó
el artículo 167 del Código General del Proceso, conforme al cual los hechos notorios no
requieren prueba. En el presente asunto, reviste tal carácter el hecho de que la vereda
en la que ocurrió el daño sea catalogada como zona roja. En efecto, la población
residente en el departamento del Caquetá y, particularmente, en la ciudad de Florencia,
conoce ampliamente las problemáticas derivadas del conflicto armado que
históricamente han afectado ese territorio, especialmente las relacionadas con la
presencia de minas antipersona. En consecuencia, no puede considerarse que el
fallecimiento de una persona con ocasión de la activación de una mina antipersona
constituya un hecho aislado, imprevisible o irresistible.
3.6. Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente 2 jurisprudencial relativo a la
flexibilización de la carga probatoria en asuntos relacionados con graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario,
especialmente cuando las víctimas pertenecen al conflicto armado interno.
3.7 Finalmente, afirmó que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al imponer a la parte actora una carga
probatoria imposible de cumplir y exigir la acreditación técnica de circunstancias respecto
de las cuales el Estado se encontraba en mejores condiciones de aportar información, lo
que, en su criterio, vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 15 de diciembre de 20253, el despacho ponente de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso
vincular, en calidad de tercero con interés, al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
así como a Audy Steban Orozco Cumber, Danna Nicol Figueroa Cumber y Breiner
Cumber Cardozo. Asimismo, ordenó la vinculación del Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Florencia, autoridad que conoció en primera instancia del medio de control
de reparación directa.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia4 remitió el enlace
electrónico correspondiente al expediente del proceso de reparación directa objeto de
controversia; no obstante, guardó silencio frente a los hechos y las pretensiones de la
acción de tutela.
2 Sentencia T-014 de 2025 de la Corte Constitucional y de 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado, expediente
05001-23-25-000-1999-01063-01
3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 8018A47542B060E2 BBDEFFCD3728C826
267917D1CAE954ED 1EF203D2A4A92D56.
4 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado C00D3F5CD73AC3B9 F3D97BCDF74374B8
C9362F29AA17E7DE 375213D03230F8FC.
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4.2. El Ministerio de Defensa Nacional5 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que no se cumplían los requisitos de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia. Y pidió negar el amparo, por no acreditarse la configuración de defecto
alguno que justificara la intervención excepcional del juez constitucional.
Sostuvo que la parte accionante no planteó un debate de relevancia constitucional, sino
una inconformidad con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas
por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del
Caquetá, con lo cual pretendía convertir la tutela en una instancia adicional.
Indicó que no se configuró el defecto fáctico alegado, por cuanto las autoridades
judiciales valoraron integralmente las pruebas documentales y testimoniales obrantes en
el expediente y motivaron suficientemente sus decisiones, y concluyeron que no se
acreditó la imputación del daño al Ejército Nacional.
Señaló que tampoco se configuró defecto sustantivo, en tanto las providencias
cuestionadas aplicaron el artículo 90 de la Constitución Política y el precedente de
unificación del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por minas
antipersonal, conforme al cual no se acreditaron los supuestos necesarios para atribuir
responsabilidad a la entidad demandada.
Agregó que no existió desconocimiento del precedente judicial, debido a que el Tribunal
Administrativo del Caquetá citó y aplicó la jurisprudencia relevante sobre la materia,
particularmente en relación con los criterios de imputación de responsabilidad estatal por
daños ocasionados con minas antipersonal.
Finalmente, sostuvo que no se configuró defecto procedimental ni exceso ritual
manifiesto, toda vez que la flexibilización probatoria no implicaba la inversión automática
de la carga de la prueba y la parte actora conservaba el deber de acreditar los
presupuestos mínimos de imputación. Que las decisiones judiciales concluyeron que el
daño obedeció a la actuación de grupos armados ilegales y que no se demostró
conocimiento previo ni posición de garante por parte del Ejército Nacional.
4.3. El abogado Arbey Camilo Cantillo Murcia, en calidad de apoderado de la parte
accionante6, allegó los registros civiles de nacimiento de los menores representados por
Yina Paola Riveros Parra y Erlidia Cumber Sánchez.
Asimismo, mediante memorial del 26 de enero de 2026, informó las direcciones de
notificación electrónica de Audy Steban Orozco Cumber, Danna Nicol Figueroa Cumber
y Breiner Cumber Cardozo.
5 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado B36595A02677D3F1 632FAF2BF0E4BD38
3443BD4F1ADE6D50 C806A58B0DCA907C.
6 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado B36595A02677D3F1 632FAF2BF0E4BD38
3443BD4F1ADE6D50 C806A58B0DCA907C.
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5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de febrero de 20267, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se
superó el requisito de relevancia constitucional.
Indicó que la parte actora pretendía reabrir el debate probatorio y jurídico definido por el
juez natural, a partir de su inconformidad con la valoración de las pruebas y con las
conclusiones adoptadas respecto de la imputación de responsabilidad al Ejérci to
Nacional por la muerte del señor Arnulfo Cumber Sánchez.
La Sala señaló que el Tribunal Administrativo del Caquetá valoró los recortes de prensa,
los informes del Ejército Nacional y los testimonios allegados al proceso, y concluyó que
dichos elementos no permitían acreditar el conocimiento previo de la existencia de minas
antipersonal en la zona ni la relación de causalidad necesaria para atribuir
responsabilidad estatal.
Precisó que las conclusiones probatorias de la autoridad judicial no evidenciaban
arbitrariedad ni desconocimiento de las reglas de la sana crítica, por lo que la acción de
tutela no podía utilizarse como una instancia adicional para controvertir la valoración
probatoria realizada por el juez natural.
Asimismo, sostuvo que la facultad oficiosa en materia probatoria no suplía la carga de
las partes de acreditar los supuestos fácticos de sus pretensiones y que no se acreditó
el desconocimiento del precedente relativo a la flexibilización probatoria en asuntos
relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario.
Finalmente, concluyó que las inconformidades planteadas correspondían a
discrepancias frente a la interpretación jurídica y probatoria realizada por el juez natural,
lo que impedía habilitar la intervención del juez constitucional y conducir al estudio de
fondo de la solicitud de amparo.
6. Impugnación
La parte actora presentó impugnación8, al considerar que la tutela no pretendía reabrir
el debate probatorio, sino obtener la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones adoptadas en el proceso ordinario.
Sostuvo que la solicitud sí cumplía el requisito de relevancia constitucional, en tanto la
providencia cuestionada impuso cargas probatorias desproporcionadas a las víctimas
del conflicto armado, al exigir la acreditación técnica de coordenadas geográficas
respecto de hechos ocurridos en una zona rural afectada por el conflicto.
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Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 322D11E766BEAF5B 1F0839F9EE430C7B
929E6FE6A55AFC1A EECF46A078FFDE12.
8 Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 326D6888E7B74EBE 353FA067DDDCAD46
00DCABDBECC2EF31 2440D92CBD5B1AE7.
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Asimismo, indicó que la autoridad judicial desconoció el precedente relativo a la
flexibilización probatoria en asuntos relacionados con violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, omitió valorar
integralmente las pruebas aportadas al proceso y privilegió exigencias formales sobre la
búsqueda de la verdad material.
Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en exceso ritual
manifiesto al descartar medios de prueba relevantes y abstenerse de decretar pruebas
de oficio dirigidas a esclarecer las circunstancias de los hechos.
El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto del 19 de marzo de 20269, concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionante y ordenó remitir el expediente al despacho competente para su
conocimiento en segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque los
señores Noelba, Gerlyz, Lyda, Stellia, Édgar, Ninso y Erlidia Cumber Sánchez -esta
última en nombre propio y en representación de su hija María Alejandra Cano Cumber;
Yina Paola Riveros Parra, en nombre propio y en representación de su hijo Kevin
Alejandro Cumber Riveros; Camilo Alexander Murillo Cumber; Elin Yined Cumber
Camacho; Yerley, Clara Inés y Milton Pérez Cumber; Niny Dixneyda Enciso Cumber;
Duván Cumber Cardozo; Daniela Figueroa Cumber; Yeimi Paola y Jhosney Rojas
Cumber; Kennia Loreiny Ríos Cumber; y Mayely y Ledis Cumber Vargas son titulares de
los derechos fundamentales cuya vulneración alegan, en su condición de demandantes
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 18001-33-33-
002-2022-00054-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo del Caquetá fue la autoridad que profirió la
providencia judicial cuestionada, la cual, según la parte accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
9 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado 83C32367CA06E65D 810553F44C02D5C8
B569B7D7C1C4F744 E91055E9CA69A136.
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3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
27 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, en las acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que
se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Demandantes: Noelba Cumber Sánchez y otros
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 15.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, en tanto la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las
razones que se exponen a continuación:
5.1. En el caso sub examine, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia proferida
el 24 de abril de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá.
Afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente, así como en exceso ritual manifiesto, al omitir la
valoración conjunta de las pruebas aportadas, abstenerse de decretar pruebas de oficio
y desconocer el precedente relativo a la flexibilización probatoria en asuntos
relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario. Agregó que las providencias cuestionadas impusieron a la
parte actora una carga probatoria imposible de cumplir, pese a que el Estado se
encontraba en mejor posición para aportar información sobre la existencia de minas
antipersonal en la zona.
5.2. Del análisis de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá se
advierte que la autoridad judicial realizó una valoración expresa, integral y razonada del
material probatorio allegado al proceso de reparación directa.
Con fundamento en dicho acervo probatorio el tribunal concluyó, en lo pertinente, lo
siguiente:
“En esta instancia no se debate la existencia del daño antijurídico padecido, toda vez
que no fue objeto de apelación y en el análisis de la primera instancia se encontró
acreditado. No obstante, para resolver los argumentos planteados en el recurso de
apelación, la Sala procederá a analizar de manera ordenada cada uno de los elementos
de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto
jurídico depende de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por
lo anterior, se hace necesario abordar primero el daño antijurídico para posteriormente
analizar su imputación frente al Estado. En el presente caso, el daño alegado
corresponde al fallecimiento del señor Arnulfo Cumber Sánchez, ocurrido el 23 de
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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septiembre de 2019 según el registro civil de su defunción número 10009825 y fue como
consecuencia de la explosión de una mina antipersonal, hecho acreditado mediante los
informes de policía judicial relativos a la inspección técnica del cadáver y el acta de
inspección al lugar de los hechos realizados con ocasión a la noticia criminal
180016000553201900862. En este contexto, el daño reviste el carácter de antijurídico,
dado que afecta un derecho protegido por el ordenamiento jurídico cuya lesión carece
de justificación legal. La vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la
persona y se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás
derechos, amparado en el Preámbulo de la Constitución Política, que proclama dentro
de los fines del Estado asegurar la vida de sus integrantes, y en el artículo 11 ibidem,
que establece que «el derecho a la vida es inviolable».
(…)
Sin embargo, para la Sala el material probatorio allegado al expediente no permite
establecer que la muerte del señor Arnulfo Cumber Sánchez sea imputable a la entidad
demandada. En primera medida, no se evidencia una omisión por parte del Ejército
Nacional en su deber de destrucción de minas antipersonales, toda vez que no existe
prueba alguna que demuestre que esta entidad tuviera conocimiento, o debiera haber
tenido conocimiento, de la existencia de artefactos explosivos en el lugar específico
donde ocurrieron los hechos, lo que lo excluye la posibilidad de exigir medidas como la
demarcación del terreno, prestar vigilancia o la protección del área con el propósito de
garantizar la seguridad de la población civil.
(…)
En ese sentido, ante la ausencia de tales elementos probatorios, no es exigible que el
Ejército Nacional hubiera demarcado y protegido el área hasta tanto se desarrollara el
procedimiento de desminado, por cuanto la obligación de realizar tales acciones surge
únicamente cuando se tiene conocimiento, o claros indicios, de la presencia de estos
artefactos en un lugar específico, lo cual no se encuentra demostrado en el presente
caso
(…)
Ahora bien, aunque el apelante sostiene que la mina antipersonal estaba dirigida contra
el Ejército Nacional debido al tránsito constante de sus tropas por la zona, tal como lo
declararon de manera uniforme los testigos, la Sala considera que esta prueba
testimonial no tiene la suficiente fuerza probatoria para concluir con certeza que el
artefacto explosivo estaba específicamente destinado a miembros del Ejército o a la
institución, más aún que por tratarse de una mina antipersonal no discrimina entre
objetivos específicos. A lo que se suma que, según lo informado en el Oficio
2023586009314523 del 5 de mayo de 2023, la base militar más cercana estaba ubicada
a una distancia aproximada de 8 kilómetros de la vereda donde ocurrieron los hechos,
lo que refuerza la falta de indicios claros que permitan vincular el explosivo a un ataque
dirigido contra el Ejército Nacional.
De lo dicho se destaca que si bien los testigos refieren que miembros del Ejército
Nacional se desplazaban constantemente por la vereda Tovar Zambrano, lo cierto es
que ninguno manifestó que por el preciso lugar donde aconteció la muerte del señor
Arnulfo Cumber Sánchez por la detonación de artefacto explosivo, era que se realizaba
dicho desplazamiento militar, sumado a ello, es de denotar que los hechos ocurrieron
en un predio particular y para encontrar el cuerpo sin vida, según indicaron los testigos,
se requirió de la búsqueda de quince personas durante un día, lo que sugiere que por
el lugar no concurre o transita comúnmente personas, ya que de lo contrario, lo sucedido
hubiese sido advertido por posibles transeúntes o incluso, por el desplazamiento de
uniformados.
Además, cabe resaltar que ninguno de los testigos presenció directamente los hechos,
ya que todos tuvieron conocimiento de lo ocurrido después de la detonación del artefacto
explosivo, lo que limita el alcance probatorio de sus declaraciones. En consecuenc ia, y
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contrario a lo argumentado por el apelante, las pruebas obrantes en el expediente no
permiten tener certeza de que la mina estuviera dirigida a atacar al Ejército Nacional o
a sus tropas.
(…)
Adicionalmente, la Sala no encuentra acreditado en el proceso que, previo a los hechos
o para el día de estos, hubieran ocurrido combates entre la Fuerza Pública y grupos al
margen de la ley que pudieran haber causado la muerte del señor Arnulfo Cumber
Sánchez y que diera lugar a declarar la responsabilidad de la demanda con base en el
título de imputación de riesgo excepcional, como lo alega el apelante, pues tal y como
lo ha indicado el Consejo de estado «no se puede imputar un daño respecto de un riesgo
que el Estado no ha creado ni del que tampoco tuvo la oportunidad de evitar» 28 . Así
las cosas, no existen en el expediente pruebas que demuestren que la demandada
incurrió en una falla del servicio, toda vez que el daño alegado por la actora no devino
de una conducta omisiva, descuidada o negligente atribuible a la administración ni
tampoco se acreditó la existencia de una exposición a un riesgo excepcional que
generara su responsabilidad”16.
A partir del análisis del caso concreto, la Sala advirtió que las autoridades judiciales
accionadas efectuaron una valoración integral y motivada del material probatorio
allegado al proceso, con fundamento en la cual concluyeron que no se acreditó una falla
en el servicio ni la imputación de responsabilidad al Ejército Nacional por la muerte del
señor Arnulfo Cumber Sánchez. En particular, señalaron que los recortes de prensa, los
informes del Ejército Nacional y los testimonios practicados no permitían establecer que
la entidad tuviera conocimiento previo de la existencia de minas antipersonal en el lugar
de los hechos, ni que existiera una relación de causalidad suficiente para atribuir
responsabilidad estatal.
5.3. De lo expuesto se advierte que la autoridad judicial accionada realizó una valoración
expresa, integral y razonada del material probatorio allegado al proceso, con fundamento
en la cual concluyó que no se acreditó que el Ejército Nacional tuviera conocimiento de
la existencia de minas antipersonal en el lugar de los hechos, ni que se configuraran los
presupuestos necesarios para imputarle responsabilidad por la muerte del señor Arnulfo
Cumber Sánchez. Asimismo, explicó las razones por las cuales las pruebas
documentales y testimoniales obrantes en el expediente no permitían establecer la
existencia de una falla del servicio ni de un riesgo excepcional atribuible a la entidad
demandada.
En ese contexto, la inconformidad de la parte actora se dirige a cuestionar las
conclusiones probatorias y jurídicas adoptadas por el juez natural, con el propósito de
obtener una valoración distinta del material probatorio recaudado, aspecto que, por regl a
general, resulta ajeno al ámbito de intervención del juez constitucional.
5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
16 Índice 00012 del expediente digital del proceso de reparación directa radicado 11001334305820230002701,
certificado 2F27F84A88C58312 844FD529BA76190B 9635E6BF2380E057 1C8D3411E1D3767B .
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(...)”17 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”18.
En esa medida, la indebida valoración de las pruebas ya sea desde su dimensión positiva
o negativa19, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada20. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.
Bajo ese entendido, la Sala recordó que este solo adquiere relevancia constitucional
cuando el yerro probatorio es ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene incidencia directa
en la decisión adoptada. Bajo ese entendido, se precisa que el Tribunal Administrativo
del Caquetá sí valoró el oficio del Ejército Nacional identificado con radicado núm.
2023586009336513 del 6 de mayo de 2023, en el que se informó que, en el año 2016,
dos militares resultaron heridos por minas antipersonal en la vereda Tovar Zambrano.
No obstante, concluyó que no se acreditó que el lugar de dicho incidente coincidiera con
el sitio donde ocurrió la muerte del señor Arnulfo Cumber Sánchez en el año 2019, pues
para ello se requería una identificación más precisa, como coordenadas específicas, que
permitieran determinar que se trataba del mismo sector y que, por ende, surgiera para la
entidad la obligación de adelantar labores de desminado.
De igual forma, el tribunal valoró la noticia del 19 de febrero de 2019 relacionada con la
destrucción de 380 kilos de explosivos en la vereda Tovar Zambrano por parte del
Ejército Nacional, concluyó que tal circunstancia no acreditaba, por sí sola, que la entidad
tuviera conocimiento de la intención de grupos armados ilegales de instalar minas
antipersonal en el sector, máxime cuando la muerte del señor Cumber Sánchez ocurrió
7 meses después de dicha incautación. Asimismo, tuvo en cuenta el Oficio núm.
2023586009314523 del 5 de mayo de 2023, según el cual la base militar más cercana
se encontraba aproximadamente a 8 kilómetros del lugar de los hechos, lo que, a juicio
del Tribunal, reforzaba la ausencia de elementos que permitieran inferir que el explosivo
estuviera dirigido contra tropas del Ejército Nacional.
17 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-
1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
19 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
20 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al
principio de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la
competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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Frente a las declaraciones testimoniales de los señores Wilson Quiróz Carvajal, Daladier
Serrato Cerquera, Isaac Gómez Morales y Nilson Cumber Sánchez, se destacó que
manifestaron conocer las condiciones de orden público de la región, la existencia de
múltiples explosiones de minas antipersonal y la presencia frecuente del Ejército en la
vereda Tovar Zambrano. Sin embargo, el tribunal precisó que ninguno indicó que los
desplazamientos militares se realizaran específicamente por el lugar donde ocurrió la
detonación que causó la muerte del señor Arnulfo Cumber Sánchez.
Resaltó que los hechos ocurrieron en un predio particular y que, según los propios
testimonios, fue necesaria la búsqueda de aproximadamente quince personas durante
un día para encontrar el cuerpo, lo que evidenciaba que no se trataba de un lugar de
tránsito habitual. También señaló que ninguno de los declarantes presenció directamente
los hechos, pues todos tuvieron conocimiento de ellos con posterioridad a la detonación
del artefacto explosivo, circunstancia que limitaba el alcance probatorio de sus
declaraciones. En consecuencia, concluyó que las pruebas obrantes en el expediente no
permitían establecer que la mina antipersonal estuviera dirigida a atacar al Ejército
Nacional o a sus tropas.
5.5. En relación con el defecto sustantivo, la parte accionante alegó la existencia de un
hecho notorio y el desconocimiento del precedente relativo a la flexibilización probatoria
en asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario. Sostuvo que el departamento del Caquetá y la vereda
Tovar Zambrano eran zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y por la
presencia de minas antipersonal, razón por la cual el Estado debía invertir la carga de la
prueba y flexibilizar el estándar probatorio. Cuestionó que las autoridades judiciales no
hubieran decretado pruebas de oficio ante entidades como AICMA, la Defensoría del
Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica o la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz, con el propósito de acreditar antecedentes relacionados con minas antipersonal
en la zona.
No obstante, para la Sala resulta evidente que el Tribunal Administrativo del Caquetá sí
tuvo en cuenta la situación de orden público de la zona y las pruebas relacionadas con
la presencia de minas antipersonal en la vereda Tovar Zambrano, aunque concluyó
razonadamente que ello no resultaba suficiente para imputar automáticamente
responsabilidad al Estado. En este sentido, la flexibilización probatoria no implicaba
atribuir responsabilidad estatal de manera automática ni relevar totalmente a la parte
demandante de acreditar los presupuestos mínimos de imputación. Además, que los
accionantes no identificaron de manera concreta cuáles pruebas les resultaban
imposibles de aportar ni demostraron de qué manera el Tribunal omitió aplicar el criterio
de flexibilización probatoria alegado.
También resaltó que en la providencia cuestionada se citó la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 7 de marzo de 2018, conforme a la cual la Nación no está obligada
a advertir a la población sobre la existencia de minas antipersonal cuando no cuenta con
información concreta sobre su ubicación.
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5.6. Finalmente, frente al defecto procedimental y al alegado exceso ritual manifiesto,
para la Sala, la parte accionante no acreditó una irregularidad procesal con incidencia
constitucional determinante, pues los cuestionamientos formulados se dirigían, en
realidad, a controvertir la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas
por el juez natural, así como a reiterar los argumentos expuestos en el recurso de
apelación dentro del proceso ordinario. En consecuencia, la acción de tutela pretendía
reabrir el debate jurídico y probatorio ya definido en el trámite de reparación directa,
finalidad ajena al carácter excepcional, residual y subsidiario del mecanismo
constitucional de amparo.
5.7. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente21 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales
que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta
de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”22.
No obstante, advirtió que la parte accionante no desarrolló una carga argumentativa
suficiente que permitiera establecer la identidad fáctica y jurídica entre el precedente
invocado y el caso concreto, ni explicó de qué manera la providencia cuestionada se
apartó de una regla jurisprudencial de unificación aplicable al asunto. Precisó que el
respeto al precedente exige no solo citar decisiones previas, sino demostrar, de manera
clara y estructurada, los puntos de coincidencia entre los casos comparados y la regla
jurisprudencial presuntamente desconocida.
5.8. En este punto, resulta pertinente recordar que, en relación con la carga
argumentativa y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la
protección a través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado
de manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere
demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario.
21 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Ibidem.
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Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez
constitucional advertir tal vulneración 23.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y, de esta
manera, continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que
haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para los que pidió su
protección.
Lo anterior, sumado al hecho de que los argumentos planteados en esta sede
constitucional son una reproducción de los cargos esbozados en el recurso de apelación
interpuesto en el trámite del proceso ordinario, por lo que se colige que el conflicto
planteado por el accionante se limita a un debate meramente legal y revela su intención
de utilizar la acción de tutela como una instancia adicional.
5.9. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo
con el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Caquetá no habilita para que
el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judicial, en
tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter
constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por
el juez de instancia.
23 Sentencia SU-215 de 2022.
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En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 24, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 25.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo que interpusieron Noelba, Gerlyz, Lyda, Stellia, Édgar, Ninso y
Erlidia Cumber Sánchez -esta última en nombre propio y en representación de su hija
María Alejandra Cano Cumber-; Yina Paola Riveros Parra, en nombre propio y en
representación de su hijo Kevin Alejandro Cumber Riveros; Camilo Alexander Murillo
Cumber; Elin Yined Cumber Camacho; Yerley, Clara Inés y Milton Pérez Cumber; Niny
Dixneyda Enciso Cumber; Duván Cumber Cardozo; Daniela Figueroa Cumber; Yeimi
Paola y Jhosney Rojas Cumber; Kennia Loreiny Ríos Cumber; y Mayely y Ledis Cumber
Vargas, contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, conforme la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
17
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