Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08067-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08067-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08067-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 08067 01
Accionante: Edwin Mayorga Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 2 de febrero de 2026, por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Edwin Mayorga Díaz, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
Con fundamento en los hechos y consideraciones jurídicas expuestas,
respetuosamente solicito al juez constitucional:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a
la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial de Edwin
Mayorga Díaz.
2. DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral,
Sección "B" incurrió en defecto sustantivo, exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente constitucional, al rechazar la acción ejecutiva sin
aplicar el Código General del Proceso.
3. DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 21 de octubre de 2025 y el 12 de
diciembre de 2025, dentro del proceso radicado 08-001-23-31-000-2008-00283-
00.
4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que, dentro del término que
fije el juez constitucional, profiera una nueva providencia en la que:
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08067 00.
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Accionante: Edwin Mayorga Díaz
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(i) Reconozca la aplicación preferente y supletoria del Código General del
Proceso. Es decir, aplicar el Código General del Proceso y tramitar la acción
ejecutiva conforme al régimen vigente.
(ii) Tramite la acción ejecutiva conforme a los principios de efectividad, acceso a
la justicia y prevalencia del derecho sustancial.
(iii) Se abstenga de imponer interpretaciones restrictivas de la caducidad
incompatibles con la Constitución.
5. ADVERTIR al Tribunal accionado que la ejecución de las sentencias judiciales
constituye una obligación constitucional reforzada y que su desconocimiento
vulnera derechos fundamentales.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que fue parte dentro de un proceso ordinario adelantado ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en contra del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC, el cual culminó con la sentencia condenatoria en contra de dicha
entidad proferida el 20 de mayo de 2009.
Sostuvo que, con el fin de obtener la efectividad material de dicha sentencia, promovió
demanda ejecutiva contra el INPEC.
Adujo que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico,
autoridad que, mediante auto de 21 de octubre de 2025, rechazó de plano la demanda
ejecutiva por caducidad, con fundamento en normas del Decreto 01 de 1984 2 y en
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, sin realizar una integración normativa con el Código General del
Proceso4, pese a tratarse, según afirma, de un trámite de naturaleza eminentemente
ejecutiva.
Señaló que el tribunal accionado desconoció que, de conformidad con el artículo 306 del
CPACA, en los aspectos no regulados expresamente por dicha normativa debe acudirse
de manera supletoria al CGP, en particular en lo relacionado con la naturaleza, el trámite
y los principios que rigen la acción ejecutiva.
Continuó relatando que el 12 de diciembre de 2025 el Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió una nueva providencia en la que dispuso “estarse a lo resuelto”, con fundamento
en la ejecutoria del auto del 21 de octubre de 2025, sin realizar un control de
constitucionalidad ni corregir el defecto sustantivo advertido, lo que, a su juicio, consolidó
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Finalmente, sostuvo que las decisiones cuestionadas configuran una vía de hecho
judicial, en tanto desconocen la jerarquía normativa, aplican de manera fragmentaria el
ordenamiento jurídico y privilegian un rigorismo procedimental que sacrifica el derecho
sustancial en contravía de la Constitución.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante adujo que el tribunal accionado
vulneró el debido proceso al rechazar la acción ejecutiva aplicando normas del CCA y del
CPACA, sin integrar el CGP, que debía aplicarse de manera preferente y más favorable.
A su juicio, se trasladó indebidamente la figura de la caducidad a un proceso ejecutivo
2 En adelante CCA.
3 En adelante CPACA.
4 En adelante CGP.
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judicial, pese a que el régimen aplicable prevé la prescripción, lo que implicó un defecto
sustantivo y procedimental.
Afirmó que esta decisión desconoció la ley vigente y el precedente constitucional,
generando un formalismo excesivo que impidió la ejecución de una sentencia judicial
ejecutoriada.
En consecuencia, considera que la providencia configura una vía de hecho y vulnera el
derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de diciembre de 20255 y correspondió por reparto a la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que, por auto de 19 de
diciembre de 20256 la admitió y dispuso notificar7 a la Subsección “B” de la Sala de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, como autoridad judicial accionada.
De igual forma, requirió al tribunal para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 08001 23 31 000
2008 00283 00.
3.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico8 allegó informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por cuanto no se cumplen los requisitos generales de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
Adujo que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad, por cuanto el
accionante contaba con los recursos de reposición y apelación contra las providencias
cuestionadas y, pese a ello, no los ejerció. En ese sentido, la tutela no puede emplearse
como un mecanismo alternativo para reabrir el debate procesal.
Asimismo, sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, pues los
argumentos del accionante se dirigían exclusivamente a controvertir la interpretación
jurídica adoptada por el juez natural respecto de la caducidad y la normativa aplicable,
sin evidenciar la vulneración de derechos fundamentales.
De igual forma reiteró que la acción ejecutiva se encontraba caducada, en tanto el término
para promover la ejecución de una sentencia es de cinco años contados desde la
exigibilidad de la obligación, conforme al régimen aplicable del Decreto 01 de 1984, plazo
que ya había sido superado.
Finalmente, se advirtió que el accionante no identificó la configuración de algún defecto
específico en las providencias cuestionadas que habilitara la intervención del juez de
tutela.
5 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08067 00.
6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08067 00.
7 Esta orden se cumplió el 14 de enero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 08067 00.
8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Accionante: Edwin Mayorga Díaz
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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 2 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Advirtió que, el demandante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios disponibles,
pues podía interponer el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda,
conforme al artículo 243 del CPACA. Dicho recurso era idóneo para que el superior
jerárquico revisara la legalidad de la decisión cuestionada.
Indicó que no se configuró un perjuicio irremediable que permitiera flexibilizar el análisis
de procedibilidad, ya que el accionante no acreditó una situación de vulnerabilidad ni un
daño inminente que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.
En consecuencia, al existir un medio ordinario de defensa judicial idóneo y no
demostrarse la vulneración evidente de derechos fundamentales, concluyó que la acción
de tutela no podía sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos, razón
por la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó y solicitó que
se revoque la sentencia, se amparen los derechos fundamentales solicitados y se deje
sin efectos las providencias acusadas.
En sustento de su impugnación, argumentó que el CGP debe aplicarse de manera
prevalente y obligatoria en los procesos ejecutivos, incluso en la jurisdicción contencioso-
administrativa, desplazando así la caducidad prevista en el CCA o en el CPACA. A su
juicio, el régimen aplicable es el de prescripción del CGP, el cual no permite rechazar de
oficio la demanda ejecutiva, por lo que la decisión del Tribunal habría incurrido en un
defecto sustantivo y vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia.
Frente al requisito de subsidiariedad, sostuvo que la sentencia de tutela erró al exigir el
agotamiento del recurso de apelación, pues al tratarse de un proceso ejecutivo de mínima
cuantía, el CGP lo establece como de única instancia, haciendo inexistente dicho recurso.
Por tanto, imponer esa carga resultaría imposible y contraria al debido proceso, lo que
tornaba procedente la acción de tutela ante la ausencia de medios ordinarios de defensa.
Reiteró que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al rechazar la demanda con
fundamento en normas de caducidad del CCA o del CPACA, siendo que el CGP, como
estatuto prevalente en materia ejecutiva, desplaza esas disposiciones y provee la
prescripción como única figura extintiva aplicable.
Por todo lo anterior, concluyó que al aplicar una norma improcedente y privilegiar
formalidades superadas, la autoridad judicial vulneró el derecho de acceso a la justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial, situación que debe ser corregida por
el juez de tutela.
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Accionante: Edwin Mayorga Díaz
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5.2. Por auto proferido el 4 de marzo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 6 de abril de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. El señor Edwin Mayorga Díaz, hoy accionante, presentó demanda ejecutiva contra
el INPEC con el propósito de que se librara mandamiento de pago a su favor, con
fundamento en la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo que dispuso su
destitución y ordenó a dicha entidad pagar todas las prestaciones sociales, sueldos y
demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro del servicio hasta cuando se
hiciera efectivo su reintegro.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico que,
mediante providencia de 21 de octubre de 2025, resolvió lo siguiente:
1. Rechazar la solicitud de cumplimiento de sentencia presentada por el señor
Edwin Mayorga Díaz, contra el INPEC, por operancia del fenómeno extintivo
de la caducidad de la acción ejecutiva.
6.2.3. Mediante providencia de 12 de diciembre de 2025, el citado tribunal resolvió lo
siguiente:
9 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08067 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08067 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 08001 23 31 000 2008 00283 00.
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ESTARSE a lo resuelto en auto del 21 de octubre de 2025, mediante el cual se
rechazó la solicitud ejecutiva presentada por el señor Edwin Mayorga Díaz contra
la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario – INPEC.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable16.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial17: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
16 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
17 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable18.
6.3.1. Caso concreto
En el caso sub examine, el accionante controvierte las providencias del 21 de octubre y
12 de diciembre de 2025, proferidas por el Tribunal, mediante las cuales se rechazó la
solicitud de cumplimiento de la sentencia presentada por aquel, al considerar que había
operado la caducidad de la acción ejecutiva promovida dentro del expediente con
radicado núm. 08001 23 31 000 2008 00283 00. En consecuencia, pretende que se dejen
sin efectos dichas providencias y se dé curso a dicha acción.
El juez de tutela de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante no interpuso el
recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda y tampoco acreditó un
perjuicio irremediable, por lo que la tutela no podía sustituir los medios ordinarios de
defensa judicial.
En su escrito de impugnación, el accionante manifestó que el CGP es el régimen aplicable
al proceso ejecutivo, lo que excluiría la caducidad y haría inexistente el recurso de
apelación por tratarse de un asunto de mínima cuantía. Con fundamento en ello, sostuvo
que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo al rechazar la demanda, lo que
tornaría procedente la acción de tutela para proteger su derecho al acceso a la
administración de justicia.
Bajo ese contexto, la Sala considera que en el presente asunto no se cumple con el
requisito general de subsidiariedad, como bien lo señaló el a quo, por cuanto el
accionante no acreditó haber hecho uso de los medios de defensa judicial que tenía a su
alcance para controvertir las providencias que ahora se acusan por vía de la acción de
tutela.
En cuanto al cargo del estatuto procesal aplicable, la Sala no comparte el argumento del
accionante según el cual el CGP rige el trámite de la demanda ejecutiva. Si bien esta
constituye un proceso nuevo e independiente, fue presentada bajo la vigencia del
CPACA, que como estatuto especial prevalece sobre el CGP, pues este último solo aplica
de manera supletoria en aquellos aspectos no regulados por aquel, conforme lo dispone
el artículo 306 del CPACA19.
En cuanto a la competencia del tribunal para conocer de la demanda ejecutiva, el numeral
6 del artículo 152 del CPACA20 dispone que esta se determina por el factor de conexidad,
18 Sentencia T-150 de 2016.
19 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
20 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya
conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el
trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas
en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los
casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a
la cuantía. (Se destaca)
Igualmente, de, los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. […]”
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sin atención a la cuantía, lo que descarta que el proceso sea de única instancia. En ese
orden de ideas, contra el auto que rechazó la demanda ejecutiva procedía el recurso de
apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 243 del CPACA21,
recurso que constituía el medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir la decisión
cuestionada.
Finalmente, la parte actora no alegó ni acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que permita la procedencia transitoria de la solicitud de amparo, por lo tanto, se
confirmará el fallo de tutela de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, por las razones expuestas
en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 7 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
21 “Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.”
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