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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08071-01

Fecha
9 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08071-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, 19 Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01 Accionante: Edilma Chavarriaga Romero Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión seguridad jurídica y debido proceso de la señora Edilma Chavarriaga Romero, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 16 de junio de 2025, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, resolvió, en segunda instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) [expediente 05001-33-33-017-2017-00305-01], en el sentido de confirmar la providencia del 28 de noviembre de 2019, con la que el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Medellín desestimó todas las pretensiones. TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte un nuevo fallo en el aludido asunto ordinario, teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión. CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08071-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-08071-011
Accionante : Edilma Chavarriaga Romero
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Vinculados : Leticia Ospina Ospina y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sustitución de asignación de
retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) a cónyuge supérstite
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del 22 de enero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado3, que declaró la improcedencia de la tutela por falta de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela, y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

3. La señora Edilma Chavarriaga Romero, mediante apoderado judicial, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a «la igualdad, el mínimo vital, la seguridad social, tutela judicial efectiva, acceso
a la administración de justicia, seguridad jurídica, debido proceso, la dignidad humana y el derecho

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del Circuito
de Medellín.
3
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

al trabajo», presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Sexta de Decisión.

4. Por consiguiente, solicitó lo siguiente:

[…]
1. Que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Sala Sexta de Decisión
Oral, incurrió en vía de hecho y, por tanto, deberá declararse la nulidad o dejar sin
efectos, la sentencia del 16 de junio de 2025, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por EDILMA CHAVARRIAGA ROMERO.

2. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Sala Sexta de
Decisión Oral o quien haga sus veces, dictar nueva sentencia con los lineamientos
que se fijen en la providencia que resuelva la presente acción. Subsidiariamente, le
solicito al Honorable Consejo de Estado, dicte la correspondiente sentencia de
reemplazo.

1.3. Hechos4

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la
tutela, se puede evidenciar que, el 21 de enero de 1966, la señora Edilma
Chavarriaga Romero contrajo matrimonio con el señor Miguel Ángel Betancur
Laverde. De esa unión nacieron cuatro hijos actualmente mayores de 25 años.

6. El señor Betancur Laverde era beneficiario de la asignación de retiro reconocida
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) desde el 4 de
junio de 1977. Después del deterioro de su salud mental e internación en un centro
especializado, aquel falleció el 17 de septiembre de 2015, momento para el cual
su sociedad conyugal con la accionante seguía vigente, pese a que, se habían
separado de hecho en 1984. En concepto de la parte actora, dependía de los
ingresos del causante, al punto que figuraba como su beneficiaria ante el Sistema
General de Salud.

7. Debido a la alegada dependencia, la accionante solicitó ante CASUR el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro que venía disfrutando
su cónyuge. La señora Leticia Ospina Ospina, que compareció en calidad de
compañera permanente del extinto agente, reclamó lo mismo. En consecuencia,
el trámite de sustitución fue suspendido por la entidad a través de la Resolución
núm. 6290 del 24 de agosto de 2016, en tanto consideró necesario primero dirimir
la controversia legal presentada entre ambas solicitantes.

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

8. Por lo anterior, la señora Chavarriaga Romero presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución núm. 6290 de 2016, para que se declarara su nulidad y se le ordenara
a la entidad demandada el reconocimiento y pago indexado de la totalidad de la
sustitución de la asignación de retiro.

9. El proceso con radicado 05001-33-33-017-2017-00305-00 fue acumulado con
otro proceso (Rad. 05001-33-33-034-2017-00008-00) iniciado por la demandante
Leticia Ospina Ospina, con iguales pretensiones. Esta última aseguró haber
convivido, de manera pacífica, efectiva, continua e ininterrumpida, por más de 48
años, con el causante, con quien tuvo además dos hijos. Desmintió la unión con
la señora Edilma Chavarriaga Romero, quien se habría separado de cuerpo con
su compañero, y, desde hace más de 33 años, estaría conviviendo en unión libre
con otra pareja.

10. En sentencia de primera instancia, del 28 de noviembre de 2019, el Juzgado
Diecisiete (17) Administrativo de Medellín negó las pretensiones de ambas
demandas acumuladas. Como fundamento de esa decisión, expuso que:

[…] la sola relación entre dos individuos, para el caso entre los señores Edilma
Chavarriaga y Miguel Ángel Betancur Laverde, o respecto de este último y Leticia
Ospina, no resulta suficiente para que éstas puedan acceder a la sustitución de la
asignación de retiro que en vida percibía el causante, pues se hace necesario el
cumplimiento de los requisitos señalados por la normativa especial de la fuerza
pública, en consonancia con lo dispuesto por el Consejo de Estado en procesos
donde se comparten similares fundamentos fácticos a los aquí ventilados.

En el presente, si bien se presentaron […] testimonios […] con el propósito de
acreditar la convivencia entre los cónyuges durante los últimos 5 años de vida de
Betancur Laverde, no se cumplió con dicha finalidad, pues los testigos fueron
concordantes en afirmar que la relación entre la pareja, con posterioridad a la
separación de cuerpos que se dio en el año 1984, era solo de amistad; lo cual
además fue puesto en entredicho por las testigos Marta Cecilia Betancur Laverde y
Mónica Castañeda Osorio, la primera de las cuales señaló que Edilma nunca visitó
al agente retirado y la segunda refirió que no se hablaban.

En ninguna de las declaraciones, los deponentes les reconocieron la intención y
concreción de una vida marital común, ni el acompañamiento sentimental y
económico. La misma Edilma Chavarriaga señaló que “quedaron de amigos” y que
a los tres años de haberse separado conoció a otra persona que se convirtió en su
pareja y con quien tuvo una hija llamada Luisa Fernanda; sin que se dejara entrever
por ella o por cualquiera de los testigos, que llevara una vida de pareja, a la par,
con Miguel Ángel. En idéntico sentido, la señora Consuelo Agudelo indicó que
Edilma no se separó de Miguel Ángel en amistad, pues siempre estuvo pendiente
de él y cuando venía a Medellín “conversaban, eran amigos”, más en lo íntimo,
cuando se separaron conoció a un señor y se puso a vivir con él. Además, refirió
que los últimos 5 años Edilma los ha vivido en Bogotá con su nuevo compañero […]
y que durante la instancia de este último en el Hogar Mi Feliz Senectud la misma lo
visitaba y estuvo pendiente de sus necesidades, durante el últim o año de vida del
Agente, resulta indiscutible que la convivencia fue nula.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

[…].

11. En desacuerdo con la decisión, ambas demandantes interpusieron recurso de
apelación. La señora Chavarriaga Romero planteó en su memorial que, (i) el
Juzgado asumió equivocadamente que se dio una convivencia simultánea durante
los últimos cinco años de vida del causante, pues, en realidad, convivió con él,
bajo un mismo techo e ininterrumpidamente, hasta 1984 (por más de 40 años), y,
posteriormente, hubo separaciones temporales justificadas por el maltrato del
causante, en las que, sin embargo, persistió el acompañamiento y la solidaridad
mutuos; (ii) cumple los requisitos legales para acceder a la sustitución, conforme
con el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, según el que, en caso de convivencia
sucesiva, la cónyuge debe acreditar que convivió por cinco años, en cualquier
época, para que se divida el derecho en proporción al tiempo convivido (en
comparación con el de la compañera permanente); y (iii) los 18 años de
convivencia reconocidos por el juez, entre 1966 y 1984, permitieron que el fallecido
obtuviera su derecho a la asignación de retiro, sentido verdadero de la norma
apoyado por la jurisprudencia de las altas cortes, que difiere del requisito adicional
introducido por la autoridad judicial referente a la pérdida del derecho por no
acreditarse necesidad económica para el momento del deceso.

12. En sentencia de segunda instancia, del 16 de junio de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó integralmente la sentencia del a quo. Para
ello, la autoridad judicial expuso que no encontró probado el tiempo de convivencia
entre el causante y la señora Chavarriaga Romero porque:

[…] si bien se dio una convivencia incluso superior a los cinco (5) años, entre la
fecha de su matrimonio el 31 de enero de 1966 y la separación de cuerpos en el
año 1984, […] encuentra este Tribunal que no se logró probar por la señora Edilma
Chavarriaga la titularidad del derecho pensional que reclama, pues, al margen de
los planteamientos jurisprudenciales expuestos frente al término de convivencia por
cinco (5) años en cualquier tiempo, y con ello, las distintas posiciones
jurisprudenciales al respecto, especialmente por el órgano de cierre de esta
jurisdicción, al encontrarnos frente a un conflicto de titularidad de la sustitución
pensional, no se cumplió con la carga de la prueba que le asiste a la demandante,
y no logró acreditar los elementos que deben ser valorados como el auxilio, apoyo
mutuo, convivencia afectiva, comprensión y vida común.

[…]

13. En la tutela, la actora alega que los jueces de instancia negaron el
reconocimiento de la sustitución a la que tenía derecho, pese a que ella cumplió
con los requisitos exigidos por la ley, esto es, (i) vínculo matrimonial vigente y (ii)
convivencia por más de cinco años en cualquier tiempo. En su concepto, el Tribunal
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

incurrió así en los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente, y
violación directa de la Constitución.

14. Primero, afirmó que, el Tribunal aceptó que ella acreditó más de cinco años de
convivencia con el difunto, pero afirmó, de manera imprecisa que, «el órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso administrativa no tiene un criterio definitivo sobre el requisito de
convivencia en cualquier tiempo», cuando, por el contrario en providencia del 8 de

noviembre de 2024 de esta la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado5, se afirma que «la convivencia válida para reclamar el derecho pudo haber ocurrido en
cualquier tiempo porque la separación de hecho o la interrupción temporal de la cohabitación, no
son causales legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no
extingue el derecho a la sustitución pensional». Además, «la propia Ley 797 de 2003 permite que
la cónyuge separada de hecho pueda acreditar los 5 años de convivencia en cualquier tiempo.
Aspecto que ha sido recalcado por las Altas Cortes, especialmente en las sentencias SU- 453 de
2019, C-336 de 2014 y C-515 de 2019, entre muchas otras».

15. Segundo, la actora alegó que se desconoció el precedente judicial porque las
altas cortes tienen una «pacífica y reiterada jurisprudencia en relación con la convivencia de la
cónyuge con vínculo matrimonial vigente», para lo cual trajo a colación las decisiones que

exponen esa regla jurídica. Así, no es cierto, como se asegura en la providencia
atacada, que el Consejo de Estado haya impuesto requisitos adicionales a la
cónyuge supérstite. Finalmente, explicó que, la actuación del Tribunal es violatoria
de los artículos 1, 13, 25, 29, 48 y 53 superiores.

1.4. Contestaciones de la acción

1.4.1. Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral del Circuito6

16. Aportó una copia del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Chavarriaga Romero. Al respecto, consideró
importante aclarar que, en la demanda que estudió, la parte actora omitió el hecho
de que, en 1988, inició una relación sentimental con una persona distinta a Miguel
Ángel Betancur Laverde, con quien tuvo una hija y conformaba un hogar en Chía
para la fecha de deceso del causante. Así, aseguró que los antecedentes
jurisprudenciales citados en su providencia del 28 de noviembre de 2019, y no los
referidos por la accionante, se acompasan con el caso estudiado.

5
Proceso con radicado núm. 25000-23-42-000-2019-01409-01 (5826-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12, archivo 14.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

1.4.2. Tribunal Administrativo de Antioquia7

17. Expuso que, la tutela no reviste relevancia constitucional, por cuanto su decisión
del 16 de junio de 2025 estuvo suficientemente argumentada, partiendo de un
análisis legal, probatorio y jurisprudencial del caso sometido. Así, lo que busca la
tutelante es convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia para
reabrir nuevamente el debate jurídico zanjado.

1.4.3. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional8

18. Alegó que no están llamados a prosperar los cargos de amparo de presunta
vulneración de derechos fundamentales, por cuanto los fallos judiciales son
congruentes y las demandantes no lograron probar su calidad de beneficiarias.
Agregó que la sentencia de segunda instancia analizó en debida forma la norma
aplicable al caso concreto y el precedente judicial, por lo que no se vulneró ningún
derecho fundamental.

1.5. Providencia impugnada9

19. Mediante sentencia del 22 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional. Adujo que, si bien la controversia propuesta
surge de que la autoridad judicial accionada presuntamente no valoró el criterio
establecido por las altas cortes sobre el requisito de convivencia en cualquier tiempo
para acceder a la sustitución pensional, además que le exigió acreditar otros
aspectos como la ayuda mutua, convivencia afectiva, comprensión y vida común, el
Tribunal sustentó razonablemente su decisión, pues encontró que, las pruebas
testimoniales demostraron que solo hubo una relación de amistad entre la señora
Chavarriaga y el causante con posterioridad al año 1984, cuando se dio la
separación de cuerpos.

20. Agregó que «la presunta configuración del defecto del precedente judicial tampoco cumple
con la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a
citar unas sentencias que hacen alusión al cumplimiento de los requisitos y acceso a la sustitución

7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13, archivo 17.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 18, archivo 28.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 20.
6

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Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

pensional, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto y en el
caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado».

1.6. La impugnación10

21. Inconforme con esa determinación, la tutelante impugnó el fallo de primera
instancia. Entonces, aseguró que (i) de manera equivocada se analizó el requisito
de la relevancia constitucional, pues, la discusión compromete la existencia de un
derecho fundamental que permite la subsistencia de la accionante por la incorrecta
aplicación de las normas vigentes por el juez natural; (ii) el a quo omitió pronunciarse
sobre la interpretación y aplicación correcta de la regla jurídica contenida en la
sentencia del 8 de noviembre de 2024 de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado; y (iii) no tuvo en cuenta lo alegado en cuanto al
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia sobre la pensión de sobreviviente cuando quien la reclama es la cónyuge
supérstite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2. La acción

23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de

10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 26.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7

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cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

24. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del 16 de junio de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia en el sentido de
negar todas las pretensiones de la demanda presentada por la señora Edilma
Chavarriaga Romero (expediente 050013333-017-2017-00305-01 acumulado con
050013333-034-2017-00008-01) y, en caso afirmativo, si se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, seguridad social, tutela judicial
efectiva, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, debido proceso,
dignidad humana y trabajo invocados en la solicitud de amparo, al configurarse un
defecto sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y la violación directa
de la Constitución.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

25. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

26. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción
de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del
principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la
forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

27. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
8

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calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

28. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

29. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

30. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
9

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quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

31. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

32. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

33. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, en principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales15, rectificó su

15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2

10

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posición mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que,
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos17.

2.5. Caso concreto

34. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos a la igualdad, mínimo vital, seguridad social, tutela judicial efectiva,
acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, debido proceso, dignidad
humana y trabajo invocados en la solicitud de amparo, al configurarse un defecto
sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la
Constitución, por la indebida interpretación de los requisitos de la Ley 923 de 2004
para el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional a la cónyuge
supérstite, (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues
se trata de una sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada, (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores, (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 1 de julio de 202518 y la solicitud
de amparo se radicó el 18 de diciembre de 2025, es decir, dentro de los seis meses
siguientes, y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

35. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo por

de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
18
Visible en el expediente electrónico del proceso 05001-33-33-017-2017-00305-01 en SAMAI, índice 16, según el cual se
notificó electrónicamente el 19 de junio de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes,
esto es, el 25 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
11

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desconocimiento del precedente judicial, en tanto el desacuerdo planteado radica
en la interpretación de los requisitos para el reconocimiento del derecho que tiene
la cónyuge supérstite a la sustitución de la asignación mensual de retiro, a la luz de
las decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado. Se descarta el estudio de la supuesta violación directa de la
Constitución, en tanto su análisis supone acreditar que la autoridad no aplicó una
norma ius fundamental o que el juez obvió aplicar una excepción de
inconstitucionalidad alegada en el proceso19, mientras que la accionante se limitó a
señalar que se desconocieron los artículos 1, 13, 25, 29, 48, y 53 superiores.

2.5.1. Defecto sustantivo

36. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

37. La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez.
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de
una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 21.

38. En el sub lite, la accionante argumenta que se configuró un defecto sustantivo
porque, si bien el Tribunal reconoció que la demandante demostró una convivencia
superior a los cinco años con el difunto, negó el reconocimiento pensional solicitado:

19
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) y SU-024 de 2018 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger).
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12

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[l]a providencia se afinca en una premisa imprecisa, pues según la Sala: “el órgano
de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa no tiene un criterio definitivo
sobre el requisito de convivencia en cualquier tiempo, y así se dejó expresado en la
parte considerativa de esta providencia[.]

➢ Para hacer esa afirmación la Sala se apoya en la sentencia del 8 de noviembre de
2024 de la Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, radicado único nacional 25000-23-42-000-2019-01409-01 (5826-
2022).
➢ Al leer detalladamente esa providencia, se puede apreciar nítidamente que,
contrario a lo afirmado por el Tribunal, el Consejo de Estado sí tiene clara la postura
de la convivencia de la cónyuge separada de hecho, pues expresamente en el
considerando 23 indica claramente lo que sigue:

“23. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a)
según la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero
permanente deben probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del
fallecimiento del pensionado para adquirir la sustitución pensional. Sin
embargo, se ha exceptuado de probarla en este tiempo específico al cónyuge
supérstite que conserva el vínculo jurídico conyugal vigente con el causante.
En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar el derecho pudo haber
ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho o la interrupción
temporal de la cohabitación, no son causales legales de terminación,
disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue el
derecho a la sustitución pensional.”

➢ Como puede observarse, el Tribunal se confundió en la interpretación de la
jurisprudencia que le sirvió de apoyo y ello en perjuicio de una persona de especial
protección del Estado, lo cual condujo a la negativa de un derecho fundamental.
➢ Además de lo anterior, la propia Ley 797 de 2003 permite que la cónyuge separada
de hecho pueda acreditar los 5 años de convivencia en cualquier tiempo. Aspecto que
ha sido recalcado por las Altas Cortes, especialmente en las sentencias SU- 453 de
2019, C-336 de 2014 y C515 de 2019, entre muchas otras22.

[…]

39. Para establecer si le asiste razón a la accionante, es necesario referirse a lo
dicho por esta Subsección en la sentencia proferida en el proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01409-01 (5826-2022), relacionada en el mecanismo de
amparo, y, en general, al precedente del Consejo de Estado en esta materia, por
ser la corte de cierre de la jurisdicción contenciosa, cuyas decisiones deben ser
respetadas por los jueces administrativos, y a lo dicho por la Corte Constitucional,
en lo que tenga que ver con el alcance de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados. Se aclara entonces que se descarta, de entrada, el
estudio de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia aquí invocadas, en tanto
no constituyen un precedente judicial vinculante para el caso que nos ocupa.

40. Es pertinente recordar que, en concepto de la Corte Constitucional, reiterado en

22
Se refirió entonces a las sentencias proferidas por esta Corporación en el marco de los procesos con radicado 73001-23-
33-000-2016-00112-01 (6031-2019), 66001-23-33-000-2018-00377-01 (4578-2021), 17001-23-33-000-2021-00313-01 (3220-
2023), 66001-23-33-000-2018-00119-01 (2895-2022) y 25000-23-42-000-2019-01409-01 (5826-2022), y a las sentencias de
la Corte Suprema de Justicia SL2132-2025, SL2028-2025, SL2103-2025 y SL2035-2025.
13

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sentencia SU-380 de 202123, el precedente judicial «es concebido como una sentencia
previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un
pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista
jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben
recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior».

41. Así, en la medida en que el respeto por el precedente propicia la eficacia de
principios centrales del ordenamiento jurídico, como la igualdad de trato por parte
de las autoridades y la seguridad jurídica, es necesario verificar que efectivamente
se hayan dado supuestos de hecho similares en los casos mencionados por la parte
actora. Sea lo primero aclarar que, en este caso, no se probó que, la convivencia
del causante con su cónyuge y su compañera permanente hubieran coincidido
durante todo el matrimonio, por lo que, se tiene que fue una convivencia sucesiva.

42. Esta Sala advierte que las sentencias proferidas por esta Corporación en los
procesos con radicado interno 3220-2023 y 2895-2022 no constituyen un
precedente vinculante, en tanto esas decisiones se enfocaron en precisar los
requisitos que debe cumplir la compañera permanente del causante para poder
acceder a la sustitución pensional, cuando acá se trata de la cónyuge supérstite. En
particular, el segundo caso se ubica en el escenario de la convivencia simultánea
entre compañeras permanentes, cuando en el sub lite hubo una convivencia
sucesiva, con la señora Chavarriaga como cónyuge y la señora Ospina Ospina
como compañera permanente.

43. Por esa distinción entre reglas jurídicas aplicables en caso de convivencia
simultánea o sucesiva, que hacen el artículo 3 de la Ley 923 de 200424 y el artículo
11 del Decreto 4433 de 200425, tampoco se erigen en precedentes las sentencias
de los procesos con radicado 5826-2022 y 6031-2019, pues, aquellos se refieren al
primer supuesto.

44. A diferencia de los anteriores fallos, la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el proceso con radicado 4578-2021 sí constituye
un precedente judicial a tener en cuenta en el caso ahora estudiado. La decisión, si

23
M.P. Diana Fajardo Rivera.
24
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
25
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.
14

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bien se refiere al régimen pensional de la Ley 797 de 2003, concluyó que los señores
Alberto García Quintero y Alba García de García contrajeron matrimonio y vivieron
por lo menos 14 años juntos, y, aunque a la fecha de la muerte causante se habían
separado de hecho, sí cumplieron con el requisito de la convivencia por más de 5
años para el reconocimiento de la sustitución, dando a entender que este puede
acreditarse en cualquier momento y no solo al final de la vida del pensionado.

45. Dicha sentencia se enmarca dentro del precedente sentado por el Consejo de
Estado sobre las reglas de reconocimiento, bajo el régimen de la Ley 923 de 2004,
del derecho a la sustitución pensional en cabeza de la cónyuge supérstite, cuya
convivencia con el causante se ha interrumpido de hecho.

46. En particular, en sentencia del 31 de agosto de 202326, esta Subsección expuso
el marco jurídico aplicable a las sustituciones pensionales de miembros de la Fuerza
Pública. En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 48 de la Constitución
Política, el Legislador organizó el Sistema de Seguridad Social Integral y unificó los
regímenes de pensiones que existían previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993, al
reglamentar las de vejez, invalidez y sobrevivientes. Sin embargo, en su artículo
279, dispuso que era inaplicable a los miembros de la Fuerza Pública a quienes
exceptuó y autorizó seguir rigiéndose por su propio régimen de pensiones que fue
reglado por la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.

47. La citada Ley 923, en lo que se refiere al reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro, señala lo siguiente:

Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…] tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de retiro
o de la pensión de invalidez:

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro
o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior
a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte
le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

26
Proceso con radicado 13001-23-33-000-2017-00611-01 (2268-2020), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
15

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Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
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48. Esta redacción fue retomada por el Decreto 4433 de 2004, en su artículo 11. De
conformidad con esta norma, si el causante no convivió de forma simultánea con la
cónyuge supérstite y la compañera permanente, y continúa vigente la «unión
conyugal» con separación de hecho, la prestación se divide entre cónyuge y
compañera permanente, siempre que la última acredite haber convivido con el
causante por más de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

49. Al respecto, en el citado precedente27 se hizo el siguiente análisis normativo:

Este apartado de la norma coincide de forma literal con lo que regula el inciso final
del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en el régimen general. La Corte
Constitucional examinó la constitucionalidad de esta norma y encontró justificada la
diferencia establecida en el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge
supérstite separado de hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera
permanente, quien sí debe convivir con el causante los últimos 5 años de su vida. La
Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho y concluyó
que son figuras normativas disimiles que se diferencian también en sus efectos
patrimoniales, por lo que no pueden equipararse. En ese sentido, manifestó que no
existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge tiene una sociedad conyugal vigente
en virtud de la ley y sus efectos impiden que se cree la sociedad de hecho con la
compañera permanente.

50. A su vez, en la referida sentencia C-336 de 2014, la Corte Constitucional explicó
que:

4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la
cual, no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en
principio un trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que
ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho-
cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen
produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la
sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir,
que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un
compañero permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al
estar vigente la del matrimonio.
Es así, como en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo
mutuo acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el
legislador le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia
de una sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida
entre el último compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no
convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma
acusada es constitucional y será declarada exequible.

51. Adicionalmente, en sentencia C-515 de 2019, la Corte estudió la solicitud de

27
Proceso con radicado 13001-23-33-000-2017-00611-01 (2268-2020), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

declaratoria de inexequibilidad de la proposición jurídica del último inciso del literal
b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según el cual «en el supuesto de convivencia no
simultánea, cuando el compañero o compañera permanente acredite haber convivido por un término
superior a los cinco (5) años antes del fallecimiento del causante, la otra cuota parte de la pensión
de sobrevivientes le corresponderá, únicamente, al cónyuge separado de hecho, que mantenga
vigente la unión conyugal y la sociedad conyugal». Al respecto, esa Corporación decidió

que:

70. La vigencia de la unión conyugal o matrimonio -efectos personales- es el criterio
de comparación que los demandantes invocan para intentar demostrar que en el
supuesto de convivencia no simultánea los cónyuges con y sin sociedad conyugal
vigente son equiparables. […]

71. Advierte la Sala que tal planteamiento no supera la etapa preliminar del juicio de
igualdad, que requiere determinar el criterio de comparación a fin de identificar si los
supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de la
misma naturaleza. A esta conclusión arriba la Sala con fundamento en las razones
que se exponen a continuación.

72. En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un
diferente plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial.
Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar
de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de
dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico
y los derechos que de este se derivan. […]

73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante[58]. Sin
embargo, en los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la
compañera o compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro
de los 5 años anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en
ejercicio del amplio margen de configuración en materia pensional (ver supra,
numerales 56 y 57), establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una
condición necesaria para reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite,
que separado de hecho, mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por
los principios que definen la pensión de sobrevivientes[59]. Por lo anterior, es dado
concluir que le asisten razones al legislador para distinguir en situaciones donde no
es posible que el cónyuge acredite la convivencia hasta la muerte del causante –
convivencia no simultánea-, que el cónyuge supérstite acredite la vigencia del vínculo
patrimonial –sociedad conyugal-, que de manera voluntaria decidieron mantener con
el causante, pese a la separación de hecho.

74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma
bajo estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del
causante, no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en
consideración a los efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En
este punto, el artículo 1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad
de bienes subsista, y a falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado
por los bienes establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se
integra por dos tipos de haberes […].

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

52. Esta postura ha sido aplicada por el Consejo de Estado28 al texto del inciso final
del literal b del parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 porque
coincide en su redacción de la Ley 797 de 2003 y porque «[…] la sustitución de la
asignación de retiro se puede equiparar con la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional
previstas en el régimen general de pensiones […]»29.

53. Así, una interpretación que acata la diferencia entre las instituciones jurídicas de
matrimonio y unión marital de hecho y justifica el trato diferencial entre sus
beneficiarios es aquella que predica que el cónyuge supérstite que se separó de
hecho y mantuvo el vínculo conyugal vigente también tiene derecho a la cuota parte
de la pensión, en función de la proporción de tiempo convivido con el causante. En
consecuencia, es cierto, como la alega la accionante, que se ha exceptuado la
obligación de probar la convivencia por lo menos cinco años antes del fallecimiento
del pensionado para adquirir la sustitución pensional cuando el cónyuge supérstite
conserva el vínculo jurídico conyugal vigente con el causante, pues, aquella puede
probarse en cualquier momento.

54. Con base en lo expuesto, se observa que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en su decisión del 16 de junio de 2025, reconoció que:

No se discute por los recurrentes la calidad de cónyuge de la señora Edilma
Chavarriaga Romero, como tampoco la vigencia de la sociedad conyugal de esta y el
causante al momento de su fallecimiento, pese a la separación de hecho registrada
en el año 1984. […] en efecto la señora Edilma Chavarriaga Romero contrajo
matrimonio con el señor Miguel Ángel Betancur Laverde el 31 de enero de 1966, la
procreación en ese matrimonio de cuatro hijos hoy mayores de edad, y la asistencia
de algunos de sus hijos frente a la enfermedad del señor Betancur Laverde, al margen
de los cuestionamientos relacionados con los intereses particulares de estos, los
cuales no son objeto de revisión en este litigio […] [y] se dio una convivencia incluso
superior a los cinco (5) años, entre la fecha de su matrimonio el 31 de enero de 1966
y la separación de cuerpos en el año 1984 […].

55. Sin embargo, la autoridad accionada se apartó del precedente judicial de esta
Corporación en tanto incluyó nuevos requisitos que consideró que la señora Edilma
Chavarriaga debía cumplir, así: «no se cumplió con la carga de la prueba que le asiste a la
demandante, y no logró acreditar los elementos que deben ser valorados como el auxilio, apoyo
mutuo, convivencia afectiva, comprensión y vida común. […] la Sala procederá a la confirmación de
la decisión asumida por el Juez de la primera instancia, en la medida en que, es evidente que la

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Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020; sentencia del 14 de octubre de
2021, Radicado: 68001-23-33-000-2013-01040-01(3700-16); y sentencia del 19 de junio de 2025, Radicado: 25000-23-42-
000-2018-02162-01 (0690-2024).
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Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020; sentencia del 14 de octubre de
2021, Radicado: 68001-23-33-000-2013-01040-01(3700-16); y sentencia del 19 de junio de 2025, Radicado: 25000-23-42-
000-2018-02162-01 (0690-2024).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

actora no convivió con el causante durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de este».

56. En ese orden de ideas, se evidencia que, la providencia objeto de reproche
adolece de defecto sustantivo, comoquiera que, sin mayor fundamento, luego de
reconocer que la accionante cumplió con los requisitos previstos por la Ley 923 de
2004 y el Decreto 4433 de 2004, que se refieren únicamente a la convivencia en
cualquier momento por más de cinco años con el causante y la vigencia del vínculo
conyugal, negó la sustitución pensional en tanto no probó el cumplimiento de un
requisito adicional no previsto ni por el Legislador ni por esta Corporación referente
a las calidades de la vida común durante los últimos cinco años de vida del cónyuge.

57. En consecuencia, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Antioquia
desconoció el precedente judicial aplicable en la interpretación de los requisitos
legales y reglamentarios para el reconocimiento de la sustitución pensional de un
ex miembro de la Fuerza Pública a la cónyuge supérstite, esta Sala encuentra que
dicha autoridad vulneró los derechos fundamentales de la accionante a la igualdad,
seguridad social, seguridad jurídica y debido proceso.

III. DECISIÓN

58. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la
tutelante demostró que la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, lo que impone revocar la sentencia del
a quo que declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional para, en
su lugar, acceder al amparo deprecado.

59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, para, en su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

seguridad jurídica y debido proceso de la señora Edilma Chavarriaga Romero, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 16 de junio de 2025, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, resolvió,
en segunda instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la accionante contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) [expediente 05001-33-33-017-2017-00305-01], en el sentido de
confirmar la providencia del 28 de noviembre de 2019, con la que el Juzgado
Diecisiete (17) Administrativo de Medellín desestimó todas las pretensiones.

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dicte un nuevo fallo en el aludido asunto ordinario,
teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión.

CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08071-01
Accionante: Edilma Chavarriaga Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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