Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08074-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08074-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08074-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08074-01
Demandante: María Camila Salazar Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 30 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08074-01
Demandante: MARÍA CAMILA SALAZAR MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Temas: Contra acto administrativo. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisito general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 12
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora María Camila Salazar Martínez pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al mérito.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la negativa de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura frente
a la solicitud de traslado del cargo que ostenta en propiedad en el Juzgado Tercero de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha a los Juzgados Primero o
Décimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se protejan mis derechos fundamentales al mérito, la igualdad, debido proceso y buena
fe, vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y la Unidad de Carrera Judicial.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas posteriores a la emisión y notificación de sentencia favorable, se ordene a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, emita concepto favorable a mi solicitud de traslado como oficial
mayor municipal del Juzgado Décimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales De Bogotá y Juzgado
Primero Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Bogotá.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
PRIMERA: En el evento que se considere que cuento con otros medios de defensa judiciales, solicito
respetuosamente que se tenga la presente acción de tutela como mecanismo transitorio, conforme al
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artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, para evitar un perjuicio irremediable, como lo es que se ocupe la
vacante del Juzgado Décimo Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Bogotá y del Juzgado
Primero Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Bogotá por otro empleado en propiedad,
perdiendo de esa manera la opción de traslado que por derecho le corresponde.
SEGUNDA: Como consecuencia, se emita sentencia que proteja mis derechos fundamentales y esta
tenga vigencia durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se instauró y que se adelanta ante el Juzgado
Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda con el
Numero de radicado 11001-33-42-053-2025-00148-00.
TERCERA: Que, para el caso concreto se suspendan los efectos del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
modificado por Acuerdo PCSJA22- 11956 del 17 de junio de 2022, con el cual el Consejo Superior de
la Judicatura estableció la tabla de afinidades de traslado de funcionarios y empleados dentro de la
rama judicial, durante el lapso en que dure el proceso contencioso administrativo.
CUARTA: Que se ordene la suspensión de los efectos de los actos administrativos CJO24- 6028 del 11
de septiembre de 2024 y CJR24-0495 del 19 de diciembre de 2024, expedidos por la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, durante el lapso en que dure el proceso contencioso
administrativo.
QUINTA: Que durante el término en que se resuelve la acción impetrada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, no se oferte como opción de sede el cargo – del Juzgado Décimo Municipal
De Pequeñas Causas Laborales De Bogotá y del Juzgado Primero Municipal De Pequeñas Causas
Laborales De Bogotá, por parte del Consejo Seccional de la judicatura de Bogotá y como consecuencia
se suspenda el trámite de solicitudes existentes y futuras para aspirar a dicho cargo en propiedad, ya
sea por elección como opción de sede por aspirantes de lista de elegibles o por solicitud de traslado por
empleados en propiedad. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales del escrito de tutela. Sic a toda
la cita).
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora María Camila Salazar Martínez ostenta en propiedad el cargo de oficial mayor
en el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha.
El 11 de junio de 2024, solicitó ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura su traslado del cargo que ostenta en propiedad a los
Juzgados Primero o Décimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá.
A través del oficio No. CJ024-6028 de 11 de septiembre de 2024, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emitió concepto
desfavorable de traslado al considerar que los despachos judiciales no son afines por
tratarse de una especialidad diferente, decisión que fue confirmada a través de la
Resolución No. CJR24-0495 de 19 de diciembre de 2024.
La accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de
Administración de Carrera Judicial con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que emitieron un concepto desfavorable de su traslado. El asunto se
adelanta bajo el radicado No. 11001-33-42-053-2025-00148-00 y correspondió por
reparto al Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que por auto de 17
de junio de 2025 la admitió y mediante proveído de 27 de agosto de 2025, denegó la
medida cautelar solicitada por la actora.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante manifestó que el concepto desfavorable frente a su solicitud de
traslado vulnera sus derechos fundamentales en la medida en que no se tuvo en cuenta
su experiencia, conocimientos ni desenvolvimiento profesional dado que su experiencia
académica y profesional son en el área laboral, además, el Juzgado Tercero de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Soacha conoce de asuntos laborales en la misma
cuantía que el Juzgado Laboral de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y
actualmente, se desempeña como oficial mayor en provisionalidad en el Juzgado 44
Laboral del Circuito de Bogotá.
Destacó que los argumentos expuestos por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial referentes a que el traslado de funcionarios o empleados procede para funciones
afines, de la misma categoría y para la cual se exijan los mismos requisitos, son
totalmente aplicables a su situación, dado que las funciones como oficial mayor del
Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha son
idénticas o por lo menos similares a las que realiza como oficial mayor de los Juzgados
de Pequeñas Causas Laborales, dado que ambos conocen de procesos laborales en
única instancia.
Adujo que, al haber superado en concurso de méritos para aspirar al cargo de oficial
mayor, demostró tener competencias para poder ser oficial mayor municipal sin importar
la especialidad y dado que participó en un concurso de méritos abierto en el que no se
solicitó especialidad alguna, pudo ocupar el cargo de oficial mayor en el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples.
Señaló que la Unidad dio una argumentación escueta y basada únicamente en la
diferencia de denominación del cargo, sin tener en cuenta que las funciones y
competencias de ambos cargos son las mismas.
5. Intervenciones
La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable con ocasión de la expedición de los
actos administrativos que negaron la solicitud de traslado, los cuales gozan de presunción
de legalidad.
Al respecto, adujo que la acción de tutela resulta improcedente ante la existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo para
controvertir los actos administrativos cuestionados por la accionante.
Afirmó que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales de la
accionante en la medida que la actuación adelantada por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial se desarrolló en estricto cumplimiento del marco constitucional y legal
que regula la figura de traslado de servidores judiciales de carrera y bajo ese supuesto,
el concepto desfavorable de traslado de servidores judiciales de carrera fue emitido en
ejercicio de una competencia reglada, con observancia de los procedimientos previstos
y con motivación clara, suficiente y congruente, fundada en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996 modificado por la Ley 771 de 2002 y reglamentado en el Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017 modificado por el Acuerdo PCSJA-22-11956 de 2022.
Señaló que la Unidad no puede variar los requisitos y presupuestos establecidos por el
legislador en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en los que notoriamente se
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exige acreditar el requisito de especialidad al despacho al que se trasladará y, en ese
orden, no es viable acceder a la solicitud de traslado de la accionante.
El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá a través
de su titular solicitó declarar improcedente la acción constitucional ante la inexistencia de
alguna acción u omisión que se le pueda endilgar.
Advirtió que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-
053-2025-00148-00 que cursa en su despacho, la accionante solicitó declarar la nulidad
de los actos administrativos contentivos del concepto desfavorable de traslado
identificado con el No. CJO24-6028 del 11 de septiembre de 2024 y la Resolución Nro.
CJR24-0495 del 19 de diciembre de 2024, a través de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto y dentro del mismo trámite solicitó la suspensión provisional de los
efectos del concepto desfavorable, medida que fue denegada a través del auto del 27 de
agosto de 2025, sin recurso alguno por parte de la accionante.
Destacó que dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001-33-42-053-2025-00148-00 se han surtido todas y cada una de las etapas
procesales con respeto de las garantías de defensa, contradicción y debido proceso y las
decisiones allí proferidas se han fundamentado en la normatividad aplicable, en análisis
de las pruebas allí aportadas y la jurisprudencia del máximo tribunal contencioso
administrativo.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, por sentencia del 12 de febrero de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad en
razón a que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011, a
través del cual se puede discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, además
de solicitar medidas cautelares.
Afirmó que dicho medio de control es el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la
nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio CJO24-6028 de 11 de
septiembre de 2024 y la Resolución CJR24-0495 de 19 de diciembre de 2024, así como
el respectivo restablecimiento del derecho, proceso que se encuentra en curso.
Frente a la solicitud de la actora tendiente a que el juez intervenga como mecanismo
transitorio mientras el juez de lo Contencioso Administrativo resuelve de fondo el asunto,
señaló que no se encuentran acreditados los supuestos para dicha habilitación en razón
a que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable para que proceda la acción
como mecanismo transitorio, máxime cuando la tutelante no interpuso recurso contra el
auto que denegó la medida cautelar que solicitó en el marco del proceso ordinario.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Adujo que si bien con anterioridad a la presentación de la acción constitucional, radicó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que el juez natural
resolviera de fondo la controversia planteada, promovió la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable dado que mientras se
desarrolla el trámite del proceso administrativo es posible que pierda la opción de
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trasladarse al cargo de oficial mayor municipal en el Juzgado Décimo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá o en el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bogotá, máxime si se tiene en cuenta que existe lista de elegibles
por concurso de mérito y por traslado.
En ese sentido, destacó que no solicita que se cuestione la legalidad de los actos
administrativos, sino evitar un perjuicio irremediable en razón de que dichos cargos
pueden ser ocupados mientras se decide el proceso contencioso administrativo dentro
del cual solicitó medidas cautelares que fueron negadas.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora María Camila
Salazar Martínez.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplir con el requisito general de subsidiariedad, debido a que se
cuestionan actos administrativos de carácter particular que pueden ser controvertidos a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que se
encuentra en trámite.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) de la subsidiariedad en caso de actos administrativos que
ordenan o niegan traslados de servidores públicos y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. De la subsidiariedad en caso de actos administrativos que ordenan o niegan
traslados de servidores públicos
En el caso de actos administrativos que ordenan o niegan traslados de servidores
públicos, la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general y en aplicación del
principio de subsidiariedad, la acción de tutela resulta improcedente porque el
mecanismo idóneo para controvertir la decisión de la administración es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, tal como puede constatarse en las sentencias T-
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653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-338 de 2013, T-060 de 2015, T-159 de
2017, T-302 de 2019, T-468 de 2020, T-252 de 2021, T-149 de 2022 y T-001 de 2024.
Incluso, en la sentencia T-149 de 2023 señaló que en ese procedimiento (el de nulidad
y restablecimiento del derecho), el interesado puede solicitar, además, la suspensión
provisional del acto; es decir, la acción ordinaria se erige como el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas afectadas por la
decisión de traslado.
Sin embargo, también ha adoptado unas reglas jurisprudenciales para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acto administrativo que ordena o niega traslado
de servidor público. Tales circunstancias ocurren cuando (i) el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado y (ii) pese a existir un medio de defensa
judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En el primero
de los casos, la tutela procede como mecanismo definitivo, mientras que, en el segundo,
lo hace como mecanismo transitorio.
La Corte Constitucional también ha precisado que un acto de traslado laboral vulnera o
amenaza derechos fundamentales cuando (i) sea ostensiblemente arbitrario, en el
sentido de que haya sido adoptado sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones
de trabajo; y (ii) afecte de una forma clara, grave y directa los derechos fundamentales
del actor o de su núcleo familiar 1.
Que la decisión sobre el traslado afecta de manera clara, grave y directa los derechos
fundamentales en los siguientes eventos2:
d) La decisión sobre el traslado laboral genera serios problemas de salud,
especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para
brindar el cuidado médico requerido;
d) El traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia;
d) Las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado; y
d) La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y de la
razonabilidad de la carga que se impone con el traslado.
4. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, la Unidad de Administración de Carrera Judicial vulnera sus
derechos fundamentales al haber emitido un concepto desfavorable frente a su solicitud
de traslado del cargo que ostenta en propiedad a los Juzgados Primero o Décimo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, por lo que la accionante solicita
que a través de la acción de tutela se ordene a la entidad accionada emitir un concepto
favorable de traslado.
En ese sentido, la Sala advierte que en últimas, lo que pretende la actora es controvertir
en sede de tutela el Oficio CJO24-6028 de 11 de septiembre de 2024, que emitió un
concepto desfavorable de traslado, y la Resolución CJR24-0495 de 19 de diciembre de
2024, que confirmó dicha decisión.
1 Sentencia T-149 de 2022.
2 Ver Sentencia T-095 de 2013, T-252 de 2021 y T-149 de 2022.
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Bajo ese contexto, la Sala pone de presente, que la acción de tutela se torna
improcedente como mecanismo definitivo en la medida en que la parte actora contaba
con otro medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, que
establece que «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior».
Ese medio de defensa resulta idóneo y eficaz, porque la parte actora puede pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que denegó su solicitud, medida
cautelar ágil y efectiva, que permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia. Incluso, la accionante puede pedir medidas
cautelares de urgencia, que podrían decretarse sin correr traslado al demandado, en el
evento de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión, como lo dispone el
artículo 2343del CPACA.
Ahora bien, la Sala observa que la demandante adelanta el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-42-053-2025-00148-00 que cursa
en el Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el objeto de que se
declare la nulidad del Oficio CJO24-6028 de 11 de septiembre de 2024 que negó el
traslado de la demandante y de la Resolución No. CJR24-0495 de 19 de diciembre de
2024 que confirmó dicha decisión, proceso dentro del cual se admitió la demanda por
auto dictado el 17 de junio de 2025 y en proveído de 27 de agosto de 2025 se denegó la
medida de suspensión provisional solicitada por la actora, sin que la accionante haya
recurrido dicha decisión. Además, una vez revisado el proceso en Samai, se observa que
el expediente se encuentra al despacho para fallo, por lo que se trata de un proceso
dentro del cual no se ha proferido una decisión definitiva, por lo que no le es dable al juez
constitucional entrometerse en la órbita propia del juez ordinario.
La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recurso y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010, señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable ha dicho 4:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
3 Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada
en el auto que la decrete.
4 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
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entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, pese a que la accionante manifestó que existe la
posibilidad de que el traslado no se materialice porque hay una lista de elegibles vigente
y más opcionados por traslado, si bien ello constituye una situación adversa a sus
intereses, no implica la materialización de un perjuicio irremediable, pues lo que se
discute es su derecho al mérito, mismo del que ya goza, máxime si se tiene en cuenta
que su solicitud de traslado es ordinaria y no por razones de salud o seguridad que
pongan en evidencia alguna afectación a su vida o integridad.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora María Camila Salazar Martínez, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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