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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08083-00

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08083-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Esteban Córdoba Orozco, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08083-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: ESTEBAN CÓRDOBA OROZCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / improcedente porque no satisface el
requisito de subsidiariedad, pues el accionante no incluyó en el recurso de apelación los
reparos cuyo pronunciamiento echa de menos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Esteban Córdoba
Orozco contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 18 de diciembre de 2025, el señor Esteban Córdoba Orozco presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia 2, los cuales considera
vulnerados por las providencias del 12 de febrero y del 24 de julio de 2025,
proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en virtud de las cuales
se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
actor contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por haber operado
el fenómeno de caducidad. La demanda se tramitó bajo el radicado 25000-23-42-
000-2024-00553-01 (1179-2025).

Hechos relevantes

2. El 26 de septiembre de 2024, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el señor Esteban Córdoba Orozco demandó a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a fin de que se ejerciera control
de legalidad del fallo de segunda instancia, proferido por el el inspector delegado

1
Que ingresó al despacho para fallo el 21 de enero de 2026.
2
El accionante también consideró desconocido el principio de legalidad.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

regional de juzgamiento REMSA, dentro del proceso con radicado EEMEBOG-
2022-419, a través del cual se confirmó la sanción disciplinaria impuesta en su
contra por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 21 –
REMSA que consistió en destitución e inhabilidad general de 5 años ; así como de
la Resolución 4063 del 4 de diciembre de 2023, por medio de la cual se ejecutó la
sanción disciplinaria; «decisiones notificadas el 27 de diciembre del 2023» 3.

3. Según se narró en la demanda, los actos administrativos cuestionados estaban
viciados de nulidad, pues: (i) el fallo de segunda instancia se profirió por un
funcionario que carecía de competencia, pues cumplía esas funciones en encargo;
(ii) incurrieron en una violación al debido proceso, porque desconocieron el principio
de presunción de inocencia y contenían una indebida apreciación probatoria; (iii)
adolecían de falsa motivación, por indebida tipificación de la conducta y; (iv)
trasgredían los principios de razonabilidad y proporcionalidad, comoquiera que la
sanción fue desproporcionada en relación con la actuación del señor Córdoba
Orozco.

4. A título de restablecimiento del derecho, se solicitó: (i) el reintegro sin solución de
continuidad del demandante al servicio activo de la Policía Nacional en el grado y
cargo que ostentaba al momento de su retiro; (ii) el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta que se efectuara su reintegro; (iii)
el pago de 15 SMLMV como compensación al daño; y, (iv) que se ofrecieran «unas
disculpas públicas (…) en ceremonia especial, como puede ser una relación general
de la Policía Metropolitana de Bogotá, a título de garantía de no repetición».

5. Al proceso se le asignó, inicialmente, el radicado 11001-33-42-067-2024-00322-
00 y correspondió, por reparto, al Juzgado 67 Administrativo de Bogotá, que,
mediante auto del 2 de diciembre de 2024 lo remitió por competencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En dicha Corporación se le reasignó el radicado
25000-23-42-000-2024-00553-00, bajo el cual se tramitó definitivamente.

6. El 12 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, por considerar que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad. Para fundamentar su decisión explicó que, de
conformidad con los elementos de convicción allegados al plenario, pudo establecer
que el acto de ejecución de la sanción disciplinaria fue notificado al demandante el
27 de diciembre de 2023, por lo tanto, el término para interponer oportunamente la
demanda debía contabilizarse a partir del día siguiente, es decir, desde el 28 del
mismo mes y año.

7. Así las cosas, evidenció que, en principio, dicho plazo fenecía el 28 de abril de
2024; no obstante, aquel se suspendió como consecuencia de la radicación de la
solicitud de conciliación extrajudicial, lo que ocurrió el 22 de marzo de 2024, es decir,
faltando 1 mes y 6 días para su conclusión. Empero, el término se reanudó el 22 de
junio de 2024, dado que trascurrieron tres meses después de la radicación de la
solicitud, sin que se llevara a cabo la diligencia de conciliación.

3
Afirmación tomada de la propia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, folio 1.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

8. En tal sentido, contabilizó el plazo que faltaba —1 mes y 6 días—, a partir del 23
de junio de 2024 y, concluyó que este fenecía el 29 de julio del mismo año; no
obstante, la demanda solo se presentó hasta el 29 de septiembre siguiente, cuando
ya había operado la caducidad del medio de control.

9. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, apelación. En esa oportunidad, sostuvo que la tardanza para radicar
la demanda le era atribuible exclusivamente a la Procuraduría, entidad ante la cual
presentó oportunamente la solicitud de conciliación, a la que no se le dio trámite «a
pesar de las visitas y requerimientos»; de manera que, solo fue hasta el 13 de
septiembre de 2024, cuando la Procuraduría Judicial 11 Para La Conciliación
Administrativa De Bogotá le «manifestó» que debía dar aplicabilidad al numeral 3
del artículo 70 de la Ley 2220 de 2022. Adicionalmente, resaltó que, de acuerdo con
«la voluntad del legislador» y el verbo contenido en la referida disposición normativa
—podrá—, el convocante tiene a su discrecionalidad la posibilidad de esperar a la
realización de la audiencia o prescindir de ella para acudir directamente a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

10. Mediante auto del 2 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió no reponer el auto del 12 de febrero anterior y concedió el
recurso de apelación en el efecto suspensivo. Providencia que fue notificada, por
estado, el 4 de abril de 2025.

11. El 21 de julio de 2025, la parte demandante radicó, ante esta Corporación,
memorial contentivo de «ampliación del recurso de apelación», alegando que se
presentaron «hechos nuevos». Adujo que, sumado a todo lo que expuso en el
primer escrito, también evidenció que existió una indebida notificación del acto
administrativo de retiro, pues aquella fue efectuada por un funcionario que carecía
de competencia para hacerlo, comoquiera que no pertenecía a la dependencia de
Talento Humano, ni estaba comisionado para ello.

12. En orden a sustentar lo anterior, manifestó que, el 24 de febrero de 2025,
presentó una petición ante la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional,
a fin de que se le informara: (i) cuáles eran los funcionarios autorizados legalmente
para notificar procedimientos de personal, tales como nombramientos, salidas a
comisión, retiros, etc., (ii) a qué dependencia pertenecen dichos funcionarios y (iii)
cuál era el acto administrativo que los facultaba para ello; solicitud que fue resuelta,
el 12 de marzo de 2025, por el jefe del grupo de retiros y reintegros, quien le informó
que los «grupos de Talento Humano» son las dependencias encargadas de ejecutar
las actividades y procedimientos establecidos desde el nivel central para la
administración del personal uniformado y no uniformado de las policías
metropolitanas o departamentos de policía.

13. En ese sentido, alegó que la notificación de los actos demandados fue indebida
y, por tanto, requirió a la Policía Nacional, mediante petición radicada el 25 de marzo
de 2025, para que efectuara la notificación personal como correspondía. Sin
embargo, como no obtuvo respuesta, se vio obligado a presentar una acción de

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

tutela, la cual fue resuelta por el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, que amparó
el derecho fundamental de petición.

14. El 24 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmó el auto del 12 de febrero de 2025, bajo las mismas consideraciones
que condujeron al a quo a rechazar la demanda.

Pretensiones

15. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

1. Que se amparen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido
proceso del accionante.

2. Que se dejen sin efectos los autos del 12 de febrero de 2025 (Tribunal
Administrativo de Cundinamarca) y del 24 de julio de 2025 (Consejo de Estado).

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitir la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que sea estudiada de
fondo.

Fundamentos de la demanda de tutela

16. Según la parte actora, las providencias del 12 de febrero y del 24 de julio de
2025 adolecen de múltiples irregularidades, a saber: defecto fáctico, sustantivo,
error inducido, desconocimiento del precedente, violación directa a la
constitución y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

17. Para sustentar lo anterior, adujo que el yerro consiste en que, «a pesar de
haberse mencionado», se omitió valorar las resoluciones internas que demostraban
la falta de competencia del funcionario que notificó el acto administrativo de
ejecución de la sanción, pues aquel pertenecía a la «Inspección General» y no a la
dependencia de Talento Humano de la entidad, lo que, a su juicio, configuraba un
vicio por indebida notificación del acto que afectaba directamente el cómputo de la
caducidad del medio de control.

18. En su criterio, en el proceso quedó demostrado que el funcionario que realizó la
notificación del 27 de diciembre de 2023 carecía de competencia para ello y que,
por tanto, dicha actuación no tenía efectos jurídicos válidos, lo que impedía que el
término de caducidad se contabilizara desde entonces. Por tal razón, estimó que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un exceso ritual manifiesto al
declarar la caducidad sin «verificar la validez de la notificación».

19. Además, reprochó que las decisiones judiciales hubieran acogido una
interpretación restrictiva del artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, sin armonizar su
contenido con del artículo 94 ibidem. Igualmente, las acusó de desconocer el
alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional — citó, entre otras, las
sentencias T - 558/2011, T-173/2013 y SU-499/2015— y de privilegiar una
formalidad sobre el fondo del asunto.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

20. En suma, advirtió que la caducidad no podía computarse a partir de una
notificación irregular, sino únicamente desde el momento en que se aquella
practicara válidamente.

Trámite en primera instancia

21. Mediante auto del 19 de diciembre de 2025 4, el despacho sustanciador del
proceso admitió la acción de tutela contra a Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional. Asimismo, ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

22. De igual forma, requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2024-00553-00/01.

Intervenciones

23. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 5 pidió que
se declarara improcedente la acción de tutela, pues no satisface el requisito de
subsidiariedad. Expuso que el demandante reprocha la omisión en el análisis sobre
una supuesta indebida notificación del acto administrativo de retiro, por haber sido
practicada por un funcionario incompetente; sin embargo, aclaró que dicha
controversia no fue propuesta en la apelación, sino que, al contrario, en dicha
oportunidad, el recurrente se limitó a cuestionar exclusivamente el cómputo del
término de caducidad del medio de control, frente a los efectos de la solicitud de
conciliación y al tiempo transcurrido durante ese trámite.

24. En consecuencia, afirmó que en la decisión que se censura la Sala se contrajo
a resolver el problema jurídico planteado en la apelación, estudio que se efectuó de
manera motivada, razonable y conforme a la jurisprudencia de esta Corporación.
De ahí que, a su juicio, la parte actora pretende introducir una controversia ajena a
la propuesta en el proceso ordinario, con el fin de reabrir el debate sobre la
contabilización de la caducidad, pero esta vez con fundamento en una supuesta
indebida notificación del acto de retiro.

25. De conformidad con lo anterior, precisó que la acción de tutela pretende reabrir
una discusión procesal ya concluida y, dado que los argumentos en los que funda
sus reproches no fueron puestos a su consideración de manera oportuna, la
solicitud de amparo deviene improcedente.

4
SAMAI, índice 4.
5
SAMAI, índice 10.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

26. La Policía Nacional 6 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues la acción de tutela se dirige a cuestionar las decisiones judiciales
en virtud de las cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó bajo el radicado 25000-23-42-000-2024-00553-01, sin haber
presentado ningún reproche tendiente a demostrar que, en el marco de sus
funciones y competencias, pudo vulnerar los derechos fundamentales del
accionante.

27. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 7 allegó copia
digitalizada del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2024-00553-00/01.

28. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino pese a que fue
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda 8.

CONSIDERACIONES

Competencia

29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20199.

Problema jurídico y metodología de la decisión

30. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

31. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a las providencias del 12 de febrero
y del 24 de julio de 2025 y si, por consiguiente, la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, al haber
omitido analizar el reproche sobre la supuesta indebida notificación del acto
administrativo de retiro, «a pesar de haberse mencionado».

6
SAMAI, índice 9, documento electrónico con certificado 4F37E297A6B4E93C F6619890807BFD5D
0BEE7455C096120A A400959ED54789A3.
7
SAMAI, índice 14, documento electrónico con certificado 849BC5F8453B485C
B24AECF6D4BADDD7 F247AF5C4780055A 7C7E30AA2EBFFFD0.
8
Fue notificada a la siguiente notificación electrónica:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, el 14 de enero de 2026, tal como se puede observar
en el índice 7 de SAMAI.
9
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

32. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

33. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 2005 10, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una especifica.

34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar 11; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela 12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

35. Legitimación en la causa. El señor Esteban Córdoba Orozco se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicado 25000-23-42-000-2024-00553-00/01, en
el marco del cual se adoptaron las decisiones cuestionadas.

10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
11
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

36. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fueron las autoridades judiciales que profirieron las decisiones del 12 de febrero y
del 24 de julio de 2025 a las que la parte actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

37. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto de segunda instancia
cuestionado fue proferido el 24 de julio de 2025, mientras que la solicitud de amparo
se presentó el 18 de diciembre siguiente. Este término que resulta razonable.

38. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

39. Subsidiariedad 14. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

40. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

41. En el caso concreto, el señor Córdoba Orozco presentó acción de tutela, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por los autos del 12 de
febrero y del 24 de julio de 2025. En virtud de dichas providencias, la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazaron la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por considerar que operó la
caducidad del medio de control.

42. A pesar de que el demandante invocó múltiples defectos para sustentar la
supuesta invalidez constitucional de las providencias cuestionadas, lo cierto es que
el reproche central de la demanda radica en que, en su criterio, las autoridades
judiciales accionadas omitieron pronunciarse frente a la supuesta irregularidad en
la notificación del acto administrativo de retiro, lo que implicaba necesariamente que
la caducidad no pudiera contabilizarse desde ese momento, sino a partir de la fecha
en que esta se realizara en debida forma.

14
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

43. Para sustentar su inconformidad, el demandante indicó que, en razón a una
petición que presentó ante la Policía Nacional el 24 de febrero de 2025, pudo
constatar que el acto administrativo de retiro se notificó indebidamente, pues el
funcionario que la efectuó no pertenecía a la dependencia de Talento Humano de
la entidad; motivo por el cual, el 25 de marzo siguiente, radicó otra solicitud,
requiriendo la notificación adecuada del acto.

44. En ese sentido, aseguró que la indebida notificación impidió que el acto
administrativo produjera efectos jurídicos válidos, lo que «afecta el cómputo de la
caducidad del medio de control». De manera que la omisión de las autoridades
judiciales accionadas de analizar tal irregularidad, así como de valorar las
«resoluciones internas» que demostraban la falta de competencia del funcionario
que realizó la notificación, «a pesar de haberse mencionado», impactaba
negativamente sus derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso.

45. Revisado el expediente ordinario, la Sala advierte que el 12 de febrero de
202515, la Subsección C de la Sección Segunda de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la demanda por considerar que operó la caducidad del
medio de control. Inconforme con la decisión, el señor Córdoba Orozco interpuso,
oportunamente 16, recurso de apelación, mediante el cual alegó que la tardanza para
radicar la demanda no obedeció a su negligencia o falta de cuidado, sino a la entidad
ante la cual radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se abstuvo de
darle el trámite correspondiente; asimismo, sostuvo que, de conformidad con la
voluntad del legislador, en el artículo 70 de la Ley 2220 de 2022, en el evento en
que trascurran más de tres meses después de la radicación de la solicitud, el
convocante tiene a su discreción esperar a la realización de la audiencia o acudir
directamente a la jurisdicción.

46. Así las cosas, lo primero que resulta evidente es que en esa oportunidad el
recurrente se limitó a cuestionar la declaratoria de caducidad con fundamento en
argumentos tendientes a justificar la tardanza, pero nada mencionó respecto de la
supuesta indebida notificación del acto administrativo de retiro.

47. Siguiendo con el análisis del expediente, se evidencia que, mediante auto del 2
de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer la
providencia del 12 de febrero anterior y, consecuentemente, conceder el recurso de
apelación en el efecto suspensivo 17.

48. Para dar trámite a la alzada, el expediente se remitió a esta Corporación y,
posteriormente, se repartió a la Subsección B de la Sección Segunda. En ese
sentido, el asunto ingresó al despacho sustanciador del proceso, el 29 de abril de

15
Auto notificado el 14 de febrero de 2025.
16
El 19 de febrero de 2025.
17
Providencia notificada el 4 de abril de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2025, para proveer sobre el recurso interpuesto el 19 de febrero de 2025 y
concedido por el a quo el 2 de abril del mismo año.

49. Sin embargo, el 21 de julio siguiente, el apoderado del señor Córdoba Orozco
radicó, ante la Sección Segunda de esta Corporación, un escrito que denominó
«memorial de ampliación del recurso de apelación», el cual presentaba, según dijo,
en razón a la ocurrencia de «hechos nuevos» que merecían ser valorados.

50. En el aludido escrito, el demandante alegó que, luego de radicar una petición
ante la Policía Nacional el 24 de febrero de 2025 —es decir, después de proferido
el auto que rechazó la demanda y de radicado el recurso de apelación— constató
que la notificación del acto administrativo de retiro, efectuada el 27 de diciembre de
2023, fue indebida, pues el funcionario que la realizó carecía de competencia para
tal efecto porque no pertenecía a la dependencia de Talento Humano de la entidad.

51. En este punto, valga mencionar que, de conformidad con el artículo 244 del
CPACA, en los eventos en los que el auto se notifica por estado —como
efectivamente ocurrió en el presente asunto—, «el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la
reposición». En otras palabras, el memorial radicado ante el juez de segunda
instancia, transcurridos más de 5 meses después de la notificación del auto que
rechazó la demanda y más de 3 meses después de la comunicación de la
providencia que ordenó no reponer y concedió el recurso de apelación, era
abiertamente extemporáneo e improcedente.

52. Entonces, el juez de segunda instancia no estaba obligado a analizar o
pronunciarse sobre el contenido del memorial radicado el 21 de julio de 2025, pues
los reparos allí expuestos no fueron incluidos en el recurso de apelación que formuló
dentro de la oportunidad procesal adecuada para cuestionar la decisión de rechazo.

53. Es decir, el plazo máximo con el que contaba el señor Córdoba Orozco para
presentar los argumentos que pretendiera incluir en la apelación era (i) dentro de
los tres días siguientes a la notificación del auto que rechazó la demanda, esto es,
hasta el 19 de febrero de 2025, o, a lo sumo, (ii) dentro los tres días siguientes a la
comunicación de la providencia que negó la reposición, es decir, hasta el 9 de abril
de 2025.

54. En ese sentido, mal haría el juez constitucional en reprochar a la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación por no haberse pronunciado frente a
un asunto que no fue puesto a su consideración de manera oportuna, y lo que es
peor, el cual ni siquiera fue concedido por el juez de primera instancia.

55. Por todo lo anterior, esta Subsección considera no superado el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante omitió incluir oportunamente en el recurso de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-00
Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

apelación el debate que ahora pretende introducir por vía de tutela, siendo aquel el
mecanismo judicial idóneo para obtener el pronunciamiento que echa de menos.

56. Con todo, para esta Sala resulta apenas evidente que el objetivo del
demandante es ampliar el término de caducidad, bien bajo el argumento de que no
tuvo culpa en la radicación tardía de la demanda o bien bajo el de la supuesta falta
de competencia del funcionario que llevó a cabo la notificación del acto de retiro; sin
embargo, el asunto sobre la oportunidad procesal para presentar la demanda en el
caso en concreto ya fue definido por los jueces naturales de la causa, con
fundamento en un razonamiento que no merece ningún reproche desde el punto de
vista constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Esteban Córdoba Orozco, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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