Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08083-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08083-01
Accionante: ESTEBAN CÓRDOBA OROZCO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — improcedencia de la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 30 de enero del 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 19 de diciembre del 20252, el a quo admitió la acción constitucional,
y mediante la providencia del 20 de febrero del 20263 se concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El accionante, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela4 en
contra de y a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo por accionante al señor
Esteban Córdoba Orozco, y como accionados a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Además, se dispuso la vinculación como terceros con interés al Ministerio de
Defensa Nacional y a la Policía Nacional. También, se notificó la providencia a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3 Índice 23 Samai.
4 El 18 de diciembre de 2025.
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Accionante: Esteban Córdoba Orozco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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justicia, y el «principio de legalidad».
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a las
providencias del 12 de febrero y del 24 de julio de 2025, proferidas, en su orden,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en virtud de
las cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 5
promovida por el actor contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por haber operado el fenómeno de caducidad.
1.2. Hechos
3. Mediante providencia del 31 de mayo de 2023 proferida por la jefe de la
Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento No. 21, el señor Esteban
Córdoba Orozco fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad
general por un término de cinco (5) años como consecuencia de la investigación
adelantada en su contra y de otro compañero bajo el radicado EEMEBOG-2022-
419.
4. Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, el cual se
resolvió mediante providencia del 19 de julio de 2023 proferida por el inspector
delegado región metropolitana de Policía de la Sabana (E), en el sentido de
confirmar la decisión de primera instancia.
5. El 27 de diciembre de 2023, el señor Esteban Córdoba Orozco fue citado
a la Oficina de Control Interno Disciplinario, donde se le notificó la Resolución
4063 del 4 de diciembre de 2023, por medio de la cual se ejecutó la sanción
disciplinaria.
6. El 22 de marzo de 2024, el accionante presentó solicitud de conciliación
administrativa ante la Procuraduría delegada para la conciliación administrativa
como requisito de procedibilidad para acceder al medio de control judicial de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la que fue repartida a «la Procuraduría
11 quien no realizó actuación, ni convocó a las partes para la audiencia de
conciliación».
7. El 26 de septiembre de 2024 el señor Esteban Córdoba Orozco, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la nulidad del fallo del 31 de mayo de 2023 proferido
dentro del proceso disciplinario identificado con el radicado EEMEBOG-2022-
419, y de la Resolución 4063 del 4 de diciembre de 2023, por medio de la cual
se ejecutó la sanción disciplinaria.
8. El proceso fue repartido inicialmente al Juzgado 67 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que, mediante auto del 2 de diciembre de 2024 lo
5 Con radicado 25000-23-42-000-2024-00553-00/01
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remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se
le asignó el radicado 25000-23-42-000-2024-00553-00.
9. Por medio de auto del 12 de febrero de 2025, la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda, por considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Al
respecto, consideró que, de las pruebas obrantes en el proceso, se evidenciaba
que el acto que ejecutó la sanción disciplinaria fue notificado el 27 de diciembre
de 2023, por lo que el término para interponer la demanda empezaba a contar a
partir del 28 del mismo mes y año, y finalizaba el 29 de julio de 2024.
10. Explicó que, si bien en principio dicho plazo fenecía el 28 de abril de 2024,
se suspendió con ocasión de la radicación de solicitud de conciliación el 22 de
marzo de 2024 cuando faltaba 1 mes y 6 días para su conclusión. No obstante,
como transcurrieron 3 meses sin que se realizara la diligencia, el término se
reanudó el 22 de junio de 2024 y finalizó 29 de julio de 2024. En consecuencia,
como el actor presentó la demanda hasta el 29 de septiembre, operó la caducidad
del medio de control.
11. Inconforme, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación6, en el que sostuvo que la tardanza para presentar la demanda era
atribuible exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación, entidad que
nunca citó a la audiencia de conciliación, y que sólo hasta el 13 de septiembre
de 2023 le «manifestó» que debía dar aplicabilidad al numeral 3 del artículo 70
de la Ley 2220 de 20227, y adicionalmente argumentó que, de acuerdo con «la
voluntad del legislador» y el verbo rector de la norma, el convocante tiene a su
discrecionalidad el acceder directamente a la jurisdicción o esperar a la
realización de la audiencia.
12. Mediante auto del 2 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dispuso no reponer la decisión, y conceder el recurso de
apelación en el efecto suspensivo, el que correspondió por reparto a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado8.
13. El día 21 de julio de 2025, el accionante radicó ante el juez de segunda
instancia «ampliación del recurso de apelación», alegando que se presentaron
«hechos nuevos». Al respecto, indicó que el 24 de febrero de 2025 9, presentó
derecho de petición ante la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional,
en el que solicitó se le informara:
1. Qué funcionarios son los autorizados legalmente para notificar procedimientos
de personal como nombramientos, salidas a comisión, retiros, llamamiento a
6 Presentado el 19 de febrero de 2025.
7 Al respecto, la norma dispone: 3. Cuando vencido el término de tres (3) meses a partir de la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o su prorroga, la audiencia no se hubiere
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la
Jurisdicción ordinaria con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
8 Conformada por los magistrados Jorge Edison Portocarrero Banguera, Juan Enrique Bedoya
Escobar y la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.
9 Después de proferida la providencia de primera instancia.
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calificar servicios, etc...
2. A qué dependencia pertenecen los citados funcionarios de la pregunta del
numeral 1.
3. Cual es la resolución o acto administrativo que faculta a estos funcionarios
realizar este procedimiento.
4. Por favor compartir la resolución o acto administrativo que contempla esa
facultad expresa. [Sic]
14. Adujo que, como respuesta a dicha solicitud, se le informó que los «grupos
de Talento Humano» son las dependencias encargadas de ejecutar las
actividades y procedimientos establecidos desde el nivel central para la
administración del personal uniformado y no uniformado de las policías
metropolitanas o departamentos de policía.
15. En consecuencia, concluyó que en su caso existió una indebida
notificación del acto administrativo de retiro, puesto que fue efectuada por un
funcionario que carecía de competencia para hacerlo, porque no pertenecía a la
dependencia de Talento Humano, ni estaba comisionado para cumplir con la
función10.
16. Mediante providencia del 24 de julio de 2025, notificada el 17 de
septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmó lo decidido por el tribunal de primera instancia bajo las mismas
consideraciones.
1.3. Sustento de la vulneración
17. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir
las providencias aquí controvertidas, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y el «principio de
legalidad», por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, error inducido,
desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución y defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
18. Adicionalmente, presentó un cuadro comparativo con jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que, a su juicio, resulta aplicable
al caso. Dichas decisiones desarrollan el cómputo del término de caducidad, el
cual —según expone— debe iniciarse únicamente a partir de la notificación válida
del acto administrativo.
19. De los argumentos planteados se puede concluir que el yerro central en
que las autoridades accionadas habrían incurrido se concreta en que omitieron
10 Al respecto, el actor informó que luego de dicha respuesta, solicitó a la Policía Nacional que se
le notificara en debida forma el acto administrativo. Sin embargo, la institución guardó silencio,
por lo que presentó acción de tutela en su contra, la cual fue concedida por el Juzgado 43
Administrativo de Bogotá, en el sentido de ordenarle a la Policía Nacional emitir una respuesta
de fondo, «de manera clara, precisa y completa a la petición presentada el día 25 de marzo de
2025». No obstante, no existe prueba en el expediente sobre el trámite adelantado en
cumplimiento de dicha orden judicial, de la respuesta brindada.
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valorar que la resolución que ejecutó la sanción fue notificada de forma irregular
por un funcionario que pertenecía a una dependencia que no tenía la
competencia para hacerlo, por lo que el término de caducidad no podía empezar
a contarse hasta tanto esta no hubiese sido notificada por la dependencia
competente, esto es, la de talento humano y en consecuencia gozara de efectos
jurídicos válidos.
20. Asimismo, el demandante cuestionó que las autoridades judiciales
accionadas adoptaran una interpretación restrictiva de los artículos 5611 y 9412 de
la Ley 2220 de 2022, privilegiando «una formalidad sobre el fondo del asunto».
1.4. Intervenciones
21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado13
señaló que la acción de tutela resulta improcedente, pues lo que el actor pretende
es reabrir un debate ya concluido dentro del proceso ordinario, apoyándose en
argumentos que no presentó oportunamente. Al respecto, indicó que, los
cuestionamientos actuales se fundamentan en una supuesta indebida
notificación del acto administrativo de retiro, asunto que no fue propuesto durante
la apelación y, por ello, no puede ser materia de estudio en sede constitucional.
22. Aclaró que, al resolver la apelación, la Sala se limitó estrictamente al
problema jurídico planteado en esa instancia, el cual versaba únicamente sobre
el cómputo del término de caducidad asociado a la solicitud de conciliación y el
tiempo transcurrido en dicho trámite. Por ello, señaló que la decisión fue adoptada
de manera motivada, razonable y conforme a la jurisprudencia de la Corporación.
23. Finalmente, la entidad precisó que, al no haber sido puestos a
consideración en el momento procesal oportuno, los argumentos utilizados para
sustentar la tutela no pueden ahora servir para reabrir la discusión, de modo que
el amparo deviene improcedente. En consecuencia, la tutela constituye un intento
11 ARTÍCULO 56. Suspensión del término de caducidad o prescripción. La presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que suscriba el acta de conciliación, se expidan las constancias
establecidas en la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses, o la prórroga
a que se refiere el artículo 60 de esta Iey, lo que ocurra primero.
Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
12 ARTÍCULO 94. Cumplimiento del requisito de procedibilidad. En los asuntos conciliables
en los que la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo constituya
requisito de procedibilidad, esta actuación se entenderá surtida en los siguientes eventos.
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán
indicarse expresamente en la constancia las excusas presentadas por la inasistencia, si las
hubiere.
3. Cuando vencido el término de tres (3) meses a partir de la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa;
en este último evento se podrá acudir directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
4. Cuando por virtud de la aprobación ante el juez contencioso administrativo competente el
acuerdo conciliatorio total o parcial no sea aprobado.
PARÁGRAFO. Para los eventos indicados en los numerales 1 y 2 del presente artículo el requisito
de procedibilidad deberá acreditarse mediante la constancia de que trata la presente ley.
13 Índice 10 de Samai, primera instancia.
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por introducir una controversia ajena al debate ordinario ya resuelto.
24. Por su parte, la Policía Nacional14 argumentó que no realizó actuaciones
que pudieran afectar derechos fundamentales del accionante. Por ello, resaltó
que la tutela no formula reproches en su contra y que el cuestionamiento se dirige
exclusivamente contra las decisiones judiciales que rechazaron la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho tramitada bajo el radicado
25000-23-42-000-2024-00553-01. En consecuencia, solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca15 se limitó a remitir copia
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-
42-000-2024-00553-00/01.
1.5. Sentencia de primera instancia
26. Mediante fallo del 30 de enero de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.
27. Después de resumir el requisito, argumentó que, en el caso concreto, el
reproche radica en que, en criterio del accionante, «las autoridades judiciales
accionadas omitieron pronunciarse frente a la supuesta irregularidad en la
notificación del acto administrativo de retiro, lo que implicaba necesariamente que
la caducidad no pudiera contabilizarse desde ese momento, sino a partir de la
fecha en que esta se realizara en debida forma». Ello, por cuanto, con ocasión
de una solicitud que presentó ante la Policía nacional, constató que fue notificado
indebidamente por un funcionario que no pertenecía a la dependencia
competente.
28. Al respecto, adujo que una vez revisado el expediente ordinario, advirtió
que la autoridad de primera instancia rechazó la demanda por operar la
caducidad del medio de control, frente a lo cual el accionante presentó
oportunamente el recurso de apelación, el cual tuvo como sustento que la
tardanza para radicar la demanda es culpa de la Procuraduría, la cual no le dio
trámite a la solicitud de conciliación, y que del artículo 70 de la Ley 2220 de 2022,
se extrae que el convocante «tiene a su discreción esperar a la realización de la
audiencia o acudir directamente a la jurisdicción».
29. Precisó que los argumentos se dirigieron únicamente cuestionar la
declaratoria de la caducidad, que nada se dijo respecto de una supuesta indebida
notificación del acto demandado, y que dicho argumento sólo lo introdujo en
segunda instancia, después de notificado el auto que rechazó la demanda y de
radicado el recurso de apelación, con ocasión de una respuesta a un derecho de
petición que radicó ante la Policía nacional.
14 Índice 9 de Samai, primera instancia.
15 Índice 14 de Samai, primera instancia.
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30. Argumentó que, como el accionante no incluyó dicho argumento en la
oportunidad que dispone el artículo 244 del CPACA respecto al recurso de
apelación contra los autos que se notifican por estado16, «el memorial radicado
ante el juez de segunda instancia, transcurridos más de 5 meses después de la
notificación del auto que rechazó la demanda y más de 3 meses después de la
comunicación de la providencia que ordenó no reponer y concedió el recurso de
apelación, era abiertamente extemporáneo e improcedente», por lo que no
estaba obligado a analizar o pronunciarse al respecto.
31. Por lo anterior, concluyó que era evidente que el objetivo del demandante
era ampliar el término de caducidad, bajo dos argumentos distintos, pero que, sin
embargo, el asunto sobre la oportunidad procesal para presentar la demanda ya
fue decidido por los jueces naturales de la causa, lo cual no merece ningún
reproche desde la vía constitucional.
1.6. Impugnación
32. La parte actora sostiene que la sentencia de primera instancia incurrió en
«defecto fáctico por omisión», por cuanto por un lado «reconoce» que tuvo
conocimiento de la competencia para notificar el 12 de marzo de 2025, pero que
concluye que debió alegarlo en la apelación del 19 de febrero de 2019,
desconociendo que esto era un hecho sobreviniente.
33. Así mismo, expuso que se produjo un «defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de la subsidiariedad», por cuanto la sentencia sostiene
que debió alegar la notificación indebida en la apelación inicial, pero que el
CPACA no prohíbe alegar hechos nuevos en segunda instancia, y la
jurisprudencia lo permite cuando los hechos son sobrevinientes, por lo que aplicó
la subsidiariedad de manera formalista y desproporcionada.
34. También, indicó que existe «desconocimiento del precedente sobre
notificación válida» por cuanto la sentencia ignoró lo dispuesto por el Consejo de
Estado en «Auto de Unificación 2016», en el que se dispuso que «la caducidad
sólo corre desde la notificación válida del acto de ejecución», y lo definido por la
Corte Constitucional en sentencias T-1037/2008, y T-558/2011, que disponen
que «la notificación irregular impide que el acto produzca efectos jurídicos» y «el
principio pro actione exige interpretar las normas procesales en favor del acceso
a la justicia», respectivamente. Por lo tanto, el acto se notificó por un funcionario
sin competencia.
35. Por último, sostuvo que hubo «violación directa de la Constitución», por
vulnerar los artículos 29, 229, y 121, pues al pedirle alegar un hecho inexistente
al momento de interponer la apelación, la Sala «incurre en una exigencia
irrazonable y contraria al precedente constitucional»
16 Artículo 244, numeral 3: el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo
profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o
parcialmente la reposición.
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36. En consecuencia, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia,
que se conceda el amparo, se dejen sin efectos los autos del 12 de febrero y 24
de julio de 2025, y se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitir
la demanda.
37. Encontrándose el expediente al despacho para proferir decisión de
segunda instancia, el día 16 de marzo de 202617, el accionante presentó
memorial en el que solicita se incorpore y valore una decisión proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente con radicado
76001-23-33-000-2020-00818-01.
II. CONSIDERACIONES
38. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo solicitado por no encontrarse acreditado el requisito
de relevancia constitucional, por los motivos que pasan a explicarse a
continuación.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
39. El Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional19, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales20 y a la configuración de algún
defecto especial21 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
40. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
17 Índice 4 del expediente de segunda instancia en Samai.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
20 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
21 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
41. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
42. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
43. La Sala advierte que Esteban Córdoba Orozco está legitimado en la causa
por activa, porque integra la parte demandante dentro del medio de control en el
que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta vía. Por otro
lado, se evidencia que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca están legitimadas en la causa por pasiva por haber proferido las
decisiones cuestionadas a través del presente trámite.
44. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional22, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
45. Como se explicó previamente, el accionante fundamenta esta acción de
tutela en que las autoridades judiciales interpretaron de forma estricta algunos
artículos de la Ley 2220 de 2020 y omitieron valorar su afirmación según la cual
la resolución de ejecución fue notificada de manera irregular por un funcionario
sin competencia. Señala que solo tuvo conocimiento de esa situación cuando
recibió respuesta a una petición elevada ante la Policía Nacional, esto es,
después de que se profirió el auto de primera instancia que rechazó el medio de
control por caducidad y después de haber presentado el recurso de apelación.
46. Al respecto, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante es reabrir
un debate estrictamente legal sobre la caducidad, ya resuelto por los jueces
ordinarios de la causa, apoyándose, de una parte, en lo que, a su juicio, es la
interpretación correcta de los artículos 56 y 94 de la Ley 2220 de 2022 y, de otra,
22 Sentencia SU-215 de 2022.
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en un argumento que no fue formulado en el recurso de apelación, a saber: lo
relativo a la supuesta falta de competencia del funcionario que le notificó el acto
de ejecución de la sanción.
47. En cuanto a lo primero, el cargo del actor no es más que una mera
inconformidad con el criterio interpretativo adoptado por los jueces del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Ciertamente, de la revisión de la
sentencia de segunda instancia, se evidencia que la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación se refirió de forma expresa a los argumentos del
actor sobre el alcance de las disposiciones de la Ley 2220 de 2020, así:
26. Ahora bien, aunque el demandante indicó que la voluntad del legislador
era permitir al convocante de la conciliación escoger, una vez transcurridos
3 meses sin que se hubiese suscrito acta de conciliación o expedido alguna
de las constancias previstas en la ley, entre: i) esperar la realización del
trámite conciliatorio o ii) presentar directamente la demanda ante la
jurisdicción, lo cierto es que dicha interpretación no se desprende del texto
del artículo 56 de la Ley 2220 de 2022. En efecto, esta norma estableció que
la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta
que se configure, entre otras, la siguiente circunstancia «[...] hasta que se
venza el término de tres (3) meses, o la prórroga a que se refiere el artículo
60 de esta ley, lo que ocurra primero», advirtiendo además que dicha
suspensión operaría por una sola vez y sería improrrogable. En
consecuencia, contrario a lo afirmado por el demandante, el supuesto
señalado por la norma no fue concebido como un mecanismo que permitiera
la elección señalada, pues ello conllevaría a prolongar indefinidamente el
trámite conciliatorio, lo que a su vez resultaría contrario al principio de
seguridad jurídica en tanto desconocería los términos para ventilar un asunto
ante un estadio judicial.
27. En el mismo sentido, el artículo 94 de la Ley 2220 de 2022 establece que
el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido, entre otros eventos,
«cuando vencido el término de tres (3) meses a partir de la presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se
hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir
directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con la sola
presentación de la solicitud de conciliación». Aunque la norma emplea la
expresión “se podrá acudir”, ello no implica que el convocante tenga la
facultad de elegir entre continuar esperando la audiencia o presentar la
demanda, sino que con ello se habilita al interesado para acceder a la
jurisdicción sin que se configure un incumplimiento del requisito de
procedibilidad, una vez transcurrido el término de suspensión.
48. En ese orden, las inconformidades del actor en lo concerniente al defecto
sustantivo por la pretendida interpretación irrazonable de los artículos 56 y 94 de
la Ley 2220 de 2020 carecen de relevancia constitucional, en tanto su finalidad
es reabrir un debate jurídico zanjado por los jueces ordinarios, como si se tratase
de una tercera instancia.
49. En relación con el segundo reproche, correspondiente a la indebida
notificación del acto administrativo demandado, para la Sala este tampoco supera
el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones.
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50. Por una parte, resolver acerca de la competencia para notificar un acto
administrativo es un debate que debió ser formulado ante los jueces ordinarios.
Ciertamente, tal discusión no implica un análisis sobre el contenido u alcance de
un derecho fundamental o de alguna disposición del texto superior, sino que se
limita al estudio de cuestiones relativas a las competencias legales y
reglamentarias de las dependencias de la Policía Nacional para efectuar
notificaciones y, a su vez, acerca de la eficacia de los actos administrativos.
Entonces, quienes están llamados a resolver tales cuestiones son los jueces
contencioso-administrativos, y no el juez de tutela.
51. Por otra parte, el actor alega que tal argumento constituye un hecho nuevo
que solo conoció en virtud de una respuesta a una petición que elevó el 24 de
febrero de 2025. Sin embargo, el señor Córdoba Orozco no explicó con
suficiencia por qué la Subsección B de la Sección Tercera estaba obligada a
pronunciarse sobre el memorial de alcance al recurso de alzada, cuyo objeto era
que se validara como hecho sobreviviente una respuesta a una petición que él
formuló incluso con posterioridad a la interposición de los recursos de reposición
y apelación contra el auto de 19 de febrero que rechazó la demanda por
caducidad.
52. Respecto de lo anterior, vale la pena aclarar que al juez constitucional no
le compete calificar si los nuevos argumentos o pruebas allegadas serían o no
sobrevinientes cuando ello no fue objeto de debate en el proceso ordinario.
53. Así, la Sala observa que el debate planteado carece de relevancia
constitucional, pues, como ya se dijo, los argumentos del accionante se limitan a
expresar su inconformidad con la forma en que el juez ordinario contó el término
de caducidad. No obstante, además el actor no explica cómo se vulneraron sus
derechos fundamentales ni desarrolla un enfoque constitucional. Por el contrario,
es evidente que su objetivo es reabrir la discusión ya resuelta, al afirmar que el
supuesto «hecho nuevo» debía modificar el cómputo del término.
54. Adicionalmente, se destaca que la providencia cuestionada fue proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su
condición de órgano de cierre en la jurisdicción contencioso-administrativa, por
lo que el análisis de procedencia es mucho más estricto23; sin que, en este caso,
se evidencie una actuación claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales del accionante que haga necesaria la intervención del juez
constitucional.
55. Finalmente, el día 16 de marzo de 2026, el accionante presentó memorial
en el que solicitó que se estudie una decisión proferida recientemente por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente con radicado
76001-23-33-000-2020-00818-01, que se pronunció frente al conteo del término
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando la notificación del acto administrativo se entiende realizada por conducta
23 Sentencia SU-573 de 2019.
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concluyente. En ese sentido, el accionante en su memorial solicita se estudie y
aplique lo siguiente:
“la notificación por conducta concluyente no consiste únicamente en solicitar unas
copias, sino que exige que efectivamente le sean entregadas con el fin de
conocer el contenido del acto administrativo.”
y que
“el trámite de fijación del edicto se tornó en ineficaz, y, la notificación de los actos
que resolvieron el recurso de reconsideración ocurrió bajo la modalidad de la
conducta concluyente.” [Sic]
56. Sería del caso que la sala se abstuviera de emitir un pronunciamiento al
respecto, en tanto ello no fue objeto de debate en la primera instancia. Sin
embargo, comoquiera que la referida decisión fue dictada con posterioridad al
fallo del a quo de este trámite constitucional, es claro que el accionante no
contaba con otra oportunidad para alegar que dicha providencia fue desconocida.
57. Empero, lo anterior no desvirtúa la falta de relevancia constitucional de la
tutela. Esto, porque el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida
que permita un estudio de fondo, pues se limitó a transcribir apartes de la decisión
citada y a afirmar, de manera genérica, que esta resultaba aplicable al cómputo
de la caducidad en casos de notificación por conducta concluyente.
58. Ciertamente, el actor no explicó, de forma concreta, en qué consistía la
similitud fáctica y jurídica entre la decisión invocada y su situación particular, ni
cuál era la regla de derecho que consideraba trasladable al caso. En
consecuencia, tampoco expuso por qué dicha providencia debía ser entendida
como un precedente obligatorio o relevante para la resolución de su controversia.
De allí que tampoco proceda realizar un estudio de fondo en este punto.
2.2. Conclusión
59. La Sala confirmará la providencia proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del
amparo, por los motivos indicados anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 30 de enero del 2026, dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia del amparo constitucional, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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