Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08089-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08089-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08089-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: VÍCTOR MANUEL LIÑEIRO CORONADO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL- La acción de tutela no debe dirimir controversias de naturaleza económica.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Putumayo.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 17 de diciembre de 2025, Víctor Manuel Liñeiro Coronado, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso efectivo a
la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, con ocasión de la sentencia de segunda instancia
proferida el 24 de julio de 2025, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 1, promovido contra el Departamento del Putumayo, mediante la cual se
revocó la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Mocoa.
1 Proceso identificado con número de radicación: 86001-33-33-002-2020-00092-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:
«PRIMERO. Se TUTELE mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y AL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el cual se vulneró con la Sentencia de segunda
instancia del (24) de julio del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN: 860013333002-2020-00092-01,
misma que fue notificada por correo electrónico el día (25) de julio del año (2025),
con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ
MUSTAFÁ, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida
el día (28) de febrero del año (2023) por el Juzgado segundo Administrativo del
Circuito de Mocoa, en donde resolvió a mi favor y condenó lo siguiente:
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
(Extracto sustraído de la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la
referencia, emanada por el juzgado segundo administrativo de Mocoa)
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (24) de
julio del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho RADICACIÓN: 860013333002-2020-00092-01, misma que fue notificada
por correo electrónico el día (25) de julio del año (2025), con ponencia del Honorable
Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio de la cual
se revocó la sentencia de primera instancia proferida el día (28) de febrero del año
(2023) por el Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que profiera nueva
sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta los
criterios normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera instancia el cual
accedió a todas mis pretensiones.
CUARTO. ORDENAR aplicar a mi caso en concreto el Derecho a la igualdad y la
solicitud previa de aplicación de precedente horizontal».
2. Hechos relevantes
Víctor Manuel Liñeiro Coronado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Departamento del
Putumayo, con el fin de que se accediera a las pretensiones encaminadas al
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, por el pago tardío de sus cesantías parciales, asunto que, según expuso en la
acción de tutela, correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Mocoa.
Indicó que el referido despacho, mediante sentencia de primera instancia del 28 de
febrero de 2023, accedió a las súplicas de la demanda y resolvió el asunto en su
favor, con fundamento en las normas que, a su juicio, resultaban aplicables al caso,
esto es, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, al considerar acreditada la mora en
el pago de las cesantías parciales reclamadas.
Señaló que contra esa decisión se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada y que el Tribunal Administrativo del Putumayo, mediante sentencia del
24 de julio de 2025, revocó el fallo de primera instancia. Expuso que dicha autoridad
sustentó su decisión en una interpretación que asimiló su situación al régimen
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
anualizado de cesantías y, con base en ello, negó la sanción moratoria pretendida,
pese a que, en su criterio, su caso correspondía al retardo en el pago de cesantías
parciales de un servidor público sometido al régimen retroactivo.
3. Fundamentos de la acción
Los fundamentos de la acción de tutela, según lo expuesto en la demanda, fueron
esencialmente cuatro.
En primer lugar, el actor alegó la configuración de un defecto sustantivo. Sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Putumayo incurrió en una interpretación
contraevidente e irrazonable, porque no aplicó las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, que, en su criterio, eran las normas directamente pertinentes para resolver la
controversia sobre la sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales.
Afirmó que la autoridad judicial confundió esa sanción con la prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, propia del régimen anualizado y de la no consignación en
fondos privados, pese a que su caso no versó sobre consignación, sino sobre retardo
en el pago de cesantías parciales dentro del régimen retroactivo.
En segundo lugar, planteó el desconocimiento del precedente judicial. Señaló, de
una parte, que el tribunal se apartó de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-
2018, en la que, según afirmó, el Consejo de Estado reconoció que la sanción
moratoria de la Ley 1071 de 2006 resultaba aplicable a los servidores públicos. De
otra parte, invocó de manera expresa el precedente horizontal derivado de la tutela
promovida por Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez, al considerar que se trató de un caso
sustancialmente análogo al suyo y que, por tanto, el Consejo de Estado debía darle
una solución coherente para no vulnerar su derecho a la igualdad.
En tercer lugar, afirmó que la providencia cuestionada vulneró directamente
derechos y principios constitucionales. En particular, sostuvo la afectación de sus
derechos a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia. Además, indicó que la decisión desconoció los principios
de favorabilidad laboral, mínimo vital, igualdad material y prevalencia del derecho
sustancial, porque, a su juicio, la indebida aplicación del marco normativo condujo a
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
una decisión injusta y contraria a la protección reforzada que debía recibir como
trabajador estatal.
En cuarto lugar, cuestionó la forma en que fue resuelta la apelación. Expuso que el
recurso de apelación estudiado por el Tribunal Administrativo de Putumayo no estaba
debidamente motivado con fundamentos reales y aplicables a su caso, y que, pese
a ello, el tribunal lo acogió para revocar la sentencia favorable de primera instancia.
4. Trámite procesal
El 30 de enero de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al
accionante y a la autoridad judicial accionada, así como al Departamento del
Putumayo y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, en calidad de
terceros interesados en el resultado de la actuación, a quienes se les remitió copia
de la solicitud. De igual forma, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para su eventual intervención. Además, se tuvieron como
pruebas los documentos allegados con la demanda. Finalmente, se solicitó al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa la remisión en copia digital
del expediente 86001-33-33-002-2020-00092-01, correspondiente al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Víctor Manuel Liñeiro
Coronado contra el Departamento del Putumayo, y se suspendió el término para
decidir la solicitud de tutela mientras se practicaban las pruebas ordenadas.
En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo del Putumayo 2 solicitó
declarar improcedente la tutela. Sostuvo que el actor pretendió reabrir una
controversia jurídica ya resuelta por la jurisdicción contencioso administrativa, pese
a que contó con un medio de defensa judicial ordinario que ejerció efectivamente.
Además, indicó que la acción no cumplió el requisito de inmediatez, porque fue
presentada varios meses después de notificada la sentencia cuestionada, sin
justificación para esa tardanza.
También afirmó que no se configuró el defecto sustantivo alegado, porque la
providencia atacada analizó el régimen jurídico de cesantías, distinguió entre el
2 SAMAI, índice 14.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
régimen retroactivo y el anualizado, y concluyó que el accionante pertenecía al
primero, sin prueba de traslado al segundo, por lo que no procedía la sanción
moratoria invocada. Añadió que tampoco existió desconocimiento del precedente, ya
que la tutela citada por el actor no constituía precedente obligatorio y, en todo caso,
no se acreditó identidad estricta entre ambos asuntos. Finalmente, señaló que no
hubo violación directa de la Constitución, porque la sentencia estuvo debidamente
motivada y se ajustó al marco normativo que consideró aplicable.
Por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el
enlace y copia del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho solicitado 3.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
de segunda instancia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Putumayo, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 4, en
el que el accionante actuó como parte demandante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 5. De conformidad con
3 SAMAI, índice 13.
4 Proceso identificado con número de radicación: 86001-33-33-002-2020-00092-01.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 6.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional 7: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
6 Ibidem.
7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el señor Víctor Manuel Liñeiro Coronado
promovió acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia proferida el 24
de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho8, mediante la cual se revocó la decisión
favorable que había emitido el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Mocoa el 28 de febrero de 2023. En la demanda de amparo, el accionante sostuvo
que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la defensa y al acceso efectivo a la administración de justicia,
porque, en su criterio, la autoridad judicial accionada resolvió el litigio con
fundamento en un marco normativo que no correspondía a su situación y dejó de
aplicar las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que consideró directamente
pertinentes para resolver la reclamación relativa a la sanción moratoria por pago
tardío de cesantías parciales. Del mismo modo, solicitó que se tuviera en cuenta el
criterio adoptado en la tutela promovida por Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez, al
estimar que ambos asuntos presentaron similitud material.
8 Proceso identificado con número de radicación: 86001-33-33-002-2020-00092-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
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Acción de tutela – Primera instancia
A partir de ese planteamiento, la Sala considera, en primer término, que el
fundamento principal de la tutela se estructuró alrededor de un supuesto defecto
sustantivo. En efecto, el actor afirmó que el Tribunal Administrativo de Putumayo
confundió la sanción moratoria derivada de la no consignación oportuna de
cesantías, propia del régimen anualizado, con la sanción por mora en el pago de
cesantías parciales prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Sin embargo,
la Sala observa que, aunque ese reproche fue formulado bajo la categoría de un
defecto específico de procedencia, en realidad la censura se dirigió a controvertir la
interpretación jurídica adoptada por el juez natural respecto del régimen prestacional
aplicable y de las consecuencias que de ello se derivaban en materia de sanción
moratoria.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Putumayo identificó que la controversia
consistió en determinar si el Departamento del Putumayo era responsable por la
sanción moratoria derivada del retraso en el pago de las cesantías del demandante,
“quien se encuentra vinculado bajo el régimen retroactivo de cesantías”, y anticipó
como tesis que, por esa condición, no le resultaba aplicable el reconocimiento ni el
pago de dicha sanción, porque esa penalidad era propia del régimen anualizado.
También sostuvo que en el expediente no obraba prueba alguna que acreditara que
el actor se hubiera acogido de forma voluntaria al régimen de liquidación anual de
cesantías.
En esa medida, el desacuerdo expuesto en la demanda no reveló, por sí mismo, una
actuación judicial ostensiblemente arbitraria, caprichosa o abiertamente contraria a
la Constitución, sino una discrepancia con la lectura normativa acogida por la
autoridad judicial accionada. Por ello, la Sala estima que ese cargo permaneció en
el ámbito de la discusión de legalidad y no desbordó, en los términos exigidos por la
jurisprudencia constitucional, la órbita propia de la interpretación judicial ordinaria.
Frente al argumento relativo a que el recurso de apelación que dio lugar a la
revocatoria de la sentencia favorable de primera instancia no estuvo debidamente
sustentado, la Sala estima que tampoco se configuró un problema de relevancia
constitucional. Lo anterior obedeció a que ese planteamiento se encaminó a
cuestionar la aptitud procesal del recurso formulado por la parte demandada dentro
del proceso ordinario, esto es, un asunto estrictamente vinculado con el trámite y
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
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Acción de tutela – Primera instancia
alcance de la alzada. Así, el accionante no expuso una afectación iusfundamental
autónoma derivada de una irregularidad procesal de tal entidad que hubiera
comprometido de manera directa la validez constitucional de la providencia, sino que
manifestó su inconformidad con la forma como el juez natural tramitó y resolvió el
recurso. En esas condiciones, la Sala considera que ese reproche tampoco habilita
la intervención excepcional del juez de tutela, puesto que no corresponde a esta
acción reabrir debates procesales propios del litigio ordinario cuando lo que se
busca, en realidad, es controvertir las conclusiones del ad quem.
De manera particular, la sentencia cuestionada explicó por qué negó la aplicación
de la sanción moratoria reclamada. El Tribunal Administrativo de Putumayo sostuvo
que el actor se vinculó al Departamento del Putumayo el 28 de febrero de 1994, esto
es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, y afirmó que no
constó una solicitud expresa y voluntaria de traslado al régimen anualizado de
cesantías. Con base en ello, concluyó que el régimen aplicable era el retroactivo y
que, en consecuencia, no le asistía el derecho al reconocimiento de la sanción por
mora consistente en un día de salario por cada día de retraso, por tratarse de una
penalidad prevista para el régimen anualizado.
El Tribunal agregó que el acto administrativo que negó la sanción había invocado
esa misma razón, esto es, que por el régimen retroactivo no resultaba procedente
reconocer sanción moratoria por tratarse de una figura propia del régimen
anualizado. Asimismo, señaló que, aunque el juez de primera instancia reconoció
que el demandante estaba amparado por el régimen retroactivo, debió fundamentar
su análisis en normas propias de ese régimen, y no en las disposiciones que, a su
juicio, sustentaban la sanción moratoria. Finalmente, revocó la sentencia del 28 de
febrero de 2023 y condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante.
En esa misma línea, la Sala considera útil el razonamiento desarrollado en la
sentencia de primera instancia de tutela proferida en el caso de Ilma Eugenia
Pazmiño Ordóñez, no para reproducir de manera mecánica su decisión, sino en
cuanto expuso que la improcedencia se impone cuando los reproches del actor,
aunque formulados como defectos sustantivos, procesales o de desconocimiento del
precedente, en realidad se reducen a cuestionar la interpretación normativa, la
valoración jurídica o las conclusiones del juez ordinario. Ese criterio sí resulta
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
pertinente para este asunto, porque aquí también la demanda se orientó a
controvertir la lectura que el Tribunal Administrativo de Putumayo hizo del régimen
de cesantías aplicable al accionante y de las consecuencias derivadas de tal
determinación, sin que de ello emerja, de manera clara, una tensión constitucional
autónoma que justifique la intervención del juez de tutela.
Además de lo expuesto, en la demanda de tutela se enjuicia una providencia judicial
con la finalidad que se ordene reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Esta pretensión, netamente económica, escapa de la
órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo
de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes” 9. Circunstancia que refuerza la
falta de relevancia constitucional, como lo ha establecido la Corte Constitucional " la
relevancia constitucional requiere que la cuestión tenga trascendencia Superior y no
solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente
económica” 10
En consecuencia, la Sala concluye que, en este asunto, la acción de tutela no cumple
el requisito de relevancia constitucional, porque no se acreditó una afectación
directa, manifiesta y ostensible de derechos fundamentales, sino una discrepancia
interpretativa frente a la solución jurídica adoptada por el Tribunal Administrativo de
Putumayo en el marco de sus competencias. Como la acción de tutela no puede
convertirse en un mecanismo para replantear debates de legalidad ya resueltos por
el juez competente, ni para imponer en este expediente la solución alcanzada en
otro proceso sin verificar previamente los presupuestos de procedencia, la solicitud
de amparo resulta improcedente.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021
10
Corte Constitucional SU 282 de 2019
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-08089-00
Accionante: Víctor Manuel Liñeiro Coronado
Acción de tutela – Primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Víctor
Manuel Liñeiro Coronado contra el Tribunal Administrativo de Putumayo, por no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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