Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08095-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08095-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08095-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08095-00
Accionante: SEGUNDO FIDENCIO CORONEL GUERRERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por sanción moratoria por pago tardío
de cesantías a docente con régimen retroactivo. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación
directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Segundo Fidencio Coronel Guerrero, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de diciembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados por la
autoridad accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Se TUTELE mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y AL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el cual se vulneró con la Sentencia de segunda
instancia del (17) de julio del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN: 860013331002-2020-00091-01, misma
que fue notificada por correo electrónico el día (18) de julio del año (2025), con ponencia
del Honorable Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio
de la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida el día (16) de septiembre
del año (2021) por el Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, en donde
resolvió a mi favor y condenó lo siguiente:
(…)
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (17) de julio del
año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
RADICACIÓN: 860013331002-2020-00091-01, misma que fue notificada por correo
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Accionante: Segundo Fidencio Coronel Guerrero
electrónico el día (18) de julio del año (2025), con ponencia del Honorable Magistrado
Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio de la cual se revocó la
sentencia de primera instancia proferida el día (16) de septiembre del año (2021) por el
Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que profiera nueva
sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta los criterios
normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera instancia el cual accedió a todas
mis pretensiones.
CUARTO. ORDENAR aplicar a mi caso en concreto el Derecho a la igualdad y la solicitud
previa de aplicación de precedente horizontal”.
2. Hechos
El accionante relató que fue vinculado al Fondo Educativo Regional del
departamento del Putumayo, mediante Resolución núm. 086 de 18 de julio de 1979,
es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, por lo que le resultaba
aplicable el régimen retroactivo de las cesantías.
Afirmó que el 22 de marzo de 2018 pidió el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y que mediante Resolución núm. 0715 de 19 de febrero de 2019, la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo liquidó y ordenó el pago de
las cesantías parciales para reparación o ampliación de vivienda, la que se le
canceló el 29 de mayo de 2019.
Indicó que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías parciales por el periodo comprendido entre el 10 de julio
de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019, sin embargo, la Secretaría de Educación
Departamental del Putumayo, mediante Resolución núm. 4460 de 8 de octubre de
2019, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244
de 1995 y 1071 de 2006.
Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra el departamento del Putumayo, en la que solicitó
la nulidad de la Resolución núm. 4460 de 8 de octubre de 2019 y, en consecuencia,
se reconociera y ordenara el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales desde el 10 de julio de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa en fallo de 16
de septiembre de 2021, declaró infundada la excepción de inexistencia del derecho
reclamado por inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 y no aplicabilidad de la Ley 344
de 1996. De otro lado, declaró la nulidad de la Resolución núm. 4460 de 8 de
octubre de 2019, y a título de restablecimiento del derecho condenó al
departamento del Putumayo a reconocer, liquidar y pagar al señor Segundo
Fidencio Coronel Guerrero, la sanción moratoria correspondiente a la suma
resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el 10
de julio de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
Finalmente, adujo que el departamento del Putumayo interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Putumayo en sentencia de 17 de julio de 2025, en la que revocó
la sentencia del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en tanto
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Accionante: Segundo Fidencio Coronel Guerrero
el señor Coronel Guerrero era beneficiario del régimen retroactivo, no del régimen
anualizado, a lo que agregó que no había prueba que diera cuenta que el interesado
manifestara su voluntad de cambiar de régimen de cesantías.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional,
porque se vulneraron sus derechos fundamentales al inaplicar las normas que
regulan su caso, ii) no existe la posibilidad de plantear recursos ordinarios o
extraordinarios, iii) se presentó la acción de tutela antes del término razonable de
los 6 meses desarrollados por la jurisprudencia y iv) la providencia atacada no es
una sentencia proferida en otra tutela.
Luego, indicó que en la sentencia objetada se configuró el defecto sustantivo, en
tanto que no aplicó los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de
2006, relacionados con la sanción moratoria por el pago de cesantías parciales a
servidores públicos sin importar el régimen de cesantías que lo cobije.
Por otra parte, señaló que el Tribunal incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que en sentencia de tutela de 24 de julio de 2025, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó sin efectos un
fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Putumayo en un caso con contornos
fácticos y jurídicos similares.
Igualmente, mencionó la sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se estableció que los docentes
oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías bajo la aplicación de la Ley 1071 de 2006.
Para terminar, aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, “al abstenerse de aplicar la sanción moratoria
contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, las cuales se profirieron
para regular el pago de las cesantías de los servidores públicos (TODOS, SIN
EXCEPCIÓN), La omisión de aplicación de esta disposición legal configura una
vulneración directa a los principios y derechos Constitucionales Laborales”.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de enero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al
departamento del Putumayo y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Mocoa. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 4593 a 4597 de 16
de enero de 2026 y 5976 de 20 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a
la referida decisión.
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5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Putumayo
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no se cumple con los
requisitos generales y especiales de procedencia de contra providencias judiciales.
Aseguró que el accionante pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que ya
fue ampliamente discutido y resuelto por la jurisdicción contencioso administrativa,
toda vez que en el fallo proferido por el Tribunal se valoró de manera integral el
material probatorio obrante en el expediente, interpretó de forma razonada y
sistemática la normativa aplicable y concluyó, con fundamento jurídico suficiente,
que el actor pertenece al régimen retroactivo de cesantías, razón por la cual no
resultaba procedente la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006.
Resaltó que la solicitud de amparo no cumplió con los requisitos generales de
subsidiariedad, en tanto que contaba con otro medio de defensa, e inmediatez,
pues se presentó 5 meses después de la notificación de la providencia objetada.
Afirmó que de “conformidad con la jurisprudencia constitucional, únicamente las
sentencias de constitucionalidad (C-) y las sentencias de unificación (SU-) tienen
efectos erga omnes. Las sentencias de tutela, incluidas las proferidas por el
Consejo de Estado, no constituyen precedente obligatorio, sino criterio auxiliar,
conforme al artículo 230 de la Constitución Política”.
Para terminar, manifestó que la acción de tutela se fundamentó en una indebida
confusión entre los distintos regímenes de cesantías, pues el accionante mezcla la
sanción por no consignación propia del régimen anualizado (Ley 50 de 1990) con
la sanción por pago tardío prevista en la Ley 244 de 1995, aplicable a determinados
servidores públicos.
5.2. Respuesta del departamento de Putumayo
El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, toda vez que la providencia objetada se encuentra debidamente
motivada, además que no se configuraron los defectos por desconocimiento del
precedente judicial, sustantivo y por violación directa de la Constitución.
5.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, a pesar de que
se le notificó el auto admisorio y allegó el link de acceso al expediente ordinario,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad del demandante y si incurrió en los defecto
sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la
Constitución.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
13
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 17 de julio de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, en la que revocó la
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
6
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decisión favorable de primera instancia y negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en el régimen retroactivo, se
limitó el alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del accionante.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar la supuesta configuración de los
defectos por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y por violación
directa de la Constitución por parte del Tribunal accionado. Aunado a lo anterior, se
evidencia que, con respecto al accionante el sentido del fallo de primera instancia
en el proceso que originó la controversia fueron diferentes a los de la providencia
objetada, por lo que la parte actora no tuvo la oportunidad de exponer los reparos
al interior de dicho trámite.
Por otra parte, ii) la providencia objetada se profirió en el curso de la segunda
instancia, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del de
unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normatividad,
iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 16 establecidos
como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17;
(iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la
acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la
Constitución alegados
El accionante considera que el Tribunal Administrativo del Putumayo con la
sentencia de 17 de julio de 2025, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al
revocar la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendientes
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, al considerar que ese beneficio
no le resulta aplicable cuando se trata de régimen retroactivo de cesantías.
La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución,
al desconocer el alcance que ha fijado el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará
un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
El señor Segundo Fidencio Coronel Guerrero presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento del Putumayo, en la que
16
La providencia objetada se notificó el 18 de julio de 2025 y la acción de tutela se instauró el 17 de diciembre de 2025, es
decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionante: Segundo Fidencio Coronel Guerrero
solicitó la nulidad de la Resolución núm. 4460 de 8 de octubre de 2019, mediante
la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995 y 1071 de 2006 por el supuesto pago tardío de sus cesantías parciales,
y, en consecuencia, se reconociera y ordenara el pago de la mencionada sanción
desde el 10 de julio de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa en fallo de 16 de
septiembre de 2021, declaró infundada la excepción de inexistencia del derecho
reclamado por inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 y no aplicabilidad de la Ley 344
de 1996. De otro lado, declaró la nulidad de la Resolución núm. 4460 de 8 de
octubre de 2019, y a título de restablecimiento del derecho condenó al
departamento del Putumayo a reconocer, liquidar y pagar al señor Segundo
Fidencio Coronel Guerrero, la sanción moratoria correspondiente a la suma
resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el 10
de julio de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
Lo anterior con sustento en que aun cuando hay diferencias entre las sanciones
moratorias de que trata la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995, esta última
modificada por la Ley 1071 de 2006, está destinada a los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios,
independientemente del régimen de liquidación del auxilio de cesantías.
Por consiguiente, precisó que de las pruebas se evidenciaba que el demandante
era un servidor público vinculado a la Secretaría de Educación del departamento
del Putumayo, con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996, por lo que el
régimen de liquidación de sus cesantías era el de la Ley 6 de 1945, razón por la
cual se encontraba afiliado al Fondo de Cesantías del Personal Administrativo
Nacionalizado de la Educación en el Putumayo, creado mediante Ordenanza núm.
157 del 9 de agosto de 1996. Además, que se demostró que la entidad demandada
incurrió en mora desde el 10 de julio de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.
El departamento del Putumayo interpuso recurso de apelación, en el que explicó
que en virtud de la vinculación del actor, no le resultaba aplicable la Ley 344 de
1996, razón por la cual no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
El Tribunal Administrativo del Putumayo en sentencia de 17 de julio de 2025, revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, bajo el argumento de que el señor Coronel Guerrero era beneficiario del
régimen retroactivo.
Para sustentar lo anterior, el Tribunal desarrolló el marco normativo y
jurisprudencial aplicable a las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen
retroactivo. Luego, al estudiar las pruebas allegadas al proceso constató que el
actor se vinculó a la entidad territorial demandada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1996 (específicamente el 18 de julio de 1979), es decir, antes de la
entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Además, no se aportó prueba de que se
hubiera acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de
cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.
8
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Accionante: Segundo Fidencio Coronel Guerrero
Asimismo, apoyó su decisión en la sentencia de 17 de febrero de 2022 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se le negó
a un demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en tanto era
beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, pues su vinculación se surtió
antes de la vigencia de la Ley 344 de 1996.
Afirmó que no le asistía el derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el
pago de las cesantías consistente en un día de salario por cada día de retraso, toda
vez que dicha penalidad fue prevista exclusivamente para quienes se encuentran
bajo el régimen de liquidación anualizado.
Finalmente, precisó que “el demandante estaba amparado por el régimen
retroactivo de cesantías, debió fundamentar su análisis en las Leyes 10 de 1934,
6ª de 1945 y 65 de 1946, y no en las disposiciones normativas previamente citadas.
Por tanto, al acreditarse que el actor es beneficiario del régimen retroactivo y no del
régimen anualizado, se revoca la sentencia de primera instancia, dado que no le
asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, la cual está prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación anual
de cesantías”.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan a este trámite constitucional, la Sala procede a
abordar el estudio de los defectos sustantivo, precedente judicial y violación directa
de la Constitución, los cuales se abordarán de manera conjunta.
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha precisado que se
materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que
la Constitución y la ley le reconoce, lo cual puede darse en los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 18.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”19.
Con respecto al desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que
la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que20 «un caso pendiente
de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas21:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 22.
19
Ibíd.
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.
Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al
resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 23.
Descendiendo al asunto bajo examen, la parte actora considera que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que no aplicó los
artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006, relacionados con la
sanción moratoria por el pago de cesantías parciales a servidores públicos, sin
importar el régimen de cesantías que lo cobije.
Al respecto, se observa que en la sentencia objetada se negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, al considerar que el actor es beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías, razón por la cual se debió aplicar las Leyes 10 de 1934, 6ª
de 1945 y 65 de 1946, no las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Ahora bien, la Sala observa que en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 se reguló lo
relacionado con la mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, así:
“Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta
prestación social.
Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día
de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre
que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, en lo relacionado con la mora en el
pago de las cesantías, dispuso lo siguiente:
“Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público,
23
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo
Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este”.
De la lectura de las precitadas disposiciones se desprende que la sanción por mora
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, resultan aplicables a todos los
servidores, conclusión a la que se arriba porque el legislador no hizo distinción
alguna del régimen de cesantías al que pertenezcan, marco normativo que invocó
el demandante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sobre ese particular, en la actualidad la Sección Segunda del Consejo de Estado
tiene una postura uniforme y pacífica en relación con el ámbito de aplicación de
esas disposiciones para los empleados públicos que se benefician del régimen
retroactivo de cesantías y que solicitan el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria con ese sustento normativo en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en
el sentido de indicar que resulta procedente.
En efecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo
27 de febrero de 202524, en un asunto en que el debate gravitó en el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria de una persona que era beneficiaria del régimen
retroactivo de las cesantías, manifestó que “a diferencia de lo planteado por el
tribunal de primera instancia, considera la Sala que a los beneficiarios del
régimen retroactivo de cesantías sí les resulta aplicable la sanción moratoria
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Pues, esta Subsección desde
la sentencia del 5 de noviembre de 202025, consideró que la Ley 1071 de 2006 no
distinguió entre regímenes para su aplicación, sino que simplemente consagró su
ámbito de aplicación a todos los servidores públicos”.
Igualmente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de 10 de julio de 202426, al referirse a la sanción moratoria de aquellos
empleados beneficiarios del régimen retroactivo de las cesantías, explicó lo
siguiente:
“A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006 se amplió el espectro de la
penalidad, inclusive a la liquidación parcial de cesantías y extendió su ámbito de aplicación a
todos los servidores estatales, así como a las entidades que prestan servicios públicos, es
decir, involucró a todos los servidores del Estado no solo del nivel nacional sino territorial, lo
cual permite que la sanción moratoria se torne viable ante la tardanza en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas, de los beneficiarios del régimen de
retroactividad, en la medida que el legislador no excluyó de ella a los beneficiarios del régimen
27
de cesantías retroactivas , pues tal y como quedó expuesto en la exposición de motivos de
24
Radicado núm. 13001-23-33-000-2018-00569-01.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 5 de noviembre de 2020, radicado núm. 76001-23-33-
000-2016-00773-01 (0871-2018), C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de julio de 2024, radicado núm. 25000-23-42-000-
2018-02066-01 (6673-2022), C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar.
27
En igual sentido la sentencia de 21 de marzo de 2024, radicado núm. 44001-23-40-000-2019-00037-01(2069-2022)
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la precitada norma que dio origen a la sanción moratoria el legislador señaló que ‘la vida diaria
enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un
largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien
porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la
administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y
efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace
presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos
trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden
de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor’.
Distinta consecuencia tendría aquella reclamación de sanción moratoria por la inoportuna
consignación de las cesantías en el régimen de retroactividad, prevista en la Ley 344 de 1996,
artículo 13, y su Decreto reglamentario 1582 de 1998, así como la Ley 50 de 1990, artículo
99, comoquiera que tales previsiones son exclusivas del sistema de liquidación anual de la
prestación.
Esclarecido el panorama de la procedencia de la sanción moratoria del servidor público
beneficiario del régimen de cesantías retroactivo, cuya fuente normativa invocada es la Ley
1071 de 2006 para su reconocimiento por el pago tardío de la liquidación de su prestación
social, encuentra la Sala que, al ser la demandante beneficiaria del régimen de retroactividad,
en principio procedería el reconocimiento de la penalidad pretendida por el pago tardío de
sus cesantías definitivas”.
De lo antes expuesto, se observa que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
establecieron que los servidores públicos sí tienen derecho al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, pues las mencionadas normativas no hicieron
distinción alguna del régimen de cesantías para su aplicación. De allí que donde la
norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete -Ubi lex non distinguit,
nec nos distinguere debemus-.
Ahora bien, la Sala reconoce que el Tribunal se apoyó en el fallo de 17 de febrero
de 2022 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin
embargo, se debe precisar que en ese caso se negaron las pretensiones, toda vez
que se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria solo con sustento
en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 (aplica para el régimen anualizado de las
cesantías).
Cuestión diferente a lo que ocurre en el caso bajo estudio, en el que el sustento de
la pretensión del actor son las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, marco normativo
que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, se torna procedente para el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías a los empleados públicos que sean
beneficiarios del régimen retroactivo de las cesantías. Además, que en el presente
asunto lo que el demandante solicitó fue la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales para reparación y ampliación de vivienda, las cuales se
habían reconocido y liquidado, mas no la penalización de la falta de consignación
anual de las cesantías en el fondo regulada en la Ley 50 de 1990 y la Ley 377 de
1996.
Por otra parte, valga indicar que la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023, manifestó que “frente al pago de
las cesantías parciales y definitivas, ambos regímenes sí están amparados por la
misma garantía que representa la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006. Esta penalidad aplica tanto para los destinatarios de la Ley
50 de 1990 como para el personal afiliado al FOMAG, tal y como se constata con la
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regla jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación SU CE-SUJ2-012-1828
proferida por esta Corporación”.
Finalmente, se resalta que de acuerdo con lo señalado por el demandante, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela
de 24 de julio de 2025, posterior a la decisión objetada, reafirmó la línea uniforme y
pacífica relacionada con la procedencia de la sanción moratoria para todos los
servidores públicos, indistintamente si es beneficiarios del régimen retroactivo de
las cesantías con sustento en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Por lo expuesto, la Sala encuentra configurado los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
alegados por el accionante.
Así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad del demandante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia
de 17 de julio de 2025 emanada del Tribunal Administrativo del Putumayo, a quien
se le ordenará que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
del señor Segundo Fidencio Coronel Guerrero, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia,
Segundo.- Dejar sin efectos la sentencia de 17 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Putumayo, en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Segundo Fidencio Coronel
Guerrero contra el departamento del Putumayo (exp. No. 86001-33-31-002-2020-
00091-01).
Tercero.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Putumayo que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 86001-33-31-002-2020-00091-01, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
28
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente
oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción
moratoria por mora en el pago de las cesantías.
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Accionante: Segundo Fidencio Coronel Guerrero
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.-. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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