Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08103-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-08103-001
Accionante : Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano y otros
Accionado : Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Sexto
Administrativo de Pasto
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, incidente de liquidación de perjuicios
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano, quien actúa en su nombre y en representación
de su hija menor de edad (S.M.C.R), Olga María Portilla Matabanchoy, Ruth Stella
Burbano Coral, Gerson Jair Chinchajoa Burbano y Jheimmy Daniela Chinchajoa
Burbano, contra el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo
de Nariño, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los accionantes, quienes actúan por medio de apoderado judicial, interponen el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente
1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Sexto Administrativo de Pasto
vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de
Nariño.
3. Por consiguiente, solicitan dejar sin efectos las providencias del 29 de mayo de 2022
y del 18 de julio de 2025 proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto y el
Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, mediante los cuales, se negó la
liquidación de los perjuicios ordenados en las sentencias de reparación directa y, en
consecuencia, se les ordene a las autoridades judiciales accionadas, resolver de fondo
el incidente de liquidación de perjuicios.
1.3 Hechos2.
4. Los accionantes interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el propósito que se les declarara
patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por el señor Wilber Alveiro
Chinchajoa Burbano a manos de agentes de la Policía Nacional en hechos ocurridos el
20 de junio de 2012.
5. El Juzgado Sexto Administrativo de Pasto a través de sentencia del 20 de agosto de
2016 declaró la responsabilidad de la entidad por una falla en el servicio derivada del uso
indebido de la fuerza pública y la condenó, en abstracto, al pago de los perjuicios
morales, materiales y por daño a la salud que fueron causados, los cuales, debían ser
liquidados mediante trámite incidental, en atención a que, el despacho no disponía de
los elementos probatorios conducentes, necesarios y pertinentes para determinar el
lapso preciso de la incapacidad laboral o el tiempo en el que el lesionado dejó de realizar
sus actividades laborales y el salario devengado, así como el valor del tratamiento
médico al que fue sometido. Esta providencia fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 24 de julio de 2019.
6. En atención a ello, el 27 de agosto de 2019 radicaron el incidente de liquidación de
perjuicios ante el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, en el cual, solicitaron ordenar
a la Junta de Calificación de Invalidez de Pasto para que estableciera el grado o
porcentaje de incapacidad laboral. En la solicitud, el apoderado puso de presente que el
2 Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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señor Wilber Alveiro Chinchajoa se encontraba privado de la libertad en el Centro de
Reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del Municipio de Pasto.
7. Mediante auto del 19 de julio de 2021, el juzgado decretó la práctica de la referida
prueba. Posteriormente, el 28 de julio de 2021, el apoderado de los demandantes radicó
ante el juzgado una solicitud para que se oficiara a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Nariño el recaudo de la prueba. Esta petición fue atendida el 28 de julio de
2021 en auto en el que el juzgado ordenó librar oficio a la Junta Regional. No obstante,
según se señala en el escrito de tutela, en el oficio se omitió indicar el sitio de reclusión
del interesado.
8. Nuevamente, el 4 de marzo de 2022, el juzgado ordenó insistir a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Nariño la práctica de la prueba por lo que, el 7 de marzo del
mismo año, se radicó la orden en las oficinas de dicha entidad. El 9 de marzo, la Junta
Regional contestó el requerimiento, indicando los requisitos para realizar la pericia.
9. Para ese momento, el señor Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano había sido trasladado
al centro penitenciario El Barne en el municipio de Cómbita, Boyacá, situación que fue
puesta en conocimiento del juzgado a través de memorial del 29 de marzo de 2022.
Asimismo, formuló la respectiva solicitud ante el centro penitenciario el 16 y 29 de marzo
de 2022, sin obtener respuesta.
10. El 11 de mayo de 2022, radicaron una solicitud ante el Juzgado Sexto Administrativo
de Pasto con el propósito que se oficiara a la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Boyacá para que practicar la pericia.
11. No obstante la anterior solicitud, el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto profirió
auto del 20 de mayo de 2022 en el que negó la liquidación de los perjuicios reclamados.
12. Contra esa decisión formularon recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Nariño a través de providencia del 18 de julio de 2025 en la que
confirmó lo resuelto por el a quo.
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13. Manifiestan que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en violación directa de
la Constitución por inaplicación de los artículos 29, 228 y 229 de la Carta, puesto que, a
pesar de las reiteradas solicitudes formuladas por la parte demandante, negó la
liquidación de los perjuicios causados so pretexto de una supuesta inactividad procesal
que no ocurrió, puesto que, adelantaron múltiples gestiones encaminadas a obtener la
práctica de la prueba pericial.
14. Además, desconoció las condiciones excepcionales derivadas del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional mediante
el Decreto 417 de 2020 y las graves restricciones de movilidad, atención institucional y
operatividad judicial derivadas de la pandemia del COVID-19, las cuales, incidieron
directamente en la imposibilidad material de recaudar la prueba de calificación de pérdida
de capacidad laboral, lo que constituye un exceso ritual manifiesto.
II. TRÁMITE PROCESAL
15. Por haber sido subsanada en debida forma, la acción de tutela se admitió a través
de auto del 12 de febrero de 2026. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Juzgado
Sexto Administrativo de Pasto y al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de
Decisión; y (ii) vincular a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
16. El Juzgado Sexto Administrativo de Pasto se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela, para lo que argumentó que, las actuaciones adelantadas por ese despacho
judicial fueron proferidas con sustento legal, probatorio y fáctico, sin que configuren la
vulneración de los derechos de los accionantes.
17. El Tribunal Administrativo de Nariño, solicitó, igualmente, despachar
negativamente la tutela formulada, para lo que expuso que, las providencias
cuestionadas fueron dictadas en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, dentro de
un proceso incidental en el cual se garantizó plenamente el derecho a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En ese contexto, la acción de
tutela presentada por los accionantes no cumple los requisitos excepcionales de
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procedencia contra providencias judiciales, en tanto se limita a expresar su
inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en el trámite
del incidente de liquidación de perjuicios, pretendiendo reabrir un debate propio del juez
natural y convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
18. En efecto, contrario a lo sostenido por los accionantes, las providencias cuestionadas
no incurrieron en defecto fáctico ni en indebida valoración probatoria, puesto que, dentro
del incidente de liquidación de perjuicios adelantado en el medio de control de reparación
directa bajo el radicado mencionado, se constató que no se allegaron los elementos
probatorios necesarios para determinar el monto de la condena impuesta en abstracto
en las sentencias de primera y segunda instancia.
19. En particular, advirtió que la prueba técnica relativa a la calificación de pérdida de
capacidad laboral del señor Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano, necesaria para
establecer la cuantificación de los perjuicios reclamados, no fue practicada dentro del
trámite incidental, circunstancia que impedía jurídicamente efectuar la liquidación
solicitada.
20. Tampoco se configuró desconocimiento de las actuaciones procesales ni de las
pruebas obrantes en el expediente, por cuanto esa Corporación sí tuvo en cuenta las
solicitudes y gestiones adelantadas por la parte actora para el recaudo de la prueba
decretada. No obstante, tras realizar una revisión integral del expediente, constató que,
pese a dichas actuaciones, no se aportó al proceso valoración médico-laboral expedida
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez que permitiera establecer el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral del lesionado, elemento indispensable para cuantificar
los perjuicios derivados de las lesiones alegadas.
21. Del mismo modo, si bien dentro del trámite incidental se solicitó la práctica de la
referida valoración médico-laboral ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo
cierto es que dicha prueba no logró materializarse durante el curso del proceso, pese a
los oficios librados por el despacho judicial. En efecto, se evidenció que el señor Wilber
Alveiro Chinchajoa Burbano se encontraba privado de la libertad en un establecimiento
penitenciario y posteriormente fue trasladado a otro centro de reclusión, circunstancias
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que dificultaron la realización de la valoración requerida, motivo por el cual la misma no
pudo ser practicada ni incorporada al expediente dentro del trámite del incidente.
22. En tales condiciones, dentro del trámite del incidente de liquidación de perjuicios no
se allegó soporte técnico idóneo que permitiera acreditar el grado de pérdida de
capacidad laboral del lesionado ni establecer el porcentaje de incapacidad necesario
para cuantificar los perjuicios reclamados. La ausencia de dicho soporte probatorio
impedía determinar objetivamente el monto de la condena impuesta en abstracto, razón
por la cual, conforme a los criterios probatorios previstos en el artículo 226 del Código
General del Proceso, la Sala concluyó que no existían elementos técnicos suficientes
que permitieran efectuar la valoración requerida para proceder a la liquidación
pretendida.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
23. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
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3.3 Problema jurídico
25. Se contrae a determinar si es procedente, a través de la acción de tutela, examinar
el eventual quebranto del derecho fundamental que puedan comportar las providencias
del 20 de mayo de 2022 y del 18 de julio de 2025 mediante las cuales, el Juzgado Sexto
Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, negaron
la liquidación de perjuicios ordenada en la sentencia de reparación directa del 24 de julio
de 2019 proferida por dicho Tribunal.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
3 Sentencia C-590 de 2005.
4 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García
González.
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el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor, con
ocasión, a su juicio, de una indebida valoración de las pruebas aportadas en el proceso
de insistencia, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto
fáctico; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron con meridiana los hechos que originaron el supuesto quebranto de la
aludida garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, no transcurrieron más de 6 meses, incluso, desde la expedición de la providencia
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del 18 de julio de 2025 y la interposición de la tutela5; y (v) la determinación acusada no
es de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental invocada por los
accionantes.
3.5. Defecto procedimental
31. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y
(ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales»6, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que
afecta la garantía de acceso a la administración de justicia7.
32. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto
procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias
circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se
vulneran garantías superiores8; y (v) que no puede ser atribuible al afectado el
desconocimiento del procedimiento que se arguye9.
33. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación10 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa las
formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado (actúa por
fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos que no
corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del principio de
5 La acción de tutela se radicó el 17 de diciembre de 2025.
6 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
8 Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
10 Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
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legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las partes
intervinientes.
34. En el presente asunto, los accionantes sostienen que el Juzgado Sexto
Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, no tuvieron en consideración
los múltiples obstáculos que se impidieron practicar la prueba pericial encaminada a
obtener la calificación por la Junta Médico-laboral y, como consecuencia de ello, negaron
la reparación ordenada en la sentencia del 24 de julio de 2019.
35. Ahora bien, se tiene que el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, en el proveído
del 20 de mayo de 2022, consideró:
[…]
Pues bien, en el escrito de incidente de liquidación de la condena en abstracto, se solicitó que se
decretara como prueba pericial el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor WILBER
ALVEIRO CHINCHAJOA, por lo que se solicitó oficiar a la “JUNTA DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ DE PASTO” para tal efecto.
Atendiendo a la solicitud formulada dentro de la oportunidad probatoria prevista en la ley, se decretó
la prueba pericial con la que se pretendía cuantificar la condena in genere proferida por este
despacho.
En ese sentido, en los términos del artículo 210-4 del C.P.A.C.A., era del caso practicar las pruebas
decretadas y pedidas por la parte demandante dentro de la oportunidad probatoria prevista en el
inciso 2 del artículo 212 del C.P.A.C.A.; sin embargo, como quedó visto, sin la prueba que permitía
al despacho cuantificar los perjuicios morales, daño a la salud y lucro cesante, no queda más
remedio que negar la solicitud de liquidación de la condena en abstracto.
Si bien el apoderado de la parte demandante ha puesto a consideración de este despacho las
circunstancias por las cuales no se ha podido llevar a cabo la práctica de la prueba pericial
decretada, no es menos cierto que no ha existido un actuar diligente por parte del profesional del
derecho que representa a los demandantes, teniendo en cuenta que, como se dijo en auto anterior,
desde el momento en el que se profirió la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño el 24 de julio del 2019, el abogado del extremo pasivo debió solicitar el
decreto de la prueba pericial para que sea la entidad respectiva la que efectúe dicha pericia y llevar
a cabo todas aquellas actuaciones y diligencias, en cooperación con los demandantes, para que se
logre su recaudo.
Al expediente no se allegaron solicitudes relacionadas con la cuestión sino solo hasta el 29 de marzo
y 11 de mayo del 2022, esto es, con posterioridad al auto que decretó la experticia su favor del 19
de julio del 2021 y aún con posterioridad al auto mediante el cual se insistió en su recaudo el 4 de
marzo del 2022. Tampoco se justificó en forma suficiente las razones por las cuales el apoderado
de la parte actora ha permanecido inactivo desde la fecha en la que se decretó la prueba a su favor
(año 2019), o desde la insistencia en el recaudo probatorio en el mes de marzo del año en curso.
En tal sentido, salta a la vista que el despacho puso a disposición de las partes los medios para que
se logre el recaudo y posterior práctica de la prueba pericial solicitada dentro de la oportunidad
probatoria otorgada por el legislador para tal efecto, por lo que, se insiste, en este estado del
proceso, no resulta procedente el decreto de una nueva solicitud probatoria, en los términos del
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artículo 212 del C.P.A.C.A., máxime, cuando a la fecha en la que se puso de presente la situación
particular que afronta quien sería evaluado, ya habían pasado los quince (15) días otorgados por el
despacho, en los que no se acreditó el trámite impartido los oficios y menos el pago de costos de la
experticia ante la entidad que debía o la que debería, eventualmente, rendir el dictamen, por lo que
también resultaba aplicable la declaratoria de desistimiento tácito de la prueba pericial decretada en
los términos del artículo 178 del C.P.A.C.A., máxime si el apoderado de la parte actora no justificó
actividad alguna en el término perentorio concedido por el Juzgado
[…]
36. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión, en la
providencia del 18 de julio de 2025, precisó:
[…]
De cara a los reparos del apelante, cabe señalar, en primer lugar, que fue la parte demandante quien
promovió el incidente de liquidación de perjuicios. En virtud de ello, el a quo dio apertura a la etapa
probatoria mediante auto de 19 de julio de 2021, en el cual decretó las pruebas documentales y
periciales solicitadas en el escrito incidental, concretamente la relacionada con la calificación de
pérdida de capacidad laboral del señor Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano ante la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Nariño.
En dicho auto, el juez ordenó librar los oficios respectivos por intermedio de la Secretaría del
juzgado, precisando que la comunicación a la entidad competente también debía realizarse a través
del apoderado judicial de la parte demandante. Igualmente, dispuso que los costos derivados de la
elaboración del dictamen pericial debían ser asumidos por la parte interesada.
En ese sentido, correspondía a la parte actora adelantar las gestiones necesarias para allegar la
prueba pericial decretada por el juez de primera instancia, máxime cuando fue solicitada
expresamente por el apoderado del señor Chinchajoa Burbano y estaba dirigida a establecer el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, con el propósito de determinar la magnitud del perjuicio
sufrido y, por ende, la correspondiente liquidación.
Ahora bien, si bien el apoderado informó que el traslado y reclusión del actor en el establecimiento
penitenciario de alta y mediana seguridad El Barne, en el municipio de Cómbita (Boyacá), dificultó
la realización de la calificación por parte de la Junta Regional de Nariño, también es cierto que el
Juzgado insistió en varias oportunidades en el cumplimiento de la prueba. Así, mediante
comunicación de 9 de marzo de 2022, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño
respondió indicando, en primer lugar, los requisitos documentales necesarios para iniciar el trámite
y, adicionalmente: «…que hasta la presente fecha no existe solicitud de proceso de calificación a
nombre del señor WILBER CHINCHAJOA».
Tal respuesta evidenció la inactividad del apoderado, quien, pese al tiempo transcurrido —más de
ocho meses desde que se libraron los oficios en julio de 2021 hasta la contestación de la Junta en
marzo de 2022—, ni siquiera radicó la solicitud de valoración, omisión que impidió iniciar el trámite
requerido para sustentar el incidente.
En este orden, la Sala considera que la parte demandante no cumplió con las exigencias mínimas
impuestas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez para lograr la práctica de la prueba
pericial decretada, sin que en el expediente obre justificación suficiente para explicar el
incumplimiento de lo ordenado dentro del término conferido por el Juzgado.
[…]
37. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que tanto el Juzgado Sexto
Administrativo de Pasto como el Tribunal Administrativo de Nariño adelantaron todas las
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actuaciones tendentes a asegurar la práctica de la prueba pericial necesaria para la
tasación de los perjuicios reconocidos en la sentencia de reparación directa del 24 de
julio de 2019 proferida por la mencionada colegiatura.
38. Pese a ello, evidenciaron una falta de gestión de la parte interesada, que, desde que
se profirió el fallo condenatorio en abstracto, no adelantó las gestiones necesarias para
obtener la práctica de la pericia ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
39. Ahora bien, en la acción de tutela, manifiestan que los falladores de instancia no
tuvieron en consideración las condiciones excepcionales derivadas del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 417 de 2020 y las graves restricciones de movilidad, atención
institucional y operatividad judicial derivadas de la pandemia del COVID-19, las cuales,
incidieron directamente en la imposibilidad material de recaudar la prueba de calificación
de pérdida de capacidad laboral.
40. Dicho argumento, a juicio de la Sala, no es suficiente para determinar que las
decisiones cuestionadas desconocieron los derechos fundamentales de los accionantes,
toda vez que, por un lado, el fallo condenatorio fue proferido por el Tribunal Administrativo
de Nariño el 24 de julio de 2019, es decir, aproximadamente 8 meses antes de la
declaratoria de la pandemia, sin que se acreditara que, en ese lapso, la víctima directa
adelantó las gestiones necesarias para obtener la reparación ordenada.
41. De otro lado, no se acreditó que, en atención al primer requerimiento efectuado por
el Juzgado el 19 de julio de 2021, cuando ya se había levantado la suspensión de los
términos judiciales, se hubiera actuado con la diligencia y el cuidado que ameritaba la
actuación.
42. Así las cosas, aunque la parte accionante argumenta que, para esa fecha, persistían
graves restricciones a la movilidad, la Sala no encuentra elementos probatorios
suficientes que demuestren que existieron barreras insuperables que le impidieran a la
parte interesada la consecución de la prueba pericial, indispensable para la tasación de
los perjuicios, por lo que no puede trasladársele a la justicia la responsabilidad que, en
principio, recaía en la víctima directa en su calidad de demandante en reparación directa
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08103-00
Accionante: Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Sexto Administrativo de Pasto
de ejercer la carga de la prueba y por cuya responsabilidad no se practicó, tampoco, en
ese escenario procesal11.
43. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que las autoridades judiciales
accionadas, al tramitar el incidente de liquidación de perjuicios, adelantaron las gestiones
necesarias para la práctica de la prueba pericial decretada mediante auto del 19 de julio
de 2021, sin que esta pudiera ser recaudada por razones atribuibles a la parte
interesada, por lo que, no existen argumentos suficientes que permitan evidencia la
vulneración de los derechos fundamentales alegada.
44. Por tanto, la decisión de negar la liquidación de los perjuicios se encuentra
suficientemente sustentada, por lo que no es dable calificarla como violatoria de
derechos fundamentales, como se alega en la demanda.
IV. DECISIÓN
45. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no se
configura el defecto procedimental alegado por la parte accionante, por lo que, se negará
la solicitud de amparo constitucional formulada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por Wilber Alveiro Chinchajoa
Burbano y otros contra el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto y el Tribunal
11 En efecto, en el auto del 19 de julio de 2021 mediante el cual el juzgado decretó la prueba pericial, en sede de la
liqudiación de perjuicios, refirió:
«En la sentencia de primera instancia proferida por este despacho el 30 de agosto del 2016, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 24 de julio del 2019, se dispuso:
“En efecto, para calcular el monto de los perjuicios morales, de los perjuicios materiales y del daño a la salud era
preciso disponer de la respectiva prueba pericial, relacionada con la determinación del porcentaje de pérdida de
la capacidad laboral o de la disminución psicofísica, probanza que, si bien se solicitó y se decretó en la oportunidad
correspondiente, no fue posible practicarla por causas imputables a la parte demandante. Y nótese que el aludido
porcentaje tiene una importante incidencia al momento de aplicar la tabla de liquidación del perjuicio moral y del daño
a la salud dentro de los rantos establecidos por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, pues ello
determina la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, muy al margen de las
conclusiones que, sobre el particular, se puedan colegir de la prueba testimonial. (...)».
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08103-00
Accionante: Wilber Alveiro Chinchajoa Burbano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Sexto Administrativo de Pasto
Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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