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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08111-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08111-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08111-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08111-00
Accionante: JONH FABIO PEÑA BERMEO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 19 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Jonh Fabio Peña Bermeo, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia del 12 de junio de 20253, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones que
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la vinculación del
Tribunal Administrativo del Caquetá, la Fiscalía General de la Nación y de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
3
Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-23-
33-000-2017-00313-01 (1940-2022).

1
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Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08111-00

propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se anulara la Resolución
2358 del 29 de junio de 20174 y el Oficio 9 del 30 del mismo mes y año5.

3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad vulnerados por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
por el Consejo de Estado del 12 de junio de 2025, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicación 18001-23-33-000-2017-
00313-01, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia y denegó las
pretensiones de la demanda referenciada.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, proferir una nueva sentencia,
subsanando los defectos constitucionales identificados.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y amparo
de mis derechos fundamentales.

1.2. Hechos

4. Jonh Fabio Peña Bermeo presentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, en procura
de obtener la declaratoria de ilegalidad de la Resolución 2358 y el Oficio 9 de
2017, y, en consecuencia, se ordenara su reintegro a un cargo de igual o superior
jerarquía al que venía desempeñando.

5. Al respecto, la parte actora mencionó que la referida resolución carecía de
motivación fáctica o jurídica que justificara la supresión de 291 cargos de fiscal
delegado ante los jueces penales del circuito especializados, como el que
ocupaba, y que, el Decreto 898 de 2017 no estaba debidamente motivado con
relación a la reorganización total de la entidad, de tal forma que sirviera de
sustento a la referida resolución.

6. Además, expuso que los nombramientos en provisionalidad, modalidad
que corresponde con la que desempeñaba en la entidad, se asemejan en
estabilidad a los nombramientos en propiedad. En ese sentido, su terminación
exige la existencia de una causa legal justificada.

7. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Caquetá, que mediante providencia del 22 de septiembre de
2021 negó las súplicas de la demanda. Como fundamento de su decisión,
sostuvo que la administración puede modificar su estructura interna y suprimir o

4
Mediante la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal sin incluir una función
equivalente o afín al cargo que ejercía.
5
Por el cual se le comunicó la finalización del vínculo laboral y se le ordenó la entrega de
documentos, registros y bienes asignados.

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Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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reorganizar los cargos de la planta de personal, con motivos de interés general,
sin que tal situación implique vulneración de la estabilidad laboral, especialmente
de quienes ocupan cargos en provisionalidad6.

8. Inconforme con lo resuelto en primera instancia el demandante apeló. En
resumen, indicó que su acto de desvinculación no estuvo precedido de estudios
técnicos ni de razones que justificaran objetivamente la supresión de su cargo;
aunado a que, conforme al artículo 94 de la Ley 270 de 1996, la reestructuración
de la Fiscalía General de la Nación debía fundarse en «estudios especiales».

9. La alzada fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que mediante providencia del 12 de junio de 2025 confirmó lo
decidido por el a quo. En concreto, el operador judicial indicó que en providencia
anterior, la alta Corporación concluyó que la Resolución 2358 de 2017 fue
expedida en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 62 y 63 del Decreto
898 de 2017, por lo que no eran exigibles motivos individuales o criterios
diferenciados con relación a cada servidor desvinculado.

10. Además, explicó que el acto de redistribución de la nueva planta de
personal, de carácter general, se expidió en un contexto normativo y político
específico para cumplir los compromisos estatales en materia de justicia
transicional; y, en todo caso, «la entidad aportó estudios técnicos institucionales,
elaborados en enero de 2017, que sustentaron las decisiones adoptadas […] en
la Resolución 2358».

1.3. Sustento de la vulneración

11. El accionante afirmó que la providencia cuestionada adolece de defecto
fáctico, porque concluyó que la supresión y distribución de los cargos se adoptó
con fundamento en estudios técnicos, aspecto que no ocurrió. Con relación a lo
anterior, refirió que no es coherente tal afirmación sobre el Oficio SHT-30100 del
20 de septiembre de 2017 en el que expresamente se indica que «no existe
estudio técnico para la expedición de la Resolución No. 0-2358 de 2017».

12. Refirió que la autoridad judicial demandada insiste en que «hubo estudios
técnicos» sin un análisis sobre el particular.

13. También manifestó que se configuró el «defecto por motivación
aparente» porque no se resolvió el núcleo del litigio, consistente en determinar
si los actos demandados se encontraban viciados por ausencia de motivación
suficiente o desviación de poder.

6
El tribunal explicó que la expedición del decreto que dispuso la reorganización de la planta de
personal estuvo sustentada en la necesidad de adecuar las capacidades investigativas de la
entidad a los compromisos del Acuerdo de Paz, y que, en todo caso, su constitucionalidad quedo
supeditada a la protección de los derechos de ciertos grupos vulnerables dentro de los que no se
encuentra el demandante.

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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14. Afirmó que, si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
encontró que el acto sí se basó en estudios técnicos, tenía el deber de
identificarlos en el expediente, valorar su contenido «y confrontarlos con los
argumentos y pruebas de la parte demandante».

15. Finalmente, sostuvo que la sentencia incurrió en defecto sustantivo por
«omisión de control de convencionalidad sustancial» porque se omitió que la
Corte IDH exige «razones objetivas y debidamente motivadas que excluyan
arbitrariedad», de tal forma que la vinculación provisional no equivale a la de libre
nombramiento y remoción.

1.4. Intervenciones

16. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A indicó que la
providencia no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte actora.
De forma especial, aludió que las pruebas fueron valoradas integralmente y que
aplicó las disposiciones vigentes.

17. La Fiscalía General de la Nación expuso que carece de legitimación en
la causa por pasiva porque de ella no se predica la vulneración de los derechos
fundamentales en pugna. En todo caso, mencionó que la presente acción de
tutela carece de relevancia constitucional y que no se conculcaron garantías
constitucionales.

1.5. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez y la magistrada Gloria María
Gómez Montoya manifestaron impedimento para dirimir este asunto. Sin
embargo, por auto de la misma fecha se declararon infundados y partícipes de la
decisión que se adoptará7.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

7
La Sala para resolver los impedimentos estuvo conformada por el ponente, el magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra y los conjueces Germán Alberto Bula Escobar y Germán Lozano Villegas.

4
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Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
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19. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

20. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

21. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

23. Se advierte que Jonh Fabio Peña Bermeo está legitimado en la causa por
activa, por ser quien promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho cuya sentencia se cuestiona por esta vía.

24. Por su parte, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión controvertida.

25. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación solicitó ser desvinculada del
proceso en atención a que la reclamación ius fundamental no fue interpuesta en
su contra. No obstante, la Sala negará esa petición con fundamento en que su
vinculación fue realizada en calidad de tercera por el interés que le puede asistir
en caso de que se adopte alguna determinación relacionada con la providencia
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
11
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

5
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judicial dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
conformó el extremo demandado.

26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

27. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que, la decisión censurada
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y «por motivación aparente».

28. Cabe destacar que los tres cargos son centrados en que: i) la Resolución
2358 de 2017 no se motivó en estudios técnicos, ii) dicha situación se encontró
probada por la autoridad judicial tutelada sin que se identificaran los estudios, y
iii) los cargos en provisionalidad, como el que ocupaba el actor, no pueden
simplemente suprimirse porque gozan de algún tipo de estabilidad.

29. Sobre el particular, encuentra la Sala que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A señaló que no se logró desvirtuar la legalidad del acto
mencionado porque se expidió en ejercicio de la facultad prevista en los artículos
62 y 63 del Decreto 898 de 2017, tesis que reforzó con la sentencia del 23 de
marzo de 2018 proferida por la misma Corporación12, en que la entidad sí aportó
estudios técnicos elaborados en enero de 2017, y, en todo caso, la
reestructuración de la planta de personal obedeció al cumplimiento de los
compromisos estatales en el marco de la justicia transicional.

30. Además, frente al precedente interamericano invocado por el demandante
en el proceso ordinario, caso Martínez Esquivia vs. Colombia, en la decisión
censurada se expuso que tal fallo no resultaba aplicable al estudio de legalidad
de la Resolución 2358 de 2017 porque en esta oportunidad la supresión de
cargos se adoptó por un proceso general de reorganización institucional y no por
un acto arbitrario o carente de motivación.

31. En ese sentido, el debate constitucional que propone el accionante, a partir
de los defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en
que sus argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el
operador judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus

12
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de marzo de 2018, rad. núm. 25000-23-42-
000-2017-06163-01 (1729-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

6
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derechos fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más
allá de querer reabrir la discusión jurídica para que se determine que el acto que
acusó a través del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es ilegal.

32. Nótese que el estudio que propone ante el juez de tutela es en el mismo
sentido que el resuelto en sede del proceso ordinario, de tal forma que pretende
utilizar este mecanismo como una instancia adicional en la que se realice un
nuevo estudio sobre los cargos de legalidad que le endilga al acto que allí
demandó.

33. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia13.

34. Especialmente cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas
por las Altas Cortes respecto de las cuales la procedencia se hace más restrictiva
al punto que se ha establecido un requisito adicional, denominado carga
interpretativa transversal, el cual exige «que la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales […] o que se configure una anomalía de tal entidad que haga
imperiosa la intervención del juez constitucional»14.

35. Así las cosas, el estándar argumentativo es más estricto15, respetuoso de
la autonomía judicial e impide que se repare en una decisión a partir de simples
conjeturas sin un verdadero enfoque de derechos fundamentales.

36. Por esto, la Sala declarara la improcedencia de la acción constitucional, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 2022.
15
Al respecto, se ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2017 en la
que concluyó que la providencia objeto de reproche «riñe de manera abierta con la Constitución
y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y los límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto
de constitucionalidad».

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III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

8
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