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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08111-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08111-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, a través de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jonh Fabio Peña Bermeo contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08111-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: JONH FABIO PEÑA BERMEO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la no arbitrariedad
en decisiones estatales / PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Supresión del cargo de carrera desempeñado en provisionalidad.
Reestructuración administrativa motivada en el cumplimiento del Acuerdo Final para la
Implementación de una Paz Estable y Duradera / REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión
definida en el proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
en nombre propio, contra la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 17 de diciembre de 2025, el señor Jonh Fabio Peña Bermeo promovió acción
de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
no arbitrariedad en decisiones estatales.

Hechos relevantes

2. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con
el fin de que se inaplicara por inconstitucional el Decreto Ley 898 del 29 de mayo
de 2017, en cuanto suprimió el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales
del Circuito Especializados que desempeñaba en la Seccional Caquetá; y se
declarara la nulidad de (i) la Resolución núm. 2358 del 29 de junio de 2017,
mediante la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal sin incluir una

1
Que ingresó a despacho para fallo el 25 de marzo de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

función equivalente o afín al cargo que ejercía; y (ii) del Oficio núm. 9 del 30 de junio
de 2017, que le comunicó la finalización del vínculo laboral y le ordenó la entrega
de documentos, registros y bienes asignados.

3. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá, que por medio de
sentencia del 22 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

4. El a quo consideró que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la
administración puede modificar su estructura interna, suprimir cargos y reorganizar
las plantas de personal cuando así lo exija el interés general. De esta manera,
encontró que los actos administrativos acusados se motivaron en la necesidad de
adecuar las capacidades investigativas de la Fiscalía General de la Nación a los
compromisos del Acuerdo Final para la Implementación de una Paz Estable y
Duradera, en particular aquellos relativos a la transparencia en la investigación
penal, la lucha contra la criminalidad organizada y la implementación de la Reforma
Rural Integral.

5. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión precitada y
cuestionó que el Tribunal Administrativo del Caquetá hubiese descartado la
existencia de falsa motivación en la Resolución núm. 2358 de 2017 y en el Decreto
Ley 898 de 2017, a pesar de que, en su criterio, el acto no estuvo precedido de
estudios técnicos que justificaran objetiva y razonablemente la supresión de su
cargo.

6. A través de sentencia del 12 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia. Ello, por
cuanto señaló que los cargos formulados en el recurso de apelación no tenían
vocación de prosperidad, toda vez que no se acreditó la configuración de los yerros
alegados ni se desvirtuó la motivación de los actos acusados, los cuales se
expidieron dentro del marco de legalidad y competencia establecido por la normativa
especial aplicable.

Pretensiones

7. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad
vulnerados por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado del 12 de junio de 2025, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicación 18001-
23-33-000-2017-00313-01, mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia y denegó las pretensiones de la demanda referenciada.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proferir una nueva
sentencia, subsanando los defectos constitucionales identificados.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y
amparo de mis derechos fundamentales”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte demandante sostiene que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto fáctico, en tanto concluyó que la supresión y distribución de los cargos se
adoptó con fundamento en estudios técnicos, sin que tal circunstancia se encontrara
acreditada en el expediente. En ese sentido, advirtió que dicha afirmación resulta
abiertamente contradictoria con el contenido del Oficio SHT-30100 del 20 de
septiembre de 2017, en el cual se indicó de manera expresa que “no existe estudio
técnico para la expedición de la Resolución No. 0-2358 de 2017”3, lo que, a su juicio,
desvirtúa el supuesto de hecho que sirvió de base a la decisión judicial.

9. Aunado a lo anterior, señala que la autoridad judicial demandada reiteró la
existencia de tales estudios técnicos sin adelantar un análisis concreto, integral y
verificable sobre su contenido o alcance, limitándose a realizar una afirmación
genérica carente de respaldo probatorio.

10. De igual forma, alega la configuración de una decisión sin motivación, por
cuanto la providencia cuestionada omitió resolver el núcleo esencial del litigio,
consistente en determinar si los actos administrativos demandados se encontraban
viciados por falta de motivación suficiente o por desviación de poder, lo que, en su
criterio, compromete la validez de la decisión adoptada. Al respecto, afirmó que, en
el evento en que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
hubiese considerado que el acto administrativo sí se encontraba sustentado en
estudios técnicos, tenía la carga de identificarlos plenamente dentro del expediente,
valorar su contenido de manera expresa y confrontarlos con los argumentos y
medios de prueba allegados por la parte demandante, exigencias que, según indica,
no fueron satisfechas.

11. Finalmente, indica que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo por
omisión del control de convencionalidad en sentido material, al desconocer que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la necesidad de que
las decisiones administrativas se fundamenten en razones objetivas, suficientes y
debidamente motivadas que excluyan cualquier margen de arbitrariedad, de modo
que, a su juicio, no resulta jurídicamente admisible equiparar la vinculación en
provisionalidad con aquella propia de los empleos de libre nombramiento y
remoción.

Trámite procesal

12. Por medio de auto de 19 de diciembre de 20254, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como accionada, y al

2
Folio 3 del escrito de tutela.
3
Folio 5 ibid.
4
Índice 5 de Samai. Certificado 2B5FC393818D93CC 6BA8735A0E0DD755 88A0B7AA46C78EF6
0A10FF649AA56AED.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Tribunal Administrativo del Caquetá, a la Fiscalía General de la Nación y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros con interés, para
que ejercieran su derecho de defensa.

13. El 3 de febrero de 20265, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
impedimento para conocer del trámite de primera instancia de la acción de tutela de
la referencia, por considerar que estaba incurso en la causal prevista en el numeral
5.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Ello, por sostener un vínculo
de amistad íntima con el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, consejero
ponente de la decisión enjuiciada. Además, indicó que también estaba incurso en la
causal del numeral 1.° del referido compendio procesal penal. Esto, porque su
cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía
General de la Nación, entidad que se encuentra vinculada en este trámite
constitucional.

14. El 5 de febrero de 20266, la magistrada Gloria María Gómez Montoya también
manifestó impedimento para conocer del presente trámite por considerar estar
incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 5.° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, dado que la sentencia cuestionada fue
suscrita por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, con quien sostiene un
vínculo de amistad íntima.

15. El 5 de febrero de 20267, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia
del consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación efectuar el respectivo sorteo de conjueces para conformar la Sala de
Decisión de las manifestaciones de impedimentos precitados. En virtud de lo
anterior, resultaron designados los doctores Germán Alberto Bula Escobar y
Germán Lozano Villegas.

16. A través de auto del 26 de febrero de 20268, la Sala de Conjueces de la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró infundados los impedimentos manifestados
por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez y la magistrada Gloría María Gómez
Montoya, pues consideró no se acreditaron los elementos requeridos para la
configuración de las causales invocadas por los magistrados.

Intervenciones

17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo
que la providencia cuestionada no incurrió en ninguna de las causales específicas
de procedibilidad alegadas como desconocidas por la parte actora. En particular,
indicó que las pruebas obrantes en el expediente fueron valoradas de manera

5
Índice 14 de Samai. Certificado 6B61868A4D60DAD6 F23D326DBC1622B0 6F8A9C95A58F3172
A2008A7B34980E2B.
6
Índice 17 de Samai. Certificado 7CE416014EC8E76A 14A5B0FBFBAEF70D 3EC5821FE6A7D112
8AD7A4E0208232F8.
7
Índice 20 de Samai. Certificado AFA23733ACBA7634 EBC557C23731DC0C
A8DE0804E3FC6EC3 D24F80D8DE2F3E62.
8
Índice 26 de Samai. Certificado FB88825AEE9C68DE F4440DCB607C1AF2
1049CAFB9B9FD3CA DB4B6F40AF768451

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

integral y conforme a las reglas de la sana crítica, y que la decisión se fundamentó
en la aplicación de las disposiciones normativas vigentes al momento de resolver el
asunto.

18. La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto no le es atribuible la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados. En todo caso, señaló que la acción de tutela de
la referencia carece de relevancia constitucional y que, en el presente asunto, no se
evidencia la conculcación de garantía constitucional alguna.

19. El Tribunal Administrativo del Caquetá aportó el enlace de acceso al
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 18001-23-33-000-2017-00313-01.

La sentencia de primera instancia

20. Por medio de la sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

21. Reiteró que, en el ámbito de las acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales, el juez constitucional no está facultado para intervenir en asuntos que
corresponden al conocimiento propio de los jueces naturales del proceso. En
consecuencia, expuso que el análisis debe limitarse a los planteamientos de
carácter estrictamente constitucional formulados por los accionantes dentro del
trámite de amparo, pues un examen indiscriminado de inconformidades derivadas
de decisiones judiciales adversas, sin la constatación de una actuación
abiertamente arbitraria o irrazonable por parte de la autoridad judicial, desconocería
el principio de autonomía judicial y, en últimas, desnaturalizaría la tutela al
convertirla en una instancia adicional del proceso.

La impugnación

22. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

24. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, particularmente el de relevancia
constitucional?

25. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la providencia
del 12 de junio de 2025, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin
motivación y, por consiguiente, en la vulneración de derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a la no arbitrariedad en decisiones estatales de la parte
accionante?

26. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

28. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que

9
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

29. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

30. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

31. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que se pretende reabrir el debate17, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

32. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.

15
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Caso concreto

33. La Subsección considera que no hay lugar a realizar un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.

34. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudiara nuevamente si, como se discutió en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos
administrativos que dieron lugar al retiro del señor Jonh Fabio Peña Bermeo del
cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializados en la
Seccional Caquetá, adolecen de una falta de motivación.

35. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que los argumentos que se plantean en la presente
acción ya fueron analizados y resueltos de manera razonada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que concluyó que en el trámite del
medio de control se encontró acreditado que la determinación de retiro se adoptó
con fundamento en estudios técnicos previos, en el marco de un proceso de
reorganización institucional orientado al cumplimiento de finalidades de interés
general.

36. Al respecto, la autoridad judicial accionada advirtió que el demandante prestó
sus servicios en la Fiscalía General de la Nación entre el 28 de agosto de 2006 y el
30 de junio de 2017, en calidad de provisionalidad, como Fiscal Delegado ante
Jueces Penales del Circuito Especializados en la Seccional Caquetá. En tal
condición, manifestó que no era titular de derechos de carrera administrativa que
implicaran su reincorporación automática con ocasión de la reforma institucional
adelantada por la entidad.

37. Ello, por cuanto la supresión de cargos y la modificación de la planta de personal
obedecieron a razones de interés general, particularmente a la necesidad de
fortalecer las capacidades de persecución penal mediante la creación de la Unidad
Especial de Investigación, en desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2016 y del
Decreto Ley 898 de 2017, disposiciones orientadas a la implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

38. Asimismo, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación señaló
en la decisión enjuiciada que la Resolución núm. 2358 de 2017 tenía carácter
general y fue expedida en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 62
y 63 del citado decreto ley, razón por la cual no le eran exigibles motivaciones
individualizadas respecto de cada servidor desvinculado. En esa medida, indicó que
la decisión se inscribió en un marco normativo y funcional que excluye la necesidad
de justificaciones particulares.

39. En ese contexto, la sentencia de nulidad y restablecimiento bajo estudio sostuvo
que la entidad contó con estudios técnicos institucionales elaborados en enero de
2017, en los cuales se sustentaron las decisiones adoptadas tanto en el decreto de

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

reestructuración como en el acto de redistribución de la planta. Dichos insumos
incluyeron análisis funcionales, evaluación de cargas laborales, diagnósticos
organizacionales y criterios de racionalización administrativa, lo que, a juicio de la
autoridad accionada, desvirtuaba la alegada ausencia de soporte técnico. Incluso,
advirtió que el propio actor acudió a uno de estos insumos para sustentar su
inconformidad, lo que pone en evidencia la inconsistencia de su planteamiento.

40. Finalmente, si bien el demandante invocó el precedente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para sostener la existencia de garantías
reforzadas de estabilidad, dicho referente no resulta aplicable al presente asunto,
en tanto la autoridad judicial concluyó que la desvinculación no obedeció a un acto
arbitrario o individual, sino a un proceso general de reestructuración institucional
fundado en normas de rango constitucional y legal, avaladas por la Corte
Constitucional. En consecuencia, no se desvirtúa la presunción de legalidad de los
actos acusados ni se acredita la vulneración de los principios de igualdad, debido
proceso o la configuración de desviación de poder.

41. Así las cosas, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el debate
ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento
que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia
constitucional. Además, la presente tutela cuestiona la interpretación normativa y
probatoria realizada por la autoridad accionada en ejercicio de su actividad judicial,
por lo que no se evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el
goce de los derechos fundamentales.

42. Adicionalmente, se tiene que el peticionario dispuso de un acceso real, efectivo
y sin restricciones a la jurisdicción competente, así como a los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro del
proceso. Además, no obra prueba que permita inferir que se le negó la posibilidad
de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado el normal desarrollo del
trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades procesales para ejercer su
derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las
garantías propias del debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier
afectación a la tutela judicial efectiva.

43. En este punto, la Sala considera que no se configura un defecto fáctico porque
la acción de tutela presentada busca, en realidad, volver a discutir lo ya resuelto el
proceso ordinario. Por tanto, la tutela no demuestra un desconocimiento del material
probatorio, sino una inconformidad con la interpretación jurídica adoptada por el juez
natural, lo cual corresponde a un debate legal y no a un problema de relevancia
constitucional.

44. Tampoco se acredita un defecto sustantivo ni una falsa motivación, pues la
interpretación efectuada por las autoridades judiciales accionadas coincide con
decisiones de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y no implica un
cambio arbitrario de criterio ni una creación de reglas nuevas. En consecuencia, no
se evidencia una vulneración del debido proceso ni se supera el requisito de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08111-01
Accionante: Jonh Fabio Peña Bermeo
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

relevancia constitucional, ya que la tutela pretende sustituir el análisis propio del
juez ordinario por el del juez constitucional.

45. En conclusión, esta Sala de Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo estudio lo que ya ha sido definido de manera
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Por ello, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, a través de la cual
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Jonh Fabio Peña Bermeo contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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