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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08113-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08113-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08113-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: JULIO CÉSAR SÁNCHEZ SUÁREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el
interés de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 18 de diciembre de 2025, el señor Julio César Sánchez Suárez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
de igualdad, que considera vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 10
de agosto de 2023 y el 27 de junio de 2025, respectivamente, mediante las cuales se
negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho
con radicado 25000-23-42-000-2021-00364-00/01.

Hechos relevantes

2. El 7 de enero de 1994, el accionante ingresó como alumno a la Escuela Naval de
Cadetes Almirante Padilla y el 1º de diciembre de 1997, se graduó como oficial naval en
el grado de teniente de corbeta.

3. Continuó ascendiendo en la institución, hasta llegar al grado de capitán de fragata, en
el año 2014, en el que fue nombrado como segundo comandante de la corbeta ARC
Nariño y, posteriormente, ejerció como comandante de la misma unidad.

4. Al cumplir 5 años en el grado de capitán de fragata, presentó los exámenes
correspondientes para el ascenso al grado inmediatamente superior (capitán de navío),
pero no fue posible, dado que mediante el Oficio 000698 del 27 de noviembre de 2019,
se le comunicó que la Junta Clasificadora no lo recomendó. El 4 de diciembre de 2019,
interpuso una solicitud para que se reconsiderara la decisión de no recomendación, pero

1 Que ingresó al despacho para fallo el 20 de marzo de 2026.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

la misma se atendió desfavorablemente.

5. Mediante Oficio 000507 de fecha 23 abril de 2020, comunicado el día siguiente, se le
informó al accionante que la Junta Clasificadora no lo recomendó para el ascenso al
grado inmediatamente superior, y posteriormente, fue notificado del disfrute de 100 días
de vacaciones, a partir del 17 de julio de 2020.

6. Con Resolución 2108 de 21 de julio de 2020, fue retirado de la Armada Nacional con
fundamento en la causal por llamamiento a calificar servicios, situación que se le
comunicó el 26 de octubre de 2020.

7. Tras advertir irregularidades en la decisión de su retiro, ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento se asignó a la Subsección D,
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (proceso con
radicado núm. 25000-23-42-000-2021-00364-00), que negó las pretensiones de la
demanda con sentencia del 10 de agosto de 2023.

8. Inconforme con la decisión, el actor la apeló y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B la confirmó con sentencia del 27 de junio de 2025.

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

PRIMERA: Solicito respetuosamente a la Honorable Corporación de Justicia en
derecho Administrativo, que a través de la acción incoada, se me conceda el
amparo constitucional del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por la
configuración de los defectos enunciados en el encabezado de esta tutela,
derecho fundamental, actualmente vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONTENCIOSO _ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION B, mediante fallos proferidos en primera (10 de agosto de 2023) y
segunda instancia (27 de junio de 2025), dentro del PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CON RADICADO 250002342000-2021-
00364-00, proceso en el que fungí como parte demandante.

SEGUNDA: De la misma manera, solicito respetuosamente, se ampare mi
derecho fundamental a la IGUALDAD, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia, vulnerado por tratamiento diferente de parte de
las autoridades judiciales, de conformidad con las decisiones judiciales tomadas
en situaciones fácticas semejantes a la mía.

TERCERA: Por lo anterior, se dejen sin efectos los fallos que configuran los
defectos enunciados y vulneran mi derecho a la igualdad; en consecuencia, se
proceda a ordenar a las Autoridades Judiciales Accionadas, proferir nuevos fallos
correspondiendo al debido proceso y la igualdad.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte actora señala que las providencias censuradas incurren en los siguientes
defectos:

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

11. Fáctico. Por indebida valoración probatoria, porque a su juicio la autoridad judicial
accionada de primera instancia en el auto interlocutorio del 28 de septiembre de 2022 no
decretó las pruebas solicitadas con la demanda, concretamente la declaración del señor
Julio César Sánchez Suárez, y de otra parte, decretó como pruebas de oficio otras que
sí se solicitaron en el libelo inicial.

12. Así mismo, reprocha que en las sentencias se haya exigido a la parte actora que
demostrara la desviación de poder alegada, cuando lo cierto es que es a la autoridad
demandada, a quien le correspondía acreditar las razones que motivaron el retiro.

13. Reprochó también que las autoridades judiciales accionadas otorgaran valor
probatorio al Acta 0920 de 2020, toda vez que, en su sentir, la demandada inventó su
contenido, dado que la hoja de vida del servidor nunca fue estudiada por el Comité de
Evaluación para la aplicación del artículo 103 del Decreto 1790 de 2000 y menos aún por
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. En esas condiciones, afirmó que su retiro del
servicio se apartó de los parámetros de moralidad, eficiencia y disciplina, que deben ser
tenidos en cuenta para la aplicación del artículo 103 en cita.

14. En el mismo sentido, adujo que la falta de valoración de la hoja de vida del servidor,
desconoce lo señalado en la sentencia SU-917 de 2010 y en la demás jurisprudencia del
Consejo de Estado que señala la importancia de analizar este medio de prueba; y que la
falta de motivación de la decisión de retiro, inaplica la orientación efectuada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-525 de 1995 y C-179 de 2006.

15. En ese orden concluye que ni el acto administrativo que lo retiró del servicio, ni la no
recomendación proferida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, ni el
concepto del Comité de Evaluación contienen las razones objetivas y razonables que
fundamentaron la desvinculación del servicio del actor.

16. Agregó que, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
insistió en la práctica de la declaración del demandante, pero tampoco se decretó, lo que
a su juicio, evidencia la vulneración alegada, toda vez que de haberse apreciado dicha
prueba la decisión hubiera sido diferente.

17. Finalmente, adujo que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que el retiro
se notificó extemporáneamente.

18. Sustantivo. Por indebida aplicación de los artículos 6, 36, 52, 53, 61 y 76 del Decreto
1790 de 2000, habida consideración de que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta
o no aplicó debidamente los parámetros para el diligenciamiento y trámite de los
documentos del proceso de evaluación y clasificación anual, para el personal de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares, aprobados por la Resolución 1382 de 2001.

Trámite impartido

19. Mediante auto del 13 de enero de 2026, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, como autoridades demandadas; y ordenó notificar a la Nación, Ministerio de Defensa

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Nacional, Armada Nacional (entidad que actuó como demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho), en calidad de tercera con interés.

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
se refirió al trámite impartido en el proceso de origen, y señaló que en la sentencia de
primera instancia se verificó el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia
de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios y por lo tanto, se mantuvo la
legalidad del acto demandado, independientemente de que la parte actora insista en que
la Junta Clasificadora no recomendó su ascenso por la falta de revisión o estudio de la
hoja de vida del servidor.

21. En todo caso, en la providencia cuestionada se explicó que se trata de dos
situaciones jurídicas distintas, una, es el no llamamiento a curso para el ascenso al grado
inmediatamente superior y, la otra, es el retiro por llamamiento a calificar servicios,
siendo esta última actuación la única demandada, sin que se haya podido determinar
que la desvinculación se produjo como consecuencia de no haberse llamado a curso al
oficial.

22. En cuanto a la decisión de no decretar como prueba la declaración de parte del
demandante, señaló que en la audiencia inicial fue objeto de apelación, y que, el recurso
se concedió en el efecto devolutivo, sin embargo, al proferir la sentencia de primera
instancia como no se había resuelto la alzada, se informó tal situación al superior, como
lo ordena el artículo 323 del CGP. Posteriormente, con auto del 8 de marzo de 2024, el
Consejo de Estado confirmó lo resuelto el 28 de septiembre de 2022, en cuanto negó el
decreto de la prueba solicitada por la parte accionante.

23. La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado señaló que la
supuesta irregularidad invocada por el accionante, consistente en la falta de seguimiento
del procedimiento para la calificación y evaluación previo al retiro (regulado en el Decreto
1799 de 2000), ya fue objeto de análisis por esa corporación en la providencia
cuestionada, en la que se concluyó que el acto de desvinculación se ajusta a derecho,
dado que el señor Sánchez Suárez: (i) contaba con el tiempo de servicio superior al
mínimo legal para acceder a la asignación de retiro; (ii) existió concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional; y (iii) el acto se profirió en ejercicio de
la facultad discrecional.

24. Del mismo modo, en esa oportunidad se dejó claro que las evaluaciones de
desempeño, las felicitaciones y los demás soportes documentales, si bien dan cuenta
del adecuado desempeño del profesional, no son garantía de la estabilidad absoluta y
tampoco impiden el retiro con fundamento en las causales previstas en los artículos 99,
100 y 103 del Decreto 1790 de 2000.

25. Por lo anterior, concluyó que la controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y con ello, convertir la acción de tutela
en una tercera instancia. En consecuencia, la acción es improcedente por falta de
relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Sentencia de primera instancia

26. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la tutela, porque no satisface el requisito de relevancia
constitucional, dado el interés evidente de convertir la acción en una instancia adicional
del proceso de origen.

27. Concretamente, el a quo estima que la parte actora pretende reabrir la discusión
surtida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que sus reparos
se orientan a cuestionar: (i) la valoración probatoria, normativa y jurisprudencial
realizada por la autoridad judicial accionada, en especial reprocha que no se practicaron
algunas de las pruebas decretadas y que las recaudadas fueron indebidamente
valoradas; (ii) la inaplicación o interpretación errónea de los artículos 6, 36, 52, 53, 61 y
76 del Decreto 1790 de 2000; (iii) el desconocimiento de Disposición 039 del 28 de julio
de 2003 del Comando General de las Fuerzas Militares, que estableció los parámetros
para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso anual de evaluación y
clasificación de oficiales y suboficiales, previstos en la Resolución 1382 del 25 de
septiembre de 2001; y (iv) el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional,
según el cual, el retiro discrecional de un militar, aunque no exige una motivación
extensa, sí requiere que el acto administrativo refleje una valoración seria, objetiva y
suficiente de la recomendación del comité respectivo.

28. Dichos reproches fueron abordados por la autoridad judicial accionada en la
sentencia de segunda instancia, y por lo tanto, se desentraña que la finalidad del
accionante no es plantear un debate constitucional autónomo, sino insistir en la revisión
de la legalidad de su desvinculación de la Armada Nacional.

D. Impugnación

29. La parte accionante insiste en que el debate planteado reviste relevancia
constitucional, y por consiguiente solicita que se analicen de fondo los cargos planteados
en la demanda, bajo el título de defectos fáctico y sustantivo.

30. En cuanto al fáctico señala que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional por
medio de la acción de tutela es posible cuestionar aspectos probatorios, sin que ello, de
plano, signifique la ausencia de relevancia constitucional del debate planteado. Por esa
razón, considera que el a quo anticipó la conclusión de improcedencia y dejó de analizar
el fondo de la controversia planteada.

31. Adujo que con la tutela no se buscaba determinar si el retiro se ajusta a derecho, sino
establecer si las providencias censuradas ejercieron un control real y efectivo sobre el
uso de la facultad discrecional de la administración.

32. Reiteró los argumentos esgrimidos en la tutela, relacionados con la falta de razones
objetivas que sustentaron el llamamiento a calificar servicios, dado que a su juicio,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la desvinculación con
fundamento en esa causal, pese a tener origen en el ejercicio de la facultad discrecional,
no puede ser arbitraria y por ello, en el acta de recomendación que antecedió el retiro
del servicio del actor, debió realizarse un examen objetivo de su trayectoria profesional

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

y de su hoja de vida, lo cual no se efectuó, circunstancia que las autoridades judiciales
accionadas no valoraron adecuadamente.

33. Esta irregularidad desconoce la legalidad administrativa y viola el principio de
igualdad, de tal manera que salta a la vista la relevancia constitucional del asunto objeto
de debate.

CONSIDERACIONES

Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 2,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

35. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 19
de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

36. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá
si las autoridades judiciales accionadas, con la expedición de las sentencias del 10 de
agosto de 2023 y del 27 de junio de 2025, incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo
y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de igualdad de la parte accionante.

37. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

38. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

39. De manera reiterada, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe

2
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionante: Julio César Sánchez Suárez
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley
2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 5, ni
una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni una sentencia interpretativa
(SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz -JEP8; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir
que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en
el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo
que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa
judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto
de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de
una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese
sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

40. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

41. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 10 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

42. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en

4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215

de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio

del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573

de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto

43. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional,
en tanto que tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en el
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 25000-23-42-000-2021-00364-
00/01.

44. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que, a través de la acción constitucional
de la referencia, el señor Julio César Sánchez Suárez pretende revivir el debate
suscitado en el proceso de origen, toda vez que los argumentos esgrimidos en la
demanda no evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su
inconformidad con la decisión adoptada, que se fundamenta en los mismos aspectos que
motivaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, para que se declarara la
nulidad de la Resolución No. 2108 de 21 de julio de 2020, por medio del cual se le retiró
del servicio activo por llamamiento a calificar servicios; y en los mismos fundamentos en
que se cimentó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de agosto
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.

45. En efecto, el señor Sánchez Suárez, desde el libelo introductorio, fundamenta la
supuesta ilegalidad del acto de retiro en que: (i) se decidió con el objeto de encubrir las
supuestas irregularidades ocurridas en el proceso de evaluación y selección para
ascenso al grado de capitán, en el cual no fue seleccionado; (ii) se desconoció el
procedimiento previsto en los Decretos 1790 y 1799 de 2000, relacionados con el
régimen de carrera y el sistema de evaluación y clasificación de las Fuerzas Militares;
(iii) el retiro por llamamiento a calificar servicios no se sustentó en razones objetivas y
hechos ciertos, lo que se evidencia en la ausencia de revisión o estudio previo de la hoja
de vida del actor y de su trayectoria profesional; (iv) en las actas o informes de evaluación
de las Juntas Asesoras o Comités no quedó constancia de que se hubiera realizado un
análisis de la hoja de vida, las evaluaciones de desempeño, y toda la información del
oficial sobre su trayectoria en la Armada; (v) la recomendación emitida por la Junta de
Clasificación de la Armada Nacional fue caprichosa y arbitraria, porque no se basó en la
historia laboral del actor, ni en los demás documentos señalados en los Decretos 1790 y
1799 de 2000; (vi) el acto de desvinculación no se fundamentó en razones del buen
servicio.

46. Frente a esos argumentos se pronunció la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 10 de agosto de 2023, en
la que se negaron las pretensiones, tras determinar que la decisión de retiro con
fundamento en la causal por llamamiento a calificar servicios se acogió con el lleno de
los requisitos legales, dado que «el demandante al momento en que fue llamado con tal
finalidad, contaba con un tiempo de servicios de más de 24 años y por ello era
beneficiario de la asignación de retiro». Y además, se contó con el concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, que en

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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

sesión del 12 de mayo de 2020, recomendó por unanimidad el retiro del servicio del
capitán Sánchez Suárez.

47. Con fundamento en ello, el fallador de primera instancia determinó que «(…) la razón
institucional para recomendar y disponer el retiro del servicio del demandante, fue el
mejoramiento del servicio y la renovación del personal de la institución atendiendo a la
estructura piramidal (…) para satisfacer las necesidades que tenía la Institución en ese
momento, sin que necesariamente se ciña sólo a las calidades laborales del servidor y a
su desempeño, pues tales aspectos no otorgan un fuero de estabilidad, sumado a que
ya contaba con los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».

48. Aunado a lo anterior, el Tribunal accionado fue claro al señalar que no existe prueba
en el plenario que indique que la desvinculación se hubiere decidido como consecuencia
de una persecución o que haya tenido fines distintos al buen servicio, menos aún que
hubiera estado relacionada con su no recomendación para el ascenso al grado
inmediatamente superior.

49. Ahora bien, inconforme con la motivación expuesta en la sentencia de primera
instancia, el accionante interpuso recurso de apelación oportunamente, que cimentó en
los siguientes argumentos 11 : (i) para el retiro con fundamento en la causal por
llamamiento a calificar servicios, no se tuvo en cuenta el proceso de calificación y
evaluación regulado en el Decreto 1799 de 2000, que estima necesario para que la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendara el retiro del oficial; (ii) no se
tuvo en cuenta la historia laboral ni la trayectoria militar del actor, contenida en los folios
de vida, en los extractos de hoja de vida, en las listas de calificación y en otros
documentos que no se estudiaron previo a tomar la decisión de retiro; (iii) en el proceso
que determinó el ascenso de los oficiales, no se aplicó el proceso de evaluación y
clasificación establecido en el Decreto 1799 de 2000; (iv) las buenas calificaciones, las
felicitaciones, condecoraciones, reconocimientos y en especial las listas de clasificación
resultan decisivas para la toma de decisiones de retiros o ascensos al interior de las
fuerzas Militares; (v) el ejercicio de la facultad de retiro discrecional a través de la causal
de llamamiento a calificar servicios, no puede ser arbitraria ni caprichosa, sino que debe
fundamentarse en razones objetivas, tal como el mejoramiento del servicio, que solo es
posible verificar de cara a la valoración de la hoja de vida y demás documentos que dan
cuenta de la excelente trayectoria profesional del oficial; (vi) la decisión de retiro no se
cimentó en criterio objetivos, por cuanto no fue precedida de una evaluación formal en la
que se tuviera en cuenta la trayectoria del actor.

50. Sobre todos estos aspectos se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la providencia de segunda instancia objeto de censura12, con
razonamientos que no se observan caprichosos ni arbitrarios.

51. En primer lugar, la Corporación explicó que conforme al régimen legal que regula la
materia, el acto administrativo que decide el retiro del servicio de un uniformado con
fundamento en la causal de llamamiento a calificar servicios, no debe ser motivado, y por
lo tanto, no es necesario agotar exigencias distintas a las que exige la norma, a saber:

11 Tomados de los antecedentes consignados en la sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 27 de junio de 2025.
12 Proferida el 27 de junio de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

(i) tener un tiempo mínimo de servicios; (ii) acreditar los requisitos para acceder a la
asignación de retiro; y (iii) en caso de los oficiales, que exista concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa.

52. En ese orden, descartó que el buen desempeño del servicio y la excelente trayectoria
profesional impidan el ejercicio de la facultad discrecional del nominador para decidir la
desvinculación de la institución con fundamento en la causal de llamamiento a calificar,
así como también señaló, con fundamento en las sentencias SU-091 y SU-217 de 2016
que no es exigible que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa plasme razones sobre
el desempeño laboral del oficial que sustenten la recomendación de retiro. Sobre el
particular, discurrió (transcripción literal con posibles errores incluidos):

34. Caber precisar que la junta se limita a dar una recomendación discrecional sobre
la permanencia o no en el servicio del uniformado sin que sea necesario que plasme
razones de desempeño laboral. Así lo indicó la Corte Constitucional en las
sentencias SU-091 y SU-217, ambas de 2016. En esta última manifestó que «[t]al
y como lo advirtió la sentencia SU-091 de 2016 los actos administrativos por los
cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una
motivación expresa más allá de la extratextual contemplada en la ley y que el buen
desempeño laboral de los oficiales no representa una estabilidad laboral absoluta
que impida la renovación de los cuadros de mando en las Fuerza Pública. Es así,
como la providencia también incurrió en el defecto sustantivo en la medida en que
señaló que se debía motivar la recomendación de la Junta de Asesores cuando la
misma es un acto discrecional que goza de la presunción de legalidad» [sic].

35. Por lo anterior, si bien es cierto el demandante durante el desarrollo de su
actividad militar obtuvo múltiples condecoraciones (6), distintivos militares (3) y
felicitaciones (93) y que en la evaluación de desempeño como capitán de fragata
por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de
2019 fue calificado en la lista 3 y que obtuvo la calificación de «bueno» y «muy
bueno» en el desempeño del cargo, ello no le otorgaba un fuero de estabilidad
absoluta que impidiera su desvinculación.

36. En efecto, el retiro por llamamiento a calificar servicios procede incluso si el
militar ejerció en debida forma sus funciones, ya que ello es un deber inherente y
natural al desempeño del empleo. Además, el propósito de esta causal de retiro es
permitir la renovación jerárquica de las Fuerzas Militares lo que se logra con la
promoción de alguno y el retiro de otros, en atención a la estructura piramidal del
mando de la institución.

37. A lo anterior se suma que en el caso concreto no existió un concepto favorable
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para un ascenso y que la
Junta Clasificadora decidió no recomendarlo para el demandante. Por tal razón, no
se procedió a ello y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa dispuso su
desvinculación por llamamiento a calificar servicios amparada en que completó los
requisitos para recibir la asignación de retiro.

38. En este punto cabe precisar que a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
le corresponde, por disposición del numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de
2000, la función de emitir dos tipos de recomendaciones al gobierno nacional. Así,
le compete sugerir i) los nombres de los oficiales que, a su juicio, deben ser
ascendidos; y ii) cuáles de ellos deberían ser retirados por llamamiento a calificar
servicios o por otra causal. Ambas recomendaciones, aunque las profiere la misma
junta, obedecen a causas distintas.

39. En efecto, el ascenso de los oficiales se rige por lo reglado en los artículos 51,
53 y 55 del Decreto 1790 de 2000, normas que fijan los requisitos que se deben
acreditar para obtenerlo. Entre tanto, el llamamiento a calificar servicios, regulado

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, tiene como causa el
cumplimiento de la asignación de retiro del oficial, según se explicó en esta
providencia.

40. En el presente caso, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendó el
retiro del servicio activo del actor por llamamiento a calificar servicios con sustentó
en que alcanzó los requisitos para obtener la prestación aludida, tal como quedó
probado. A su vez, valga recordar que en el presente asunto no hay un concepto
favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para un posible
ascenso, que en todo caso la Junta Clasificadora no lo recomendó.

53. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la
normativa aplicable, la jurisprudencia en la materia y los medios de prueba obrantes en
el expediente, a partir del cual concluyó la legalidad de la desvinculación del señor Julio
César Sánchez Suárez con fundamento en la causal por llamamiento a calificar servicios.

54. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son razonables y
no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, puesto que
responden adecuadamente al problema jurídico abordado por el tribunal. El hecho de
que el accionante no comparta el fundamento de la decisión, no significa que el Tribunal
Administrativo accionado hubiese tomado una decisión irracional, absurda o
contraevidente, al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.

55. Además, nótese que las autoridades judiciales accionadas en ambas instancias, de
cara a la normativa aplicable y a la jurisprudencia en la materia, explicaron que para la
aplicación de esta causal de retiro no era necesario o indispensable que se efectuara un
procedimiento previo de evaluación y clasificación, en el que se revisara la hoja de vida
del oficial y su trayectoria, por cuanto, ello no está contemplado como requisito para la
procedencia del retiro, y en todo caso, la excelencia en el servicio no impide el ejercicio
de la facultad discrecional.

56. En suma, para la Subsección, la discusión propuesta es una reiteración de un debate
ya surtido ante el juez natural de la causa, y en consecuencia carece de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiado en esta instancia, tal y como lo declaró el a
quo.

57. Finalmente, aunque en las pretensiones de amparo no se solicitó dejar sin efectos la
decisión dictada en la audiencia inicial del 28 de septiembre de 2022, que decretó las
pruebas en el proceso de origen, de los fundamentos que cimentan la tutela se extrae
que la parte actora también cuestiona dicha providencia, por no haber decretado la
declaración de parte del señor Sánchez Suárez.

58. Sobre el particular, basta señalar que en lo que atañe a la censura del auto del 28 de
septiembre de 2022, la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, teniendo en
cuenta que dicha providencia fue apelada en su momento por la parte demandante y que
mediante auto del 8 de marzo de 2024, el Consejo de Estado la confirmó, por lo que es
evidente que, en ese aspecto puntual, la acción no se interpuso en un término razonable,
dado que se radicó el 18 de diciembre de 2025, esto es, más de un año y nueve meses
después.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08113-01
Accionante: Julio César Sánchez Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

59. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
improcedente el amparo solicitado por las razones esgrimidas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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