Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08124-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08124-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida en primera instancia
por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO 1 que denegó el amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08124-01
Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y a los principios de buena fe, confianza legítima y
supremacía de la norma superior, los cuales estima vulnerados por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 2, al proferir la
sentencia de 14 de agosto de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 68001-33-33-013-2020-00099-01.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO (INPEC) como miembro del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, labor de alto riesgo, desde el 28 de febrero de 1997 hasta
el 30 de agosto de 2018, razón por la que la ADMINISTRADORA
2
En adelante TRIBUNAL.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) 3 le reconoció la
pensión de vejez especial por actividad de alto riesgo mediante
Resolución núm. SUB-36780 de 8 de febrero de 2018.
Manifestó que solicitó a COLPENSIONES la reliquidación de su
pensión al ser beneficiaria del régimen de transición por haber
ingresado antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de
26 de julio 2003 4, esto es, el 28 de julio de 2003; no obstante, esta
negó su reclamación mediante Resolución núm. SUB-202457 de 30
de julio de 2019, en la que aplicó erradamente lo dispuesto en la Ley
100 de 23 de diciembre de 19935 y el Decreto 1158 de 3 de junio de
1994 6.
Precisó que, debido a lo anterior, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
COLPENSIONES con la finalidad de obtener la reliquidación de su
pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, así como el pago de las diferencias
pensionales atrasadas, debidamente indexadas.
3
En adelante COLPENSIONES.
4
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades".
5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
6
“Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994”.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
Afirmó que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 2020-00099-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA7 que, mediante sentencia de 16 de diciembre
de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que
para establecer el IBL de su pensión se debía tener en cuenta el 75%
del promedio de lo devengado en el último año de servicios,
aplicando para ello los factores salariales previstos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 7 de junio de 1978 8.
Expuso que COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado por el TRIBUNAL que, a través de sentencia de 14 de
agosto de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó
las pretensiones de la demanda, al estimar que no le era aplicable lo
establecido en la Ley 32 de 3 de febrero de 1986 9, dado que no había
cotizado 500 semanas a la entrada en vigencia del Decreto 2090 que
exige tal requisito para beneficiarse del régimen de transición, por lo
que no era procedente la reliquidación de su mesada pensional con
la inclusión de los factores devengados el último año de servicio.
7
En adelante el JUZGADO.
8
“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.
9
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial 10, ya que no tuvo en
cuenta la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
según la cual solo es necesario acreditar que la vinculación del
servidor del INPEC se produjo con anterioridad al 28 de julio de
2003, por ser la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 y
haber cumplido 20 años de servicio para que tenga derecho a las
prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986, sin que se exija para
este personal las 500 semanas previstas en el artículo 6 del referido
Decreto, ni lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100, porque, a
su juicio, dichas exigencias desparecieron con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 22 de julio de 2005 11.
Señaló que también incurrió en defecto material o sustantivo,
toda vez que desatendió la normativa en que debía fundar su decisión
y aplicó erróneamente el régimen general de la Ley 100 y el Decreto
10
Para el efecto, citó las sentencias emitidas por la (i) Subsección A el 22 de octubre de 2020, rad.
88001-23-33-000- 2014-00006-01 (4678-14); el 2 de febrero de 2023, rad. 23001 23 33 000 2016
00445 01 (3423-2018); el 16 de febrero de 2023, rad. 68001 23 33 000 2018 00726 01 (6382-2019),
18 de mayo de 2023, rad. 63001-23-33-000-2019-00128-01 (1958-2021); el 22 de junio de 2023,
rad. 52001 23-33-000-2015-00732-01 (3466-2021); el 30 de octubre de 2024, rad. 08001-23- 33-
000-2021-00064-01 (7181-2023) y el 16 de octubre de 2025, rad. 11001-03-25 000-2022-00297-00
(2290-2022); y (ii) Subsección B el 10 de julio de 2025, rad. 68001-23-33-000-2019-00905-01 (5318-
2022) y 26 de junio de 2025, rad. 68001- 23-33-000-2020-00717-01.
11
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
1158, pues, en su criterio, su derecho pensional se rige por lo
previsto en las leyes 32 de 1986 y 4 de 23 de abril de 196612, los
decretos 446 de 24 de febrero de 199413 y 1950 de 13 de junio de
2005 14 y el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01, dado que
ingresó a laborar al INPEC antes del 28 de julio de 2003.
Sostuvo que en la providencia cuestionada también se incurrió en
defecto fáctico, por cuanto, aunque aportó las pruebas que
demostraban su ingreso a la entidad como miembro de custodia y
vigilancia, desde el 28 de febrero de 1997, el TRIBUNAL las valoró
de manera indebida e irrazonable al aplicarle un régimen ajeno a su
actividad de alto riesgo y, además, exigirle “de manera arbitraria” las
500 semanas previstas en el artículo 6 del Decreto Ley 2090.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:
“[…] SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior protección
legal, favor se proceda a dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025 CON
RADICADO 68001333301320200009901 y en su lugar se
12
“Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las
pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”.
13
“Por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional
Penitenciario y carcelario, Inpec”.
14
“Por el cual se reglamenta el artículo 140 de la Ley 100 de 1993”.
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ordene la protección de los Derechos fundamentales demandados
ordenándole proferir al accionado Tribunal una nueva sentencia
confirmando la de primera instancia.
TERCERA: La genérica que el despacho considere necesaria en la
protección de mis Derechos Fundamentales. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO solicitó ser desvinculado del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la
sentencia cuestionada es la proferida en segunda instancia por el
TRIBUNAL.
I.5.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela, por cuanto no se ha materializado ningún vicio,
defecto o vulneración de los derechos fundamentales alegados y lo
que se advierte es que la actora pretende convertir el mecanismo
constitucional en una tercera instancia, pues los hechos y
fundamentos de derecho aquí expuestos ya fueron objeto de estudio
en el proceso ordinario cuestionado.
I.5.3.- El TRIBUNAL, pese a haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.
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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
5 de febrero, denegó el amparo solicitado por considerar que en la
sentencia cuestionada no se incurrió en los defectos alegados ni se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora.
Para el efecto, señaló que el TRIBUNAL accionado realizó una
aplicación coherente del régimen constitucional y legal vigente,
descartando la procedencia del régimen de transición por la ausencia
de uno de sus presupuestos esenciales, razón por la que consideró
que la decisión censurada no realizó una interpretación caprichosa o
arbitraria que diera lugar a la configuración de un defecto sustantivo,
sino que efectuó una lectura armónica y razonable del régimen
pensional aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC.
Frente al desconocimiento del precedente, resaltó que las
providencias invocadas como desconocidas no guardan similitud
fáctica con el caso de la actora, dado que en ellas se estudió si a los
allí demandantes se les debía exigir el cumplimiento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 y lo dispuesto en
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el artículo 6 del Decreto 2090 para ser beneficiarios de la Ley 32 de
1986, mientras que en el presente asunto la discusión versa es sobre
la exigencia de las 500 semanas que señala el mencionado Decreto
como requisito adicional a la condición de haberse vinculado al
INPEC antes de la entrada en vigencia de este.
Concluyó que tampoco se configuró el defecto fáctico alegado,
debido a que la accionante no cumplió con la carga mínima
consistente en identificar las pruebas concretas que, en su criterio,
se apreciaron indebidamente o dejaron de valorarse, por lo que
invocar dicha anomalía de forma general conllevaría a que el juez de
tutela tenga que adelantar un estudio detallado de la totalidad del
material probatorio y, por ende, haga las veces de juez natural, lo
cual no es viable efectuar a través de la acción constitucional.
Finalmente, decidió no acceder a la solicitud de desvinculación del
JUZGADO, comoquiera que, si bien las pretensiones están dirigidas
a controvertir la sentencia de segunda instancia, dicha autoridad fue
vinculada al presente trámite por ser quien conoció en primera
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto
de estudio.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
reiterando que se violó directamente la Constitución Política al
realizar una errada interpretación de lo dispuesto en el parágrafo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 en relación con el personal y
exmiembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, frente a
los cuales el único requisito exigible es que hayan ingresado con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090, por
lo que, a su juicio, el citado Acto Legislativo se le debió aplicar por
favorabilidad y jerarquía.
Adujo que no es un tema meramente de jurisdicción ordinaria sino
de calado Constitucional, puesto que a la fecha persiste la
vulneración del citado Acto Legislativo y, por ende, la defraudación
de la Constitución.
Insistió en que se está violando la Constitución, vulnerando y
desconociendo sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y jurídica (pensión), la buena fe, a los
principios de confianza legítima y supremacía de la norma superior,
así como a la protección y respeto de una normativa de rango
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constitucional como lo es el parágrafo transitorio 5 del Acto
legislativo 01, norma exclusiva para el personal y ex miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, la cual fue desconocida
por la autoridad judicial accionada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
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relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 14 de agosto de 2025, proferida por el TRIBUNAL
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00099-01.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
En el proceso aludido la actora solicitó la reliquidación de su pensión
como exmiembro del INPEC, para que se incluyeran todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicio, con
fundamento en lo establecido en la Ley 32 de 1986, por aplicación
del Acto Legislativo 01 de 2005.
Las pretensiones de la actora fueron denegadas comoquiera que en
criterio del TRIBUNAL no le era aplicable lo dispuesto en la Ley 32
de 1986, porque para la entrada en vigencia del Decreto 2090, no
había cotizado 500 semanas.
El disenso de la accionante radica en que, en su sentir, debía
aplicarse lo establecido en la Ley 32 de 1986 con fundamento en lo
previsto en el acto legislativo 01 de 2005, que solo exige para tal
efecto estar vinculado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090, sin condición del número de semanas cotizadas.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación denegó el amparo solicitado, por considerar que no se
configuraban los defectos invocados por la actora y en la sentencia
cuestionada se realizó una aplicación coherente del régimen
constitucional y legal vigente aplicable a su caso.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
En la impugnación, la accionante reiteró que existía una errada
interpretación de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5 del Acto
Legislativo 01 en relación con el personal y exmiembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC, frente a los cuales el único
requisito exigible es que hayan ingresado con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090, razón por la que, a su
juicio, el citado Acto Legislativo se le debía aplicar por favorabilidad
y jerarquía.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 15, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela». 16
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación17, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
15
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [19].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [20].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
[18] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [21].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
[21] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[22] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [24]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[23] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es
que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la
accionante se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial
accionada realizó una errada interpretación de lo dispuesto en el
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 en relación con el
personal y exmiembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC, frente a los cuales el único requisito exigible es que hayan
ingresado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, revocó la decisión
del a quo y, en su lugar, denegó la reliquidación de la pensión de la
actora por no ser beneficiaria del régimen de transición bajo el
régimen previsto en la Ley 32 de 1986 como exmiembro del INPEC,
con base en el siguiente análisis:
“[…] Ahora bien, en el caso concreto, está demostrado que el
demandante nació el 27 de mayo de 1974 y se vinculó al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, desde el 28 de
febrero de 1997, ocupando el cargo de Dragoneante. De igual
forma se encuentra demostrado que adquirió el estatus jurídico
de pensionado el 1º de septiembre de 2018 y en consecuencia
COLPENSIONES le reconoció pensión de vejez conforme los
requisitos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 pero en relación
con el IBL tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 100 de 1993
y en cuanto a los factores, en Resolución SUB-36780 del 8 de
febrero de 2018, tuvo en cuenta los factores consagrados en el
Decreto 1158 de 1994. De forma expresa, consideró:
“Que para obtener el ingreso base de cotización de la
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presente prestación, se toman los factores salariales
establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de
1993 y artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de
1994, los cuales son:”
Como se advierte, Colpensiones reconoció a la demandante su
calidad de beneficiaria del régimen especial del INPEC, aspecto
que no se encuentra en discusión. La controversia gira en torno
a los factores salariales que deben ser incluidos en el IBL de la
prestación, toda vez que la demandante solicita que se
consideren los ingresos percibidos durante el último año de
servicio, con fundamento en el Decreto Ley 1045 de 1978, en
especial la prima de riesgo, argumentando que así lo dispone el
parágrafo transitorio 5° del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005. Por su parte, la entidad accionada aplicó la Ley 100 de
1993 y los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
En cuanto al reconocimiento de la pensión, conforme con la
jurisprudencia aplicable y lo probado en el proceso, se tiene que
el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, estableció que
quienes hubiesen ingresado antes de la vigencia del
Decreto 2090 de 2003 conservarían el régimen vigente para
ese momento, en atención a los riesgos inherentes a su labor.
Dicho régimen corresponde al previsto en la Ley 32 de 1986, que
contempla el acceso a la pensión con veinte (20) años de
servicio, continuos o discontinuos, sin requisito de edad,
siempre que se acredite el cumplimiento de las cotizaciones
exigidas, esto es, quinientas (500) semanas en actividades
calificadas como de alto riesgo.
No obstante, es preciso aclarar que, si bien la demandante se
vinculó al INPEC el 28 de febrero de 1997, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003,
para el 28 de julio de ese mismo año no cumplía con el número
de semanas cotizadas exigidas para acceder al régimen
pensional especial consagrado en la Ley 32 de 1986, esto es,
500 semanas. En efecto, para reunir dicho requisito al 28 de
julio de 2003 —conforme lo exige el régimen especial aplicable
a actividades de alto riesgo, conservado por el Acto Legislativo
01 de 2005—, la persona debió haberse vinculado laboralmente
y cotizado de manera efectiva desde, por lo menos, finales de
diciembre de 1993.
Así pues, tampoco es de recibo que se pretenda la reliquidación
de su mesada pensional con inclusión de los factores
devengados el último año de servicios, con fundamento en el
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
Decreto Ley 1045 de 1978, pues, como se indicó previamente,
no es beneficiaria del régimen de transición, puesto que, si bien
se vinculó al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003- en el año 1997- también lo es, que para el 28 de
julio de 2003 no contaba con las 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo.
En consecuencia, no le asiste derecho a la demandante a obtener
el reajuste de la pensión que le fue reconocida por los servicios
prestados en el INPEC para incluir la totalidad de los factores
salariales percibidos en su último año de servicios, sin que ello
implique afectación alguna a la pensión previamente reconocida
por Colpensiones. por lo cual, se REVOCARÁ la sentencia de
primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL no pasó desapercibido el texto del acto legislativo 01 de
2005, en cuanto adicionó el artículo 48 de la Constitución Política,
sino que por el contrario analizó dicha norma como parte del marco
jurídico de las pensiones de los empleados del INPEC, para concluir
que conforme a este y la jurisprudencia del Consejo de Estado los
exservidores de tal entidad que pretendan beneficiarse del régimen
previsto en la Ley 32 de 1986, deben cumplir con los requisitos
especiales dispuestos en los artículos 6° del Decreto 2090 y 36 de la
Ley 100.
A partir de dicha conclusión general el TRIBUNAL estableció que la
actora no era beneficiaria del régimen de transición que permitiera
la aplicación de la Ley 32 de 1986, porque a la entrada en vigencia
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08124-01
Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
del Decreto 2090 no había cotizado 500 semanas.
Aunado a lo anterior, cabe anotar que, respecto de la obligatoriedad
del cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen de
transición previsto en el Decreto 2090, a efectos del reconocimiento
de pensiones conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del acto
legislativo 01 de 2005, en sentencia de 10 de diciembre de 2018 25,
esta Sección señaló:
“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las pensiones
de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de 55 años
para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por cada 60
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas
requeridas en el Sistema General, sin que la edad pueda ser
menor a 50 años y ii) el monto de cotización para efectos de
adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto en la Ley
100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por la
Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda equipararse a
la totalidad de un régimen especial o exceptuado, en la medida
que hace parte del régimen de prima media con prestación
definida de la Ley 100 de 1993.
90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se les
aplica el régimen hasta ese entonces vigente por razón de
los riesgos de su labor, hace clara referencia a la
protección de las expectativas legítimas que ampara el
régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2018-03523-01.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció, precisamente, frente a las inconformidades que ahora
alega la actora en la presente acción constitucional, en la que insiste
en la aplicación exclusiva del acto legislativo 01 de 2005, aspecto
que ya fue resuelto de forma admisible y razonable por parte de la
autoridad judicial accionada, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
Ahora, en lo que refiere al desconocimiento del precedente alegado,
es del caso destacar que tal y como lo consideró el a quo, las
sentencias presuntamente desatendidas no guardan similitud fáctica
con el caso de la actora.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta transgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08124-01
Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se modificará la decisión del a quo que denegó las
pretensiones y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actora: MARTHA YOLANDA GÓMEZ MORENO
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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