Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08125-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08125-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 08125 00
Accionante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de
Decisión y Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Turbo
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela, por cuanto se dirige
contra una sentencia de tutela y no se acreditó la existencia de
fraude que habilite de manera excepcional su procedencia,
conforme a los criterios fijados en la Sentencia SU-627 de 2015.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Turbo, con ocasión de las sentencias
proferidas el 9 de junio de 2025 y el 5 de mayo de 2025, respectivamente, en la acción
de tutela identificada con el radicado núm. 05837 33 33 006 2025 00053 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando a través de apoderada, promovió
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de
Decisión y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Turbo, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
PRIMERA. AMPARAR los derechos al debido proceso, defensa y contradicción
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se proteja el principio de
sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones y de legalidad del
gasto público, declarando la configuración del defecto sustancial y el
desconocimiento del precedente, en las que incurrieron las sentencias del 5 de
mayo de 2025 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo (Antioquia),
y la sentencia que confirma del 09 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por haber sido motivadas en virtud de fraude a la Ley
y en contravía de los artículos 29, 48, 230, 345, 352 de la Constitución.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas del 5 de mayo de
2025 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo (Antioquia), y la
sentencia del 09 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 0315000 2025 08125 00.
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Accionante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Antioquia que la confirma, por las evidentes irregularidades materiales en las que
se erigieron, por el desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar a
este Ministerio a incluir provisiones de pasivos pensionales por fuera de los
términos de ley en el presupuesto nacional, y a reconocer, liquidar, y pagar
DIRECTAMENTE una indemnización sustitutiva a la accionante, haciendo incurrir
al Ministerio en destinación INDEBIDA de dineros propios de la Entidad, por no
existir presupuesto asignado, ni convenio de concurrencia suscrito para atender
lo exigido por el Despacho, evidenciándose el fraus Omnia corrumpit alegado.
TERCERA. Que por lo anterior, se profiera una nueva decisión en la que se
atienda al ordenamiento constitucional y legal, y declare la ausencia de
responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la vulneración de
los derechos fundamentales de la señora Minerva Espitia de Beltrán, y, en
consecuencia, se EXONERE a este Ministerio de toda obligación relacionada con
el pago de la indemnización sustitutiva a través de un bono pensional ordenada
en favor de la señora Espitia, en virtud de la inexistencia de habilitación legal para
efectuar esta erogación, existiere o no la suscripción de un contrato de
concurrencia, y en resguardo de la sostenibilidad financiera del sistema general
de pensiones de la Nación. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2025, la señora Minerva Espitia de Beltrán
interpuso acción de tutela contra el Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes, el
Departamento de Antioquia – Dirección Seccional de Salud, la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (UGPP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital,
a la vida digna y a la salud.
Como sustento de lo anterior, manifestó que estuvo vinculada mediante contrato laboral
a término indefinido con el Hospital Pedro Nel Cardona del municipio de Arboletes, desde
el 1.º de diciembre de 1978 hasta el 16 de agosto de 1992, en el cargo de auxiliar en
servicios de salud. Señaló que el 6 de febrero de 2024 solicitó ante su antiguo empleador
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y del
bono pensional.
Indicó que el Hospital negó dicha solicitud bajo el argumento que la E.S.E. se encontraba
en proceso de saneamiento fiscal y financiero, lo cual impedía la redención del bono
pensional. Refirió que, en la respuesta, la entidad sostuvo que la obligación
correspondería a la Gobernación de Antioquia, a través de la Dirección Seccional de
Salud, con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del 21 de octubre de 2010,
relacionada con la asunción del pasivo prestacional en las Empresas Sociales del Estado.
Señaló que presentó peticiones ante la Gobernación de Antioquia y la UGPP, con el fin
de obtener el reconocimiento de la indemnización sustitutiva y del bono pensional, sin
que dichas entidades hubieran emitido respuesta.
Manifestó que, a la fecha de interposición de la tutela, contaba con 77 años de edad,
padecía diversas patologías médicas y carecía de ingresos económicos, razón por la cual
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y la adopción de las órdenes
necesarias para el reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas.
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Accionante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Durante el trámite de la acción constitucional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
sostuvo que, si bien la accionante fue certificada como beneficiaria del Fondo del Pasivo
Prestacional del Sector Salud, dicho fondo no cubre indemnizaciones sustitutivas ni se
financia mediante bonos pensionales, por lo que la responsabilidad recaería en el
Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes.
Mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo –
Antioquia amparó los derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora Minerva Espitia de Beltrán, y
ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva, así como la expedición del correspondiente bono pensional.
Inconforme con dicha decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso
impugnación, al considerar que se confundieron figuras con naturaleza y régimen jurídico
distintos y que la orden impartida carecía de sustento legal.
No obstante, mediante providencia del 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.
Posteriormente, el Juzgado negó las solicitudes de aclaración y modulación del fallo
presentadas por el Ministerio y, el 31 de julio de 2025, inició incidente de desacato contra
funcionarios de dicha cartera, imponiendo sanciones mediante auto del 12 de agosto de
2025.
El Ministerio promovió incidente de nulidad y solicitó la revocatoria de la sanción, los
cuales fueron negados mediante auto del 20 de agosto de 2025.
Por último, el 22 de agosto de 2025, el Ministerio reconoció y pagó la indemnización
sustitutiva a la accionante mediante Resolución 2036 del 20 de agosto de 2025 lo que
finalmente generó la inaplicación de las sanciones impuestas.
Señaló que la presente acción de tutela se dirige contra las sentencias proferidas el 5 de
mayo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo y el 9 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que dichas providencias vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Indicó que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, al ordenar al
Ministerio el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva a través de un bono
pensional, pese a que, según considera, no existe habilitación legal para imponerle dicha
obligación ni para financiar dicha prestación mediante ese mecanismo
Sostuvo que se configuró un desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la
medida en que las providencias cuestionadas se habrían apartado de los criterios fijados
por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Para
tal efecto, citó, entre otras, las sentencias T-099 de 2008, T-850 de 2008, T-059 de 2011,
T-681 de 2013, T-748 de 2013, T-230 de 2014, T-164 de 2017, T-622 de 2017, T-148 de
2019 y T-388 de 2024, así como el concepto del Consejo de Estado del 30 de octubre de
2018, la sentencia del Consejo de Estado del 14 de abril de 2016 y la sentencia SL046-
2020 de la Corte Suprema de Justicia, sin que a su juicio se hubiera ofrecido una
justificación suficiente para apartarse de dichos pronunciamientos.
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Finalmente, el Ministerio afirmó que las decisiones de tutela cuestionadas fueron
adoptadas en fraude a la ley, por desconocer el régimen jurídico aplicable y el precedente
jurisprudencial, lo cual a su juicio daría lugar a la configuración de una cosa juzgada
fraudulenta y permitiría la procedencia excepcional del amparo.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 16 de diciembre de 20252, correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 13 de enero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión y al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Turbo, como partes accionadas; así como vincular5 a la
señora Minerva Espitia de Beltrán, al Hospital Pedro Nel Cardona Arboletes, al
Departamento de Antioquia – Dirección Seccional de Salud de Antioquia y a la UGPP,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de
Decisión y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Turbo, para que alleguen copia
digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 05837 33 33 006 2025 00053 00/01.
3.2. La UGPP a través de oficio6 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que esta no cumplía los presupuestos para su procedencia
excepcional contra providencias judiciales.
Sostuvo que la parte accionante pretendía utilizar el amparo constitucional como un
mecanismo para reabrir el debate ya resuelto por el juez natural, sin que se configurara
una vía de hecho en las decisiones cuestionadas.
Asimismo, afirmó que no existió vulneración de derechos fundamentales imputable a esa
entidad ni silencio administrativo de su parte, y que las providencias judiciales
cuestionadas se ajustaron al ordenamiento jurídico y al precedente aplicable. Añadió que
no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó que
se negara el amparo y se dispusiera el archivo del expediente.
3.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Apartadó7 indicó que la acción de tutela no
resulta procedente contra las providencias cuestionadas, al no configurarse cosa juzgada
fraudulenta ni el fenómeno de fraus omnia corrumpit.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 08125 00.
3 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 08125 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de enero de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08125 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 08125 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 08125 00.
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Señaló que las decisiones adoptadas se encuentran debidamente motivadas y que la
inconformidad planteada obedece a un desacuerdo con el sentido del fallo. Añadió que
el expediente fue excluido de revisión por la Corte Constitucional y que la solicitud de
insistencia no fue acogida, por lo que las providencias se encuentran en firme.
3.4. La señora Minerva Espitia de Beltrán allegó escrito8 en el que se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y solicitó que se mantuvieran incólumes las sentencias proferidas dentro del
trámite constitucional adelantado a su favor.
Sostuvo que las decisiones cuestionadas garantizaron efectivamente sus derechos
fundamentales, en atención a su condición de persona de la tercera edad, su estado de
salud y su situación económica, y que no se configuró vulneración alguna al debido
proceso del Ministerio accionante.
Asimismo, señaló que la Corte Constitucional decidió excluir el expediente de revisión y
no acogió la solicitud de insistencia, por lo que a su juicio las providencias se encuentran
en firme y amparadas por la cosa juzgada constitucional.
3.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes
y el Departamento de Antioquia – Dirección Seccional de Salud de Antioquia guardaron
silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
4.2.1. La señora Minerva Espitia de Beltrán interpuso acción de tutela el 11 de abril de
2025 contra el Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes, el Departamento de Antioquia
– Dirección Seccional de Salud, la UGPP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
0315 000 2025 08125 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2.2. Mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de
Turbo – Antioquia amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva, así como la expedición del correspondiente bono pensional.
4.2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso impugnación contra dicha
decisión.
4.2.4. Mediante providencia del 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.
4.2.5. Posteriormente, el Juzgado negó las solicitudes de aclaración y modulación del fallo
presentadas por el Ministerio e inició incidente de desacato contra funcionarios de dicha
cartera.
4.2.6. El 22 de agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoció y
pagó a la accionante la indemnización sustitutiva ordenada, mediante Resolución 2036
del 20 de agosto de 2025.
4.2.7. El expediente de tutela identificado con el radicado 05837 3333 006 2025 00053
00/01 fue remitido a la Corte Constitucional, la cual, mediante auto del 28 de agosto de
2025, decidió no seleccionarlo para revisión.
4.2.8. Posteriormente, se presentó solicitud de insistencia para la selección del
expediente, la cual fue rechazada.
4.2.9. La presente acción de tutela fue promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público contra las sentencias proferidas el 5 de mayo de 2025 y el 9 de junio de 2025,
dictadas dentro del trámite constitucional referido.
4.3. ANÁLISIS DE SALA
4.3.1. De la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias de tutela
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pretende que se dejen sin efectos las
sentencias de tutela proferidas el 5 de mayo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Turbo y el 9 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
dictadas dentro del trámite constitucional promovido por la señora Minerva Espitia de
Beltrán. En ellas se ampararon los derechos fundamentales de la accionante y se
impartieron órdenes relacionadas con el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva.
Uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial que la Corte Constitucional ha establecido es que “no se trate de sentencias de
tutela”13; lo anterior, debido a que:
[…]conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de
1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional
en sede de revisión […]14.
En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es improcedente
para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte
Constitucional unificó jurisprudencia respecto “de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia”, frente a la procedencia de la tutela que se dirige contra los fallos de la
misma naturaleza, explicó15:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene improcedente,
porque la parte actora está controvirtiendo fallos de tutela y no demuestra que estos
hayan sido producto de una situación de fraude, es decir, de cosa juzgada fraudulenta,
para cuya configuración “se requiere estar en presencia de un proceso que formalmente
ha cumplido con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un
negocio jurídico fraudulento a través de medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”16.
También ha precisado que:
[…]la cosa juzgada fraudulenta no se configura únicamente en el evento en
que se adopte una decisión con fines ilegales ligados a una intención
dolosa, sino que también se materializa en aquellos eventos en los que el
juez adopta una decisión fundada en el fraude a la ley, derivada de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial […]17.
14 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional. SU- 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
17 Ibidem.
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Bajo este marco, corresponde verificar si en el presente asunto se configura la excepción
jurisprudencial que habilita, de manera extraordinaria, la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela.
Para que dicha excepción resulte procedente, no basta la mera inconformidad con el
sentido de las decisiones cuestionadas, sino que es necesario que la parte actora
acredite, de manera clara, específica y suficiente, que las providencias de tutela fueron
producto de una situación de fraude o de un fraude a la ley, en los términos definidos por
la jurisprudencia constitucional.
En el presente asunto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que las
sentencias de tutela incurrieron en un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente, al ordenar el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva a
través de la expedición de un bono pensional, pese a la inexistencia de habilitación legal
para imponerle dicha obligación, lo cual a su juicio configuraría un fraude a la ley y, en
consecuencia, una cosa juzgada fraudulenta.
No obstante, del análisis del expediente no se advierte que el accionante haya
demostrado la existencia de una actuación engañosa, artificiosa o deliberadamente
orientada a defraudar el ordenamiento jurídico, ni que las providencias cuestionadas se
hubieran adoptado con base en hechos falsos u ocultos, o mediante el uso abusivo de
los mecanismos procesales. Por el contrario, las decisiones reprochadas se adoptaron
en el marco de un trámite constitucional regular, con plena observancia de las reglas
procesales aplicables y con fundamento en la valoración jurídica efectuada por los jueces
de tutela.
A ello se suma que las providencias cuestionadas fueron remitidas a la Corte
Constitucional para su eventual revisión y, una vez surtido el trámite correspondiente, el
expediente fue excluido del proceso de selección, decisión que se mantuvo incluso luego
de presentada la solicitud de insistencia, sin que ello comporte un pronunciamiento de
fondo, pero sí la activación del mecanismo institucional previsto para el control
excepcional de las decisiones de tutela.
En ese contexto, la Sala no encuentra acreditada la existencia de una situación de fraude
ni de una irregularidad manifiesta o deliberada que permita predicar la configuración de
una cosa juzgada fraudulenta. Por el contrario, lo que se evidencia es la inconformidad
del Ministerio accionante con el sentido de las decisiones adoptadas dentro del trámite
de tutela, circunstancia que resulta insuficiente para habilitar la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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