Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08125-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril del dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Tema: Tutela contra sentencia de tutela
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en contra de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Primera mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público promovió solicitud de tutela con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de las sentencias proferidas el 5 de mayo y el 9 de junio de 2025 por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Turbo y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, en la solicitud de amparo identificada
con el radicado 05837-33-33-006-2025-00053-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1 Minerva Espitia de Beltrán presentó solicitud de tutela en contra del Hospital Pedro
Nel Cardona de Arboletes, del departamento de Antioquia, Seccional de Salud y del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de lograr el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida,
con ocasión de la dilación injustificada en el pago del bono pensional o la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez previamente reconocida a través de
la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.
1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_Radicado_22025079431(.pdf) NroActua 2».
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.3 El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Turbo en sentencia del
5 de mayo de 2025 amparó los derechos fundamentales de la demandante, y, en
consecuencia, ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, incluyera las
provisiones destinadas a asegurar el pago de la indemnización sustitutiva de pensión
de jubilación y, para tal efecto, «expedir el correspondiente bono pensional, reconocerá,
liquidará y pagará directamente la indemnización sustitutiva de la pensión» [sic]. En contra
de esta decisión presentó escrito de impugnación.
2.4 El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 9 de junio de 2025
confirmó la decisión del a quo al considerar que las entidades demandadas
ostentaban la competencia concurrente en el marco del procedimiento administrativo
de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez.
2.5 Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto sustantivo por contrariar el ordenamiento vigente
y desconocer «los capítulos I, II y IV (Decreto 586 de 2017) del Decreto 1068 de 2015, frente
a la naturaleza del pasivo, y puntualmente sus artículos 2.12.4.1.1. y 2.12.4.2.2. (artículo 2
del Decreto 306 de 2004); el artículo 242 de la Ley 100 de 1993; el artículo 42 del Decreto
1748 de 1995; el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997; el artículo 6 de la Ley 610 de 2000;
artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001; y artículos 1 y 2 del Decreto 1730 de 2001», al
ordenarle el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva a través de un
bono pensional, cuando no existe habilitación legal para imponerle dicha obligación
ni para financiar dicha prestación mediante ese mecanismo.
2.6 En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional 2, del
Consejo de Estado3 y de la Corte Suprema de Justicia4 fijado en casos similares, al
obligar a la cartera ministerial a incurrir en destinaciones presupuestales no
contempladas. Lo cual conllevó a que se configurara un «fraus Omnia corrumpit».
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. AMPARAR los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se proteja el principio de sostenibilidad del
sistema de seguridad social en pensiones y de legalidad del gasto público, declarando la
configuración del defecto sustancial y el desconocimiento del precedente, en las que
incurrieron las sentencias del 5 de mayo de 2025 proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo de Turbo (Antioquia), y la sentencia que confirma del 09 de junio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por haber sido motivadas en virtud
de fraude a la Ley y en contravía de los artículos 29, 48, 230, 345, 352 de la Constitución.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas del 5 de mayo de 2025
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo (Antioquia), y la sentencia del 09
2 Al respecto citó las sentencias T-099 de 2008, T-850 de 2008, T-059 de 2011, T-681 de 2013, T-748
de 2013, T-230 de 2014, T164 de 2017, T-622 de 2017, T-148 de 2019, T-388 de 2024.
3 Al respecto citó «el concepto del Consejo de Estado en decisión del 30 de octubre de 2018 a través
de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la sentencia del Consejo de Estado del 14 de abril de 2016 de
la Sección Primera, en ponencia de la Dra. María Elizabeth García González, dentro del expediente
250002342000-2015-06102-01».
4 Al respecto citó la sentencia SL046-2020.
2
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que la
desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar a este Ministerio a incluir
provisiones de pasivos pensionales por fuera de los términos de ley en el presupuesto
nacional, y a reconocer, liquidar, y pagar DIRECTAMENTE una indemnización sustitutiva
a la accionante, haciendo incurrir al Ministerio en destinación INDEBIDA de dineros
propios de la Entidad, por no existir presupuesto asignado, ni convenio de concurrencia
suscrito para atender lo exigido por el Despacho, evidenciándose el fraus Omnia corrumpit
alegado.
TERCERA. Que por lo anterior, se profiera una nueva decisión en la que se atienda al
ordenamiento constitucional y legal, y declare la ausencia de responsabilidad del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la vulneración de los derechos fundamentales
de la señora Minerva Espitia de Beltrán, y, en consecuencia, se EXONERE a este
Ministerio de toda obligación relacionada con el pago de la indemnización sustitutiva a
través de un bono pensional ordenada en favor de la señora Espitia, en virtud de la
inexistencia de habilitación legal para efectuar esta erogación, existiere o no la suscripción
de un contrato de concurrencia, y en resguardo de la sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones de la Nación. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 5 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo por no acreditar los requisitos de procedencia
excepcional contra providencias judiciales. Máxime cuando la verdadera intención del
demandante es convertir la tutela en un mecanismo para reabrir el debate ya resuelto
por el juez natural, pues el litigio ya fue decidido con respeto al principio de doble
instancia.
5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Apartadó 6
aclaró que, en virtud del Acuerdo PCSJA25-12306 del 17 de junio de 2025 desde el
1° de octubre de 2025 reemplazó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Turbo.
5.1. Asimismo, requirió que se declarara improcedente la petición de amparo por
cuanto la misma se dirigió a controvertir una decisión de la misma naturaleza,
respecto de la cual, además, no se configuró la cosa juzgada fraudulenta o la
existencia de fraus omnia corrumpit.
5.2. La entidad insistió en los argumentos expuestos en la impugnación del fallo de
tutela, los cuales fueron abordados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la
sentencia de segunda instancia del 9 de junio de 2025. Además, las solicitudes
posteriores del Ministerio también fueron decididas.
5 Ver índice9 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«17_MemorialWeb_Respuesta-RTA_TUTELA_2025_0812(.pdf) NroActua 11».
6 Ver índice 12 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«20RECIBEMEMORIAL_00020250812500Inform(.pdf) NroActua 12».
3
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
6. Minerva Espitia de Beltrán7 luego de hacer un recuento de las actuaciones
jurídico-procedimentales surtidas al interior del expediente constitucional, pretendió
que se declararan improcedentes las pretensiones de la parte demandante, pues
cualquier ajuste o controversia que requiriera por razones de competencia,
financiación o concurrencia, debería hacerlo exclusivamente entre las entidades
involucradas, sin afectar su derecho ya reconocido ni el pago que se efectuó en
cumplimiento de los fallos de tutela. Máxime cuando es sujeto de especial protección
constitucional.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia8 si bien allegó copia del expediente
digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia9
9. El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 19 de febrero de
2026 declaró improcedente la solicitud de amparo por cuanto se dirigió contra una
sentencia de tutela y no se acreditó la existencia de fraude que habilitara de manera
excepcional su procedencia, pues no existió una conducta engañosa, artificiosa ni
deliberadamente dirigida a vulnerar el ordenamiento jurídico, ni que las providencias
cuestionadas se hubieran proferido con fundamento en hechos falsos u ocultos, o
mediante el uso abusivo de los mecanismos procesales. Por el contrario, las
decisiones objeto de reproche se adoptaron dentro de un trámite constitucional
regular, con plena observancia de las reglas aplicables y con sustento en la
valoración jurídica realizada por los jueces de tutela.
1.4. Escrito de impugnación10
10. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público impugnó la decisión del a quo,
donde además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que,
las indemnizaciones sustitutivas son reconocimientos que realiza exclusivamente el
fondo público que administra pensiones, por lo que careció de facultades para ello,
pues no puede reconocer ni pensiones ni indemnizaciones sustitutivas. Razón por la
cual, la actuación resultó abiertamente contraria al ordenamiento pues se ordenó un
pago improcedente, a una entidad incompetente, mediante medios de erogación
incompatibles y excluyentes entre sí.
7 Ver índice 13 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_Memorial_RespuestaTutelaTribu(.pdf) NroActua 13».
8 Ver índice 14 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«26RECIBEPRUEBAS_Memorial_05837333300620250005(.zip) NroActua 14».
9
Ver índice 17 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«33Sentencia_20250812500Improcede(.pdf) NroActua 17».
10
Ver índice 22 de Samai en primera instancia. Archivo denominado «35_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONTUTELAM(.pdf) NroActua 22».
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado 13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14 . Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 15 , adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no
se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir ¿si la
solicitud de tutela presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es
procedente en razón a que la decisión cuestionada es de similar naturaleza?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva - tutela contra sentencia
de similar naturaleza
16. La solicitud de tutela contra sentencias proferidas en asuntos de similar
naturaleza, en principio, se consideró improcedente19, por cuanto el ordenamiento
16
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de marzo de 2010. Radicación No. 11001-
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
jurídico estableció su revisión eventual por parte de la Corte Constitucional como
mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Así, se
buscó no solo unificar la interpretación constitucional en la materia, sino ratificar a
esa corporación como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de estos
derechos20.
17. Así las cosas, admitir que los fallos de tutela decididos o excluidos de revisión
por la Corte Constitucional sean luego objeto de una nueva demanda de amparo, sin
que se evidencie violación al derecho de acceso a la administración de justicia o al
debido proceso, sería avalar el desgaste de la administración de justicia para la
tramitación de una nueva instancia sobre un proceso de similar naturaleza ya
concluido, lo cual es contrario a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991. En ese orden, cuando se presentan las circunstancias
descritas opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional16.
18. Sin embargo, la jurisprudencia evolucionó y reconoció, de manera
excepcional, la procedencia de la solicitud de tutela contra decisiones de similar
naturaleza cuando exista fraude (cosa juzgada fraudulenta) y supere los demás
requisitos de procedibilidad adjetiva. Así lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 2015, al señalar:
«[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad
a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
20
Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda.
16 artículo 243 de la Constitución Política.
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional. […]». [Se subraya]
2.4.2. Sobre el caso concreto
19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público acudió al juez de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos las sentencias proferidas el 5 de mayo y el 9 de junio de 2025 por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Turbo y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente, en la solicitud de amparo identificada con el radicado
05837-33-33-006-2025-00053-00/01.
20. Dicho ello, se advierte que las providencias que se cuestionan son una
sentencia de tutela, por lo que se debe precisar que, conforme a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional respecto a la procedibilidad de la solicitud de amparo contra
decisiones judiciales emitidas en trámites similares, las invocadas en esta
oportunidad por Ministerio de Hacienda y Crédito Público es improcedente, pues, de
acuerdo con las pruebas allegadas al expediente y sus propios argumentos, es claro
que los pronunciamientos constitucionales bajo estudio no fueron producto de un
fraude, sino del claro inconformismo con lo decidido al resultar contrario a sus
intereses.
21. Sin perjuicio de lo expuesto, no sobra insistir en que el juez de tutela debe
respetar la interpretación jurídica efectuada en este caso por otro juez constitucional
y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo cual no se evidenció en el presente asunto.
3. Conclusión
22. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo a través
de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, por cuestionarse
sentencias de similar naturaleza.
23. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08125-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Primera mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Turbo21.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
21 Hoy Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Apartadó.
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