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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08133-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08133-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08133-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

19 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08133-00
Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08133-00
Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por el señor
Gelasio Cubides Cárdenas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de
2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de diciembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la seguridad jurídica; al trabajo en condiciones dignas y justas; y a la
seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

« PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del Ocho
(08) de febrero de dos mil veintitrés (2023) y dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco
(2025), proferidas respectivamente por la Subsección “C” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de
Estado, radicado 25000-23-42-000-2022-00038-00 y 25000-23-42-000-2022-00038-01
(3296-2023), dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en
consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la
presente acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado,
profiera la sentencia correspondiente en derecho. (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Gelasio Cubides Cárdenas prestó sus servicios a la Policía Nacional desde
el 1.° de mayo de 1983 hasta su retiro, ocurrido el 21 de agosto de 2002. Con ocasión
de este, se elaboró la correspondiente hoja de servicios, a partir de la cual la Caja de

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Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR le reconoció la asignación de retiro,
que ha venido percibiendo de manera periódica.

El accionante consideró que los salarios, prestaciones sociales y la asignación de
retiro reconocidos no fueron objeto de una actualización conforme a la inflación,
particularmente respecto del período comprendido entre 1992 y 2004, la cual estima
ordenada por la Corte Constitucional y no aplicada efectivamente por las entidades
demandadas.

En ese contexto, el 16 de octubre de 2019 solicitó a la Policía Nacional la reliquidación
y pago de la diferencia entre la asignación mensual y prestaciones sociales pagadas
desde el 1.º de enero de 2004 hasta la fecha de su retiro, y a CASUR la reliquidación
y pago de la asignación de retiro, con el fin de que se reconociera y pagara la
diferencia resultante de aplicar la inflación acumulada entre 1992 y 2004.

Dichas solicitudes fueron negadas, razón por la cual, promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa -
Policía Nacional y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional (CASUR),
solicitando anular los actos que negaron el reajuste del salario, prestaciones sociales
y asignación de retiro.

El 8 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C profirió sentencia de primera instancia en la que declaró no
probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada y negó las
pretensiones de la demanda.

El Tribunal consideró que los miembros de la Fuerza Pública se rigen por un régimen
salarial y prestacional especial, cuya fijación corresponde al Gobierno Nacional en
aplicación de la Ley 4ª de 1992, mediante decretos anuales que gozan de presunción
de legalidad. En consecuencia, no es procedente reajustar las asignaciones del
personal activo con base en el IPC, pues los incrementos salariales fueron realizados
conforme a los decretos vigentes entre 1992 y 2002, sin que se hubiera desvirtuado
su legalidad.

Señaló que el demandante se encontraba retirado del servicio activo desde el año
2002, por lo que resultaba improcedente el reajuste salarial solicitado para los años
posteriores. Dijo que, acceder a lo pretendido implicaría la creación de un tercer
régimen de reajuste con base en el IPC, para el período comprendido entre 1992 a
2002, durante el cual no devengó asignación de retiro, con el fin de incrementar la
base de liquidación pensional, sin que exista fundamento legal.

En relación con la asignación de retiro, precisó que el reajuste con fundamento en el
IPC es aplicable únicamente a quienes ostentan la condición de pensionados. En el
caso concreto, aunque para los años 2003 y 2004 dicho reajuste resultaba procedente
por ser más favorable que el principio de oscilación, se constató que tales incrementos
ya habían sido reconocidos y efectivamente pagados al demandante mediante la
aplicación de la figura de extensión de jurisprudencia.

El demandante apeló la decisión con fundamento en que el Gobierno Nacional
desmejoró los salarios de los miembros de la Fuerza Pública al no aplicar la
actualización plena conforme al IPC durante el período comprendido entre 1992 y
2004, en contravía de lo ordenado por la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional.
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Sostuvo que dicha omisión afectó la asignación básica del grado de general, la cual
sirve de base para determinar las asignaciones de los rangos inferiores, con incidencia
directa en su asignación de retiro.

Afirmó que el Tribunal erró al negar la reliquidación solicitada con fundamento
exclusivo en la presunción de legalidad de los decretos salariales expedidos entre
1992 y 2004, sin verificar si dichos actos respetaron los criterios constitucionales de
movilidad salarial fijados por la Corte Constitucional cuando los incrementos resultan
inferiores al IPC.

En consecuencia, solicitó la inaplicación inter-partes de los decretos anuales que
fijaron las escalas salariales de la Fuerza Pública para el período 1992 a 2004, con el
fin de que se aplique la actualización plena de los salarios conforme al IPC y se
reconozca el efecto correspondiente en la reliquidación de su asignación de retiro.

El 16 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en que los incrementos
salariales del personal activo de la Fuerza Pública son fijados de manera exclusiva
por el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, mediante decretos
anuales que gozan de presunción de legalidad y que no pueden ser inaplicados sin la
previa declaratoria de su nulidad.

Precisó que la sentencia C-931 de 2004 no consagra un derecho automático al
reajuste salarial conforme al IPC para todos los servidores públicos, pues la garantía
de mantenimiento del poder adquisitivo no es absoluta y admite limitaciones, en
especial respecto de quienes devengan más de 2 SMLMV, como ocurre con los
generales de la Policía Nacional.

Además, aclaró que el supuesto analizado en dicho precedente se circunscribe al
personal en servicio activo, condición que no se configura en el caso del actor, quien
se retiró en el año 2002, lo que impide su aplicación para reliquidar salarios en
actividad o modificar la base de la asignación de retiro.

Finalmente, advirtió que la asignación de retiro del demandante ya fue reajustada con
base en el IPC para los años 2003 y 2004 mediante la aplicación del mecanismo de
extensión de jurisprudencia, razón por la cual no existe sustento legal ni
jurisprudencial para efectuar un nuevo reconocimiento.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante alegó que las providencias demandadas incurrieron defecto
sustantivo al desconocer el efecto vinculante, erga omnes y de cosa juzgada de la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó el
reconocimiento y la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo
real del salario de los servidores públicos.

Sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas se apartaron injustificadamente
del precedente constitucional fijado en dicha sentencia, al negar el restablecimiento
del poder adquisitivo del salario pese a la inflación causada y acumulada, lo que
constituye un desconocimiento de la providencia constitucional. A su juicio, esta
omisión afecta la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso, al desconocer
un mandato constitucional obligatorio para todas las autoridades judiciales.

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Finalmente, señaló que las providencias incurren en los defectos sustantivos, fácticos
y de motivación, al inaplicar los artículos 53, 48, 216, 217 y 218 de la Constitución
Política y al no valorar adecuadamente las pruebas que evidencian la desvalorización
sistemática del salario.

Consideró que esta actuación judicial avala restricciones arbitrarias al derecho salarial
y prestacional, generando una contradicción entre el precedente constitucional y las
decisiones judiciales.

4. Trámite previo

El 28 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a las autoridades judiciales demandadas. Además, al
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional – CASUR.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B solicitó que se niegue el
amparo solicitado por el accionante, al considerar que no se advierte la vulneración
de sus derechos fundamentales, en la medida en que este no tiene derecho al reajuste
de la asignación en actividad ni de la asignación de retiro con base en el índice de
precios al consumidor, dado que la competencia para fijar los incrementos salariales
corresponde al Gobierno Nacional, a través de los decretos que se expiden
anualmente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
solicitó negar el amparo pretendido, al considerar que las providencias judiciales
cuestionadas no constituyen vía de hecho ni presentan defectos fácticos o sustantivos,
ni vulneran los derechos fundamentales invocados por el accionante, en la medida en
que fueron proferidas con fundamento en las normas aplicables, a partir de una
interpretación razonable de las mismas y con observancia de los principios de sana
crítica, buena fe, igualdad e imparcialidad procesal.

Adicionalmente, consideró que no se cumplen las condiciones fijadas por la Corte
Constitucional para que resulte procedente la acción de tutela contra decisiones
judiciales, en la medida en que el accionante busca reabrir una controversia que ya
fue definida en sede judicial.

6. Terceros con interés

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR señaló que la acción
de tutela es improcedente porque las pretensiones del accionante ya fueron objeto de
control judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se realizó un
estudio de fondo, congruente y completo sobre los hechos, las pruebas, la normativa
aplicable y la jurisprudencia pertinente, incluida la sentencia C-931 de 2004,
concluyéndose la legalidad de los actos administrativos cuestionados. En ese trámite
se garantizó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, sin que se
configure vulneración alguna de derechos fundamentales.

Además, se acreditó que la asignación mensual de retiro del accionante fue
reconocida desde 2002 y que los reajustes con base en el IPC fueron aplicados dentro
del límite temporal definido por la jurisprudencia, habiéndose reconocido el único
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incremento que en derecho le asistía mediante la Resolución 1076 de 2017, sin que
exista valor pendiente a su favor.

De modo que, el accionante pretende reabrir un debate ya resuelto y convertir el
amparo en una tercera instancia, lo cual resulta improcedente al no evidenciarse
defecto judicial ni afectación de derechos fundamentales.

El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante, con el fin de dejar sin efectos las sentencias del
16 de mayo de 2025 y del 8 de febrero de 2023, proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, respectivamente, mediante las cuales se negaron
las pretensiones de la demanda.

En síntesis, la parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de la
jurisprudencia constitucional fijada en la sentencia C-931 de 2004, que reconoce el
derecho de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo real del salario y
ordena la actualización plena conforme a la inflación, la cual debía ser aplicada en su
caso para efectos de la reliquidación de su asignación de retiro.

Cabe aclarar que, si bien el accionante alegó defecto fáctico, violación directa de la
Constitución y decisión sin motivación, en realidad todos esos reproches se
fundamentan en el supuesto desconocimiento de la sentencia C-931 de 2004. Así,
tales defectos no se plantean de manera autónoma, sino como argumentos
complementarios para reforzar el alegado defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional.

La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela, al constatar
que los argumentos planteados por el accionante constituyen una reiteración de los
mismos reproches formulados en el proceso ordinario, los cuales fueron valorados y
resueltos por el juez natural dentro de los cauces del proceso contencioso.

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Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, la parte accionante insiste en sede de tutela en los mismos planteamientos
expuestos en el recurso de apelación, relacionados con la presunta afectación de los
salarios de los miembros de la Fuerza Pública al no aplicar la actualización plena
conforme al IPC durante el período comprendido entre 1992 y 2004, en contravía de
lo ordenado por la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional.

No obstante, en esta oportunidad, dichos argumentos son reiterados bajo la alegación
de un presunto defecto sustantivo, sin que ello modifique sustancialmente el núcleo
del debate ya resuelto por las autoridades judiciales competentes, como se procede a
exponer:

En el presente asunto, el accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reajuste de la asignación en actividad y la consecuente
reliquidación de la asignación de retiro, con fundamento en la aplicación del IPC para
el período comprendido entre los años 1992 y 2004. Se cita lo pertinente:
5
Ibidem.
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Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

«PRIMERA: LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el Oficio No. S-2019-
069235/ANOPA-GRULI-1.10 del 18 NOV 2019, por medio del cual la Policía Nacional,
negó al actor la reliquidación (reajuste) de la asignación mensual (haberes mensuales),
Cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, en los meses de enero a
diciembre del año 2004, establecidos según el Decreto de 4158 de 2004; igualmente se
negó el reajuste a la asignación mensual (Salario) pagada por la entidad a partir del mes
de enero del año 2005 y hasta la fecha de su retiro de la Institución; no teniendo en cuenta
en dicha actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos, lo anterior, tomando como ingreso base de liquidación en la ESCALA GRADUAL
PORCENTUAL, la Asignación Básica (Sueldo Básico) del Grado de General de la
República Ajustada con base en la inflación causada y acumulada en el periodo
comprendido entre los años 1992 a 2004. (…)

OCTAVA: Se declare la NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el Oficio No.
*533808* de fecha 2020-01-29, por medio del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional “CASUR” niega la reliquidación (reajuste) de la asignación de retiro; no
teniendo en cuenta en dicha actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de
los servidores públicos, lo anterior, tomando como ingreso base de liquidación en la
ESCALA GRADUAL PORCENTUAL, la Asignación Básica (Sueldo Básico) del Grado de
General de la República Ajustada con el IPC dejado de percibir en el periodo comprendido
entre los años 1992 a 2004. (…)»

El 8 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró no
probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada y negó las
pretensiones de la demanda.

En particular, analizó la legalidad del Oficio S-2019-069235/ANOPA-GRULI-1.10 del
18 de noviembre de 2019 y del Oficio 533808 del 29 de enero de 2020, mediante los
cuales se negó la reliquidación de la asignación mensual devengada en actividad y de
la asignación de retiro, con fundamento en la supuesta pérdida del poder adquisitivo
del demandante entre 1992 y 2004.

Al respecto, señaló que «la remuneración del personal de la Fuerza Pública se rige
por la Ley 4.ª de 1992 y por la escala gradual porcentual», de modo que los
incrementos salariales deben sujetarse a los decretos anuales expedidos por el
Gobierno Nacional, por lo que no es posible aplicar un mecanismo distinto para
modificar la base salarial.

Precisó que la sentencia C-931 de 2004 reconoce, en términos generales, el derecho
de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario; sin embargo,
consideró que ese mandato «no ha sido desconocido por el Gobierno Nacional al
expedir los decretos anuales que fijan los sueldos de los miembros de la Fuerza
Pública». Por ello, concluyó que dicho precedente no respalda las pretensiones del
demandante.

Ahora bien, «en cuanto a la solicitud de reliquidación de la asignación de retiro, se
advierte que, en el caso bajo examen, resultaría aplicable el reajuste pretendido, para
los años 2003 y 2004»; sin embargo, «ello no resulta procedente en el caso bajo
examen, toda vez que, mediante Resolución No.1076 del 03 de marzo del 2017, se
dio aplicación a la figura de Extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado
ordenando en favor del actor, el pago de los valores con base en el índice de precios
al consumidor para los años antes indicados, cancelándose en su favor el retroactivo
correspondiente».

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Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

En ese contexto, concluyó que no había lugar a acceder a la reliquidación pretendida
ni a modificar la asignación básica o de retiro reconocida conforme al régimen especial
aplicable.

La sentencia de primera instancia fue objeto de apelación por la parte demandante,
quien manifestó su inconformidad con que el Tribunal «pretende con una
argumentación carente de realidad jurídica y constitucional, invocar la presunción de
legalidad de los decretos que el Gobierno Nacional expidió en el periodo de los años
1992 a 2004». Debido a que «de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional
en la sentencia C – 931 de 2004, se debe reconocer la actualización plena del derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos».

Igualmente, afirmó que «entre los años 1992 a 2004, su salario fue reajustado en un
porcentaje inferior al IPC del año inmediatamente anterior», por lo que debía
verificarse si en los decretos anuales «se ha efectuado la actualización plena
ordenada por la Corte Constitucional, de acuerdo a la inflación causada y acumulada
entre los años 1992 a 2004», insistiendo en que la negativa a aplicar ese criterio
desconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, sustentado la
reliquidación pretendida.

Asimismo, en la tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial demandada
incurrió en desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar la sentencia
C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, en la cual se reconoció el deber del Estado
de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo real del salario de los servidores
públicos.

En su criterio, las decisiones judiciales se apartaron sin justificación del precedente
constitucional fijado en dicha sentencia, al negar el restablecimiento del poder
adquisitivo afectado por la inflación acumulada. Consideró que esa omisión
desconoce un mandato constitucional obligatorio para todas las autoridades y, en
consecuencia, compromete los derechos fundamentales del accionante.

De lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte accionante
en la acción de tutela, relacionados con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, ya fueron objeto de análisis por parte del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, al resolver el recurso de apelación.

En efecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B precisó que los
incrementos salariales del personal activo de la Fuerza Pública son fijados
exclusivamente por el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992,
mediante decretos anuales que gozan de presunción de legalidad y que solo pueden
ser inaplicados previa declaratoria de nulidad por la jurisdicción competente.

Asimismo, señaló que la sentencia C-931 de 2004 no establece un reajuste
automático con base en el IPC para todos los servidores públicos. Además, dicho
precedente se refiere a personal en servicio activo, condición que no ostentaba el
actor desde su retiro en 2002, lo que excluye su aplicación para reliquidar salarios
devengados en actividad o alterar la base de la asignación de retiro.

Por último, advirtió que la asignación de retiro del demandante ya había sido
reajustada con fundamento en el IPC para los años 2003 y 2004, mediante el
mecanismo de extensión de jurisprudencia, por lo que no existe sustento legal ni
jurisprudencial para efectuar un nuevo reconocimiento.
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Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
las providencias objeto de tutela habrían vulnerado sus derechos fundamentales, lo
cierto es que la parte accionante pretende utilizar esta acción constitucional para
reiterar los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario, bajo la presunta
configuración de un desconocimiento del precedente judicial.

Si bien en sede de tutela se cita la sentencia de la Corte Constitucional como
fundamento de dicho precedente, ello no constituye un planteamiento nuevo, sino un
intento por reforzar la tesis ya sostenida en el recurso de apelación, relativa a que los
salarios, prestaciones sociales y la asignación de retiro reconocidos no fueron objeto
de una actualización plena conforme a la inflación, particularmente respecto del
período comprendido entre 1992 y 2004.

No obstante, dichos argumentos fueron examinados y desestimados por el juez
natural, quien concluyó que los incrementos salariales del personal activo de la Fuerza
Pública son fijados exclusivamente por el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley
4.ª de 1992 y que la asignación de retiro del demandante ya había sido reajustada con
fundamento en el IPC para los años 2003 y 2004, mediante el mecanismo de
extensión de jurisprudencia.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte actora, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte
del juez constitucional.

Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

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Demandante: Gelasio Cubides Cárdenas

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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