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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08136-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08136-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de José Vicente Segura Alfonso, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08136-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Diferencias salariales asignación de retiro FF.MM /
Defecto sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución y
desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por José Vicente Segura Alfonso en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. José Vicente Segura Alfonso promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales «a la Seguridad Jurídica, al Trabajo
en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en Materia
Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario y su impacto en las
Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y alcance de la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros
mandatos de orden superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125» (sic),
con ocasión de las providencias proferidas el 28 de marzo de 2023 y 14 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000-23-42-000-2021-00557-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

2.1.En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional2, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la diferencia de salarios de los decretos
de oscilación y la variación porcentual del índice de precios al consumidor entre 1992
y 2004, y la reliquidación de la asignación de retiro.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia del 28 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar
que no era procedente aplicar el incremento del IPC a los salarios, pues además de
que el monto de su salario no impedía un ajuste inferior al índice inflacionario, este
beneficio solo correspondía a pensionados o a quienes adquirieron la asignación de
retiro entre los años 1997 y 2004. En contra de esta decisión interpuso recurso de
apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 14 de
mayo de 2025 confirmó la decisión del a quo al considerar que, el reajuste conforme
al IPC en estas prestaciones solo se aplicaba a aquellas reconocidas y devengadas
en el período comprendido entre 1997 y 2004. Por lo tanto, no tenía derecho a ese
reajuste, ya que su prestación fue reconocida mediante la Resolución 2995 del 22 de
mayo de 2018, es decir, fuera de tal periodo.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3 la cual ordenó
al Congreso de la República y al Gobierno Nacional actualizar integralmente los
salarios dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, en atención a la inflación
acumulada y causada. Esto, para proteger el poder adquisitivo de los salarios de todos
los servidores públicos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública.

2.4.1. En defecto sustantivo al actuar en contra de una sentencia ejecutoriada, al
desconocer los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del 29 de
septiembre de 2004, expediente D-5125 de la Corte Constitucional.

2.4.2. En violación directa de la Constitución Política, al inaplicar los artículos 13, 26,
48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la carta. Asimismo, en defecto fáctico por no valorar
las pruebas que acreditaban una vulneración sistemática al núcleo esencial del
salario, reflejada en la pérdida continua del poder adquisitivo.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

2 En adelante CASUR.
3 Al respecto citó la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),

expediente D-5125.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

«[…] se tutelen a favor del señor JOSE VICENTE SEGURA ALFONSO los derechos a la
Seguridad Jurídica, al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la
Seguridad Social en Materia Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo
del Salario y su impacto en las Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y alcance
de la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior fijados por la Honorable Corte
Constitucional en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125, por lo cual solicito se declare:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del
veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y catorce (14) de mayo de dos mil
veinticinco (2025), proferidas respectivamente por la Subsección “F” Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “A” del
Consejo de Estado, radicado 25000-23-42-000-2021-00557-00 y 25000-23-42-000-2021-
00557-02 (5063–2024), dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la
presente acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado,
profiera la sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico, y material
o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso y
al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se encuentra
fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa
de la Constitución, además la providencia proferida por la Subsección “F” Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “A” del
Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia
debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
D-5125 de la Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del 6 veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional,
se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como
asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la
consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como
consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y la que
realmente corresponde por ajustes de la inflación causada respecto del año
inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en las escalas de
asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se
fijan la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario
Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de
enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996
(Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960,
de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de 1997),
40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial
No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de
diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001),
660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial
No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13
de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene causando una
serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo esencial del derecho

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el
año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, y al
existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido
los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006
(Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558,
de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008),
708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario
Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4
de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de
2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No.
49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo
de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017
(Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512,
de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019),
304 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario
Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de
29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301
de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial
No. 53.138, de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de asignación básica
de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva,
entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y evidenciándose que la pérdida
de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido
reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las
pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía de
excepción dichos decretos.

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional, y
una vez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como
asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los
decretos subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo
comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder
adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en el grado
de General o Almirante, ello consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva
que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en
el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de
junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de los
Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario
Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de
enero de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de
1997 (Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No.
43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero
de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000
(Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No.
44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril
de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de
2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial
No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de
febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de 2007), 673 de
2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No.
47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de
2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario
Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

de mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028
de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de
junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1002 de
2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No.
51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto
de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023
(Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689,
de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2024 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025),
evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo
básico de un General o Almirante, en las anualidades 8 de los años 1992 a 2004; lo que
genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido
entre los años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios
a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare igualmente,
la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo básico a mi prohijado
y que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado
de Mayor General en un 96.9064%, ello consecuentemente de la implicación de manera
directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de
representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la
Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante,
según lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo
contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se estructuro la
base para consolidar una Escala Gradual Porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual
Porcentual con la cual, se fijan los sueldos básicos mensuales a los integrantes de la
Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con
respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación
básica no fue establecida, se ha de tener de presente el desarrollo que sobre el sueldo
básico indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las anualidades de los años
1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta
año a año, la asignación básica y los gastos de representación de los Ministros de
Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico
de un oficial en el grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida
acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las
anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en
la Escala Gradual Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios
a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se realicen
las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente probadas
dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los artículos 4, 13, 25,
48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en
las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al
Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito Público,
al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública, al Director de la Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron
sentencia en los procesos con radicación 25000-23-42-000-2021-00557-00 y 25000-23-42-
000-2021-00557-02 (5063–2024); a que en evento público dé amplia difusión y publicación

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a
través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las
autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la
violación a que fue objeto el señor JOSE VICENTE SEGURA ALFONSO por parte del
Estado Colombiano desde el año 2005 al no ser restaurado su derecho a mantener mi
pensión acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en
sentencia judicial C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125 por la Honorable Corte Constitucional. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La Policía Nacional4 solicitó declarar la improcedencia porque no cumplía los
requisitos de procedibilidad, ya que el demandante no acreditó vulneración alguna de
derechos fundamentales; expuso que la tutela no podía convertirse en una tercera
instancia y que existían otros medios de defensa judicial no agotados.

5. CASUR5 pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y
que se negara la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el demandante y del cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.

6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A6 requirió negar las
pretensiones por cuanto se busca reabrir un debate ya resuelto en sede judicial;
manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados y que la tutela
carecía de relevancia constitucional; asimismo, afirmó que no se configuró el defecto
fáctico alegado, pues la providencia cuestionada fue emitida conforme a la
Constitución, la Ley y la jurisprudencia aplicable. De tal manera, precisó que en
aquella se negaron las pretensiones al considerar que el reajuste salarial del personal
de la Fuerza Pública no seguía el IPC, sino la escala gradual definida anualmente por
el Gobierno Nacional, y que la sentencia C‑931 de 2004 no implicaba un derecho a
retroactivos sino una medida de sostenibilidad fiscal.

7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii) procedencia de la tutela
contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de abril

4 Archivo obrante en el índice 20 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 22 de Samai.
6 Archivo obrante en el índice 15 del Samai.

6

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de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Las decisiones cuestionadas

10. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a
una y otra.

11. Por lo anterior y en atención a que la sentencia del 28 de marzo de 2023, proferida
en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, desató el recurso a través de la sentencia del 14 de mayo de 2025, al
confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado
solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela,
la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:

«La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe

7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”10
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. »

14. Ahora bien, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó que en
relación con esa entidad se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, no vulneró derecho fundamental alguno de la parte demandante y
tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que esa autoridad
pueda desplegar para su cumplimiento.

15. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercero con interés, al figurar como demandado en el proceso contencioso en cuestión,
y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

8

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18. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones
de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

22. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales de José Vicente Segura Alfonso con ocasión de
la sentencia del 14 de mayo de 2025, mediante la cual confirmó la decisión del a quo,
que negó las pretensiones de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
no accedió al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación mensual en
actividad y de la asignación de retiro con base en el índice de precios al consumidor,
con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política?

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo

24. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

25. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma
y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

26. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además,
la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por
la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

27. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
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esencial del Estado Social de Derecho.

28. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que,
por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde
un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido
en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo
del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado
en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones
jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

29. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no
existe un precedente claro que lo vincule.

30. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Violación directa de la Constitución Política

31. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

32. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual
puede configurarse por dos hipótesis:

33. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio,
lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c)
en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución.

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Demandante: José Vicente Segura Alfonso

34. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.5.5. Defecto fáctico

17
35. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional , tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.

36. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho
y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y
garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.6. Sobre el caso concreto

37. José Vicente Segura Alfonso acude al juez de tutela con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que negó las
pretensiones de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales no se
accedió al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación mensual en actividad
y de la asignación de retiro con base en el índice de precios al consumidor.

38. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defectos fáctico, sustantivo, violación
directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, todos
bajo el argumento de que se desconoció los efectos de la sentencia C-931 del 2004,
que ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional actualizar
integralmente los salarios dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, en
consideración a la inflación acumulada y causada.

39. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia enjuiciada,
respecto de la negativa del reajuste de la asignación básica y la reliquidación de la
asignación de retiro, en los siguientes términos:

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.

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«[…] 2.4. Caso concreto

54. De conformidad con el plenario, el señor José Vicente Segura Alfonso estuvo vinculado
a la Policía Nacional por un lapso de 37 años, 1 mes y 25 días, retirándose del servicio por
solicitud propia el 23 de marzo de 2018, en el momento en el que ocupó el cargo de Mayor
General. A través de la Resolución 2995 de 22 de mayo de 2018, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional reconoció una asignación de retiro en cuantía del 95% de la
asignación básica devengada, a partir del 23 de junio de 2018.

55. El 16 de octubre de 2019, el señor Segura Alfonso radicó solicitudes ante la Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional para obtener la reliquidación
y reajuste del sueldo básico y de la asignación de retiro con base en el IPC. Las
mencionadas peticiones fueron negadas a través del Oficio 069123 de 18 de noviembre de
2019, proferido por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, y del Oficio
CREMIL 563796 de 29 de enero de 2020, expedido por el Director General de CASUR.

56. Ahora bien, revisados los decretos expedidos por el Gobierno nacional, se observa que
desde el año 1992 en adelante, los miembros de la Fuerza Pública han tenido un aumento
porcentual de sus salarios así:

57. De acuerdo con lo anterior, se observa que desde su vinculación a la Policía Nacional,
el señor José Vicente Segura Alfonso tuvo derecho al incremento porcentual decretado
año a año por el Gobierno nacional en aplicación a la Ley 4 de 1992, por lo tanto, la
pretensión de reliquidación teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor es
improcedente, pues no resulta pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, en la medida en que existe prohibición expresa
consagrada en el artículo 10 de la citada ley e implicaría la modificación de la escala
gradual porcentual, con base en la cual el Gobierno nacional fija anualmente los sueldos
básicos del personal de las fuerzas militares en actividad.

58. Adicional a ello, la solicitud de inaplicar los mencionados decretos no resulta válida, en
atención a que la circunstancia que ocasionó la diferencia porcentual entre lo incrementado
y el IPC, fue solventada por normas posteriores que cobijaron únicamente a quienes se
vieron afectados, es decir a quienes ya eran beneficiarios de una asignación de retiro para

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
Demandante: José Vicente Segura Alfonso

el momento en que ocurrió dicha diferencia, circunstancia que fue analizada por la Corte
Constitucional como se recordó en esta providencia.

59. Así, en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe mencionar que el
reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica para las reconocidas y devengadas
en el periodo comprendido entre los años 1992 y 2004, por tanto, no tiene derecho a ella,
pues dicha prestación le fue reconocida con la Resolución 2995 de 22 de mayo de 2018.

60. Cabe destacar que la parte recurrente aduce que el tribunal se apartó del precedente
judicial, concretamente de la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional,
mediante la cual se desató la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la
Ley 848 de 2003 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de
2004”, y en la que dicha Corporación se refirió al “derecho del servidor público a mantener
el poder adquisitivo real del salario”, el cual solo puede ser limitado, en palabras de la Corte,
para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad
macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento para no afectar el gasto social, asegurando de esta forma la efectividad de
la solidaridad como principio fundante del Estado Social de Derecho, en el marco de un
contexto económico que justifique la necesidad de la limitación. Sin embargo, para la Sala
dicho cargo del recurso no resulta avante, pues, para el asunto que convoca, es menester
reiterar que el reajuste salarial pretendido con fundamento en el IPC, no tiene vocación de
prosperidad, dado que como se expuso, para las anualidades transcurridas entre 1992
hasta 2004, el Gobierno nacional no se encontraba jurídicamente obligado a incrementar
en ese porcentaje las asignaciones salariales, a lo que se suma que los decretos mediante
los cuales se fijaron los incrementos salariales no fueron cuestionados por la parte actora
a través del presente medio de control, por lo que no puede predicarse desconocimiento
de precedente alguno, y menos aún vulneración de derechos constitucionales.

61. A lo anterior se suma que, si bien con el recurso se aduce que el Gobierno nacional al
expedir los decretos que establecían los salarios, impuso una desmejora a estos y a las
prestaciones sociales, lo que a juicio del actor le causó un detrimento patrimonial y
afectación a su dignidad humana; lo cierto es que la Sala no comparte dicha apreciación,
dado que como se mencionó, dichos decretos gozan de presunción de legalidad, sin que
los mismos hayan sido objeto de cuestionamiento en el asunto que convoca. Y menos aún
se avizora una falta de valoración probatoria por parte del a quo, lo que ocurre es que al
no ser procedente el ajuste pretendido, no había lugar a dar aplicación a la proyección de
incrementos aludida por el recurrente.

62. En ese orden, no se advierte por parte del tribunal de instancia vulneración de derecho
alguno al actor, por lo que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia dictada
el 28 de marzo de 2023 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. […]» [sic].

40. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia, la Sala concluye
que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el análisis de la autoridad judicial
demandada está debidamente sustentado en las pruebas aportadas junto con la
normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, caso distinto, es que del mismo
concluyó que, el Gobierno Nacional estableció los salarios del personal activo de la
Fuerza Pública mediante una escala gradual, y definió las asignaciones de retiro con
base en el principio de oscilación. Este esquema se aplicó en dos etapas: la primera,
conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el 31 de diciembre de 2004;
la segunda, a partir de esa fecha, mediante el principio de oscilación, el cual permite
aumentos anuales a partir de la última mesada reconocida en aquel año.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
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41. Asimismo, la demanda presentada por José Vicente Segura Alfonso fue negada,
al considerarse improcedente la pretensión de reliquidar su asignación de retiro con
base en el IPC, ya que su salario como miembro de la Fuerza Pública fue ajustado
conforme a los decretos anuales del Gobierno nacional bajo la Ley 4 de 1992.
Además, se concluyó que el reajuste con base en el IPC solo aplicaba para
prestaciones reconocidas entre 1997 y 2004, periodo que no cubría su caso.

42. Ahora bien, pese a la insistencia en esta sede, la autoridad judicial demandada le
explicó que, aunque se invocó la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional,
que reconoce el derecho del servidor público a mantener el poder adquisitivo del
salario, el reajuste con base en el IPC no procedía en este caso, ya que entre 1992 y
2004 el Gobierno no estaba obligado legalmente a aplicar ese índice.

43. En cuanto a las demás pretensiones, la Sala aclara que este no constituye el
escenario adecuado para evaluar la legalidad o inconstitucionalidad de las múltiples
normas cuestionadas. Existen mecanismos idóneos dentro del ordenamiento jurídico
para promover dicho análisis, por lo tanto, cualquier pronunciamiento sobre ese
aspecto excede la competencia del juez de tutela.

44. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial demandada
no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución
Política, ni desconocimiento del precedente judicial alegados, debido a que la
providencia acusada fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras
de su función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el
proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto,
frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía
funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

45. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que conduce a la
denegatoria del recurso de amparo.

46. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

47. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por José Vicente Segura Alfonso, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08136-00
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Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de José Vicente Segura
Alfonso, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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