Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08153-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08153-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08153-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: CABILDO MAYOR REGIONAL PUEBLO ZENÚ DEL
RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO
CÓRDOBA Y SUCRE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
T: TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA - Se declara la falta de
legitimación en la causa por activa de la parte recurrente para impugnar la
sentencia proferida en primera instancia. Se confirma en lo demás el fallo
impugnado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por los señores Richard Miguel Romero
Padilla y Janet del Carmen Hernández Viloria contra la sentencia de 5 de febrero de
2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú de San
Andrés, Sotavento, Córdoba y Sucre solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, cuya vulneración le
atribuyó a: i) la providencia de 13 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-
2025-01324-01 y, ii) la omisión de su vinculación en el citado proceso de tutela.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el señor Rafael Segundo Martínez Villamil, en calidad de capitán del
Cabildo Indígena Aywjawashi El Jordán del municipio de Sincelejo, presentó acción
de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-01324-01 en contra de la Agencia Nacional
de Tierras - ANT y la Presidencia de la República, con el fin de que se ampararan
los derechos fundamentales al debido proceso, a la libre asociación, integridad
personal y vida, en razón a que la ANT adjudicó los predios denominados “La
Victoria” y “Costa Rica”, ubicados en el corregimiento de “Cerrito La Palma”, en
Sincelejo, con miras a construir un resguardo, sin garantizar que estos estuvieran
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
libres de ocupaciones ilegales ni adoptar acciones concretas para restituir la
posesión efectiva.
2.2. Refirió que la acción de amparo le correspondió por reparto a la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial que mediante autos de
12 de marzo y 2 de abril de 2025 vinculó como terceros interesados en el resultado
del proceso a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, a la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Sincelejo, a la
Asociación de Campesinos Productores del Cerrito de la Palma – Socamprocepal, a
la Asociación Campesina Sembrando Vida Paz y Esperanza – Asosemvida, a la
Asociación de Campesinos Labrando Esperanza - Asocalae, y al Cabildo Menor
Indígena Cerrito de la Palma.
2.3. Señaló que mediante sentencia de 27 de junio de 2025 la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela,
decisión que fue impugnada por el Cabildo Indígena Aywjawashi.
2.4. Indicó que, a través de providencia de 13 de noviembre de 2025, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, revocó la anterior decisión y en su lugar amparó el
derecho fundamental al debido proceso de la comunidad Aywjawashi, para lo cual
ordenó a la ANT que, en un término de 48 horas, iniciara los procedimientos
administrativos y las acciones judiciales que considerara para la recuperación y/o
aprehensión inmediata de las fincas La Victoria y Costa Rica.
2.5. Manifestó que la providencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, por haber incurrido en un
defecto fáctico y la causal de un error inducido.
2.6. Expuso frente al defecto fáctico que la providencia i) omitió valorar las
advertencias que realizó el Cabildo Menor Cerrito de la Palma sobre la existencia
ancestral del territorio del Resguardo San Andrés de Sotavento sobre los predios
Costa Rica y La Victoria, ii) no se realizó una debida práctica de pruebas para
solventar el caso y, iii) no se vinculó ni notificó al cabildo mayor aquí demandante.
2.7. Comentó respecto al error inducido que el accionante “[…] obró induciendo al ente
juzgador a error al ocultarle que los predios La Victoria y Costa Rica hacen parte de
la ancestralidad territorial del Resguardo San Andrés de Sotavento, el cual es de
origen Colonial, constituido mediante Cédula Real del año 1773, expedida por el Rey
Carlos III de España, la cual fue registrada mediante escritura pública 1060 en la
Notaría Primera de Cartagena y posteriormente reconocido y ampliado por INCORA,
INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT- mediante Resolución No. 054 del
21 de septiembre de 1984, Resolución No. 051 del 23 de julio de 1990, Resolución
No. 043 del 30 de noviembre de 1998 y el Acuerdo No. 234 del 23 de diciembre de
2010, aun a sabiendas que esta situación, es decir, dibujó para el ente juzgador una
realidad procesal que era muy diferente a la realidad verdadera […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
2.8. Adujo que, como la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-01324-01, “[…]
versa en torno a procesos y procedimientos de interés nuestro como Cabildo Mayor
Regional del Resguardo Zenú San Andrés de Sotavento, razón que nos hace concluir
que tenemos interés legítimo, jurídico y directo sobre dicho proceso […]”, sin
embargo, dentro de las providencias proferidas al interior de la citada tutela “[…] no
obra […] auto o providencia que nos vincule como Resguardo […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] “Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la Sentencia con
Radicado No. 11001-03-15-000-2025-01324-01, de fecha 13 de noviembre de
2025, proferida por LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, y como consecuencia de lo
anterior DEJAR SIN EFECTOS la citada sentencia, lo anterior de conformidad
con los fundamentos fácticos y jurídicos anteriormente expuestos.
➢ TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción de nuestro Cabildo Mayor Regional del Resguardo Indígena San
Andrés de Sotavento.
➢ Declarar la NULIDAD del fallo proferido el día 13 de noviembre de 2025 por
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO dentro del proceso de la Acción de Tutela con
Radicado No. 11001-03-15 000-2025-01324-01.
➢ ORDENAR a LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO VINCULAR a Cabildo Mayor
Regional del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre,
para que podamos ejercer nuestro derecho al debido proceso, defensa y
contradicción […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió
la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al presidente y magistrados de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Secretaría General del Consejo
de Estado, al representante legal del Cabildo Indígena Aywjawashi El Jordán, al
director de la Agencia Nacional de Tierras, al presidente de la República, al
representante legal de la Asociación Campesina Sembradora Vida, Paz y Esperanza
al representante legal de la Asociación de Campesinos Labrando Esperanza, al
director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior y a la
Alcaldía de Sincelejo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó la
presente acción de tutela resulta improcedente, por cuanto la parte accionante contó
con otro mecanismo procesal idóneo para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales que considera vulnerados, como lo era la solicitud de nulidad y pedir
ser vinculados, toda vez que como lo manifestaron en el escrito de tutela, tuvieron
conocimiento el 1° de noviembre de 2025, es decir mientras se tramitaba la
impugnación, pues la sentencia de segunda instancia se profirió el 13 de noviembre
de 2025.
5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que la sentencia proferida
al interior de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-01324-01, no dispuso
la adjudicación de los inmuebles rurales La Victoria y Costa Rica a la comunidad
Aywjawashi, por el contrario, se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que,
brindara información sobre el avance real del procedimiento administrativo especial
que adelanta el cabildo Aywjawashi El Jordán, dado que escapa de la órbita del juez
de tutela la asignación de la propiedad colectiva, como erróneamente pareciera
entenderlo la parte actora.
5.3. El Cabildo indígena Aywjawashi El Jordán del municipio de Sincelejo solicitó
se declare la improcedencia del mecanismo de amparo, por tratarse de una tutela
contra una sentencia de tutela.
5.4. La Secretaría General del Consejo de Estado informó que notificó a los sujetos
procesales cuya vinculación fue ordenada por el juez de conocimiento en primera
instancia, mediante las providencias del 10 de marzo de 2025 y 2 de abril de 2025,
sin que se evidencie alguna vulneración a los derechos fundamentales de la parte
actora.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 5 de febrero de 2026, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de
tutela por cuanto i) no se demostró una situación de fraude en la providencia
cuestionada y ii) frente a la falta de vinculación a la acción de tutela 11001-03-15-
000-2025-01324-01, no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad.
7. Advirtió frente a la solicitud de amparo contra la sentencia proferida en otro proceso
de tutela que “[…] [e]n el escrito de tutela no se probó o cuando menos mencionó la
existencia de una cosa juzgada fraudulenta, motivo suficiente para inferir que el
amparo se torna improcedente por cuanto pretende cuestionar una sentencia
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Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
proferida en otro proceso de acción de tutela, lo cual se encuentra proscrito, salvo
con las salvedades referidas que, se reitera, en esta oportunidad no se demostraron.
[…]”.
8. A su vez indicó “[...] En este orden de ideas, no se advierte que se haya acreditado
que la providencia cuestionada haya sido producto de un actuar fraudulento, ni que
la eventual falta de valoración de algún argumento tenga entidad suficiente para
configurar un defecto; por el contrario, el examen del expediente demuestra que el
actor orientó su demanda a reabrir un debate ya decidido, pretendiendo que el juez
constitucional sustituyera el criterio jurídico de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, lo cual resulta incompatible con la naturaleza estrictamente excepcional de
la tutela contra providencias judiciales, y no activa el estudio de fondo sobre la cosa
juzgada fraudulenta […]”.
9. Resolvió frente a la solicitud de vinculación a la acción de tutela 2025-01324-01
que, “[…] [a] partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que el actor se enteró de la acción de tutela con radicación no. 11001-
03-15-000- 2025-01324-01 por lo menos desde el 1 de noviembre de 2025, tal como
reconoció en el escrito de demanda, esto es, antes de la sentencia de segunda
instancia, de modo que, como lo indicó la accionada en su informe, contaba con la
posibilidad de solicitar la nulidad por indebida notificación en el trámite y su
correspondiente notificación […] [s]in embargo, la Sala observa que el demandante
no propuso la nulidad contemplada en el artículo 133 del Código General del proceso
4, para alegar su presunta falta de vinculación […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. Los señores Richard Miguel Romero Padilla y Janet del Carmen Hernández Viloria
impugnaron el fallo de primera instancia, sin presentar las razones de su
inconformidad.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante con la providencia de 13 de
noviembre de 2025 y la falta de vinculación dentro de la acción de tutela con
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01324-01.
13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
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16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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VIII.4. El caso concreto
21. El Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú de San
Andrés, Sotavento, Córdoba y Sucre solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, cuya vulneración le
atribuyó a: i) la providencia de 13 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-
2025-01324-01 y, ii) la omisión de su vinculación en el citado proceso de tutela.
VIII.4.1. La falta de legitimación en la causa por activa de los impugnantes
22. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su disposición
la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la prestación de un
servicio público.
23. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
24. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor del
Pueblo o los personeros municipales.
25. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
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partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”12. [Subrayado fuera del texto]
26. De igual forma, la legitimación también debe ser analizada en relación con los
recursos que se interponen en el trámite de una acción de tutela, con la finalidad de
que los reparos respectivos puedan ser estudiados.
27. El
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 señala que la sentencia podrá ser
impugnada por “[…] el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente […]”.
28. A su vez, en aplicación del inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la
Corte constitucional ha señalado que el afectado por un fallo de tutela tiene derecho
a impugnarlo, incluso si no forma parte de los sujetos enunciados en el artículo 31
aludido, así:
“[…] Se plantea el tema de quién puede impugnar la sentencia de primera
instancia.
El Tribunal no concedió el recurso invocando argumentos contenidos en la
sentencia T-173 de 4 de mayo de 1993. Ocurre que, con posterioridad a tal
fecha la sala Plena de la Corte Constitucional, el 26 de junio de tal año,
(Ponente: Jorge Arango Mejía), mediante Auto decretó la nulidad de una
sentencia de tutela de la misma Corte Constitucional y lo hizo a petición de
alguien que no había sido parte en la tutela.
Con ese antecedente, la Corte ha considerado que tiene derecho a impugnar
el afectado por un fallo de tutela. Se convierte en interviniente con interés
legítimo. El artículo 13, in fine, del decreto 2591 de 1991 dice:
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud”.
Una de las formas de intervención es la de formular recursos, luego, en el
presente caso, hay razón suficiente para considerar que una de las partes en
un proceso de lanzamiento, a quien afecta una sentencia de tutela contra
providencia judicial, tiene interés legítimo suficiente para impugnar la decisión
que lo perjudica. Esta apreciación aparece también en Auto 8 de marzo de 1993
(Ponente: Dr. Jorge Arango Mejìa); se expresa lo siguiente:
12 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso concreto,
aparentemente no forman parte de los sujetos llamados a impugnar las
decisiones de tutela -artículo 31 de decreto 2591-, al existir en ellos un interés
legítimo en el recurso solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden
vulnerar derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en
concreto y en general, la Sala concluye que los impugnantes sí están
legitimados para controvertir la decisión […]”. [Subrayado fuera del]
29. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que los señores Richard
Miguel Romero Padilla y Janet del Carmen Hernández Viloria presentaron
impugnación contra el fallo de primera instancia. Sin embargo, se advierte que el
mensaje de datos enviado no contiene documentos adjuntos, así como tampoco la
manifestación de la calidad en la que actúan ni la exposición de interés en las resultas
del proceso, tal como se observa:
30. En consecuencia, la Sala concluye que los señores Richard Miguel Romero Padilla
y Janet del Carmen Hernández Viloria carecen de legitimación para impugnar la
sentencia de primera instancia, toda vez que no acreditaron la calidad en la que
actuaban. Aunado a ello, tras revisar el escrito de tutela con sus respectivos anexos
y las contestaciones, no se observó que dichas personas hicieran parte del proceso
de tutela, así como tampoco se encontró evidencia de que el correo electrónico
“rpadillarichard.abogado.1202@gmail.com” corresponda a alguna de las partes
vinculadas a la presente acción de tutela.
31. Por lo anterior, la Sala se relevará de estudiar la impugnación presentada por los
señores Richard Miguel Romero Padilla y Janet del Carmen Hernández Viloria y, en
su lugar, declarará su falta de legitimación en la causa por activa para recurrir la
sentencia de 5 de febrero de 2026 y, por la misma razón, esta será confirmada, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08153-01
Accionante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú
de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los señores
Richard Miguel Romero Padilla y Janet del Carmen Hernández Viloria, para impugnar
la sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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