Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08155-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08155-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL (DPS)
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 19 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1
En adelante SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-08155-01
Actor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS)
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL2 (DPS), actuando mediante apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO4, al
haber proferido las providencias de 5 de mayo de 2022 y 21 de
agosto de 2025, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-
2021-00165-01.
I.2.- Hechos
Indicó que la señora JEANET GARZÓN URREA presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
2
En adelante DPS.
3
En adelante el TRIBUNAL.
4
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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derecho en su contra, con el fin de que se estudiara la legalidad del
acto administrativo mediante el cual le negó el reconocimiento de la
relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones
económicas derivadas de la misma.
Afirmó que el referido proceso fue resuelto por el TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 12 de octubre de 2017, accedió a las
pretensiones de la demanda, decisión que fue modificada por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO que, a través del fallo de 31 de julio de 2020, le ordenó
pagar el equivalente a las prestaciones sociales tomando como base
el salario de un técnico administrativo código 3124, grado 16, o el
valor de los honorarios pactados en los contratos del período
reconocido, sin precisar de manera expresa cuál de las dos bases
debía prevalecer, lo que, a su juicio, dejó un margen de
indeterminación relevante para el cumplimiento.
Señaló que, con el fin de obtener el cumplimiento de las anteriores
decisiones, la señora GARZÓN URREA presentó proceso ejecutivo al
considerar que el pago ordenado se realizó de forma parcial, dado
que en la Resolución núm. 0223 de 23 de noviembre de 2020 se
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liquidaron las prestaciones sociales conforme al salario recibido por
un técnico administrativo código 3124, grado 16, a pesar que, a juicio
de aquella, la condena judicial ordenó la liquidación con fundamento
en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios.
Sostuvo que el citado proceso fue identificado con el número único
de radicación 2021-00165-00 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 5 de mayo de 2022, declaró
no probada la excepción de pago propuesta por la entidad y ordenó
seguir adelante con la ejecución por los mismos conceptos señalados
en la providencia que libró la orden de pago.
Manifestó que, debido a lo anterior, interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante
sentencia de 21 de agosto de 2025, confirmó la decisión del a quo,
con fundamento en que tanto en la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como en las consideraciones de la
providencia de segundo grado, se señaló que las prestaciones
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salariales y sociales dejadas de percibir se debían liquidar conforme
a los honorarios pactados.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, debido a que en un proceso ejecutivo la
jurisdicción no estaba llamada a reconstruir ni redefinir el contenido
de la condena, sino a hacerla efectiva conforme al título, por lo que
la exigibilidad suponía que la obligación fuera clara, expresa y
exigible o, al menos, determinable, sin que el juez tuviera que
complementarla mediante decisiones constitutivas.
Adujo que pese que la condena impuesta contenía una alternativa
para la liquidación de las prestaciones teniendo como base el salario
del cargo equivalente a técnico administrativo código 3124, grado 16
o el valor de los honorarios pactados, en las sentencias cuestionadas
se privilegió el concepto de honorarios por encima del salario por
considerarlo superior, reconfigurando así el título ejecutivo y
ejerciendo una función de complementación, propia del proceso
declarativo.
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Señaló que también incurrieron en defecto fáctico, por cuanto las
decisiones cuestionadas se fundamentaron en la sola manifestación
de la ejecutante, esto es, que los honorarios pactados eran
superiores al salario del técnico administrativo código 3124, grado
16 y que por ello la liquidación debía realizarse sobre aquellos, sin
que se advierta un ejercicio de contraste probatorio explícito que
sustente dicha superioridad como hecho probado.
Por último, aseguró que tanto el TRIBUNAL como la SECCIÓN
SEGUNDA incurrieron en violación directa de la Constitución al
desconocer el artículo 29, por cuanto traspasaron los límites
funcionales del tipo de proceso en cuestión, convirtiendo un trámite
diseñado para hacer efectivo un derecho cierto y exigible en un
escenario para redefinir el contenido obligacional del título, suplir
omisiones o resolver controversias propias de la etapa declarativa.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso y, en consecuencia:
“[…] 2) Revocar la sentencia judicial de primera y segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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y el Consejo de Estado, en el marco del proceso ejecutivo rad
25000-23-42-000-2021-00165-00 (01) cuya accionante es Jeanet
Garzón Urrea.
3) Ordenar al despacho judicial competente que, dentro de un
término razonable, profiera una nueva decisión en la que (i) se ciña
estrictamente al alcance del título judicial sin reconstruirlo o
reformarlo en sede ejecutiva; (ii) valore de manera expresa y
suficiente las pruebas de cumplimiento; y, (iii) resuelva de fondo,
con motivación clara, la excepción propuesta por el DPS (incluida
la de pago), así como los cargos esenciales planteados en el
recurso.
4) Disponer que, en la nueva decisión, si se constata el pago
acreditado conforme al título y al material probatorio, se adopten
las determinaciones procesales consecuentes respecto de la
continuidad de la ejecución y la liquidación del crédito […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, por considerar que lo pretendido
por el actor es convertir el amparo constitucional en una tercera
instancia para insistir en argumentos resueltos por el juez natural en
el proceso ordinario.
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo por no existir
vulneración al derecho fundamental al debido proceso invocado por
el actor, toda vez que la decisión cuestionada se ciñó estrictamente
a lo ordenado en las sentencias base de recaudo ejecutivo.
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I.5.3.- La señora JEANET GARZÓN URREA solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar las
pretensiones, debido a que las partes contaron con todas las
garantías procesales dentro del proceso ejecutivo y, además, desde
la sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, se estableció que
la base para liquidar las prestaciones eran los honorarios pactados
en cada contrato, sin que ese punto hubiese sido objeto de apelación
por el accionante.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 19 de marzo de 2026,
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el requisito
general de la relevancia constitucional, al considerar que lo
pretendido por el actor es que nuevamente se valoren los
argumentos ya planteados y resueltos por las autoridades judiciales
accionadas en las sentencias censuradas.
Sostuvo que la SECCIÓN SEGUNDA confirmó la providencia dictada
por el a quo en el proceso ejecutivo, en lo relativo al reconocimiento
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de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales con
fundamento en los honorarios percibidos por la ejecutante, puesto
que la modificación que se había resuelto en la segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, únicamente se relacionaba con la devolución de aportes
parafiscales, razón por la que el título ejecutivo sí cumplía con las
exigencias legales de ser claro, expreso y exigible y, de ninguna
forma, se encontraba afectado el principio de congruencia.
Advirtió que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el juez, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada
medio probatorio, lo que se encuentra cobijado por la independencia
y autonomía de la que gozan las autoridades judiciales, por lo que,
salvo casos excepcionalísimos, no es viable su reproche en este
trámite judicial.
Finalmente, concluyó que, pese a que los reparos expuestos en el
escrito introductorio enuncian como garantía el debido proceso y el
actor hace uso de un lenguaje de carácter constitucional, no expone
con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
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de tutela, pues obedece a un asunto interpretativo en el marco de
una inconformidad respecto a la decisión adoptada por el juez natural
de la causa.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA
bajo el argumento de que el presente asunto sí goza de relevancia
constitucional, en cuanto se pone en evidencia la modificación del
procedimiento de pago de los aportes prestacionales de la señora
JEANET GARZÓN URREA en el marco del proceso ejecutivo,
máxime cuando la sentencia ordinaria, tal cual como se expuso en el
escrito de tutela, dispuso claramente que el pago de las prestaciones
sociales debía efectuarse con base en el salario que devengaba un
técnico administrativo código 3124, grado 16 o el valor de los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Manifestó que se debe tener en cuenta lo expuesto en la sentencia
T-261 de 2025, en la que la Corte Constitucional estableció que gozan
de relevancia constitucional los asuntos que pueden impactar el
patrimonio público, circunstancia que es similar a su caso, por cuanto
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la entidad pagó la obligación judicial conforme lo ordenó la
providencia judicial proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; sin embargo, en atención a la variación
realizada en el proceso ejecutivo, se dispuso otra interpretación que
conllevó a la cancelación de una diferencia económica que no se
advertía del fallo de instancia.
Asimismo, insistió en que la decisión proferida en el citado medio de
control estipuló dos opciones de pago, los cuales no pueden obviarse
en el proceso ejecutivo, motivo por el cual, a su juicio, no es correcto
que se hubiese seguido adelante con la ejecución en su contra, en
razón a que las interpretaciones relacionadas para justificar la
decisión no se encuentran estipuladas en la sentencia proferida en el
proceso declarativo.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 5 de mayo de 2022 y 21 de
agosto de 2025, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y
la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del proceso ejecutivo identificado
con el número único de radicación 2021-00165-01.
A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a su
juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución, los cuales sustentó en el hecho de que
pese a que la condena impuesta contenía una alternativa para la
liquidación de las prestaciones teniendo como base el salario del
cargo equivalente a técnico administrativo código 3124, grado 16 o
el valor de los honorarios pactados, se privilegió el concepto de
honorarios por encima del salario por considerarlo superior,
modificando así el título ejecutivo y ejerciendo una función de
complementación que no era posible por ser propia del proceso
declarativo.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 19 de marzo de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional,
debido a que lo pretendido por el actor es que nuevamente se valoren
los argumentos ya planteados y resueltos por las autoridades
judiciales accionadas en las providencias censuradas.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, manifestando que, contrario a lo considerado por
el a quo, la presente acción de tutela sí goza de relevancia
constitucional por haberse transgredido su derecho fundamental al
debido proceso e insistió en que la decisión proferida en el citado
medio de control estipuló dos opciones de pago, las cuales no pueden
obviarse en el proceso ejecutivo, motivo por el cual, a su juicio, no
es correcto que se hubiese seguido adelante con la ejecución en su
contra, en razón a que las interpretaciones relacionadas para
justificar la decisión no se encuentran estipuladas en la sentencia
proferida en el proceso declarativo.
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En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se
presentó contra las decisiones proferidas tanto por el TRIBUNAL
como por la SECCIÓN SEGUNDA, lo cierto es que la providencia de
21 de agosto de 2025 fue la que puso fin al proceso, razón por la que
la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración del
derecho fundamental invocado frente a la sentencia proferida por el
ad quem.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
deprecado e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que
se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del
juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto ya resuelto, porque
los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se
sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada no
debió interpretar ni modificar el título ejecutivo, por cuanto, a su
juicio, la condena impuesta contenía una alternativa para la
liquidación de las prestaciones teniendo como base el salario del
cargo equivalente a técnico administrativo código 3124, grado 16 o
el valor de los honorarios pactados.
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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta y aclarada por la SECCIÓN SEGUNDA
de forma admisible, así:
“[…] El reparo formulado por la entidad se relaciona con el que el
título ejecutivo complejo no era claro ni exigible. Que fue pagado
en su totalidad y que la sentencia estableció «la elección en la
fórmula de liquidación de las prestaciones sociales al ordenar que
se llevará a cabo con fundamento al equivalente de las prestaciones
sociales que un trabajador a de la misma categoría tiene, tomando
como base el salario que devengaba un técnico administrativo
código 3124-grado 16 o el valor de los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios, por los periodos del 2 de mayo
de 2002, al 31 de marzo de 2012».
Pues bien, la Sala evidencia del expediente que el 12 de octubre de
2017 la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de primera
instancia en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por la señora Jeanet Garzón Urrea, por ello,
resolvió:
«1. Se declara la nulidad del oficio […] 20156100346041 del 14 de
abril de 2015 proferido por Subdirectora de Contratación del
Departamento Administrativo para Prosperidad Social, por medio
del cual se le negó a la demandante el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales, por haber prestado sus servicios como
apoyo en tesorería, de conformidad con lo antes expuesto.
2. Como restablecimiento del derecho y consecuencia de la
declaratoria de la existencia de relación laboral, se condena al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a
reconocer y pagar a la señora Jeanet Garzón Urrea, identificada
con la C.C. […], a título de restablecimiento del derecho el
equivalente a todas las prestaciones sociales y demás
emolumentos legales dejados de percibir por la demandante en los
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períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, es decir, del 2 de mayo de 2002 al 31 de marzo de 2012,
teniendo en cuenta como base para liquidarlas el valor de lo
pactado en los contratos de prestación de servicios. Igualmente, la
entidad demandada debe pagar a la demandante a título de
restablecimiento del derecho, los porcentajes de cotización
correspondientes al empleador a pensión y salud que debió
trasladar a los fondos correspondientes, durante el anterior período
de contratación irregular, se aclara que no podrá ser la totalidad
de dichos montos, sino la cuota parte que le correspondía a la
demandada trasladar al respecto Fondo de Pensiones y a la E.P.S.
Adicional a ello, la entidad demandada debe girar al respectivo
Fondo de Pensiones y a la E.P.S. lo correspondiente, luego de hacer
la liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar,
conforme a lo expuesto en la parte motiva».
En contra de la anterior decisión las partes presentaron recurso de
apelación, que fue resuelto por la Subsección B de la Sección
Segunda Consejo de Estado, confirmando parcialmente el fallo de
primera instancia, realizándose las siguientes precisiones:
«SEGUNDO: MODIFICAR de la sentencia recurrida el numeral
“SEGUNDO” de su parte resolutiva, el cual quedará de la siguiente
manera:
A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDENASE al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL – DPS- a (i) pagar a la señora JEANET GARZÓN URREA el
equivalente a las prestaciones sociales que un trabajador (a) de
la misma categoría tiene, tomando como base el salario que
devengaba un Técnico Administrativo Código 3124 – Grado
16 o el valor de los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios, por los periodos del 2 de mayo
de 2002, al 31 de marzo de 2012.
(ii) tomar durante el período comprendido entre el 2 de mayo de
2002 al 31 de marzo de 2012, el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante (el salario legalmente sufragado
a quienes desempeñaban el empleo de Técnico
Administrativo Código 3124 – Grado 16 o los honorarios
pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y
los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de pensiones al que
se encuentra afiliada la actora, la suma faltante por concepto de
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aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador.
(iii) Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajadora.
TERCERO: REVÓQUESE de la sentencia apelada la orden de pagar
a la actora los porcentajes de cotización al Sistema de Seguridad
Social, según se explicó».
La Sala advierte que en la motivación de la sentencia de primera
instancia se dijo frente al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales lo siguiente: «Ahora bien, existiendo
consenso en la Sala de Decisión sobre la existencia de la relación
laboral, se acogerá la posición mayoritaria de la Sala en el sentido
de que las prestaciones salariales y sociales dejadas de percibir se
deben liquidar conforme a los honorarios pactados».
Y en la sentencia de segunda instancia, se advierte de su parte
resolutiva que, al ordenarse el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales, la entidad debía tomar «como base el
salario que devengaba un Técnico Administrativo Código
3124 – Grado 16 o el valor de los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios», sin embargo, en su
parte considerativa, estableció lo siguiente:
«39. En consideración a lo referido, se confirmará la sentencia
emitida por el Tribunal de Instancia, pero con modificaciones en
cuanto no es acertada al ordenar devolver a la actora los valores
que ella aportó al sistema de seguridad social, por su naturaleza
parafiscal14, a pesar de que se haya declarado a su favor la
existencia del contrato realidad15 , estos dineros son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no
constituyen un crédito a favor del interesado, “lo que excluye la
posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor
ejercer.
42. También se indicará en cuanto al derecho pensional, que al
demandado le corresponde tomar, durante el período
comprendido entre el 2 de mayo de 2002 al 31 de marzo de
2012, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
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demandante (el salario legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el empleo de Técnico Administrativo Código
3124 – Grado 16 o los honorarios pactados, si estos son
superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al fondo de pensiones al que se encuentre
afiliada la actora, la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador».
De lo anterior, lo que advierte la Sala es la confirmación de la
sentencia de primera instancia en el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales con fundamento en
los honorarios percibidos por la aquí ejecutante, pues la
modificación se relacionaba únicamente con la devolución de los
aportes parafiscales.
Nótese que en el cuerpo de las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia no existe argumento alguno frente a que el pago
de las prestaciones sociales debe ser de una u otra manera, y ello
se justifica en que confirmaría en ese aspecto la sentencia apelada,
razón por la que no se afecta el principio de congruencia alegado
por el apelante.
Con fundamento en lo expuesto, para la Sala el título ejecutivo
traído al proceso cumple las exigencias legales de ser claro,
expreso y exigible. Motivo por el cual, se confirmará la sentencia
de seguir adelante con la ejecución. […]” (Resaltado de la Sala).
De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se
evidencia que, en la sentencia cuestionada, la SECCIÓN SEGUNDA
se pronunció, precisamente, sobre los argumentos expuestos por el
actor en la presente acción de tutela.
En efecto, la autoridad judicial accionada expuso que el título
ejecutivo objeto de controversia cumplía los requisitos de ser claro,
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expreso y exigible y, frente a la forma de cumplimiento de la
condena, señaló que de las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no existía argumento alguno frente a
que el pago de las prestaciones sociales debía ser de una u otra
manera, por cuanto se confirmó en dicho aspecto la sentencia
apelada, razón por la que no había lugar a considerar que se
vulneraba el principio de congruencia alegado en la apelación.
Asimismo, la SECCIÓN SEGUNDA puso de presente que la
modificación realizada por la sentencia de segunda instancia dentro
del medio de control se relacionaba únicamente con la devolución de
los aportes parafiscales, por lo que reiteró que el reconocimiento de
la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales con
fundamento en los honorarios percibidos por la ejecutante se
confirmó en los mismos términos dispuestos en la sentencia del a
quo.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA
aclaró, precisamente, los aspectos que el actor reclama, sin que se
vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria
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o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la autoridad judicial accionada decidió el asunto
sometido a su consideración.
Ahora, sobre el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en los debates que versan sobre un asunto
meramente económico y cuya falta de reconocimiento no
compromete ningún derecho fundamental, la Corte Constitucional en
la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201915, sostuvo lo
siguiente:
“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional
45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
15
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.
46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”. […]
En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.
47.Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha manifestado
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones
de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
48.Primero, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones
de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económico, deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
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[cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.
49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico
que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela
es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que “la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez
“indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
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de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios. […]
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.
Así las cosas, la Sala observa que la divergencia planteada en la
solicitud de amparo deviene también de un asunto de contenido
económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
general de la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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