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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08162-00

Fecha
9 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08162-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Leidy Johanna Llano Bermúdez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08162-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-08162-001
Accionante : Leidy Johanna Llano Bermúdez
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria
Vinculados : Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y
Juzgado Cuatrocientos Tres (403) Administrativo Transitorio del
Circuito de Medellín
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, suspensión del término de
prescripción ante el silencio administrativo.
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Leidy Johanna Llano Bermúdez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

3. La actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección

de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Transitoria. Por consiguiente, requirió «[…] dejar
sin efectos la sentencia proferida por esta Corporación el día 27 de junio de 2025, en el proceso de nulidad

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

y restablecimiento del derecho 05001333302820210003101 para que, a continuación, esa misma
Corporación EMITA NUEVA SENTENCIA».

1.3 Hechos.2

4. La accionante relató que, ha sostenido con la Rama Judicial una relación laboral por
varios años. Por lo tanto, en procura de ver reajustados sus emolumentos salariales, el
28 de noviembre de 2017 elevó una reclamación administrativa ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en la que solicitó la reliquidación de sus prestaciones
sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

5. Posteriormente, la entidad respondió a través de la Resolución DESAJMER18-4904
del 21 de marzo de 2018, acto frente al cual la actora interpuso el recurso de reposición
y en subsidio apelación. No obstante, ante la falta de un pronunciamiento expreso que
resolviera el recurso de alzada, la accionante entendió configurado el silencio
administrativo negativo. A su juicio, esta situación mantenía suspendido el término de
prescripción de sus derechos.

6. Agotada la etapa gubernativa, la señora Llano Bermúdez acudió a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado
Cuatrocientos Tres (403) Administrativo Transitorio del Circuito de Medellín, dentro del
expediente de radicado 05001-33-33-028-2021-00031-00. Aquel despacho, mediante
sentencia del 28 de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de
reliquidación. Sin embargo, en dicha providencia, el juez de primera instancia declaró
probada la excepción de prescripción trienal respecto de las sumas causadas con
anterioridad al 29 de enero de 2018.

7. Inconforme con la limitación temporal impuesta por la prescripción, la apoderada de la
actora apeló el fallo. Su argumento central consistió en que la administración, al no
resolver el recurso de apelación contra el acto administrativo inicial, mantuvo suspendido
el término de prescripción, lo que habilitó el cobro de las prestaciones desde la fecha de
la reclamación inicial en el 2017 y no desde la presentación de la demanda.

8. El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala
Transitoria de Decisión, mediante sentencia del 27 de junio de 2025. En dicha decisión,
el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia, al argumentar que la figura del silencio

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 3.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

administrativo negativo no tiene la virtualidad de suspender indefinidamente el término
de prescripción extintiva de los derechos laborales, validando así el conteo trienal
realizado por el a quo.

1.4 Argumentos de la tutela.

9. Para atacar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la accionante
estructuró su inconformidad bajo el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional. En su concepto, la autoridad accionada hizo una distinción
dogmática entre prescripción y caducidad frente a los efectos del silencio administrativo
negativo sin aplicar la regla fijada en la Sentencia C-792 de 2006 proferida por la Corte
Constitucional. Explicó que, según la jurisprudencia en mención, el silencio administrativo
negativo operó de manera exclusiva como una garantía a favor del administrado y nunca
sustituyó el deber imperativo de la administración de otorgar una respuesta material y de
fondo a las peticiones.

10. Así las cosas, concluyó que el término prescriptivo se mantuvo suspendido a la
espera del pronunciamiento de la entidad empleadora. Por esta razón, censuró la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y advirtió que la autoridad judicial
vulneró de forma directa sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la
seguridad jurídica y la confianza legítima al contabilizar el trienio de prescripción sin
otorgar validez a la suspensión derivada de la falta de respuesta institucional.

II. TRÁMITE PROCESAL

11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través del auto del 19 de
diciembre de 20253, admitió la demanda de tutela. En dicha providencia, se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Transitoria como accionado; y se
vinculó a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado
Cuatrocientos Tres (403) Administrativo Transitorio del Circuito de Medellín como
terceros con interés.

2.1 Contestaciones de la acción.

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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

2.1.1 Tribunal Administrativo de Antioquia4 informó que el Juzgado vinculado no se
encuentra en funcionamiento por haber finalizado la medida transitoria de descongestión
que las creó, por lo que procedió a remitir el expediente del proceso ordinario.

2.1.2 Consejo Superior de la Judicatura5 solicitó que se declare su improcedencia por
no cumplirse los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, o
subsidiariamente se niegue el amparo. En su argumentación, la entidad sostuvo que la
tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir debates ya zanjados
en el proceso ordinario, ni para subsanar omisiones probatorias o interpretativas,
resaltando que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se ajustó a derecho y
a la normativa vigente, por lo que no se configura ninguna arbitrariedad ni violación
flagrante de derechos fundamentales que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

12. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 Problema jurídico.

13. Se contrae a determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad; y, en caso afirmativo, establecer si la Sala Transitoria de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia de la
accionante, al interpretar que, en su caso, no operó la suspensión del término de
prescripción pese al silencio administrativo frente al recurso de apelación, en
desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la
jurisprudencia constitucional, asilo que habría configurado un defecto por
desconocimiento del precedente.

14. Si bien la actora alegó que el defecto era sustantivo por desconocimiento del
precedente, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha determinado que, cuando

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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 10.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

el precedente desconocido provenga de decisiones de la Corte Constitucional, el defecto
que se configura no es el sustantivo sino el pleno desconocimiento del precedente, en
razón a que las sentencias de esa Corporación determinan el contenido y alcance de los
derechos constitucionales.

3.3 La acción.

15. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021,
fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales.

16. Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que,
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

17. Este es un mecanismo judicial que surge de la necesidad de garantizar la efectividad
del artículo 4° constitucional, manteniendo la prevalencia de los derechos fundamentales
en los casos en que los jueces en sus providencias pudieran lesionarlos bien sea por
tomar decisiones arbitrarias o cuyo contenido resquebraja el orden constitucional
establecido.

18. La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada
como vía de hecho, para lo cual, sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó

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completamente al margen del proceso establecido.

19. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante la C-590 de
2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

20. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

21. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

22. Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.

23. Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
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que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

24. Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales6; sin embargo, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia;
lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los
términos antes expuestos8.

6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
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3.5 Caso concreto.

3.5.1 Sobre los requisitos de procedibilidad.

25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia Constitucional: la discusión se plantea alrededor de la violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima de la actora.
(ii) Subsidiariedad: contra la decisión objeto de estudio no procede recurso
alguno, dado que fue emitida en sentencia de segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada.
(iii) Identificación de los hechos: se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores.
(iv) Inmediatez: se satisface el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, la
acción de tutela fue presentada el 18 de diciembre de 2025, encontrándose
dentro del término de seis meses contados desde el 8 de julio de 20259, fecha
en la cual, quedó ejecutoriada la providencia cuestionada.
(v) Sentencia de tutela: el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de
tutela.

3.6 Solución al Caso Concreto.

3.6.1 Desconocimiento del precedente.

26. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia
judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por
el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia10, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo

9
Según se puede observar en el expediente judicial 05001-33-33-028-2021-00031-01 en SAMAI en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333028202100031010500123
10
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la
ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado
es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
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que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo 11 en virtud de los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe12.

27. En el asunto sub examine la accionante manifiesta que, su inconformidad con la
decisión de segunda instancia consiste en que la autoridad judicial interpretó y aplicó de
forma equivocada las normas que regulan el término de prescripción, porque, en su
criterio, dicho conteo debía entenderse suspendido mientras estaba pendiente de
decisión el recurso de apelación que interpuso contra la resolución administrativa inicial,
al considerar que:

En la medida en que la reclamación que el administrado presenta a la Administración como
presupuesto para agotar la vía gubernativa, no obstante su especial regulación legal, es una
expresión del derecho de petición, la figura del silencio administrativo negativo, si bien habilita
al administrado para dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la jurisdicción,
no significa que la Administración pueda sustraerse de su obligación de dar una respuesta a
la solicitud que le ha sido presentada. Esto significa que en los eventos de silencio
administrativo negativo, el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar
una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo
del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a
partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el
término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción.

28. Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico, resulta
oportuno traer a colación los argumentos del Tribunal accionado referentes a la
contabilización del término de prescripción, con el fin de poder determinar si aquellos
fueron arbitrarios. Para ello se tiene que la accionada manifestó lo siguiente:

Afirma la recurrente que debe tenerse como punto de partida para la declaratoria de
prescripción de los derechos o acreencias laborales, la fecha de radicación de la petición
inicial ante la entidad, considerando que contra la respuesta negativa, se formuló recurso de
apelación que no se resolvió y que por lo tanto el término de prescripción se suspende por
virtud del silencio administrativo.

La apoderada de la demandante apoya su argumento de no dar aplicación a la prescripción
por haberse demandado el acto ficto, en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (sentencias SL17165-2015; SL13000-2015) y de la Corte Constitucional (sentencia
C-792 de 2006).

Sin embargo, lo dicho en tales providencias no puede ser aplicado al presente caso, por
cuanto en nuestra jurisdicción se cuenta con pronunciamientos específicos para casos
idénticos al de marras, tales como el vertido en la sentencia del proceso con radicado
20001233300020140001501 (4447-2016), proferida el 17 de octubre de 2019 en la que con
ponencia del Magistrado William Hernández Gómez, la Sección Segunda frente al problema
jurídico sobre si ocurre la prescripción de prestaciones sociales cuando ha ocurrido el silencio
administrativo negativo, hace notar la diferencia entre caducidad y prescripción. Dijo la
Corporación:

11
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
12
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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“Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: el silencio administrativo no interrumpe
indefinidamente la prescripción, razón por la cual, aun cuando el interesado reclama
oportunamente el reconocimiento y pago de prestaciones laborales y sociales, este hecho
solo interrumpe el fenómeno prescriptivo por una sola vez y por un término igual, es decir
que ante la omisión de la administración en dar respuesta a la petición de reconocimiento,
la parte debe acudir ante la jurisdicción antes de que finalice el término de interrupción, so
pena de que se extinga el derecho como se explica a continuación:

“Diferencias entre caducidad y prescripción

“La subsección advierte que la parte demandante confunde prescripción con la caducidad
al indicar que la sentencia del tribunal no tuvo en cuenta las consecuencias jurídicas del
silencio administrativo negativo. En efecto, la Sala estima necesario precisar que la
caducidad y la prescripción son fenómenos jurídicos diferentes.

“Generalidades de la caducidad

[…]

“Por otra parte, en el caso del silencio administrativo no es predicable la caducidad por
cuanto fue creado por la ley con el objeto de permitir al interesado adquirir un derecho por
vía judicial en el evento de que la administración no se pronuncie expresamente sobre la
petición de reconocimiento efectuada oportunamente 5 .

“Generalidades de la prescripción

[…]

El silencio administrativo negativo no interrumpe indefinidamente el término de
prescripción

“Tal como se indicó, la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia al
considerar que el a quo no tuvo en cuenta las consecuencias jurídicas del silencio
administrativo negativo, de lo que se puede inferir que, por tratarse de actos presuntos que
pueden ser demandados en cualquier tiempo no había lugar al rechazo de las pretensiones
por prescripción.

“En ese sentido, la subsección debe precisar que si bien la ley permite que ante el silencio
de la administración no opere la caducidad, es decir, que no se limite la posibilidad de
acudir ante el juez en un término perentorio para obtener su pronunciamiento sobre la
existencia o no de un derecho en cabeza del interesado, dicha situación no se puede
traducir en la inoperancia de la prescripción, esto es, que el derecho que reclama se pierda
por la inactividad del administrado en el transcurso del tiempo. “…

“De acuerdo con lo anterior, se reitera que la caducidad y la prescripción son dos
fenómenos jurídicos distintos, y que el hecho de que no exista un término de caducidad
cuando se ha configurado el silencio administrativo no significa que la prescripción se
interrumpa indefinidamente hasta obtener respuesta efectiva por parte de la
administración. “…”

Así las cosas, la Sala no comparte tales argumentos puesto que apuntan más al tema de la
caducidad que al de la prescripción, en consecuencia, este cargo de apelación no tiene
vocación de prosperidad.

29. Como se evidenció en la sentencia cuestionada, el Tribunal no actuó de manera
caprichosa o arbitraria, sino que fundamentó su decisión en un precedente específico del
Consejo de Estado: la Sentencia del 17 de octubre de 2019, Rad. Interno 4447-2016, la
cual distingue la operatividad de la prescripción frente a la caducidad en casos de silencio
administrativo negativo. Esta Sala advierte que la autoridad judicial fundamentó la

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08162-00
Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

declaratoria de prescripción a partir de una clara distinción dogmática entre la caducidad
de la acción y la prescripción extintiva del derecho sustancial.

30. En línea con ello, el juez colegiado señaló que el silencio administrativo negativo
habilitó a la actora, Leidy Johanna Llano Bermúdez, para acudir a la jurisdicción sin un
límite temporal frente a la caducidad del medio de control, no obstante, la providencia
aclaró que dicha prerrogativa procesal careció de la virtualidad de suspender de forma
indefinida el término de prescripción de los derechos laborales reclamados, que es lo
pretendido por la accionante. En consecuencia, la accionada rechazó la tesis de la
demandante, porque estimó que aceptar una suspensión indefinida equivalía a premiar
la inactividad del administrado frente al cobro oportuno de sus acreencias.

31. Bajo esta premisa, el juez natural constató que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se presentó el 29 de enero de 2021. En vista de ello, aplicó
el conteo de tres años hacia atrás y declaró prescritos todos los derechos causados con
anterioridad al 29 de enero de 2018, decisión que afectó de manera directa las
pretensiones de la actora respecto a los retroactivos del año 2014.

32. Por todo lo anterior, la Sala encuentra que no se configuró el defecto alegado, debido
a que la sentencia atacada no fue arbitraria, sino que se dio en el marco de la
independencia judicial, respetando siempre el criterio dispuesto en la C-792 de 2006
sobre los efectos del silencio administrativo en las figuras de la prescripción del derecho
y la caducidad de la acción, misma que fue alegada por la actora como desconocida en
este trámite constitucional, por lo que resulta evidente que la inconformidad de la misma
fue con la decisión que le fue desfavorable, lo que bajo ninguna circunstancia configura
el cargo sustentado.

33. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

34. Por las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora no logró demostrar
la configuración del desconocimiento del precedente alegado, por lo que se ve obligada
a denegar las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Leidy Johanna Llano Bermúdez
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política.

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Leidy Johanna Llano Bermúdez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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