República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08163-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B, SALA DUAL
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: acción de tutela contra auto proferido en proceso en trámite. Subtema 1:
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: auto que
revoca medida cautelar.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala Dual, procede
a decidir la impugnación interpuesta por los señores Pierre León Joseph Borysowski
y Esperanza Manzano contra la sentencia de primera instancia del 27 de febrero de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.
1. Síntesis del caso
Los señores Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano presentaron
solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con ocasión del auto del 7 de noviembre de 2025
emitido dentro del proceso con radicado núm. 76001-33-33-005-2024-00294-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:
2. Los señores Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Inspección Sexta de Policía Urbana,
Primera Categoría, del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), con las pretensiones
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
de que se anularan las resoluciones 130-31-11-303 del 14 de mayo de 2024 y 330
del 7 de junio siguiente.
3. Explicaron que el primer acto administrativo dispuso la demolición del bien
inmueble de propiedad del señor Pierre León Joseph Borysowski, en el plazo de 30
días, por la configuración del comportamiento descrito como contrario a la integridad
urbanística, previsto en el numeral 4 del literal A del artículo 135 de la Ley 1801 de
20161; impuso multa; y relacionó las consecuencias que podía acarrear el no
cumplimiento de dicha orden2; el segundo, negó el recurso de apelación interpuesto
contra el anterior.
4. A título de restablecimiento, solicitaron que se ordenara a la inspección
demandada la apertura de proceso verbal abreviado para que se realizara el
reconocimiento y se otorgara licencia de construcción para la edificación de una
casa, y que se declarara la responsabilidad patrimonial y reparación de perjuicios.
Por otra parte, pidió que se decretara, como medida cautelar, la suspensión de los
efectos de los actos administrativos cuestionados y medidas preventivas.
5. El asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali bajo
radicado núm. 76001-33-33-005-2024-00294-01, autoridad que, en autos del 10 de
marzo de 20243 admitió la demanda y corrió traslado de la solicitud de decreto de
medidas cautelares. Posteriormente, en proveído del 26 de mayo de 20254 negó la
referida petición, pues encontró que no cumplió con los requisitos de índole formal
y material dado que no fueron expuestos los motivos para suspender los actos
acusados. En contra de esta decisión, se presentó recurso de reposición y, en
subsidio, apelación.
6. En consecuencia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali dictó auto el
19 de agosto de 20255 en el que repuso la decisión del 26 de mayo de ese año y la
dejó sin efectos, decretó la medida cautelar de suspensión de las resoluciones 130-
31-11-303 del 14 de mayo de 2024 y 330 del 7 de junio siguiente y declaró que no
había lugar a conceder el recurso de apelación.
7. El despacho sostuvo que la demanda abordaba un proceso declarativo y que
la medida fue justificada, motivo por el que la petición superó los requisitos formales.
Afirmó que la suspensión de los actos resultaba materialmente necesaria para
1 ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA. <Artículo
corregido por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los siguientes
comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y
el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben
realizarse, según la modalidad señalada:
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
[…]
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.
2
«1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública. 4 Contratar o renovar contrato con cualquier entidad
del Estado. 5. Obtener o renovar el registro mercantil de las cámaras de comercio. 7. Acceder a permisos que
otorguen las alcaldías distritales o municipales para la venta de bienes. 8. Realizar trámites de las oficinas de
tránsito y transporte. 9. Acceder al mecanismo temporal de regularización que defina el Gobierno nacional. 10.
Acceder a la comunicación de la multa tipo 1 y 2 por la participación en programa comunitario o actividad
pedagógica de convivencia».
3 Samai, expediente núm. 76001-33-33-005-2024-00294-00, índices 4 y 5.
4 Samai, expediente núm. 76001-33-33-005-2024-00294-00, índice 24.
5 Samai, expediente núm. 76001-33-33-005-2024-00294-00, índice 32.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
garantizar el objeto de la causa ordinaria, pues la demolición del bien haría inútiles
los efectos de una eventual sentencia que accediera a las pretensiones de la
demanda, además de que el Estado tendría que pagar una indemnización por los
daños ocasionados. Lo anterior, sumariamente, probaba la existencia de perjuicios.
Por otro lado, agregó lo siguiente:
[…] con relación a la violación de las normas superiores invocadas, de la normativa y
jurisprudencia en cita, se deduce que para la procedencia de la suspensión
provisional de un acto administrativo resulta imprescindible que la vulneración del
ordenamiento jurídico sea evidente, ostensible o notoria, vulneración que se pone en
evidencia a partir de la aplicación de alguna, o de ambas, de las metodologías
indicadas en la referida norma, esto es, de la confrontación directa del acto
administrativo impugnado con el ordenamiento jurídico superior invocado como
infringido, o también, del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y que
permitan establecer de forma manifiesta la infracción al ordenamiento jurídico.
En este sentido de las pruebas allegadas, el despacho puede advertir que
presuntamente puede existir violación al debido proceso del demandante en el
proceso inicialmente adelantado por la inspección sexta de Policía Urbana Primera
Categoría del municipio de Yumbo-Valle., por lo que el despacho considera necesario
reponer el auto interlocutorio 291 de 26 de mayo de 2025, en aras de evitar un
perjuicio irremediable o una sentencia nugatoria, aunado a lo anterior, para evitar un
perjuicio al tesoro público, en caso de que se acceda a las pretensiones del
demandante6.
8. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada. En segunda
instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió auto el 7 de
noviembre de 20257 en el que revocó la providencia del 19 de agosto de 2025 del
Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali.
9. La corporación citó los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las medidas cautelares, según la cual
es necesaria la comparación del contenido de los actos acusados con la norma
superior, pues de lo contrario, no podría deducirse la violación del ordenamiento
jurídico ni la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad. En cuando al caso
concreto, expuso lo siguiente:
[…] la Sala advierte que, le asiste la razón a la demandada al afirmar que la
providencia recurrida carece de la necesaria motivación para el decreto de la medida
en cuestión, toda vez que el a quo omitió efectuar la comparación del contenido de
los actos acusados con las normas superiores invocadas, para, por esa vía, deducir
la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la
legalidad8.
10. Por lo expuesto, el Tribunal concluyó que el juzgado de primera instancia
omitió identificar la actuación que en el proceso policivo implicó la vulneración del
derecho al debido proceso y se limitó a establecer la existencia sumaria de
perjuicios, a garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia y a
6 Se transcribe incluso con errores de texto.
7 Samai, expediente núm. 76001-33-33-005-2024-00294-01, índice 8.
8 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
evitar un daño al tesoro público. También reprochó la falta de análisis de las pruebas
aportadas con la solicitud cautelar.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. Los señores Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano solicitaron
al juez constitucional9 que ampare sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia y que deje sin efectos el auto del 7 de
noviembre de 2025 que revocó la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Cali. En consecuencia, que se ordenara lo siguiente:
[…] al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de la
presente Acción de Tutela, profiera un Auto de reemplazo respecto de la adopción de
la medida cautelar, en el que tenga en cuenta los defectos aquí advertidos y la
vulneración de los Derechos Fundamentales al Debido Proceso y el Acceso a la
Administración de Justicia, hasta que se adopte una decisión de fondo por parte del
Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Cali10.
[…]
[Como medida cautelar], ORDENAR la SUSPENSION de los efectos de Auto
Interlocutorio de 7 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca11.
12. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sintetizó los hechos que
dieron lugar a los actos administrativos acusados y las actuaciones judiciales
surtidas dentro del proceso ordinario. Argumentó que la decisión del Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Cali resultaba suficiente en la medida en que atendió las
circunstancias del caso concreto, fue pertinente, ajustada a derecho y respondió a
consideraciones adicionales como el eventual perjuicio que tendría que pagar el
Estado en caso de demolición del bien y de una sentencia favorable.
13. Adujo que era «imposible» determinar si había una afectación de las normas
superiores antes de que se agotara la etapa probatoria, es decir, que la petición
cautelar no podía implicar un prejuzgamiento ni declarar el derecho. Indicó que
había un «peligro en la mora», pues la demolición del bien tornaba ilusorios los
efectos de un fallo favorable y obligaba al Estado a pagar daños por más de
cuatrocientos millones de pesos, y que la demanda tenía «apariencia de buen
derecho».
14. Resaltó que el juzgado ordinario encontró acertadamente cumplidos los
requisitos formales y materiales de la solicitud de medida cautelar, realizó la
confrontación entre los actos administrativos acusados y las normas superiores y
aplicó principios que rigen ese tipo de decisiones judiciales.
15. Manifestó que el auto que profirió el Tribunal vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la protección efectiva, puesto que el
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-01, índice 8, certificado núm. 10371A0DE1F39D65
4207607455EECFDB E035794271EA16DB 776D4076C30F0C74.
10 Se transcribe incluso con errores de texto.
11 Se transcribe incluso con errores de texto.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
derribamiento del inmueble es el cumplimiento de actos ilegales, dadas las
irregularidades que se presentaron en el proceso administrativo-policivo.
16. Destacó que la medida cautelar no representaba un perjuicio a la entidad o al
municipio de Yumbo ni al erario, incluso en caso de que fueran negadas las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; caso contrario al evento de
que no se concedieran, pues se afectarían los derechos patrimoniales de las partes.
Agregó lo siguiente:
Por todo lo discurrido, y de manera respetuosa, cabe afirmar que el Auto Interlocutorio
expedido por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con fecha 07
de Noviembre de 2025; contempla el mandato legal previsto por la Ley 1437, art. 231,
exigiendo al Juez de Conocimiento que hiciera una confrontación entre acto-normas;
pero en el camino que condujo a la decisión de revocar las cautelas admitidas;
desconoce los derechos fundamentales de mi prohijado; existiendo una significativa
desconexión entre los mandatos legales y los constitucionales al momento de proferir
su decisión, caso en el cual, las exigencias de rango constitucional deben prevalecer
en este asunto.
[…]
Señor Juez Constitucional; el hecho de haber proferido la decisión extrema de
demoler el bien inmueble propiedad de mi mandante, haciendo caso omiso de la
súplica de protección de sus derechos fundamentales y constitucionales dentro del
referido proceso; conlleva en sí mismo, una denegación arbitraria de la justicia que le
asiste al señor Borysowski y su esposa, lo que amerita la intervención de la Acción
de Tutela12.
17. Por último, insistió en la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, el cual permite a las personas el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción, a la prueba y a tener decisiones judiciales motivadas. Por las razones
expuestas, indicó que se incurrió en un exceso ritual manifiesto por aplicación
inflexible de las formalidades sobre la «realidad sustancial».
2.3. Trámite Procesal
18. La tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, a través del despacho ponente, emitió auto el 14 de enero de 202613
en el que la admitió, negó la medida provisional solicitada, vinculó al municipio de
Yumbo (Valle del Cauca), Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia y a la
Inspección Sexta de Policía, decretó pruebas y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
19. La Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia del municipio de Yumbo
contestó que la decisión del Tribunal accionado fue acertada y que la solicitud de
amparo no tiene vocación de prosperidad.
12 Se transcribe incluso con errores de texto.
13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-00, índice 4, certificado CD50E570B9748E22
11914630B8A00A6B B2CCEDB194CEA429 79680DCF4569A31D.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
20. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva14.
21. La Secretaría Jurídica de Yumbo aseguró que la autoridad accionada no
vulneró derechos fundamentales, no ignoró petición de pruebas ni aplicó o interpretó
las normas que rigen la materia de manera distorsionada o errada15.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, el 27 de febrero de 202616, en la que declaró
improcedente el amparo, por no encontrar cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Para ello, citó apartes de la providencia cuestionada y consideró que
en esta el Tribunal no fue abiertamente caprichoso, arbitrario o vulneró derechos
fundamentales.
2.6. Impugnación
23. Los señores Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
presentaron recurso de impugnación contra la sentencia del 27 de febrero de 2026,
para lo cual afirmaron que la acción superó el requisito de relevancia constitucional
y reiteraron la vulneración de sus derechos fundamentales con la decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca17.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala Dual,
tiene competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte
accionante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
de Colombia y 32 del Decreto 2591 de 199118.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
25. La legitimación en la causa por activa de los señores Pierre León Joseph
Borysowski y Esperanza Manzano se encuentra acreditada, por cuanto son los
demandantes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se profirió el auto del 7 de noviembre de 2025 que, según afirmaron, vulneró
sus derechos fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por ser la autoridad que profirió la mencionada
14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-00, índice 8, certificado AA3EE425DC6FA02B
101B48D1731ED200 24D199152C8BDF9B 27A65BDAC76D6E05.
15 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-00, índice 10, certificado EBF0E2D081C89357
2A770E309E768404 7E0FF752DA01CD37 30A14AD07BBD114D.
16 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-00, índice 14, certificado B48840D7795383D1
F09493FABAF1538D DDEF93556511B340 A6CF5DC7B0EFC322.
17 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08163-00, índice 18, certificado 393381FB646E4655
59CA378B48374B83 6D1028FEBECF02F1 76FB107814E97D2F.
18 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
providencia, la cual, según sostuvo la parte tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
27. Por otro lado, se advierte que la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Convivencia del municipio de Yumbo solicitó su desvinculación, al considerar que
no estaba llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante.
28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en su
condición de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dicha entidad actúa como parte demandada dentro del
proceso ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Cuestiones preliminares
29. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera manifestó su impedimento
para conocer del asunto al considerarse incurso en la causal descrita en el numeral
5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, la Sala dual
aceptará dicha manifestación, toda vez que la decisión objeto de tutela fue suscrita
por el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat, quien es padrino de uno de sus
hijos.
30. Por otra parte, la Sala considera pertinente aclarar que, en el escrito de tutela,
los accionantes manifestaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; sin embargo, la
argumentación contra el auto del 7 de noviembre de 2025 consistió, por un lado, en
que la decisión del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali tuvo motivación
suficiente para justificar el decreto de la medida cautelar solicitada, y, por otro lado,
en alegar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, que garantiza,
a su vez, los derechos de defensa y contradicción, a las pruebas y a la motivación
de las decisiones judiciales.
31. En ese orden, en ejercicio de las facultades oficiosas del juez de tutela para
interpretar el escrito de amparo19, la Sala comprende que los señores Pierre León
Joseph Borysowski y Esperanza Manzano atribuyen al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca la configuración del defecto por falta de motivación.
3.4. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
32. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado20 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
19 Corte Constitucional, sentencia T-167 de 2022:
«3. Si bien no fue alegado por la accionante, la Sala también abordará si en la providencia controvertida el
Tribunal accionado incumplió con el deber de ejercer su facultad de decretar pruebas de oficio. Lo anterior es
posible, con fundamento en la competencia del juez de tutela para interpretar la demanda y determinar el
alcance del problema jurídico, en aplicación del principio de informalidad y de la facultad que tiene el juez de
tutela para proferir fallos ultra y extra petita». Ver sentencia SU-245 de 2021.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional21.
33. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 22 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
35. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución23.
3.5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional24
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia25.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
37. En el caso concreto, contrario a lo que consideró el juez de tutela de primera
instancia, esta Sala encuentra que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
38. Frente a los cargos de amparo, la Sala debe precisar que, si bien el proceso
ordinario objeto de reparos se encuentra en trámite y, en principio, no se superaría
el requisito de subsidiariedad; lo cierto es que su análisis debe responder a las
particularidades del asunto y a las pruebas aportadas al expediente. Así, cabe
recordar que la procedencia excepcional de la acción, en casos específicos de tutela
contra autos que resuelven medidas cautelares, ha sido adoptada por esta
Subsección en otras oportunidades26.
39. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la
medida cautelar de suspensión provisional de los actos que ordenaron la demolición
de un bien inmueble, con fundamento en que el juez de primera instancia no verificó
el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos para tal fin; no
obstante, a primera vista, la autoridad accionada tampoco procedió a efectuar el
análisis que echó de menos del Juzgado.
40. En tal sentido, en el evento en el que el auto objeto de tutela haya incurrido en
el defecto de decisión sin motivación, se podría causar un perjuicio irremediable con
la ejecución de la orden de demolición del bien inmueble del tutelante, situación
irreversible aun con una sentencia ordinaria favorable al demandante. Por tal razón,
dadas las condiciones particulares de este caso, el requisito de subsidiariedad se
tendrá por superado.
41. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia
reprochada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es del 7 de noviembre
de 2025 y la demanda de tutela se presentó el 18 de diciembre siguiente, esto es,
dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional27
y del Consejo de Estado28 como razonable.
42. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y las irregularidades que adujo en el escrito de amparo tienen la
posibilidad de modificar el auto que rechazó la demanda. Finalmente, la providencia
reprochada no es una sentencia de tutela.
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
26 Expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-00402-00.
27 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
43. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal
específica en los términos que planteó la parte actora.
3.6. Problema jurídico
44. La Sala debe determinar si procede revocar o modificar el fallo de primera
instancia proferido el 27 de febrero de 2026. Para tal efecto, deberá establecer si
¿el Tribunal accionado incurrió en el defecto de decisión sin motivación al expedir
el auto del 7 de noviembre de 2025, dentro de un proceso ordinario, mediante el
cual revocó la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos que
ordenaron la demolición de un bien inmueble de propiedad de los actores?
3.6.1. Decisión sin motivación
45. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencias judiciales.
46. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»29.
47. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional30 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad»31.
48. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia
de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del
derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de
justicia, lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de
contradicción.
29 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de
2024.
30 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
31 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
49. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.
50. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal32.
3.6.2. Requisitos de procedencia de la medida cautelar de suspensión
provisional
51. Las medidas cautelares son instrumentos procesales dirigidos a «proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia»33. En los procesos declarativos, competencia de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, las medidas cautelares procedentes están clasificadas
de la siguiente manera: (i) preventivas, que impiden que se consolide la afectación
de un derecho; (ii) conservativas, cuyo objeto es mantener una situación; (iii)
anticipativas, para evitar un perjuicio irremediable; y (iv) de suspensión provisional,
dirigida a la suspensión de los efectos de un acto administrativo sujeto a control
judicial, tipología que en ningún caso «implica prejuzgamiento»34.
52. En lo concerniente a los requisitos de procedencia de las medidas cautelares,
el artículo 231 del CPACA exige que la solicitud debidamente sustentada,
presentada antes de la notificación de la demanda «o en cualquier estado del
proceso», acredite lo siguiente35:
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional
de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda
o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
53. En los demás casos, la medida procederá siempre que se comprueben los
aspectos que se detallan a continuación: (i) que la demanda esté razonablemente
fundada en derecho; (ii) que el demandante haya demostrado la titularidad del
derecho, así fuera sumariamente; (iii) que el actor haya presentado los documentos,
argumentos y justificaciones que, mediante un juicio de ponderación, permitan
concluir que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que
32 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
33 Artículos 229 y 230 del CPACA.
34 Artículo 229 del CPACA.
35 Artículo 231 del CPACA.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concederla36; (iv) adicionalmente, se demuestre que al no otorgarse la medida se
causaría un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que
no otorgarla haría nugatorios los efectos de la sentencia.
54. En lo atinente a la procedencia de la medida de suspensión provisional de los
efectos jurídicos de un acto administrativo, prevista en el artículo 238 de la
Constitución Política como una facultad de esta jurisdicción, la norma procesal
vigente introdujo un cambio significativo frente al régimen anterior en el que
resultaba imperativo demostrar una «manifiesta infracción»37 de la norma superior,
lo que implicaba la demostración de una transgresión ostensible y flagrante del
ordenamiento que mermaba considerablemente la viabilidad de esta figura
procesal38.
55. Actualmente, el artículo 231 del CPACA permite al juez contencioso-
administrativo realizar el estudio de procedencia de la medida cautelar de
suspensión provisional a partir del análisis preliminar de legalidad de los actos y su
confrontación con las normas invocadas como violadas y la valoración de las
pruebas allegadas con la solicitud, sin que dicho ejercicio implique prejuzgamiento,
tal y como lo establece el artículo 229 ídem. Más aún por la naturaleza temporal de
la medida, la cual puede ser revocada o modificada en cualquier estado, de oficio o
a petición de parte, cuando el juez advierta que no se cumplieron los requisitos para
su concesión.
3.7. Caso concreto
56. En el asunto bajo estudio, los señores Pierre León Joseph Borysowski y
Esperanza Manzano presentaron demanda con la pretensión de que se declarara
la nulidad de las resoluciones 130-31-11-303 del 14 de mayo de 2024 y 330 del 7
de junio siguiente, en las que se dispuso la demolición de un bien de su propiedad
por la configuración del comportamiento descrito como contrario a la integridad
urbanística39. Además, pidió que se decretara, como medida cautelar, la suspensión
de los actos acusados.
36 «[…] cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de
amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta
al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada
sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública (necesidad)
y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación, en virtud
del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los
principios contrapuestos23 (pasos a y b) y, luego de ello, se procede a c) que ordena analizar si se encuentra
justificado que la satisfacción de uno de los principios afecte al otro; aplicando las consideraciones vertidas en
iii) en la materia que se está tratando, hay que decir que ello implica valorar si está justificada la adopción de la
medida cautelar para la protección de un derecho en circunstancias de amenaza, en desmedro de la
administración». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 13 de mayo de 2015, expediente
11001-03-26-000-2015-00022-00(53057), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
37 Artículo 152, numeral 2, del CCA.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 16 de mayo de 2019, exp. 2013-00227-01
(3488-14). En igual sentido, Sección Quinta, auto del 7 de diciembre de 2022, exp. 2022-00226-00.
39 ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA. <Artículo
corregido por el artículo 10 del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los siguientes
comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y
el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben
realizarse, según la modalidad señalada:
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
[…]
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
57. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali dictó auto el 26 de mayo de
2025 en el que negó la medida cautelar solicitada. Dicha decisión fue recurrida por
la parte demandante y revocada por el mismo despacho judicial en providencia del
19 de agosto de 2025, en la cual se decretó la suspensión de las resoluciones 130-
31-11-303 del 14 de mayo de 2024 y 330 del 7 de junio siguiente.
58. La entidad demandada presentó apelación contra la anterior decisión, recurso
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en auto del 7 de
noviembre de 2025, revocó la providencia del 19 de agosto de 2025 del Juzgado
Quinto Administrativo Oral de Cali, con fundamento en las siguientes
consideraciones concretas:
En efecto, el Juzgado omitió señalar cual fue la actuación que durante el proceso
policivo implicó la vulneración del derecho al debido proceso, respecto del
demandante, pues se limitó a establecer la existencia sumaria de perjuicios y con ello
a afirmar lo relativo a la garantía del objeto del proceso, la efectividad de la sentencia
y la procura de evitar un perjuicio al tesoro público. Además, la Sala echa de menos
no solo la confrontación entre los actos cuestionados y las normas superiores
invocadas, sino que el A Quo tampoco realizó un análisis de las pruebas allegadas
junto a la solicitud, razones suficientes para concluir que la providencia recurrida debe
ser revocada.
59. Ahora, en el escrito de tutela, la parte accionante argumentó que era
«imposible» determinar si había una afectación de las normas superiores antes de
que se agotara la etapa probatoria, es decir, que la petición cautelar no podía
implicar un prejuzgamiento ni declarar el derecho.
60. Al respecto, cabe recordar que la confrontación de los actos demandados con
las normas aducidas como vulneradas y la valoración de pruebas por parte del juez
contencioso-administrativo es necesario, en los términos del artículo 231 del
CPACA, para estudiar la procedencia de la medida cautelar solicitada, análisis que
no implica un prejuzgamiento, tal y como lo dispone el artículo 229 ibidem.
61. En tal sentido, se trata pues de un examen preliminar de legalidad de los actos
que, a diferencia del anterior régimen procesal, no exige la «manifiesta infracción»
de normas de rango superior o la demostración de la transgresión ostensible y
flagrante del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, contrario a lo que afirmaron los
accionantes, resolver sobre la procedencia de la medida cautelar no implicaba para
el juzgado efectuar dicho análisis.
62. Por otro lado, en el escrito de amparo se adujo que el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Cali sí justificó la decisión de suspender provisionalmente las
resoluciones 130-31-11-303 y 330 del del 14 de mayo y 7 de junio de 2024.
63. Sobre este punto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró en
el auto del 7 de noviembre de 2025 que el juez de primera instancia omitió señalar
la actuación del proceso policivo que implicó la vulneración del derecho al debido
proceso, así como valorar las pruebas aportadas con la solicitud cautelar, razones
que, consideró, resultaban suficientes para revocar la medida.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
64. Pues bien, de la revisión del auto objeto de reproches, la Sala advierte que,
aún en el evento en el que el juzgado de primera instancia haya omitido efectuar el
análisis exigido en las normas que rigen la suspensión provisional de los actos
acusados, el Tribunal no resolvió si la solicitud de medida cautelar cumplió o no con
los requisitos para su procedencia, asunto que le correspondía definir en atención
al objeto del recurso de apelación.
65. En consecuencia, al tener en cuenta que el auto del 19 de agosto de 2025
decretó la suspensión de las resoluciones 130-31-11-303 y 330 del del 14 de mayo
y 7 de junio de 2024, con lo cual evitó la demolición inmediata del bien de propiedad
de los demandantes hasta que se definiera sobre la legalidad de estos, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca tenía una mayor carga argumentativa para
revocar la decisión del juzgado, la cual le imponía el deber de estudiar si la solicitud
de medida cautelar satisfizo los requisitos formales y materiales exigidos para tal fin
en el CPACA.
66. De lo expuesto, la Sala encuentra que el auto del 7 de noviembre de 2025
incurrió en un defecto por falta de motivación, por cuanto la eventual omisión del
juzgado de primera instancia de realizar el análisis necesario para suspender los
actos demandados, no constituía una razón suficiente para revocar la medida
cautelar, la cual buscaba, esencialmente, garantizar el objeto del proceso ordinario
en el caso de que la sentencia fuera favorable a las pretensiones de nulidad y, a su
vez, evitar un posible perjuicio al patrimonio de la Nación.
67. En este punto, es preciso recordar que, el derecho al debido proceso
comprende la garantía con la que cuentan las personas en la administración de
justicia de obtener decisiones debidamente motivadas. Dicha motivación constituye
un límite a la arbitrariedad o capricho de las autoridades judiciales40.
4. Conclusión
68. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
del 27 de febrero de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la tutela, y, en su lugar, concederá el
amparo del derecho fundamental al debido proceso de los señores Pierre León
Joseph Borysowski y Esperanza Manzano.
69. En consecuencia, dejará sin efectos el auto del 7 de noviembre de 2025 y
ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que emita una nueva
decisión en la que resuelva el recurso interpuesto contra la decisión del Juzgado
Quinto Administrativo Oral de Cali que decretó la medida cautelar de suspensión de
los actos acusados, de conformidad con las consideraciones contenidas en esta
providencia.
40 Corte Constitucional, sentencia T-237 de 2017.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para conocer la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en esta providencia y, por tal motivo, separarlo del
conocimiento del trámite constitucional.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación que presentó la Secretaría de
Gobierno, Seguridad y Convivencia del municipio de Yumbo, por las razones
expuestas en esta sentencia.
Tercero: Revocar la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.
Cuarto: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los
señores Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano, por las razones
expuestas en esta sentencia. En consecuencia, se dispondrá:
Quinto: Dejar sin efectos el auto del 7 de noviembre de 2025, proferido dentro del
proceso con radicado núm. 76001-33-33-005-2024-00294-01, que revocó la medida
cautelar de suspensión provisional de las resoluciones 130-31-11-303 y 330 del 14
de mayo y 7 de junio de 2024, por las consideraciones expuestas en este fallo.
Sexto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de
10 días contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera una nueva
providencia en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto del
19 de agosto de 2025, en la que atienda las consideraciones contenidas en esta
sentencia.
Séptimo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Octavo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08163-01 (12886)
Accionantes: Pierre León Joseph Borysowski y Esperanza Manzano
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Con impedimento
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
16
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.